Corte por tiempo indeterminado en ruta provincial 43. Las fuerzas de seguridad de Catamarca redoblaron la apuesta ayer en la afrenta minera en Peñas Negras, jurisdicción de Agus Calientes, donde recientemente la Policía de la provincia, avalada por una orden judicial, agredió a un comunero de 80 años, integrante del Consejo de Ancianos de su comunidad. La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén asegura que esta vez llegaron con más infantería. Ante eso, decidieron realizar un corte por tiempo indeterminado.

Los pobladores explican que en horas de la tarde dos hechos reavivaron el conflicto en la zona cuando dos camionetas mineras habrían eludido el corte de los pobladores e ingresaron de lleno en la Laguna Blanca, que se trata de una reserva protegida, a fin de ascender a la zona en la que se intenta avanzar con … Sigue leyendo →]]> Denuncian que fuerzas de seguridad ascendieron a la zona de exploración con personal de la minera
La comunidad está realizando un corte por tiempo indeterminado y piden la presencia del gobernador Raúl Jalil.
17/04/2024

Corte por tiempo indeterminado en ruta provincial 43.
Las fuerzas de seguridad de Catamarca redoblaron la apuesta ayer en la afrenta minera en Peñas Negras, jurisdicción de Agus Calientes, donde recientemente la Policía de la provincia, avalada por una orden judicial, agredió a un comunero de 80 años, integrante del Consejo de Ancianos de su comunidad. La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén asegura que esta vez llegaron con más infantería. Ante eso, decidieron realizar un corte por tiempo indeterminado.

Los pobladores explican que en horas de la tarde dos hechos reavivaron el conflicto en la zona cuando dos camionetas mineras habrían eludido el corte de los pobladores e ingresaron de lleno en la Laguna Blanca, que se trata de una reserva protegida, a fin de ascender a la zona en la que se intenta avanzar con trabajos de exploración minera. “Andaban disparando e intentaron pasar por la orilla de la laguna, por medio del salar, qué sinvergüenza esa minera”, lamentaron.

Además, denuncian que esta vez ingresaron más efectivos de las fuerzas de seguridad custodiando a técnicos geólogos de la empresa, “lo hicieron sin el consentimiento, y ante la negativa de la comunidad, que le dice no a la exploración minera de Elevado Gold”, apuntan.

La comunidad está en alerta porque a pesar de haber realizado denuncias penales hacia personal policial y de la minera Elevado Gold por supuestas agresiones, la orden de la fiscal de Belén, Marina Villagra, de enviar fuerzas de seguridad para asegurar el trabajo exploratorio de la empresa minera, sigue vigente.

La comunidad de Peñas Negras irá hasta la CIDH.
“Hay una inacción de la Justicia evidente frente a las denuncias penales que realizamos en contra de la Policía. En vez de actuar con una prohibición de acercamiento en base a los delitos de los que fue víctima nuestra comunidad, permiten que siga ingresando la Policía. La Fiscal debería actuar de oficio e inmediatamente resguardar la zona en donde se cometieron delitos de público conocimiento”, señalan.

Ayer, reunidas en Asamblea, las comunidades indígenas que integran la Nación Diaguita de Belén decidieron sostener un corte por tiempo indeterminado en la ruta provincial 43 a la altura de Pozuelos, en el departamento Belén, “en reclamo por los atropellos policiales a la comunidad de Peñas Negras. Como así también reclamamos servicios básicos indispensables en nuestras comunidades, como luz eléctrica, salud, caminos”, detallan.

Corte por tiempo indeterminado en ruta provincial 43.
Aseguran que no dejarán pasar a ningún personal de la empresa minera, y que se levantará cada tres horas para el resto de la comunidad: “Dicho corte se levantará cuando se retiren los policías y geólogos de la zona de Peñas Negras y den solución a los pedidos de las comunidades”, afirman. “Queremos la presencia del señor Gobernador, manifestaron. No queremos que venga nadie de ningún organismo más que él, porque él es la cabecilla mayor y quien nos debería garantizar todos los derechos de nuestras comunidades”.

Esta semana se realizaron denuncias penales por delitos que la Policía habría perpetrado contra la comunidad de Peñas Negras luego del intento de avance del viernes pasado en el que se agredió al anciano Félix Escalante. Adelantaron, además, que harán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Erradicación y Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Por el avance en la Laguna Blanca, realizarán también una denuncia en la Secretaría de Ambiente.
https://www.pagina12.com.ar/729735-nuevo-avance-en-penas-negras

Justine Fontaine Actualmente, sólo Australia produce más litio que Chile. Sin embargo, el país sudamericano posee las mayores reservas mundiales de este metal blanco muy ligero. Allí se extrae del salar de Atacama, un lago salado en medio del desierto más árido del mundo. La salmuera, el agua salada en la que se encuentra, se vierte en grandes cuencas al aire libre. El litio se recupera después de que el agua se evapore. Con el auge de los coches eléctricos, muchos países quieren aumentar su producción o empezar … Sigue leyendo →]]> 02/04/2024
Los precios de los minerales esenciales para la transición energética llevan varios meses desplomándose. El ejemplo más espectacular es el del litio, clave para la fabricación de la mayoría de las baterías de los coches eléctricos, que ha perdido casi el 80% de su valor en el espacio de un año. A pesar de estos precios desfavorables, Chile, segundo productor mundial, quiere duplicar su producción de litio en la próxima década.
Mina de litio de Albemarle en el desierto de Atacama, Chile, 2023. AP – Rodrigo Abd

Justine Fontaine
Actualmente, sólo Australia produce más litio que Chile. Sin embargo, el país sudamericano posee las mayores reservas mundiales de este metal blanco muy ligero. Allí se extrae del salar de Atacama, un lago salado en medio del desierto más árido del mundo. La salmuera, el agua salada en la que se encuentra, se vierte en grandes cuencas al aire libre. El litio se recupera después de que el agua se evapore. Con el auge de los coches eléctricos, muchos países quieren aumentar su producción o empezar a producir litio: Europa quiere abrir minas, y Argentina, que ya extrae este metal, podría seguir pronto los pasos de su vecino chileno. Por último, China, tercer productor mundial, sigue aumentando su capacidad de producción. Sin embargo, el desplome de los precios del litio está frenando las inversiones.

