Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina https://www.ocmal.org OCMAL Thu, 13 Dec 2018 01:44:05 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Morococha: El pueblo despojado por la gran minera china https://www.ocmal.org/morococha-el-pueblo-despojado-por-la-gran-minera-china/ Thu, 13 Dec 2018 01:36:54 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43441 Entre las frías montañas de la sierra central del Perú, a más de 4 mil 700 metros de altura, se congelan los reclamos de los últimos habitantes de la antigua Morococha, una comunidad de 65 familias que se resiste a desaparecer. Desde hace seis años, conviven con las vibraciones, el polvo y el ruido de las detonaciones del megaproyecto minero Toromocho, operado por la empresa china Chinalco, que ha invertido 4 mil 476 millones de dólares en su implementación.

Por estos días, la maquinaria pesada de la compañía estatal china ya casi ha terminado de destruir todas las edificaciones de este poblado, cuyos escombros le dan la apariencia del escenario de una catástrofe. [...]]]>

La gigante minera Chinalco que opera el proyecto Toromocho en Perú, en la sierra central del país, construyó una ciudad para reasentar a la población de Morococha y así poder extraer el cobre que está debajo del suelo donde antes vivieron unos 5 mil habitantes. A seis años del inicio de esta reubicación, la nueva localidad no tiene futuro económico y va camino a convertirse en un pueblo fantasma.

Entre las frías montañas de la sierra central del Perú, a más de 4 mil 700 metros de altura, se congelan los reclamos de los últimos habitantes de la antigua Morococha, una comunidad de 65 familias que se resiste a desaparecer. Desde hace seis años, conviven con las vibraciones, el polvo y el ruido de las detonaciones del megaproyecto minero Toromocho, operado por la empresa china Chinalco, que ha invertido 4 mil 476 millones de dólares en su implementación.

Por estos días, la maquinaria pesada de la compañía estatal china ya casi ha terminado de destruir todas las edificaciones de este poblado, cuyos escombros le dan la apariencia del escenario de una catástrofe. En esta zona de riesgo del Perú, país considerado como el segundo productor mundial de cobre, Chinalco tiene un interés particular: explotar a tajo abierto los minerales que están debajo de los terrenos donde hasta octubre de 2012 vivían más de 5 mil morocochanos. El 96% de ellos ya abandonaron el lugar y varios se han establecido en una nueva ciudad ubicada a 12 kilómetros que fue construida por la propia empresa.

En la antigua Morococha ahora solo han quedado dos bandos en condiciones de desigualdad que protagonizan un conflicto social activo, según la Defensoría del Pueblo. En este territorio, ubicado a 160 kilómetros de Lima, se realizará la ampliación de uno de los proyectos de explotación de cobre más importantes del Perú, con una nueva inversión de 1.355 millones de dólares.

“Es triste vivir acá. No hay nada en mi negocio, no hay nada”, dice entre lágrimas Feliza Alania, una de las últimas habitantes del viejo pueblo, desde el interior de su oscurecida tienda de abarrotes. Antes vendía un promedio de 45 dólares diarios, cuenta. Ahora su familia es la única que consume las mercancías de sus anaqueles empolvados.

Chinalco ha intentado negociar un trato con los moradores que quedan, pero estos aseguran que no aceptarán las mismas condiciones que la transnacional propuso a sus antiguos vecinos. “Nos ha ofrecido unas migajas, te diría”, comenta con molestia el carpintero Máximo Díaz, esposo de Alania y presidente del Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), un colectivo fundado tras el inicio del proceso de reasentamiento.

La compañía no reconoce el derecho de propiedad de los residentes al momento de proponerles un monto de compra por su inmueble, asegura Noé Gamarra, representante de los expropietarios desplazados del lugar. Chinalco -explica Gamarra- solo les cotiza el valor de las edificaciones levantadas sobre la superficie, no el del terreno. Con este criterio, apunta, en las negociaciones se ha ofrecido entre 60 y 100 dólares por el metro cuadrado. Es el precio promedio del mercado, pero no se toma en cuenta que en el subsuelo existe tanto mineral, en especial cobre, como para aumentar la producción diaria de la mina de 117 mil a 172 mil toneladas métricas.

De hecho, la corporación china calcula alcanzar esta capacidad de procesamiento en 2020 cuando finalice la ampliación del proyecto Toromocho, obra aprobada por el Ministerio de Energía y Minas en Perú el 23 de marzo de este año. Es decir, el mismo día en el que el entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumía la presidencia del Gobierno nacional en medio de la profunda crisis política que llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y anunciaba una renovación total de su gabinete ministerial.

Pocos meses después, en junio, Chinalco anunció el inicio de las obras en una ceremonia junto al propio Vizcarra. “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el actual mandatario. Se espera que luego de culminada la ampliación, el proyecto reporte un valor de producción anual de 2 mil millones de dólares.

El problema es que la compañía no podrá cumplir con esta meta si aún hay pobladores sobre el terreno que ambiciona la gigante Chinalco.

“Si no me arreglan [un acuerdo], que me dejen vivir tranquilo”, reclama Díaz con evidente disgusto. “Las voladuras de la mina sacuden como si fuera un terremoto y en dos oportunidades han fundido el techo de mi taller [con las rocas que caen]”, manifiesta. Es algo que sucede muy seguido.

“Los policías todos los días nos rodean. Vigilantes, a lo que sales te están rodeando. A veces hay disparos [detonaciones]. A todos nos sacan afuera”, lamenta Feliza Alania con gesto de impotencia. “A uno lo tienen al milímetro controlado”, agrega Díaz. No exagera. El equipo periodístico de Convoca.pe y Diálogo Chino pudo constatar cómo la vigilancia privada siguió nuestro recorrido por el antiguo poblado de Morococha. Solicitaron nuestras identificaciones y preguntaron por nuestras actividades.

Como consecuencia, la población ya no confía ni en la ley ni en la autoridad. Elvis Atachahua, vecino de Morococha, advierte que efectivos policiales se trasladan en vehículos contratados por la minera y dan apoyo en las demoliciones que realiza Chinalco en el pueblo sin autorización municipal. En el pasado, un acuerdo de colaboración firmado por la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y la compañía del gobierno chino dio cuenta de los privilegios de los que goza la compañía. Esa es la imagen de inequidad ante la ley que tienen los pobladores de la antigua Morococha.

La minera, por su parte, trata de reforzar la idea de ser una compañía con responsabilidad social ante el mundo. No es para menos: Toromocho es muy importante para la Aluminum Corporation of China, matriz de Chinalco, dado el enorme yacimiento de cobre que cobija y la cantidad de metal rojo que su país demanda. Las reservas de la mina se estiman en 1 526 millones de toneladas. En el primer semestre de 2018, las exportaciones de cobre peruanas alcanzaron un valor de 7 mil 696 millones de dólares, según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. El 61% de los envíos de este metal tenía como destino China.

“Como es sabido por todos, los minerales de cobre son escasos en China”, reconocía Huang Shanfu, entonces presidente de Chinalco en Perú, el 13 de noviembre de 2016 en una entrevista registrada por la cadena internacional CCTV. “A medida que se va poniendo en marcha este proyecto [Toromocho], se afianzará gradualmente una base sólida para la garantía de recursos de cobre de China”, sostenía. Sin embargo, medios chinos como Sina News Finance cuestionaron la decisión de ampliar la mina en un contexto de caída de precios del mineral y pérdidas de la empresa. Las noticias sobre la mina de Toromocho en la página web de Chinalco no han sido actualizadas desde 2013.

Pero Huang Shanfu también insistió en priorizar las necesidades de la población de Morococha: “Consideramos necesario poner de manifiesto el sentido de responsabilidad de nuestra empresa y lograr un desarrollo sinérgico entre la economía y las comunidades locales en sintonía con nuestro lema: primero contribuir al desarrollo de las comunidades locales, después pensar en la realización del proyecto”.

Chinalco ha invertido 4 476 millones de dólares en el proyecto Toromocho. La ampliación costará 1 355 millones de dólares más. Opera a cielo abierto. Foto: Chinalco.

“¡Cuántas veces me han intentado sacar de mi casa!”, exclama con energía Edelmira Artica, inquilina de una edificación cuyo frontis tiene pintado el logo de Chinalco. “Sus vigilantes saben a qué hora entramos, a qué hora salimos (…). Ha venido hasta su abogado diciendo: ‘ya perdiste tu casa de abajo [en la nueva ciudad], no tienes derecho a nada’. ¡Y yo no voy a comer de la casa, lo que queremos es trabajo! Con el trabajo puedo hacerme [algo] mejor que esa casa. Pero tenemos todas las puertas de trabajo cerradas”, reclama.