La mitad de los salares chilenos podrían ser explotados
A finales de diciembre, Santiago anunció un acuerdo sin precedentes entre el gigante estatal Codelco y el gigante privado chileno del litio Soquimich para aumentar significativamente la producción en el salar de Atacama. El martes de la semana pasada, el Gobierno reveló que una treintena de salares (casi la mitad de los salares chilenos) podrían explotarse, con o sin la participación de empresas públicas. El objetivo es duplicar la producción de litio en los próximos diez años, y aumentar así las arcas del Estado a través de los impuestos.

Una apuesta de futuro
Esta apuesta plantea una serie de interrogantes. Por el momento, la producción anual de litio supera las necesidades industriales, pero la tendencia podría invertirse a partir de 2028. Otra cuestión es si unas baterías de sodio más baratas sustituirán a las de litio. Varios fabricantes ya las han desarrollado.

Dependencia de las materias primas
Chile corre el riesgo de exponer aún más su economía a las fluctuaciones de los mercados mundiales. El país ya es el primer productor mundial de cobre, y cuando los precios del cobre bajan, el crecimiento de Chile se ve sistemáticamente afectado. Exportar aún más litio entraña el riesgo de que Chile siga dependiendo de las materias primas. El Gobierno de izquierda en el poder pretende procesar más litio localmente, pero a este pequeño país le resultará muy difícil ser competitivo en la construcción de baterías, por ejemplo.

Preocupación medioambiental
Los ecologistas también están preocupados por este anunciado aumento de la producción. Aunque el Gobierno ha anunciado que clasificará el 30% de los salares del país como zonas protegidas, decenas de científicos y ONG locales advierten de los riesgos para el acceso de los pueblos indígenas al agua y para la agricultura local. «Los salares no son minas», escribieron en dos artículos (aquí y aquí) la semana pasada. Son «ecosistemas frágiles» que nos ayudan a comprender el pasado de nuestro planeta y quizá su futuro.
https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20240402-a-pesar-del-desplome-de-los-precios-chile-quiere-duplicar-su-producci%C3%B3n-de-litio

Luego de participar en la presentación de la estrategia para este año del Fondo de Promoción del Turismo, el funcionario precisó a la prensa que entre jueves y viernes próximos expertos recorrerán la filial de la trasnacional canadiense First Quantum en Donoso (Colón) para validar la información que la compañía presentó al Gobierno sobre el plan de gestión segura.

Este tipo de recorridos fueron cuestionados por la exclusión de líderes de organizaciones sociales, ambientalistas y movimientos populares, que protagonizaran las protestas de octubre y noviembre pasado en contra de la minería metálica a cielo abierto.

Rivera afirmó que la estadía servirá para verificar en el campo parte de la información documentada para proceder a la aprobación de un plan de cierre, ordenado por la Corte Suprema de Justicia hace cinco meses.

El funcionario reiteró que quieren validar la estabilidad del sitio, principalmente por lo que llamó temas químicos … Sigue leyendo →]]> 02/04/2024 Prensa Latina. El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera, anunció hoy que esta semana habrá una segunda visita de control al cierre de Minera Panamá, tema controversial en el istmo.

Luego de participar en la presentación de la estrategia para este año del Fondo de Promoción del Turismo, el funcionario precisó a la prensa que entre jueves y viernes próximos expertos recorrerán la filial de la trasnacional canadiense First Quantum en Donoso (Colón) para validar la información que la compañía presentó al Gobierno sobre el plan de gestión segura.

Este tipo de recorridos fueron cuestionados por la exclusión de líderes de organizaciones sociales, ambientalistas y movimientos populares, que protagonizaran las protestas de octubre y noviembre pasado en contra de la minería metálica a cielo abierto.

Rivera afirmó que la estadía servirá para verificar en el campo parte de la información documentada para proceder a la aprobación de un plan de cierre, ordenado por la Corte Suprema de Justicia hace cinco meses.

El funcionario reiteró que quieren validar la estabilidad del sitio, principalmente por lo que llamó temas químicos en alusión a los concentrados de cobre que se mantienen en el enclave, mientras los ambientalistas aseveran que contaminan esas tierras y sus embalses.

También Rivera explicó que el país centroamericano podría enfrentar seis posibles arbitrajes internacionales por controversias relacionadas con el cese de operaciones de las actividades de exploración, explotación y extracción minera.

Según el ministro, entre esas intenciones de arbitraje hay cinco relacionadas con la operación de Cobre Panamá (cuatro de inversión y una comercial) del proyecto de First Quantum y una del proyecto de Cerro Quema.

Hasta la fecha, indicó, se avanza en un proceso de conversación con las empresas inversionistas, lo que para algunos analistas es la intención clara de pasar el litigo al próximo Gobierno que resulte electo en los comicios generales del venidero 5 de mayo.
npg/ga

Gobierno anuncia nueva fiscalización de cierre de Minera Panamá

Un estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, reveló un aumento significativo de exposición a metales tóxicos en la región de Antofagasta, producto del auge del sector minero. Los investigadores de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Chile, quienes lideraron el estudio, descubrieron metales tóxicos.

El estudio tuvo como referentes de producción de la zona de Alto El Loa a las faenas Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y El Abra, así como al depósito de relaves Talabre, que abarca un área de 66 kilómetros cuadrados

Algunos de los metales encontrados fueron arsénico, antimonio, cadmio, cobre, molibdeno, plata, plomo y azufre en el polvo recolectado en viviendas de la misma zona: “Las correlaciones entre producción y presencia de metales en el ambiente son preocupantes”, explicó Nicolás Zanetta-Colombo, investigador de la Universidad … Sigue leyendo →]]> Universidad de Chile
Javiera Pizzoleo 02/04/2024
Los investigadores advierten que, frente a una nueva revolución por metales para la descarbonización, se debe empezar a enfrentar el manejo de contaminantes en la zona, para no agravar el problema.