En Morococha, si se tiene la suerte de tener un empleo, hay que cuidarlo. “Desde el día que ha llegado minera Chinalco nos vienen condicionando con el trabajo. Cuando firmas, te condicionan. Se cumple [el plazo de] tu contrato y ya no quieren renovarte”, dice Rolando Jerónimo, otro vecino de Morococha.

Jerónimo, también dirigente del sindicato único de trabajadores de Argentum, otra empresa minera que opera un distinto yacimiento de plata, plomo y zinc en la misma Morococha, ha sentido presiones a través de su empleadora para dejar su vivienda. Hace tres semanas, comenta, lo llamaron desde el área de recursos humanos de Argentum para tratar con él, otra vez, el tema de su reasentamiento. “Hay que conversar, me dicen, pero qué hay que conversar si el problema es con Chinalco, no con Argentum. Como empresarios se dan la mano. Tienen convenios entre ellos”, sostiene.

La situación de tener vecinos que se rehúsan a dejar sus casas ante un proyecto es tan frecuente en China que hay un término para ellos: las ‘casas clavo’ o ‘dingzi fu’.


  • A dos de los hijos menores de Bertha Alania se les ha encontrado plomo en la sangre. Un médico les ha recomendado seguir una dieta para su desintoxicación. Foto: Marco Alegre/Convoca.

A diferencia de muchos conflictos sociales en los que la población rechaza la minería, Morococha ha convivido por centurias con esta actividad y casi 80 años con la minería a gran escala. En un escenario así, una solución dependería de la disposición que tenga la empresa, el Estado -como facilitador- y la población para encontrar otra zona de reubicación, donde puedan estabilizarse y seguir desarrollando sus actividades económicas.

El problema es que la zona que les ha ofrecido la compañía no los convence.

Cortina de hierro

A 20 minutos del pueblo en ruinas, en el mismo distrito de Morococha, Chinalco ha construido una nueva ciudad de pequeñas viviendas de 54 metros cuadrados, alineadas en largos pabellones silenciosos.

La Nueva Morococha tenía el objetivo de recibir a las más de mil 200 familias de la antigua localidad. El reasentamiento comenzó en octubre de 2012.

Un informe del Ministerio de Vivienda de 2011 advertía que la zona escogida no era la más apta por una serie de riesgos, como el hundimiento del suelo debido a su humedad, las inundaciones y los sismos. Esta área se encuentra entre dos lagunas que podrían desbordarse con algún movimiento telúrico, señalan expertos.

Antes del traslado, la empresa prometió a los moradores algunas mejoras. Ahora el 87% de las viviendas del distrito están fabricadas con cemento y ladrillo, y el acceso a los servicios básicos se ha incrementado de forma notoria, pues el 93% de los hogares tiene agua y el 95%, electricidad, de acuerdo con el último censo nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática de 2017.

Sin embargo, la nueva localidad aún parece una maqueta. Es ordenada, pequeña, vacía e inerte.

Nueva Morococha, construida a 12 km. de la antigua ciudad, carece de oportunidades económicas, reclaman los vecinos. Sus calles se ven vacías. Foto: Marco Alegre/Convoca.

“A veces se ven más perros que gente”, anota Karla Victoria, vecina y presidente de la asociación de comerciantes de esta nueva localidad. “Mire la calle. Es silencio. Y así es todos los días”, relata.

“El gran problema es que esta nueva ciudad no ha terminado de consolidarse como un espacio de vivienda adecuada. La gente está fuera del circuito económico de la zona, muy alejada de [otras] oportunidades económicas”, anota el economista y exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave.

El poco movimiento preocupa a los comerciantes del lugar. Refleja el bajo consumo y los bajos ingresos de los vecinos. Victoria tenía tres restaurantes antes de ser reasentada. Hoy tiene uno. “Nos dijeron que la calidad de vida iba a ser mucho mejor. Nunca nos dijeron que íbamos a empeorar”, dice.

Según un estudio de la Universidad Nacional del Centro (2018), el 80,6% de los habitantes de Nueva Morococha considera que su situación económica era mejor en la antigua ciudad. El 76,2% cree que el comercio ha caído.

¿Qué pensaban antes del traslado? El Instituto Nacional de Salud recogió las percepciones de la población que aún habitaba la antigua Morococha en 2013, poco después de iniciado el proceso de reasentamiento. Su informe apunta que el 52% de los vecinos estaba de acuerdo con el cambio de zona, aunque el 76% aseguraba no haber participado en la mesa de diálogo en la que se decidió esta medida en 2006.

“No puede decirse que está completado el reasentamiento. Nunca se cumplieron todas las pautas establecidas y un tema central era la viabilidad económica de la ciudad”, advierte Javier Jahncke, abogado que acompañó a la comunidad en sus negociaciones con Chinalco a través de la ONG Red Muqui.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Toromocho, elaborado para Chinalco y publicado en 2009, aseguraba que “el campamento de […] operación formará parte de la nueva ciudad de Morococha”. Esta medida contribuiría con su movimiento comercial, pero a seis años de la reubicación sigue siendo una promesa en las mesas de diálogo.

“Construyeron una edificación, pero ahí no hay ningún trabajador”, asegura Jahncke.

“Objetivamente hablando, en el tema del reasentamiento Chinalco estuvo en conversaciones permanentes con las autoridades locales y ofreció concesiones, pero con un proyecto tan grande es difícil no tener algunos problemas remanentes”, advertía al diario chino 21st Century Business Herald una persona que conocía el caso.

Lo cierto es que, en la antigua Morococha, la realidad era muy distinta. Los empleados y subcontratistas de las empresas mineras Volcan, Argentum y Austria-Duvaz vivían en campamentos cercanos y visitaban con mucha frecuencia la localidad. “La dinámica económica que los trabajadores de estas empresas han generado en la [antigua] ciudad con sus compras locales y que da empleo [a] micro y pequeños negocios locales, tampoco se alterará por el desarrollo del Proyecto Toromocho”, aseguraba el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Chinalco.

La nueva ciudad, sin embargo, atraviesa un momento crítico. Karla Victoria advierte que el comercio ahora depende casi de manera exclusiva de la actividad de Chinalco, que -dice- tiene un concesionario de productos y alimentos en su propio campamento, algo que desincentiva el consumo en la ciudad. Tal situación puede incrementar más la asimetría en las relaciones entre la empresa y la comunidad. Sobre todo, si se alza la voz para reclamar.

Karla Victoria, que como representante del gremio de comerciantes reasentados traslada las quejas de estos a Chinalco, afirma haber recibido comentarios de algunos trabajadores subcontratados por la minera. Recuerda testimonios como este: “Señora, ya no le vamos a consumir. Nos han dicho que ya no le consumamos a usted. ¿Motivos? No sé y no le puedo dar más detalles, pero sí nos han dicho que vayamos donde fulano y mengano”

“Y fulano y mengano son los que nunca se quejan, los que nunca reclaman nada, los que siempre están bien y son felicitados”, dice. “No sé cómo interpretarlo”.

De este modo, la dependencia económica ha generado cierta autocensura en los comerciantes y en los aspirantes a los puestos de trabajo.

“Lo que queremos es hacer las cosas con libertad, sin temor a que mañana nos ‘marquen’ o que no nos compren”, reclama Victoria. “Para eso tenemos que estar rodeados, como estábamos arriba, de más empresas mineras. Si no, cada negocio se irá apagando como una velita, como está sucediendo”, añade.

Un ejemplo claro de lo que atraviesa el comercio local es el nuevo mercado de abastos de la ciudad. A las 10 de la mañana de un viernes, los pasillos están oscuros y cubiertos de tierra. No hay clientes ni comerciantes en la gran mayoría de los cien puestos construidos. Solo hay atención en unos diez módulos cercanos a la puerta principal. “Es día de feria”, indican.

El mercado de Nueva Morococha tiene más de 100 puestos construidos, pero la mayoría están desocupados. “Eso es lo que había arriba [en la antigua ciudad], dice Karla Victoria. Foto: Marco Alegre/Convoca.

El desempleo es otro factor que golpea los ingresos y el consumo. Otro de los escenarios que planteaba la minera en el Estudio de Impacto Ambiental era el de “brindar oportunidades de empleo de manera equitativa tanto para hombres como para mujeres en tanto reúnan los requisitos de capacitación necesarios para trabajar en el Proyecto [Toromocho]”.