Un estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, reveló un aumento significativo de exposición a metales tóxicos en la región de Antofagasta, producto del auge del sector minero. Los investigadores de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Chile, quienes lideraron el estudio, descubrieron metales tóxicos.

El estudio tuvo como referentes de producción de la zona de Alto El Loa a las faenas Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y El Abra, así como al depósito de relaves Talabre, que abarca un área de 66 kilómetros cuadrados

Algunos de los metales encontrados fueron arsénico, antimonio, cadmio, cobre, molibdeno, plata, plomo y azufre en el polvo recolectado en viviendas de la misma zona: “Las correlaciones entre producción y presencia de metales en el ambiente son preocupantes”, explicó Nicolás Zanetta-Colombo, investigador de la Universidad de Heidelberg y autor principal del estudio.

Zanetta-Colombo agregó que “se necesitan medidas urgentes para evitar una profundización del conflicto y reevaluar prácticas como el secado de relaves para la recuperación de agua”.
Enfrentar el manejo de contaminantes frente a una nueva revolución por metales para la descarbonización

Por su parte, Carlos Manzano, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y coautor del estudio, mencionó que “hay registro de que eso se incrementa en la década de 1990, que coincide con el aumento en la producción de cobre, y se puede proyectar hacia el futuro para pensar, por ejemplo, qué va a pasar con el aumento de la demanda y producción de minerales ante el crecimiento de la electromovilidad y las energías limpias”.

“Esto es algo deseable para nuestra economía, por cierto, pero es necesario mejorar el manejo de los contaminantes asociados a esta industria”, expresó Manzano.

Asimismo, Zanetta-Colombo también expresó su preocupación por el futuro auge para enfrentar la transición energética: “Nos encontramos en el umbral de una nueva revolución por metales para la descarbonización, pero nuestros resultados sugieren que el incremento proyectado (350% para el cobre) podría agravar el impacto”.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2024/04/identifican-significativo-aumento-exposicion-metales-toxicos-norte-chile

Participantes en el encuentro internacional realizado en Uyuni. Foto: Sumando Voces El encuentro internacional de pueblos indígenas de Bolivia, Chile y Argentina emitió un pronunciamiento en el que rechazan toda acción que permite que la explotación del litio afecte al agua y otras fuentes de vida de las comunidades indígenas originarias de los tres países. Además, demandan que se cumpla la consulta previa, libre e informada antes de que las empresas inicien cualquier proyecto.

“Rechazamos todas las formas de sometimiento a nuestros pueblos y todas las acciones y decisiones que se han tomado hasta ahora, que han permitido que la explotación del litio y otros minerales, vulneren nuestros derechos al agua, humedales, biodiversidad y nuestros territorios”, refiere el punto tres del pronunciamiento.

En la actualidad, en Bolivia, se firmaron cinco convenios con distintas empresas extranjeras, entre ellas chinas y rusas, para hacer estudios de extracción directa de litio. Cuatro fueron suscritos en 2023 y uno en 2024, pero ninguno de ellos fue publicado por el Gobierno, razón por la cual, la oposición critica el “secretismo” con el que se … Sigue leyendo →]]> 02/04/2024

Participantes en el encuentro internacional realizado en Uyuni. Foto: Sumando Voces
El encuentro internacional de pueblos indígenas de Bolivia, Chile y Argentina emitió un pronunciamiento en el que rechazan toda acción que permite que la explotación del litio afecte al agua y otras fuentes de vida de las comunidades indígenas originarias de los tres países. Además, demandan que se cumpla la consulta previa, libre e informada antes de que las empresas inicien cualquier proyecto.

“Rechazamos todas las formas de sometimiento a nuestros pueblos y todas las acciones y decisiones que se han tomado hasta ahora, que han permitido que la explotación del litio y otros minerales, vulneren nuestros derechos al agua, humedales, biodiversidad y nuestros territorios”, refiere el punto tres del pronunciamiento.

En la actualidad, en Bolivia, se firmaron cinco convenios con distintas empresas extranjeras, entre ellas chinas y rusas, para hacer estudios de extracción directa de litio. Cuatro fueron suscritos en 2023 y uno en 2024, pero ninguno de ellos fue publicado por el Gobierno, razón por la cual, la oposición critica el “secretismo” con el que se manejan estos proyectos. En diciembre de 2023, en Uyuni (Potosí), se inauguró la primera planta industrial de carbonato de litio, con la cual esperan producir 15.000 toneladas en 2024 y 100.000 en 2025.

ENCUENTRO

Las autoridades originarias, líderes y lideresas que viven en salares andinos de esos tres países se reunieron en Uyuni (Potosí), donde abordaron la temática de la hidrología de los salares y la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios.

Por Argentina, participaron representantes de las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Salta y Jujuy, además de comunidades afectadas de Catamarca; por Chile asistieron líderes de la comunidad Quechua de Ollagüe y representantes de la nación Colla; mientras que por Bolivia estuvieron presentes autoridades originarias de los ayllus de Nor y Sud Lípez.

Durante las dos jornadas y en tres mesas de trabajo, los participantes expusieron sus experiencias de lucha por la defensa de los derechos de los pueblos originarios e indígenas, expusieron los daños que sufren las comunidades por la explotación de empresas mineras que están mermando el agua dulce y, por ende, generando una degradación profunda de los ecosistemas en cada uno de los territorios donde se explota litio.

“Los daños de la explotación del litio en Chile y Argentina son enormes contra la biodiversidad”, refiere el boletín de prensa. Y, en esa misma línea, los líderes del Consejo de Gobierno de la Nación de Lípez, de Bolivia, explicaron su indignación por la falta de cumplimiento de la consulta previa, tanto para el emplazamiento del complejo industrial evaporítico (de litio) en Lliphi, como por los impactos de la perforación de 11 pozos para el funcionamiento de la fábrica.

Expresaron preocupación por la vigencia y aplicación del Decreto Supremo 2311: “Perímetro de salares y lagunas saladas”, que delimita las áreas reservadas para el Estado, más allá de la costra salina de los salares, afectando a los bofedales y áreas de pastoreo de las comunidades.

En ese sentido, indicaron que es necesario que el Comité de seguimiento a la implementación de la Convención Ramsar, verifique in situ las lagunas, los salares y bofedales que han sido declarados sitios Ramsar (humedal designado como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar). Esa instancia debe evaluar la situación de los ecosistemas en todos los territorios, “ya que los tres Estados informan solamente de avances normativos y no de los riesgos a los que están expuestos”.

Asimismo, cuatro líderes de la Nación Chichas, la Nación Qhara, de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Campesinos de Áreas Protegidas (Contiocap – Tariquía) explicaron los serios impactos que viven las comunidades indígenas y campesinas, producto de la contaminación minera e hidrocarburífera en Bolivia.

Es por ello que, en el punto segundo del pronunciamiento, reivindicaron su firme exigencia de que se cumpla la “consulta previa, libre e informada, en ámbito a las formas de vivencia de cada territorio en consentimiento al derecho internacional, OIT convenio 169 y demás normativas vigentes, que garantiza la vida de los pueblos ancestrales de Latinoamérica”.

También exigieron a los gobernantes respeto a la tierra y territorio, recursos naturales, el derecho a la vida, al medio ambiente sano y a la libre determinación de los pueblos aborígenes, indígenas originarios, pueblos organizados en defensa de la vida, ya que “el agua es un derecho vital y no así un recurso natural explotable”.

Finalmente, en los dos puntos finales se declararon en emergencia y asamblea permanente en vigilia ante toda forma de vulneración de sus derechos, exigiendo que se garanticen los derechos y la integridad de los defensores ambientales. (Brújula Digital/Sumando Voces)

Bolivia, Chile y Argentina exigen proteger el agua

Por otro modelo agropecuario La Casa de Gobierno de Entre Ríos es un prolijo edificio histórico, conocida como «Casa Gris», en el centro de Paraná. Todos los martes por la tarde-noche, aunque llueva o haga 40 grados, se reúnen vecinos y vecinas nucleados en la Coordinadora Basta … Sigue leyendo →]]> Darío Aranda 31/03/2024
La lucha socioambiental se expresa cotidianamente en los territorios. Tres casos muestran la resistencia en las calles: Paraná, Esquel y Andalgalá se movilizan contra el agronegocio, la megaminería y en defensa del agua, los cerros y la salud de la población.
Por Darío Aranda
Paraná, Esquel y Andalgalá. Tres lugares muy diferentes pero un punto en común: sus poblaciones están desde hace años en las calles, exigiendo el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano, al agua, la salud y a una democracia participativa. Con prácticas y decisiones que recuerdan a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (que todos los jueves dicen presente en las históricas rondas), en Entre Ríos, Chubut y Catamarca saben que su mayor fortaleza es nunca dejar las calles.

Por otro modelo agropecuario
La Casa de Gobierno de Entre Ríos es un prolijo edificio histórico, conocida como «Casa Gris», en el centro de Paraná. Todos los martes por la tarde-noche, aunque llueva o haga 40 grados, se reúnen vecinos y vecinas nucleados en la Coordinadora Basta es Basta, espacio nacido para defender la salud población y en denuncia del modelo agropecuario transgénico, en base a agrotóxicos. No es casual que, desde lejos, se dejen ver dos banderas: «Paren de fumigar» y «Basta de cáncer».

Hay presencia desde niños y adolescentes hasta abuelos y abuelas. Clima familiar. Al llegar, una mujer se acerca y entrega un pequeño frasco con una vela encendida, para marchar. Este martes de verano son unas cuarenta personas. Alguna vez pueden ser menos, otras veces son muchos más. Entregan folletos a los transeúntes y se canta con alegría. Lo importante, como el efecto de la «gota en la piedra», es decir presente y aportar a difundir los perjuicios en la salud y en el ambiente del agronegocio. Marchan desde enero de 2018 y ya llevan más de 324 martes de rondas.

«Cuando comenzamos con la ronda dijimos que la mantendríamos hasta que cambie el modelo productivo. Porque este modelo, que atraviesa a todos los gobiernos, nos enferma, nos envenena, nos mata», afirmó Daniela Verzeñassi, de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista de Paraná.

Recordó que en Entre Ríos –gobernada desde diciembre por Rogelio Frigerio–, salieron a pelear, entre otros motivos, para que dejen de fumigar a los niños de las escuelas rurales. Obtuvieron fallos judiciales favorables (que fijaba protección de 1000 metros sin fumigaciones) pero el gobernador Gustavo Bordet firmó un decreto –en sintonía con los pedidos de los empresarios del agro– y habilitó que se pulverice en cercanía de los alumnos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo de 2023, se excusó de tratar el tema.

No es no
En el otro extremo del país, el sábado 23 de marzo hubo celebración. Se cumplieron 21 años de una gesta histórica: el pueblo de Esquel votó en 2003 y el 81 por ciento dijo «no» a la megaminería. Se transformó en un faro que iluminó luchas. Cada día 4 de mes, vecinos y vecinas esquelenses se congregan en la plaza General San Martín. La convocatoria varía. Hubo momentos en que fueron miles y otros donde solo son un puñado.