En 2017, por ejemplo, la desocupación alcanzaba al 52% de la población, según una encuesta hecha por la Universidad Nacional del Centro a 294 viviendas de la nueva ciudad. La falta de empleo estable allí es una de las principales razones para que los habitantes de la antigua Morococha se opongan al traslado.

En retrospectiva, César Reyna, exasesor de la municipalidad de Morococha para el proceso de reasentamiento, cree que fue un error que los vecinos afectados aceptaran la venta de sus viviendas a Chinalco sin haber cerrado antes las negociaciones sobre las condiciones de su reubicación y la viabilidad de la nueva ciudad.

Es decir, el proceso “se dio al revés”: con sus tierras ya transferidas, la comunidad perdió capacidad de presión para exigir a la empresa el cumplimiento de sus compromisos. Esto se hace evidente en la mesa de diálogo que reúne a la población afectada, a las autoridades y a la minera, que comenzó a trabajar en 2008 y aún no alcanza un acuerdo definitivo. Al final, esta situación solo perjudica a los morocochanos.

Mientras tanto, sin términos claros no se avizora un futuro sostenible para la nueva capital distrital. El temor que manifiestan los vecinos es que Nueva Morococha se convierta en un pueblo fantasma.

La mayoría de los que se han ido son mujeres. En 2007, Morococha contaba con 5 mil 397 habitantes: 3 mil 176 eran hombres y 2 mil 122 mujeres, según el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática del gobierno peruano. Diez años después, para el censo de 2017, de 5 mil 155 habitantes censados el año pasado, 3 mil 486 eran hombres y solo mil 669, mujeres.

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Antigua Morococha
Nueva Morococha

Foto 1: Ya no quedan autoridades en la antigua Morococha. Foto 2: Los servicios públicos han mejorado en la Nueva Ciudad, pero la actividad económica es mucho menor, aseguran los vecinos. Fotos: Marco Alegre/Convoca.

“Hay una fragilidad muy grande [en la organización de la comunidad] porque a muchos [de los actuales habitantes] no les interesa lo que pueda pasar en el futuro ya que finalmente las casas no son de ellos”, señala el abogado Javier Jahncke, quien resalta que la mayoría de los que habitan la nueva ciudad son trabajadores mineros que viven en casas alquiladas a morocochanos que han emigrado por falta de oportunidades.

¿Qué viabilidad ambiental, social y económica tiene Nueva Morococha?, se pregunta Jahncke. “Es una situación extrema, donde la organización y el tejido social ha sido quebrado, no hay una fortaleza para participar en los espacios de negociación, hay un problema ambiental con una relavera [la laguna Huascocha con desechos tóxicos] y la economía no funciona porque la empresa no cumplió”, relata.

Además, ya empezaron a hacerse evidentes los primeros signos de contaminación ambiental. La dependencia de Emergencias Sanitarias de Atención de Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados del Ministerio de Salud diagnosticó en abril de este año a 27 niños menores de 12 años con intoxicación por plomo.

Las mineras cercanas no destacan por su cuidadosa práctica ambiental. Por ejemplo, en 2014, Chinalco recibió una notificación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por mal uso de agua y debió suspender las operaciones de la mina temporalmente. En una entrevista con el diario económico 21st Century Business Herald, ejecutivos de la empresa sostuvieron que la compañía se comprometía a “cumplir estrictamente con todas la regulaciones y la supervisión local, inmediatamente deteniendo sus actividades mineras, contratando una evaluación científica y tomando todas las medidas para reiniciar actividades de nuevo tan pronto como fuese posible”.

Al final, la inversión del Estado peruano en el distrito de Morococha ha sido reducida. En 2017, se comprometió un presupuesto de apenas 1,5 dólares per cápita para asuntos ambientales, 0,7 dólares para materia económica, 9 dólares para lo social y 160 dólares para lo institucional, según un reporte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del gobierno peruano.

La tierra, el cobre y la ley

Cerca de las seis de la mañana del viernes 7 de septiembre de este año, los efectivos de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional llegaron a la Antigua Morococha en un minibús blanco sin señalización policial. Con escudos, cascos y fusiles, rodearon el deteriorado edificio municipal donde antes había funcionado un albergue de ancianos. Los obreros contratados por Chinalco apoyaron unas escaleras en su muro e iniciaron la demolición a golpe de comba.

Los vecinos les exigieron la autorización de demolición, pero fueron repelidos por el destacamento policial. A raíz de este incidente, 17 de ellos han sido denunciados por supuestos disturbios por un abogado de la compañía, entre ellos una mujer de 80 años, como consta en las notificaciones de la Fiscalía a las que accedió Convoca.pe. La municipalidad, a su vez, también ha puesto una denuncia contra la empresa por usurpación agravada y daño simple debido a la destrucción de esta infraestructura que considera pública.

El albergue, en realidad, es una pequeña parte de un extenso terreno de 34 hectáreas que se ha visto envuelto en un litigio entre la comunidad y la transnacional.

Hasta febrero de este año, el extenso predio era propiedad de la municipalidad distrital de Morococha, que se había comprometido desde 2003 a destinarlo para la titulación de los vecinos posesionarios de la localidad. Sin embargo, las 34 hectáreas están ahora a nombre de Chinalco gracias a una serie de veloces y eficaces gestiones de algunas autoridades peruanas.

“Esto ha sido muy rápido”, advierte Elvis Fuster, vicepresidente del Frente de Defensa de los Intereses de Morococha. El dirigente apunta que los movimientos burocráticos que hicieron que los vecinos de la localidad perdieran sus tierras coincidieron con los últimos meses de gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta poco antes de su renuncia.

Para el sorpresivo cambio de dueño solo se necesitó la entrada en vigencia de dos normas. Y aplicarlas.

La primera, publicada en noviembre de 2017, fue el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (Ley 30680) que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. La norma fue aprobada por el Congreso peruano en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno climático El Niño Costero, que ese año causó 162 muertes por lluvias e inundaciones, dejó más de 1,3 millones de damnificados y 373 mil viviendas afectadas, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil.

En la práctica, la prohibición de posesiones en estas zonas pondría al margen de la legalidad a cualquier vivienda de antigua Morococha y de cualquier otro sitio de características similares y riesgosas. Como consecuencia, se dispuso que la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) pasaría a custodiar este tipo de tierras.

La segunda norma fue el reglamento de ese mismo artículo 49, que excluye a los propietarios de participar en este tipo particular de expropiaciones. Además, reguló la “declaración de intangibilidad” para fines de vivienda en áreas riesgosas (“zonas de riesgo no mitigable”), de manera que los lugares declarados como tales se vuelven inhabitables. Esta última disposición entró en vigencia el 10 de enero de este año.

Las fechas son claves para entender la celeridad del proceso legal en Morococha.

Un día antes de la entrada en vigor del reglamento, el 9 de enero, se había aprobado la propuesta del Ministerio de Energía y Minas peruano para nombrar a Ricardo Labó Fossa, entonces viceministro de Minas, como presidente de Activos Mineros SAC (AMSAC), compañía del Estado peruano dedicada a la remediación ambiental y la supervisión de proyectos de minería. El 17 de enero, Labó asumió funciones en el directorio. El 18, la gerencia general de AMSAC solicitó la mencionada “declaración de intangibilidad” de las 34 hectáreas de antigua Morococha.

El nombre de Ricardo Labó destaca en esta trama legal. Este economista con larga trayectoria en el sector minero laboró entre 2006 y 2014 en la minera anglo-australiana Río Tinto, que en Perú opera el proyecto de cobre La Granja en el departamento norteño de Cajamarca.

A su vez, Río Tinto tiene entre sus accionistas a una importante empresa china. De acuerdo con su último reporte anual corporativo (2017), la Aluminum Corporation of China – propietaria de la Chinalco que opera en la zona de Morococha- controla el 10,32% del poder de voto en Rio Tinto Group a través de su offshore Shining Prospect Pte Ltd, con sede en Singapur. Ha participado del capital de esta corporación desde 2009: es decir, mientras Labó prestaba servicios en la compañía.

Las gestiones

Los buenos oficios del Gobierno peruano a favor de Chinalco continuaron. El 14 de febrero, el viceministerio de Labó pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros para ser destinado al proyecto de ampliación de Toromocho, operado por Chinalco. Para entonces, la ampliación de la mina aún no había sido aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, hecho que sólo ocurrió hasta marzo.