Allí mismo, en el local de la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, alguna vez explicaron: es como la llama del calefón o del termotanque. Se suele estar en «piloto», parece apenas encendida, pero alcanza con que pase algo –una amenaza de avance extractivo– para que esa pequeña llama crezca, explote, lo ilumine todo y haga retroceder al poder. Es lo que sucedió en diciembre de 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni intentó avanzar por sorpresa con una ley minera y estalló la provincia. Siete días de movilización hasta que el Gobierno retrocedió y tuvo que volver a dejar vigente la Ley 5001, que prohíbe la megaminería en la provincia ahora gobernada por Ignacio Torres.

«Para el extractivismo no hubo ni hay grietas en los diferentes gobiernos», afirma Daniela Pazos. Y precisa que desde la asunción del gobierno actual «de ultraderecha» se atacó, mediante el mega DNU y el proyecto de ley ómnibus, normativas emblemáticas de la lucha socio ambiental como son la Ley de Bosques, de Glaciares y de tierras para extranjeros. «Seguimos resistiendo al extractivismo, lo que implica seguir en las calles no solo contra la megaminería, sino también contra el oleoducto de Vaca Muerta, la explotación petrolera en el mar argentino y los incendios forestales», afirmó.

Cristina Agüero, también de la Asamblea de Esquel, destacó un nombre propio: Eduardo Elsztain, millonario dueño del Grupo IRSA y la empresa de agronegocio Cresud. «Tiene una estrecha relación que el Presidente y es socio de la minera Yamana Gold en el proyecto llamado ‘Cordón Esquel’, en nuestro cerro Calfu Mahuiza. Sepan, tanto empresas como políticos que el pueblo de Chubut tiene una firme determinación en la defensa del territorio, de los bienes comunes y seguiremos resistiendo», advirtió.

En defensa del agua
Las leyes mineras de Argentina se sancionaron durante el menemismo. Y el primer megaproyecto se instaló en Catamarca, de la mano de Minera Alumbrera. Las promesas de ese momento aún están frescas en la memoria colectiva: trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente. Nada de ese sucedió. Como grafica la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Alumbrera –yacimiento ya cerrado– es el caso testigo de las mentiras de la megaminería en Argentina.

La Plaza 9 de Julio, en el centro de la ciudad, es testigo –desde hace más de catorce años– de la caminata los sábados por la tarde. Ya van 739 sábados que se manifiestan. «Caminamos todos los sábados en defensa de nuestra vida, en defensa del agua, del cerro y en contra de la megaminería contaminante. Siempre pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestro pueblo y tan solo pedimos agua limpia», resalta Eduardo Villagra, tenaz asambleísta, que suele tomar el micrófono cada sábado y arengar a los vecinos y vecinas.

El pueblo de Andalgalá, y de toda Catamarca, enfrenta a un nuevo proyecto, MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera, de la multinacional suiza Glencore), con la gravedad de que está ubicado en las nacientes de las fuentes de agua de la ciudad, lo que pone en riesgo a toda la población.

Villagra recordó que más de un centenar de vecinos están criminalizados «por un Poder Judicial corrupto que siempre resulta funcional a las mega corporaciones y al Gobierno» y denunció la falacia de la «audiencia pública» que a mediados de marzo realizó el gobierno de Raúl Jalil, donde no se permitió la participación real de la población e incluso se invadió la ciudad de policías con el único fin de intimidar a la población. «Lo decimos desde hace años y lo diremos siempre: el proyecto MARA es ilegal e inviable, y viola leyes nacionales y acuerdos internacionales. Vamos a seguir defendiendo nuestro cerro», afirmó Villagra.

La plaza de la memoria
Otro caso emblemático de persistencia en la lucha es la «carpa de la resistencia», en Jáchal (San Juan), donde desde hace nueve años denuncian la impunidad de la minera Barrick Gold, que en septiembre de 2015 produjo el mayor derrame minero de la historia. Más de un millón de litros de agua con cianuro llegaron hasta los ríos de la zona. Y luego se confirmaron otros tres derrames. No hubo condenas y ahora las asambleas de San Juan denuncian y rechazan al proyecto de cobre y oro Josemaría (de la multinacional canadiense Lundin Mining Corp), que cuenta con el apoyo irrestricto del gobernador Marcelo Orrego.

La Asamblea Jáchal No Se Toca, junto a otras organizaciones de San Juan y de Buenos Aires, organizó el 23 de marzo pasado el «Festival Puentes de Agua», donde se congregaron asambleas de una decena de provincias para exigir condena para Barrick Gold y el rechazo a nuevos proyectos mineros.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 31 de marzo de 2024 en el diario Página12.

Los hechos de violencia ocurridos en los últimos años en La Libertad, Arequipa, Ica y Apurímac, vinculados a este tipo de minería y también los que ocurren en diferentes partes de la Amazonía, son indicadores de un nuevo momento de expansión de esta actividad que hay que caracterizar bien por los impactos que se vienen generando y la violencia que la acompaña.

¿Cuáles son los factores que explican esta nueva etapa de expansión?

Un primer factor tiene que ver con la subida de las cotizaciones de los minerales que ha hecho cada vez más rentable y atractiva este tipo de minería, como ocurrió en el pasado súper ciclo (2003-2012): las cotizaciones del oro se han mantenido en un … Sigue leyendo →]]> 15/03/2024
Debemos tomar conciencia en el país que hoy en día la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado y, en escenarios cada vez más complejos, aparecen con mayor fuerza los conflictos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal. Una propuesta de gobernanza debe incorporar en el análisis y las alternativas a este estrato de la minería.

Los hechos de violencia ocurridos en los últimos años en La Libertad, Arequipa, Ica y Apurímac, vinculados a este tipo de minería y también los que ocurren en diferentes partes de la Amazonía, son indicadores de un nuevo momento de expansión de esta actividad que hay que caracterizar bien por los impactos que se vienen generando y la violencia que la acompaña.

¿Cuáles son los factores que explican esta nueva etapa de expansión?

Un primer factor tiene que ver con la subida de las cotizaciones de los minerales que ha hecho cada vez más rentable y atractiva este tipo de minería, como ocurrió en el pasado súper ciclo (2003-2012): las cotizaciones del oro se han mantenido en un nivel muy alto, incluso mucho antes de la pandemia y luego el cobre ha tenido una subida que, en determinados períodos, ha batido todos los récords previos.

Otro factor que explica la expansión es la propia pandemia y los diversos impactos que generó. Como se sabe, la pandemia significó un fuerte golpe a la economía del país, lo que se tradujo en una pérdida masiva del empleo y el fenómeno de los retornantes: un sector importante que vivía en zonas urbanas, que se quedó de un día para otro sin empleo y que tomaron la decisión de volver a sus comunidades, generando una mayor presión para buscar otras opciones de subsistencia.

Pero la pandemia también significó el retroceso del Estado en los territorios: frente a la emergencia sanitaria, el Estado peruano y todos sus estamentos se tuvo que movilizar, con enormes dificultades para enfrentar la grave situación, descuidando otras funciones. Ese vacío ha sido aprovechado por un conjunto de actividades ilegales que encontraron condiciones propicias para su expansión: tala, narcotráfico y minería. Algunos indicadores dramáticos de este avance: por un lado, la deforestación alcanzó niveles récord el primer año de la pandemia (203 mil hectáreas el año 2020) y desde su inicio ya son 17 defensores ambientales, sobre todo líderes indígenas, que han sido asesinados principalmente por las mafias que controlan estas actividades.

Algunas de las actuales características de este tipo de minería

Este estrato de minería no solo tiene una dimensión distinta a la que mostraba tiempo atrás, sino que también presenta nuevas características que se han ido definiendo en los últimos años. Vamos a detallar algunas de las principales:

En la actualidad la minería informal o la abiertamente ilegal, ya no solo es aurífera o no metálica, crecientemente ha comenzado a incorporar otros metales, como es el caso del cobre. Si bien, en otros períodos ha habido explotación en pequeña escala y artesanal de cobre y otros metales de base, las cotizaciones actuales la convierten en una actividad bastante atractiva.

Hasta hace un tiempo, la pequeña minería, la informal y la abiertamente ilegal, casi no coincidían ni compartían territorios con la gran minería. Donde había gran minería, por lo general no había minería informal, salvo algunas excepciones. Ahora sí se encuentran y esa convivencia se está convirtiendo en una abierta disputa por el control de las concesiones. Lo que viene ocurriendo en varias provincias de Apurímac y Cusco y en otras regiones como La Libertad, Puno, Arequipa, etc., con enfrentamientos, violencia extrema, hasta quema de campamentos, asesinatos, es un ejemplo de este nuevo escenario de disputa entre la minería formal y la informal.

También hay poblaciones que se están convirtiendo a la minería informal. Comunidades que optan por desarrollar extracción minera, ya sea como actividad complementaria y en algunos casos como principal fuente de ingresos. Esto ocurre tanto por las presiones que se dan dentro de la propia comunidad, impulsada en algunos casos por los ya mencionados retornantes que buscan nuevas alternativas para generar ingresos, así como por la presión de actores externos que buscan incorporar nuevos territorios a la minería informal.

Hay que reconocer que en las últimas décadas se ha forjado toda una especialidad en este tipo de minería que se mueve con promotores por el país. Estos promotores capacitan, asesoran, prestan servicios, facilitan el acceso a insumos y canales de comercialización; enganchan con créditos a los nuevos grupos de mineros y, al mismo tiempo, cuando encuentran resistencias invaden territorios e imponen condiciones con violencia.

Es un sector que ha acumulado mucho poder económico e influencia. Los grupos que controlan esta actividad se han beneficiado desde hace un buen tiempo de los ciclos de precios altos, lo que les ha permitido acumular ganancias extraordinarias. Ese poder económico también se traduce en influencia política y social; penetración en esferas del Estado subnacional y nacional; por ejemplo, en el sistema de justicia, las fuerzas del orden, municipios distritales y provinciales, el Congreso de la República y hasta algunos ministros o vice ministros han sido sindicados en varios gobiernos por su cercanía a este sector, logrando ampliar los plazos de formalización con el apoyo de poderes del Estado.

Es un sector que hoy en día es consciente de su poderío; que sabe que ha crecido y se ha consolidado en varios territorios y que además percibe que no hay voluntad política desde los diferentes poderes del Estado para enfrentarlo. Es más, en cada campaña electoral varios partidos políticos terminan aproximándose a las organizaciones de mineros informales e incluso firman actas y compromisos.

Cada vez se tiene mayores evidencias que el sector genera sus propios mecanismos de seguridad y cuando se abren disputas, informes de investigación apuntan a señalar que optan por contratar grupos armados para imponer condiciones, controlar yacimientos y desalojar a otros grupos de mineros, etc. Aparentemente, eso es lo que habría pasado en Caravelí en junio de 2022 y en Pataz en diciembre de 2023.

Los escenarios de riesgo

Si hasta el momento la tendencia es de expansión y descontrol en varias zonas del país, un posible escenario es que este sector se siga imponiendo, ya no solo en los territorios ganados, sino que termine incorporando otros, como hoy en día se intenta en el Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en Loreto y en otras zonas.

¿Estamos marchando hacia un escenario similar al de Bolivia, donde los denominados cooperativistas se han convertido en una base social en disputa que termina imponiendo condiciones a los gobernantes y actúa con mucha violencia? Por lo que se aprecia en algunos territorios en el Perú, no habría que descartar esta posibilidad, aunque cada país presenta sus propias características.