Dos semanas más tarde, el 27 de febrero, Activos Mineros envió una carta a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) que custodiaba las 34 hectáreas. En la comunicación, también pidió que se transfirieran a su nombre. Ambas instituciones -el viceministerio de Minas y AMSAC- invocaron el citado artículo 49 de la ley para sustentar su pedido de expropiación.

Ese mismo día, la Superintendencia analizó el caso y lo resolvió de forma afirmativa. Todo este trámite levantó las alarmas de especialistas que cuestionan que la expropiación beneficie a una obra privada como una mina. “Aparentemente se ha aplicado inadecuadamente la ley, que está orientada a facilitar la inversión en infraestructura pública”, advierte José de Echave.

¿Por qué Activos Mineros aparece en esta trama legal como mediador y no se transfirieron las 34 hectáreas de manera directa a Chinalco? Buscamos al exviceministro Ricardo Labó en distintas ocasiones: lo llamamos a su domicilio, le enviamos correos electrónicos y dejamos mensajes a su cuenta personal en una red social. Al cierre de este reportaje, no conseguimos respuesta.

La maniobra legal sobre los terrenos generó malestar, sobre todo, en la antigua Morococha. Carlos Castro Torres, abogado del grupo de morocochanos que ha interpuesto una demanda de amparo para anular esta serie de operaciones que beneficiaron a Chinalco, considera cuestionable el papel que jugó Activos Mineros en esta historia.

Castro observa que la ley de expropiaciones es explícita en señalar que el beneficiario de una propiedad expropiada solo puede ser otra entidad del Estado peruano, nunca un privado. El problema -indica el abogado- es que esas 34 hectáreas expropiadas sobre las que aún viven las familias de Morococha, ya como propiedad de Activos Mineros y fuera del poder de la Municipalidad de Morococha, se transfirieron a Chinalco casi como en una simple operación entre privados. Ese sería el rol de AMSAC en este esquema, indica. Así, esta tierra rica en cobre pasó a manos de la empresa china por 1,8 millones de dólares (5,9 millones de soles), dinero que fue transferido a un “fondo social” coadministrado por la propia compañía. Con este monto, que los vecinos no consideran adecuado, se espera encontrar un terreno de dimensiones similares para seguir reasentando a esta población.

“La misma ley [de expropiaciones] afirma que es nula la transferencia de propiedad de predios en zonas de riesgo no mitigable”, dice Castro, quien en el mismo proceso judicial solicita que se anule la operación entre AMSAC y Chinalco y la expropiación que se hizo a la Municipalidad de Morococha. Asegura que como las tierras estaban comprometidas desde 2003 para ser entregadas en propiedad a los morocochanos, estos serían los dueños legítimos. Con la demanda ya admitida por el juzgado competente de Yauli-La Oroya, los habitantes de Morococha esperan que la justicia peruana resuelva el caso.

Pero esta no es la primera vez que Chinalco ha intentado inscribir las tierras a su nombre. De hecho, en 2014 pretendió adjudicárselas de manera gratuita. En la partida registral del terreno a la que accedió Convoca.pe, consta un embargo a pedido de la minera china que entonces había demandado la “prescripción adquisitiva” del terreno. Este es un conocido mecanismo legal para inscribir como propio el inmueble de otro propietario sin ningún desembolso, siempre que lo haya ocupado por cierto tiempo.

Desde el 26 de octubre hasta el cierre de este reportaje insistimos de manera reiterada por conseguir una entrevista con los representantes de Minera Chinalco Perú SA. Nos comunicamos vía telefónica, enviamos correos electrónicos y reiteramos nuestra solicitud en la Oficina de Prensa. También dejamos mensajes para Álvaro Barrenechea Chávez, gerente de asuntos corporativos y vocero oficial, y una carta en las oficinas de la compañía en Lima con nuestras preguntas. Hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta de la empresa.

Mientras tanto, el conflicto sigue latente en Morococha.

Los hermanos Gianfranco, de cinco años, y Noemí, de 11, tienen que ir hasta Nueva Morococha a estudiar. Su madre, Bertha Alania, espera que Chinalco pueda garantizar un reasentamiento justo. Foto: Marco Alegre/Convoca

“Cuando se dijo que iba a llegar la empresa Chinalco [creíamos] que volverían las épocas de la Cerro de Pasco Copper [Corporation]. La población se alegraba, ¡se alegraba! ¡Por la puerta grande han entrado los señores! No sabíamos que iba a pasar esto”, comenta Máximo Díaz, el carpintero de 66 años que vio crecer en el tiempo a Morococha gracias a la explotación del mineral que este pueblo esconde bajo tierra.

Aunque hoy el megaproyecto Toromocho -que constituye la inversión más grande de su historia- amenaza la supervivencia de su comunidad, Máximo Díaz se mantiene firme y cree en la inversión responsable: “No estamos en contra de la minería, de ninguna manera. El cien por ciento apostamos por ella”. Pero él y los últimos vecinos continuarán exigiendo las condiciones que consideran justas. “No hay nada imposible para nosotros. Estamos haciendo respetar nuestros derechos, no otra cosa”.

fuente:http://operacionchina.convoca.pe/morococha/?fbclid=IwAR1fXjGsWjzVL7-fbqKnIzWLsRWLbKc3p0aY7zKwYx2bspcKayWmZuk-5NA

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#JuegoDePrecios: Los esquemas oscuros de la gran minería para reducir impuestos https://www.ocmal.org/juegodeprecios-los-esquemas-oscuros-de-la-gran-mineria-para-reducir-impuestos/ Wed, 12 Dec 2018 02:46:27 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43432 Convoca.pe revisó un centenar de resoluciones del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas que dan cuenta de complejos mecanismos financieros observados por la entidad recaudadora Sunat así como correos internos del estudio panameño Mossack Fonseca que confirman servicios de abogados para que empresas paguen menos impuestos en Perú por precios de transferencias de bienes y servicios en el exterior.

Entre los documentos del Tribunal, identificamos casos de manipulación de precios de minerales y servicios sospechosos entre compañías mineras del mismo grupo empresarial para reducir el pago de tributos. Al menos cuatro de estos casos revelan operaciones opacas por más de S/.15 millones. Si el Estado recauda menos impuestos, los pueblos de donde se extrae el mineral obtienen menos canon minero para invertir en su desarrollo luego que el oro, el cobre, el zinc o el molibdeno se agote del subsuelo peruano.

 

Un equipo de quince personas entre contadores y abogados que ocupan el segundo piso del edificio El Damero, en la cuadra cinco de jirón Carabaya del Centro de Lima, revisa a puertas cerradas, cientos de papeles con información contable [...]]]>

Convoca.pe revisó un centenar de resoluciones del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas que dan cuenta de complejos mecanismos financieros observados por la entidad recaudadora Sunat así como correos internos del estudio panameño Mossack Fonseca que confirman servicios de abogados para que empresas paguen menos impuestos en Perú por precios de transferencias de bienes y servicios en el exterior.

Entre los documentos del Tribunal, identificamos casos de manipulación de precios de minerales y servicios sospechosos entre compañías mineras del mismo grupo empresarial para reducir el pago de tributos. Al menos cuatro de estos casos revelan operaciones opacas por más de S/.15 millones. Si el Estado recauda menos impuestos, los pueblos de donde se extrae el mineral obtienen menos canon minero para invertir en su desarrollo luego que el oro, el cobre, el zinc o el molibdeno se agote del subsuelo peruano.

 

Un equipo de quince personas entre contadores y abogados que ocupan el segundo piso del edificio El Damero, en la cuadra cinco de jirón Carabaya del Centro de Lima, revisa a puertas cerradas, cientos de papeles con información contable y financiera sobre esquemas opacos de grandes compañías para pagar menos impuestos al Estado. Entre esta documentación, este equipo que forma parte de la Gerencia de Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia de Sunat, detectó que compañías que pertenecen al mismo grupo empresarial modificaron precios de sus transacciones en el exterior por un monto de S/. 600 millones hasta noviembre de 2018.

Pero los nombres de las compañías y sus operaciones comerciales sospechosas de exportación permanecen en secreto debido a la reserva tributaria. La mayoría de las cien auditorías realizadas por este equipo especial de Sunat corresponden a grandes empresas que la institución llama los Prico: Principales Contribuyentes, y entre las cuales aparecen compañías mineras de grupos multinacionales.

Para echar luces sobre estos mecanismos oscuros, Convoca.pe revisó más de cien resoluciones del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Minas, y detectó los mecanismos usados por cinco importantes compañías mineras para reducir el pago de impuestos. Al menos cuatro de estos casos revelan operaciones opacas por más de S/.15 millones.

Entre estos esquemas, figuran supuestos servicios desde el exterior acreditados como gastos para pagar menos tributos, la aparición de factores externos como la humedad o la ‘merma’ (reducción del mineral durante el transporte), para modificar el precio final de venta, el uso de comisiones por transacciones en el exterior entre las compañías del mismo grupo empresarial o préstamos contraídos por la empresa peruana a sugerencia de la casa matriz con comisiones e intereses que reducen la carga tributaria en el Perú.

Algunas de estas operaciones comerciales que fueron cuestionadas por Sunat y llevadas al Tribunal Fiscal corresponde a la minera Southern Perú Copper Corporation, cuya matriz Southern Copper se encuentra en Arizona, Estados Unidos; la Minera Cerro Verde, principal exportadora de cobre que opera en el distrito de Uchumayo, Arequipa;  la empresa minera Los Quenuales, una filial de Glencore Finance que opera las minas de Iscaycruz y Yauliyacu en la sierra de Lima; la compañía minera Doe Run cuyo centro de producción se encuentra en La Oroya, Junín, ahora bajo control de una Junta de Acreedores; Antamina, otra gran exportadora de cobre de propiedad de Glencore cuyo principal centro de operaciones se ubica en el distrito de San Marcos, Ancash.

Las infracciones por malos manejos detectadas por Sunat en contra de Southern Perú Cooper Corporation y Cerro Verde fueron ratificadas por el Tribunal Fiscal. En los otros tres casos, esta instancia decidió a favor de las empresas a pesar de las evidencias presentadas por el ente recaudador, incluido el caso de la cuestionada compañía Doe Run. En cada resolución del Tribunal Fiscal participan tres vocales. En los cinco casos analizados para este reportaje, intervinieron 11 vocales (algunos se repiten en distintos casos). Diez de ellos aún se mantienen en el cargo desde, por lo menos, 2010.

 

Las transacciones de estas compañías observadas por Sunat son descritas en resoluciones del Tribunal Fiscal que datan entre 2009 y 2017, pero que se remontan a hechos que ocurrieron entre 2002 a 2005 debido a que los procesos sancionadores por infracciones tributarias pueden demorar hasta 10 años en resolverse en esta instancia bajo el secreto tributario. Los nombres de las compañías y sus registros únicos tributarios (RUC) son tachados en estas resoluciones. Sin embargo, el cruce de información y proceso de verificación nos permitió identificar los casos y los esquemas oscuros.

Uno de ellos es el caso de Southern Peru Copper Corporation, que opera desde los años noventa en el sur del país. En setiembre de 2009 analistas de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Sunat (Prico) determinaron que la minera había realizado operaciones comerciales sospechosas entre los años 2003 y 2005. Una de ellas era la declaración de pagos efectuados en 2003 por servicios de consultoría y asesoría técnica ofrecidos por una empresa asociada al grupo empresarial Southern domiciliada en México:  SAASA o Servicios de Apoyo Administrativos S.A.

La empresa SAASA tenía como presidente a Germán Larrea Mota Velasco, un magnate minero y actual director ejecutivo del Grupo México, considerado como la corporación minera más grande de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo, a la cual pertenece también Southern Copper Corp, matriz de Southern Perú Corp.

Según un contrato firmado, en noviembre de 2000, entre Larrea Mota y el presidente de la filial peruana, Óscar Gonzales Rocha, la mexicana SAASA cobraría un total de siete millones de dólares por servicios de financiamiento y de asesoría legal y corporativa a su asociada.

Los auditores de Sunat establecieron que Southern Perú había entregado documentación genérica que no acreditaba en forma fehaciente el valor real de esos servicios por lo que no justificaba que el monto fijado debía ser deducido de los gastos para reducir el pago del impuesto a la renta.

La observación sobre los servicios ofrecida por SAASA fue llevada al Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas por Southern Perú. La compañía presentó el informe ‘Estudio de Precios de Transferencia’, elaborado por la auditora internacional Ernst & Young, que observó que esos “pagos por concepto de servicios realizado por parte de SAASA cumplían con el principio de libre concurrencia”, es decir, con los principios del libre mercado.

Luego de un año de litigio, los tres vocales del Tribunal Fiscal confirmaron la infracción impuesta a Southern Perú por Intendencia Nacional de Grandes Contribuyentes con una resolución del 21 de julio de 2010.

Dos años antes de que la operación fuera detectada por Sunat, en 2007 funcionarios de la administración tributaria de los Estados Unidos, el Servicio de Rentas Internas (IRS), también objetó el valor de los servicios provistos por la compañía afiliada a la matriz, Southern Copper Corporation. Incluso buscó desaprobar una porción de los honorarios pagados, tal como reconoció la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de ese país.

Campamento de la minera quenuales

Campamento de la minera Los Quenuales, en la sierra de Lima

 

Millones bajo la lupa

Ajustando precios de transacción de acuerdo a sus propios intereses comerciales, las empresas eluden el pago millonario de impuestos, lo que contribuye al enorme forado mundial que llega hasta los US$240 mil millones por año y representa entre el 4% y 10% de la recaudación global, según un análisis publicado a fines de 2015 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta entidad internacional reúne a 34 países y Perú aspira a ser uno de estos miembros.

Para que nuestro país forme parte de OCDE, las autoridades están obligadas a fortalecer la política tributaria para detectar mecanismo complejos de elusión y evasión de impuestos como la manipulación de precios de transferencias de bienes y servicios en el exterior.

El diagnóstico es preocupante. El 6 de diciembre de 2017, el entonces jefe de Sunat, Víctor Shiguiyama fue convocado  a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, para explicar la baja recaudación fiscal: S/. 90 mil millones, la más baja desde hace diez años (Ver https://www.youtube.com/watch?v=yZ7oliAwET4 )

En esa sesión en el Parlamento, Shiguiyama advirtió que se dejó de recaudar S/. 55 mil millones y que una de los principales orígenes se debía a la manipulación de los precios en operaciones efectuadas entre compañías del mismo grupo empresarial.
Victor Shiguiyara

Victor Shiguiyama, jefe de Sunat en 2017 adelantó lo que se viene en control de Precios de Transferencia

Tres años antes, en marzo de 2014, Tania Quispe, exjefa de la Sunat, reconoció que el monto de las operaciones involucradas en precios de transferencia entre 2007 y 2012 llegó a US$370 mil millones, de las cuales el 65% fueron internacionales. Fueron 590 empresas que realizaron estas transacciones, en su mayoría principales contribuyentes (Pricos), según declaró en un foro sobre tributación.

Tania Quispe señaló que había “un universo de 6 mil casos de exportadores de concentrados mineros, con préstamos a países de baja imposición” tributaria.

Diversas fuentes que tienen conocimiento cercano de las actividades de fiscalización de Sunat, informaron a Convoca.pe que mil empresas están en la mira de los auditores de Sunat, entre ellas Cerro Verde, de capital estadounidense; Las Bambas, que opera el proyecto de cobre más importante del Perú y pertenece a la compañía china MMG Ltd., y Gold Fields La Cima, filial peruana de la productora de oro sudafricana Gold Fields Ltd.

Para detectar estas operaciones sospechosas, los analistas de la Gerencia de Fiscalización y Precios de Transferencia se enfocan en las compañías con los siguientes patrones: ingresos millonarios, transacciones de venta de minerales y bienes entre empresas del mismo grupo empresarial o su matriz, además de complejos mecanismos de exportación a través de sociedades domiciliadas en países con baja o nula tributación: los paraísos fiscales.

En la mira de Sunat también están los traders, comercializadores de los metales de las compañías locales, como la multinacional Glencore con sede en Suiza, y los grupos Louis Dreyffus y Trafigura, cuyo negocio es el procesamiento y comercialización a nivel mundial de bienes, entre ellos los minerales de empresas peruanas. Estas multinacionales poseen estructuras offshore y realizan operaciones en diferentes jurisdicciones tributarias adicionales al Perú.

Un trader negocia los ajustes de precio al momento de adquirir el concentrado del mineral como al momento de venderlo, de forma tal que la diferencia le deje un buen margen de ganancia. Debido a que la fuente de la rentabilidad de un trader es la negociación de los ajustes por “gastos de tratamiento” con las compañías mineras a quienes compra el concentrado, Sunat analiza sus operaciones con más detenimiento.

Comisiones fantasmas

Entre las resoluciones del Tribunal Fiscal analizadas, Convoca.pe detectó dos casos relevantes que tienen como protagonista a la minera Cerro de Verde, de capital estadounidense, y Antamina, cuyos principales accionistas son la minera australiana BHP Billiton y la suiza Glencore.