¿Qué hacer? Lo primero que hay que reconocer es que a estas alturas no hay soluciones sencillas. El que afirme lo contrario no tiene idea del problema o subestima la situación. Planteamos algunas propuestas que no pretenden ser una solución integral pero que podrían ser primeros pasos para hacer frente a la emergencia:

en primer lugar, se debería reconocer e identificar a las poblaciones que están luchando por proteger sus territorios y que se resisten al avance de la minería. Poblaciones como los awajun, wampis y otros pueblos amazónicos están dando una dura batalla para detener la minería ilegal, defendiendo los ríos y sus bosques; las rondas campesinas en zonas de la sierra, etc. No pueden hacerlo solos y es deber del Estado peruano respaldarlos.

Por otro lado, el bioma amazónico está en peligro y el riesgo que termine convertido en una gran sabana es inminente. Salvar la Amazonía es una tarea que debe ser encarada de manera coordinada entre los 9 países de la cuenca amazónica y enfrentar al mismo tiempo de manera conjunta actividades ilegales como la minería. La lucha frente al calentamiento global y la deforestación abre una gran posibilidad que no está siendo aprovechada, de contar con aliados estratégicos y recursos que pueden potenciar cualquier estrategia a nivel nacional para enfrentar una actividad como la minería ilegal. Para ello se necesita mucha voluntad política e iniciativa de nuestras autoridades.

Se debería neutralizar la expansión y así evitar que nuevos territorios se incorporen a los espacios que ya controlan los circuitos de poder de la minería ilegal. Por lo tanto, otro paso clave es neutralizar los avances de esta actividad para luego comenzar a recuperar los territorios ya impactados.

Finalmente, se debe cortar con la especulación que se da en torno a las concesiones mineras: empresas titulares de concesiones que terminan arrendando a grupos de mineros para que las exploten de manera informal. Todo indica que el caso de Caravelí es un ejemplo de esta práctica.

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La Corte de Justicia de Catamarca respaldó la acción de amparo ambiental presentada por la Comunidad Originaria Atacameños, ordenando la suspensión de la actividad minera en el área del Salar del Hombre Muerto hasta que se lleve a cabo un exhaustivo estudio de impacto ambiental.

En su fallo, la Corte también ha instruido al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente a que se abstengan de conceder nuevos permisos o autorizaciones, así como de emitir declaraciones de impacto ambiental relacionadas con obras o actividades en la zona que comprende el Río Los Patos, el Salar del Hombre Muerto y el Departamento Antofagasta de las Sierras.

Esta acción legal, iniciada en 2021 por Román Elías Guitian en nombre de la Comunidad Originaria Atacameños, busca la revocación de decretos y resoluciones ministeriales que habilitaron los proyectos mineros de Ampliación de … Sigue leyendo →]]> La Corte sentenció que la provincia “deberá abstenerse de otorgar nuevos permisos” hasta que se cumpla la realización del estudio de impacto ambiental.
Por EconoSus
14/03/2024, 12:13 pm

La Corte de Justicia de Catamarca respaldó la acción de amparo ambiental presentada por la Comunidad Originaria Atacameños, ordenando la suspensión de la actividad minera en el área del Salar del Hombre Muerto hasta que se lleve a cabo un exhaustivo estudio de impacto ambiental.

En su fallo, la Corte también ha instruido al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente a que se abstengan de conceder nuevos permisos o autorizaciones, así como de emitir declaraciones de impacto ambiental relacionadas con obras o actividades en la zona que comprende el Río Los Patos, el Salar del Hombre Muerto y el Departamento Antofagasta de las Sierras.

Esta acción legal, iniciada en 2021 por Román Elías Guitian en nombre de la Comunidad Originaria Atacameños, busca la revocación de decretos y resoluciones ministeriales que habilitaron los proyectos mineros de Ampliación de Proyecto Fénix y Sal de Vida, llevados a cabo por las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente. Además, solicita la suspensión de cualquier otro proyecto de extracción de litio en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, que comparten las provincias de Salta y Catamarca, hasta que se haya realizado una evaluación ambiental exhaustiva y se haya establecido la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla. Este proceso debe llevarse a cabo con la participación del Consejo Federal de Ambiente y la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, así como con el pleno derecho de consulta y participación de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano en todas las etapas del proceso.

Desdoblamiento del Estado
En la decisión mayoritaria liderada por Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño, Néstor Hernán Martel y Marcela Isabel Soria Acuña, los jueces destacaron que «se ha constatado un daño ambiental en el río Trapiche, resultado de las autorizaciones concedidas a la minera proyecto Fénix para la construcción de una represa destinada a captar agua del río Trapiche y emplearla en su producción. Esto ha ocasionado una alteración en el curso del río y en el ecosistema de la zona debido a la falta de flujo de agua, provocada directamente por la actividad minera y que está siendo objeto de un proceso de restauración, según lo informado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera».

Asimismo, señalaron que «se observa la existencia de seis proyectos mineros para la extracción de litio, situados en la Cuenca del Río de Los Patos – Antofagasta de la Sierra: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas y Candelas Oeste. Todos estos proyectos mineros, en diversas etapas de desarrollo, impactan en la misma área, sin que se hayan tomado medidas para llevar a cabo un estudio integral y acumulativo de su impacto ambiental, tal como lo requiere la normativa ambiental como mínimo indispensable para comprender la situación real y los posibles riesgos o daños».

En este contexto, los magistrados advirtieron sobre el desdoblamiento de las funciones de los organismos estatales: «Es de suma relevancia señalar el detalle y la identificación de múltiples permisos de explotación de aguas subterráneas en la Cuenca Río Los Patos del Salar del Hombre Muerto del Dpto. Antofagasta de la Sierra, otorgados mediante decretos del Poder Ejecutivo y disposiciones para los proyectos mineros. Esto implica una división de competencias dentro del Estado Provincial, donde por un lado se emiten las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para los proyectos mineros, bajo la jurisdicción del Ministerio de Minería, y por otro lado, en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (Secretaría de Recursos Hídricos), se tramitan y conceden las autorizaciones para el uso del agua. Esta modalidad socava el análisis integral y acumulativo necesario para evaluar adecuadamente las repercusiones ambientales», concluyeron los jueces en su sentencia.