En el caso de Cerro Verde, en 2002 la minera dedujo de su renta $US156 025 mil por “comisiones de venta” pagadas en el exterior a una empresa vinculada. Sunat solicitó que las ventas fueran acreditadas con documentación precisa. Lo que entregaron los ejecutivos de la minera no convenció a los vocales del Tribunal Fiscal, quienes finalmente dieron la razón a los auditores de Sunat porque la compañía no pudo acreditar el pago de la comisión a la empresa vinculada.

Los auditores de Sunat también identificaron un servicio contratado por Cerro Verde a otra empresa del mismo grupo comercial, por un monto de $US 1’380,000, que también fue deducido de la renta de 2002 de la compañía. La máxima autoridad administrativa aseguró también que Cerro Verde no pudo acreditar que el servicio realmente se ofreció y el Tribunal confirmó la resolución de Sunat en contra de la productora de cobre.

Hasta el cierre de la edición, la minera Cerro Verde no había respondido nuestro pedido de información sobre el litigio con Sunat en el Tribunal Fiscal.

Valores antojadizos

En 2007, los inspectores de la  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) durante una de sus inspecciones a la minera Antamina ubicada en el distrito ancashino de San Marcos, detectaron que los minerales extraídos durante 2004 fueron vendidos meses después a empresas del mismo grupo empresarial como  Teck Cominco (Canadá) Metals Ltd y Rio Algom Limited.

Sunat argumentó que el precio de venta final no se ajustaba al valor histórico del momento y que Antamina debió incluir US$ 3 millones 580 mil 475,  monto que no había sido considerado para el cálculo de los tributos de ese año.

Los ejecutivos del área de comercialización de Antamina alegaron que el precio pactado durante la liquidación final era lo que debía tomarse en cuenta. La empresa argumentó que el valor definitivo de la transacción está sujeto a la liquidación final, en el cual influyen otros factores como la humedad. Descontentos con la multa recibida por el ente tributario, la empresa llevó el caso al Tribunal Fiscal.

En 2014, diez años después de la operación observada, una sala del tribunal conformada por dos abogados y un contador dio la razón a la minera, señalando que el precio de transacción objetado por el ente recaudador “no solo estaba sujeto a las fluctuaciones del precio de mercado sino también a los ajustes por factores externos como el peso seco y la humedad”.

En ninguna parte de la resolución, la Sala tuvo en cuenta que las operaciones que fueron motivo de reparo de la Sunat se hicieron entre dos empresas que seguían las directivas de la casa matriz.

 

En respuesta a nuestro pedido, la minera Antamina precisó mediante un correo que fue un proceso que “buscaba precisar la oportunidad de reconocimiento del ingreso gravado. primero un ingreso estimado, y luego el ajuste por el diferencial conforme a la liquidación final”. Según la empresa, la decisión del Tribunal Fiscal  resolvió esa diferencia con Sunat.

Precisó que ese asunto no estuvo vinculado al tema de precios de transferencia porque “recién (estas) fueron emitidas años después del caso” que aborda esa resolución.

Las decisiones y estrategias para manipular precios son adoptadas por la empresa que controla las subsidiarias, según la documentación revisada y las entrevistas con los expertos.  Esto se hace evidente cuando los gerentes financieros o comercializadores de las empresas mineras son citados a la Sunat para explicar las observaciones.

“Ellos no parecen tener idea de porqué se aplicó estos instrumentos en su planeamiento tributario. No tienen capacidad de decisión”, señala un alto funcionario de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes que pidió no ser identificado.

Uno de los recursos empleados por las empresas para planificar su esquema tributario es la utilización de los ‘productos híbridos’, que consisten en contraer una deuda a cambio de la compra futura del mineral.

Desde 2015, Sunat detectó que compañías mineras en etapa de exploración recibieron de su casa matriz, millonarios préstamos a condición de venderles la producción de los siguientes cinco o seis años. La compra se efectúa con un ‘descuento especial’ generando que la venta final de minerales se reduzca en varios millones y por lo tanto una reducción de los impuestos.

Fiscalización limitada

“Se ha hecho muy poco realmente (para enfrentar la manipulación de precios de transferencias), las brechas  son amplias”, señalaron funcionarios de Sunat consultados para este reportaje.

Para enfrentar las sofisticadas ‘estructuras de precios’, las mismas que han provocado un menor impacto en la recaudación de tributos, requieren de más personal capacitado en Sunat para detectarlas.

Un estudio realizado por International Tax Compact y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) en 2013 sobre el desempeño de las entidades tributarias de Latinoamérica, reconocía que Perú aún estaba en un tercer grupo con países que empezaban a fiscalizar estas operaciones, muy lejos de Argentina, México, Brasil y Ecuador. El mismo documento señala que, además de las farmaceúticas, uno de los sectores de mayor riesgo son las operaciones de exportación realizadas por las compañías mineras cuyo monto supera los 27 mil millones de dólares anuales.

En 2016, gracias a las 60 auditoría efectuadas por la Sunat se identificó  manipulación de precios de transferencia por el valor de S/. 400 millones.
Con la nueva reglamentacion vigente desde el año pasado y que fortalece la fiscalización de los Precios de Transferencia, las auditorías de Sunat han sido más consistentes y se han probado casos de manipulación de precios en las compañías. Los casos más emblemáticos, según los millones de dólares evadidos al fisco, serán vistos a mediados de 2019 en los tribunales del MEF.

Conexión Panama Papers

El papel de los estudios de abogados y expertos tributaristas para crear esquemas de elusión se hizo evidente durante la filtración masiva de millones de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, que reveló múltiples formas ensayadas para burlar los controles de fiscalización de precios de transacción.

Es el caso del abogado Mauricio Muñoz-Nájar, dueño del estudio jurídico Muñoz-Nájar Bustamante y Asociados, cuyo papel de intermediario entre empresas peruanas y el bufete panameño se hizo evidente tras la filtración masiva de documentos conocida como Panama Papers en abril de 2016.

identificó una de las varias de las comunicaciones establecidas entre el director y socio de Mossack Fonseca, Ramsés Owens con Muñoz-Nájar en la que se discuten la forma   para “eludir elegantemente los Precios de Transferencia” en caso realice operaciones entre Perú y una sociedad en territorios de baja imposición tributaria.

“Desafortunadamente, los gastos operativos que genera una LLP de UK (sociedad offshore en Inglaterra) son considerables, pero el beneficio de las mismas está en el ahorro que le genera a nuestros clientes el no pago de impuesto, siempre que se den las condiciones legales para ello”, escribió el panameño en un correo de julio del 2009.

Y Ramsés Owens continuó: “Igualmente, se puede eludir de forma elegante las reglas de transferencia de precios.Por otro lado, una factura que contenga ítems de gastos, podría hacer lograr que las retenciones impositivas sean bastante bajas, lo cual produce ahorro y transferencia de ganancias al extranjero”.

Muñoz Najar optó finalmente por la elección de un esquema offshore en Gran Bretaña para realizar sus operaciones entre Perú y el exterior, persuadido por las gestiones de Mossack Fonseca.

Perú, “jurisdicción potable”

En junio de 2006, Fernando Rizo-Patrón, gerente en Perú del Grupo Rickenbacker Group, una transnacional que ofrece seguros, también buscó al estudio Mossack Fonseca para encontrar un territorio con la más baja tasa impositiva que le sea más conveniente para crear un esquema tributario beneficioso para reducir el pago de impuestos en Perú.

De acuerdo con los correos intercambiados, Ramsés Owens de Mossfon Trust Corporation, le recomendó usar una offshore en los Estados Unidos o Bahamas porque “en Perú ahora hay reglas de ‘transferencia de precios’, en las que hay sanciones para quienes lidian con paraísos fiscales”.

“Al añadir una jurisdicción nueva que no ha sido listada en ninguna lista negra como Nevada, mantiene y mejora el esquema ya planeado para la planificación tributaria de su caso en particular, sobre todo por las ventas que se realizaría a Perú, lugar que además tiene reglas fuertes de “transferencia de precios”, refiere el correo enviado el 6 de junio de 2006.

El ejecutivo de la compañía en Lima accedería finalmente a los consejos del directivo panameño, como consta en las comunicaciones internas de Mossack Fonseca a las que accedió Convoca.pe, como parte del equipo que investigó el caso ‘Panama Papers’, con el liderazgo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Insuficiente control

Debido a las exigencias del OCDE para que el Perú fortalezca la fiscalización internacional, se prevé que el monto de las operaciones detectadas por Precios de Transferencia sea superior a los 600 millones de soles.

Si bien los precios de transferencia son considerados desde 1996 en Perú para fiscalizar los pagos del impuesto a la renta, el concepto recién se aterriza en 2001. Años después, una reglamentación más amplia se incluye en 2006, pero por cuestiones de índole operativo, recién se pone en blanco y negro desde 2017 cuando el Estado peruano aceptó incluir un reglamento sugerido por la OCDE.

Ese reglamento exige que desde octubre de este año más de 3 mil 500 empresas estén obligadas a presentar a la Sunat un Reporte Local, es decir detalles de sus operaciones con empresas asociadas a nivel nacional. Una cantidad similar de compañías con más de mil millones en ingresos deberá también declarar el llamado Reporte Maestro, un detalle de sus operaciones con empresas asociadas que están domiciliadas fuera del país.

De ese universo de empresas, aproximadamente veinte empresas cuya matriz se encuentra fuera del territorio peruano, deberá presentar un “Reporte país por país”. Las declaraciones sobre las operaciones proceden de la información tributaria que pueda comunicar oportunamente a las autoridades tributarias de los países donde la matriz tiene su sede y realiza el control de su filial.

Sin embargo, los montos de dinero detectados en las operaciones que fueron fiscalizadas por Sunat, sólo podrían ingresar a las arcas de Sunat después de cuatro años, cinco o más de tiempo de disputa o litigio.

En 2013, mientras el ente tributario de Argentina había realizado 130 controles, México 87 y Brasil otros 60, en Perú Sunat solo había ejecutado 11 auditorías a empresas exportadoras, seis de ellas pertenecientes a la actividad minera.

Para el próximo año, se espera que los equipos de Precios de Transferencia de la Sunat incrementen sus acciones de control
sobre todo a las empresas que mantienen esquemas financieros complejos como las grandes compañías mineras.

Con la colaboración de los periodistas Anthony Quispe, Jackeline Cárdenas y Gonzalo Torrico.

Fuente:http://convoca.pe/investigacion/juegodeprecios-los-esquemas-oscuros-de-la-gran-mineria-para-reducir-impuestos?fbclid=IwAR2JIGt_dqsx4wqSIg_rhuv5ENhEpiGo9db9eO7vQwBl0ZyV8WKq6pzvocg

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Pobladores de Apurímac piden levantar estado de emergencia del corredor minero del sur https://www.ocmal.org/pobladores-de-apurimac-piden-levantar-estado-de-emergencia-del-corredor-minero-del-sur/ Wed, 12 Dec 2018 02:39:12 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43429 Desde tempranas horas pobladores de Fuerabamba y Cotabambas, en Apurímac, acudieron a Cusco para esperar al presidente Martín Vizcarra y exigirle que levante el estado de emergencia en el corredor minero del sur.

“Estamos recibiendo abusos, nuestra casa ha sido violada por la minera Las Bambas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros y por todos”, exclamó uno de los pobladores.

Desde el 2010 el corredor minero del sur es escenario de conflictos sociales que originaron protestas, bloqueos de carreteras, entre otrosa., por el rechazo de los campesinos a las mineras MMG Limited, dueña de Las Bambas; Hudbay Perú, que explota Constancia; y Glencore, que tiene en sus manos Antapaccay y Coroccohuayco. Todas extraen, principalmente, cobre.

Incluso en los años 2015 y 2016 las huelgas y enfrentamientos con la Policía dejaron cinco fallecidos.

La protesta fue considerada por el Ejecutivo como un conflicto activo en escalada. Por lo que el presidente Martín Vizcarra decidió este año declararlo en estado de emergencia por 30 días en el mes de setiembre. [...]]]> Desde tempranas horas pobladores de Fuerabamba y Cotabambas, en Apurímac, acudieron a Cusco para esperar al presidente Martín Vizcarra y exigirle que levante el estado de emergencia en el corredor minero del sur.

“Estamos recibiendo abusos, nuestra casa ha sido violada por la minera Las Bambas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros y por todos”, exclamó uno de los pobladores.

Desde el 2010 el corredor minero del sur es escenario de conflictos sociales que originaron protestas, bloqueos de carreteras, entre otrosa., por el rechazo de los campesinos a las mineras MMG Limited, dueña de Las Bambas; Hudbay Perú, que explota Constancia; y Glencore, que tiene en sus manos Antapaccay y Coroccohuayco. Todas extraen, principalmente, cobre.

Incluso en los años 2015 y 2016 las huelgas y enfrentamientos con la Policía dejaron cinco fallecidos.

La protesta fue considerada por el Ejecutivo como un conflicto activo en escalada. Por lo que el presidente Martín Vizcarra decidió este año declararlo en estado de emergencia por 30 días en el mes de setiembre. Este plazo fue ampliado sucesivamente.

Además, los pobladores piden ser incluidos como zona de influencia directa y también que se implemente la consulta previa para que los comuneros evalúen si aprueban la explotación en ese nuevo tajo. Al momento, no encuentra una solución.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1371599-martin-vizcarra-pobladores-apurimac-piden-levantar-emergencia-corredor-minero-sur-video?fbclid=IwAR1dMlJ1hWJWoxPrEyjLHWl7qrlnuRSp8Ibd2FIbUhwDrzbZLYOgHuIhYCk

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Pronunciamiento: la CRIMINALIZACIÓN de Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge https://www.ocmal.org/nopronunciamiento-la-criminalizacion-de-juan-carlos-ruiz-molleda-y-fernando-osores-plenge/ Wed, 12 Dec 2018 01:22:57 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43438 El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

 

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) sobre la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado de derechos humanos que trabaja en el Instituto de Defensa Legal (IDL)[1] y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista comprometido con la denuncia de los impactos sobre el derecho a la salud provocados por la contaminación ambiental.

Según la información recibida, el 8 de noviembre tuvo lugar la audiencia de control de la acusación que el Ministerio Público ha presentado en contra de los Sres. Ruíz Molleda y Osores Plenge por la supuesta comisión del delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud. La audiencia fue inicialmente suspendida hasta el 30 de noviembre y con posterioridad ha sido nuevamente aplazada hasta el 20 de diciembre.

Tras pasar por varias instancias del [...]]]> El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

 

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) sobre la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado de derechos humanos que trabaja en el Instituto de Defensa Legal (IDL)[1] y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista comprometido con la denuncia de los impactos sobre el derecho a la salud provocados por la contaminación ambiental.

Según la información recibida, el 8 de noviembre tuvo lugar la audiencia de control de la acusación que el Ministerio Público ha presentado en contra de los Sres. Ruíz Molleda y Osores Plenge por la supuesta comisión del delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud. La audiencia fue inicialmente suspendida hasta el 30 de noviembre y con posterioridad ha sido nuevamente aplazada hasta el 20 de diciembre.

Tras pasar por varias instancias del poder judicial peruano, el 11 de junio de 2018 la Fiscalía emitió su requerimiento acusatorio en contra de los Sres. Ruíz y Osores, en el que solicitaba la imposición de pena privativa de libertad de dos años, la pena accesoria de 30 a 90 días multa, así como el pago de una reparación civil de 6 mil soles (1 565 Euros). Según las mismas informaciones, la acusación del Ministerio Público presentaba serias falencias a nivel probatorio y además únicamente se basaba en una parte de la documentación puesto que no tomaba en consideración como parte de su valoración jurídica importantes elementos que habían sido aportados por la defensa en su solicitud de sobreseimiento[2].

El proceso en su contra se inició el 2 de octubre de 2015 con una denuncia penal presentada por elMinisterio de Salud (MINSA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) en la que se les acusaba de lo siguiente: delitos contra la fe pública en sus modalidades de falsedad ideológica (artículo 428 del Código penal), falsificación de documento público y uso de documento público falso (artículo 427), y falsedad genérica (artículo 438); así como el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública (artículo 315-A del Código Penal). Varios de estos delitos fueron posteriormente descartados por el Ministerio Público falta de elementos de convicción.

La acusación se produjo como reacción a la publicación en internet el 4 de agosto de 2015 de un artículo de los Sres. Juan Carlos Ruíz y Fernando Osores titulado “La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas”[3]. En dicho artículo los Sres. Ruíz y Osores hicieron pública la violación de los derechos humanos de las comunidades en el marco de una crisis de intoxicación por metales pesados que padece la población campesina de Espinar (Departamento del Cusco) y que había provocado la muerte el 11 de mayo de 2015 en el Hospital Goyeneche de Arequipa de la Sra. Margarita Ccahuana Córdova, comunera de la comunidad campesina Alto Huancané que había solicitado asesoría y representación legal al IDL meses antes de su muerte. Para la elaboración del artículo los Sres. Ruíz y Osores contrastaron los resultados de un estudio médico de 2010 del MINSA, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) en el que a la Sra. Margarita Ccahuana Córdova se le encontraron niveles elevados en los cuatros metales pesados bajo estudio, con otros informes médicos que acreditaban el mismo peligro.