Ordenaron detener la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto

La actividad, que se realizó al medio día, fue un acto simbólico que constó de una intervención artística por parte de un grupo de jóvenes activistas, que buscaron mostrar cuáles serían los efectos de que la ciudad se quedara sin agua por culpa de un proyecto minero.

Asimismo, los activistas expresaron que no se debe permitir que el Estado, a través del MINEM y otras entidades, apele a las instancias judiciales para que este proyecto minero continúe su construcción, cuando se sabe de los inmensos riesgos que implica.

Al respecto, José De Echave, directivo de CooperAcción, expresó que el proyecto minero Ariana se encuentro en medio de la infraestructura hídrica natural de las lagunas, así como la infraestructura … Sigue leyendo →]]> 21/03/2024
Un grupo de activistas y ciudadanos de la campaña Día Cero Perú realizó un plantón en los exteriores del ministerio de Energía y Minas, ubicado en San Borja, para llamar la atención sobre los riesgos que representa el proyecto minero Ariana sobre las fuentes del agua potable de Lima y Callao.

La actividad, que se realizó al medio día, fue un acto simbólico que constó de una intervención artística por parte de un grupo de jóvenes activistas, que buscaron mostrar cuáles serían los efectos de que la ciudad se quedara sin agua por culpa de un proyecto minero.

Asimismo, los activistas expresaron que no se debe permitir que el Estado, a través del MINEM y otras entidades, apele a las instancias judiciales para que este proyecto minero continúe su construcción, cuando se sabe de los inmensos riesgos que implica.

Al respecto, José De Echave, directivo de CooperAcción, expresó que el proyecto minero Ariana se encuentro en medio de la infraestructura hídrica natural de las lagunas, así como la infraestructura que se ha construido en los últimos 30 años que brindan el servicio de agua que abastece a más de 11 millones de ciudadanos de Lima y Callao.

“No es una preocupación solo de los ambientalistas o solo de CooperAcción, sino también de la propia empresa Sedapal, sobre los riesgos de las fuentes de agua. El Perú es un país que tiene una situación de estrés hídrico, es uno de los países que tiene una de las capacidades más bajas de represamiento de agua. Un proyecto sobre la zona que abastece el agua para Lima va a tener un impacto importante”, comentó De Echave.

Finalmente dijo que en el Perú se debe revisar y discutir en qué zonas se puede y en qué zonas no se puede desarrollar la minería. El caso Ariana es un ejemplo de donde no debe haber minería,

Por su parte, Bruno Delgado, vocero del Frente nacional en defensa del agua y la vida, comentó que el gobierno de Dina Boluarte ha aprobado un Decreto legislativo 1620, que su artículo 10A, habla de concesionar las fuentes, sistemas y proceso, para entregar a los privados la administración de los servicios de agua en Lima y en todo el país.

“Eso es inadmisible, eso en todo el mundo no ha funcionado. Eso se ha demostrado no hace mucho en el caso de Tumbes, donde se privatizó el servicio de agua. Por eso convocamos a la marcha este viernes 22 de marzo desde las 9 de la mañana en el Campo de marte”, apuntó Delgado.

Cabe recordar que, tras casi cuatro años de espera, el 6to juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una sentencia en abril de 2023 en el caso del proyecto minero Ariana. La sentencia declaró fundada en parte la demanda presentada por un grupo de ciudadanos de Lima, a la que se sumó Sedapal, y ordenó suspender el polémico proyecto minero hasta que se realicen estudios hídricos complementarios. Sin embargo, el Gobierno apeló la sentencia, insistiendo en que debe continuar su construcción.

Asimismo, cabe señalar que la demanda se había presentado contra el Ministerio de Energía y Minas, y más en concreto contra la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), contra la Dirección General de Minería (DGM), y finalmente contra la Empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C.

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Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) de Ecuador denunció este viernes 22 de marzo de 2024 la «criminalización» de la protesta que llevan adelante indígenas y campesinos opuestos a proyectos mineros de compañías canadienses en yacimientos ubicados en varias zonas andinas del país.

La Cedhu, una de las ONG humanitarias más representativas de Ecuador, condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios.

El organismo humanitario se refirió al caso del proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en el sector conocido como Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el corazón de la sierra andina del país.

En esa zona el Estado ecuatoriano ha entregado una concesión a la empresa Curimining, formada por una alianza entre las compañías Salazar Resources Ltd. y … Sigue leyendo →]]> 22/03/2024
La Cedhu condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) de Ecuador denunció este viernes 22 de marzo de 2024 la «criminalización» de la protesta que llevan adelante indígenas y campesinos opuestos a proyectos mineros de compañías canadienses en yacimientos ubicados en varias zonas andinas del país.

La Cedhu, una de las ONG humanitarias más representativas de Ecuador, condenó «el uso abusivo del derecho penal» para condenar con sentencias de prisión y pagos pecuniarios a grupos de campesinos que se oponen a proyectos mineros en sus territorios.

El organismo humanitario se refirió al caso del proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en el sector conocido como Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el corazón de la sierra andina del país.

En esa zona el Estado ecuatoriano ha entregado una concesión a la empresa Curimining, formada por una alianza entre las compañías Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation, ambas con sede en Canadá.

Según la Cedhu, un tribunal penal de Bolívar condenó el pasado jueves a seis defensores del agua opuestos al proyecto minero en Las Naves a tres años de prisión y a pagar 4 600 dólares (diez salarios básicos) de multa tras ser denunciados por una supuesta asociación ilícita por la firma Curimining.

«Estos hechos ratifican como el uso abusivo del derecho penal es utilizado por las empresas mineras para criminalizar la labor de defensores del agua, naturaleza y derechos humanos, y como se ha convertido en una actuación sistemática por parte del Estado ecuatoriano», añadió la Cedhu en su comunicado.
https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/organismo-derechos-humanos-denuncia-criminalizacion-protesta-antiminera-CX7055598