Este caso de criminalización tiene lugar en un contexto de crisis socioambiental y de derechos humanos en la provincia de Espinar. Desde 2010 la población de Espinar reclama al Estado una atención médica especializada que haga frente a la exposición a metales pesados (plomo, cadmio, mercurio y arsénico entre otros) muy por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que estarían presuntamente vinculados con las actividades del proyecto minero Antapaccay, de la multinacional suiza Glencore. La crisis socioambiental ocasionó en 2012 una serie de protestas en las que murieron 3 manifestantes y otros 15 resultaron heridos en un contexto de fuerte represión y criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. La represión de las comunidades se ha mantenido hasta la actualidad incluyendo a través de la aplicación abusiva y contraria a los estándares internacionales de los estados de emergencia en el Corredor Minero[4], la militarización, la criminalización de los dirigentes campesinos Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario[5] o el desplazamiento forzado de las comunidades campesina de Oquebambas y Alto Huarca en el año 2018, entre otras violaciones de derechos humanos.

El Observatorio muestra su preocupación por el hecho de que en octubre de 2018 el Congreso de la República archivase el Proyecto de ley sobre salud ambiental y humana de afectados por metales tóxicos, lo que parece evidenciar que, en vez de atender los problemas de fondo, se dedica a perseguir a las personas defensoras que denuncian estas violaciones de derechos humanos.

El Observatorio destaca las enormes dificultades que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el Perú. Según cifras de la CNDDHH entre 2011 y la actualidad, 119 personas defensoras han sido asesinadas, y en 2017 más de 800 personas defensoras estaban siendo objeto de criminalización[6]. Durante una reciente misión en el Perú el Observatorio denunció que las personas defensoras trabajan en un clima de estigmatización y criminalización, y se enfrentan a un marco punitivo y represivo de la protesta social y la defensa de los derechos humanos y a la absoluta inacción de las autoridades para protegerlas.

Por todo lo anterior, el Observatorio condena la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y exige que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en su contra. Además, el Observatorio insta al Estado peruano a cumplir con su compromiso de desarrollar una política pública integral de protección de las personas defensoras que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad.

 

Acción solicitada:

 

Por favor, escriban a las autoridades del Perú instándolas a:

Velar por que se respeten las garantías del debido proceso y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo al nivel judicial, en contra de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda y Fernando Osores Plenge, y en general, en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el Perú;

Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad a través de un proceso amplio y participativo;

Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en el Perú;

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Perú;

Direcciones:

 

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 10 de diciembre de 2018

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

 

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

E-mail: Appeals@fidh-omct.org

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/pronunciamientos/item/822-llamado-urgente-no-a-la-criminalizacion-de-juan-carlos-ruiz-molleda-y-fernando-osores-plenge?fbclid=IwAR0o44sTI7VrAX8ZBU1WZYlVcvqzDC4sZiln5wSrz9PtDZcaGd1rpaqBRtI

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GOBIERNO Y EMPRESAS TRAFICAN EN CONTUBERNIO CARBÓN ILEGAL EN COAHUILA https://www.ocmal.org/gobierno-y-empresas-trafican-en-contubernio-carbon-ilegal-en-coahuila/ Wed, 12 Dec 2018 01:13:03 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43435 La organización Familia Pasta de Conchos interpuso quejas que por fin fueron escuchadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien este pasado 9 de diciembre, en su Comunicado de Prensa CDG417/18, dio a conocer la Recomendación 62/2018, en la que definió que la extracción de carbón en las poblaciones del Municipio de Sabinas y en al Área Natural Protegida en la Región Carbonífera del estado de Coahuila son ilegales, que no cuentan con concesiones, ni con Estudio de Impacto Ambiental; que violan los usos del suelo y los derechos humanos; la seguridad jurídica, el medio ambiente, la vivienda adecuada, la salud, la vida, la integridad personal, al agua, la propiedad, el saneamiento, la circulación y residencia. Del mismo modo se violan disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Bienes Nacionales, así como otras disposiciones relativas con el asentamiento humano, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Sabinas. No nos sorprende que entre los dueños de estas minas ilegales aparezcan exfuncionarios públicos y funcionarios actuales como; [...]]]> La organización Familia Pasta de Conchos interpuso quejas que por fin fueron escuchadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien este pasado 9 de diciembre, en su Comunicado de Prensa CDG417/18, dio a conocer la Recomendación 62/2018, en la que definió que la extracción de carbón en las poblaciones del Municipio de Sabinas y en al Área Natural Protegida en la Región Carbonífera del estado de Coahuila son ilegales, que no cuentan con concesiones, ni con Estudio de Impacto Ambiental; que violan los usos del suelo y los derechos humanos; la seguridad jurídica, el medio ambiente, la vivienda adecuada, la salud, la vida, la integridad personal, al agua, la propiedad, el saneamiento, la circulación y residencia. Del mismo modo se violan disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Bienes Nacionales, así como otras disposiciones relativas con el asentamiento humano, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Sabinas. No nos sorprende que entre los dueños de estas minas ilegales aparezcan exfuncionarios públicos y funcionarios actuales como; el ex regidor de Sabinas, Álvaro Jaime Arellano, el actual senador de MORENA, Armando Guadiana Tijerina, así como el gobernador del estado que se presume compraba a través de la desaparecida Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI) el carbón extraído ilegalmente, según confirma la Organización Familia Pasta de Conchos.

En diversos discursos, los políticos actuales nos piden tener confianza en la clase empresarial, ahora algunos de ellos, con cargos políticos dentro del gobierno, y viceversa, políticos que cuando dejan el cargo se suman a las huestes empresariales. Sin embrago, este tipo de actos que salen a la luz pública, demuestran una clara tendencia a la defensa de sus propios intereses  y se aprovechan de un estado alicaído, viciado que sin duda alguna cada vez es menos fiable para ofrecer servicios adecuados a la ciudadanía.

La CDNH reconoce las ilegalidades en que se ha incurrido y lanza una serie de recomendaciones dirigidas a; la Secretaría de Energía, SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, CONAP, así como al gobierno del Estado de Coahuila, su Fiscalía y al Presidente Municipal de Sabinas. Desde REMA señalamos que todas las instancias federales mencionadas han sido denunciadas múltiples veces por las y los ciudadanos, debido a su actuación opaca en el cumplimiento de la ley, son sumisas ante los empresarios, falsifican la información para ocultar los desastres ambientales en la que recurrentemente incurren las empresas mineras, además de, en el cinismo de lo absurdo, hasta les entregan certificados de industrias limpias. Las recomendaciones de la CNDH muestran la abierta colusión que sabemos existe entre el estado federal, estatal y municipal y las empresas. Sobresalen también las dudas que genera la propia CFE al tener contratos por grandes cantidades de toneladas de carbón con minas que no alcanzan dicha producción, lo que hace suponer que el resto del mineral lo compran en minas ilegales.

La REMA felicita la gran lucha que ha realizado la Familia Pasta de Chonchos por desenmascarar a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y empresas que actúan en contubernio para saquear al país. Nos solidarizamos con la población afectada en Coahuila por la actividad extractiva de carbón que afecta sus medios de vida.

Por ello, los Territorios Libres del Modelo Extractivo Minero son una estrategia de prevención que favorezca la búsqueda de otras formas de vida.

 

 ¡BASTA DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

 RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/comunicado-gobierno-y-empresas-trafican-en-contubernio-carbon-ilegal-en-coahuila/

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Protesta contra Anabi en Apurímac https://www.ocmal.org/protesta-contra-anabi-en-apurimac/ Tue, 11 Dec 2018 02:29:49 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43423 Durante cinco días, varias comunidades campesinas del distrito de Haquira (Apurímac) realizaron una paralización contra la empresa minera Anabi. La medida de protesta fue levantada este martes sin alcanzar ningún acuerdo con la empresa.

Entre los motivos de la protesta está el pedido de retirar la presa de relaves de Anabi, por ser un peligro permanente para la población de Haquira. Como se recuerda, meses atrás dicha presa de relaves colapsó, lo que ocasionó la muerte de cientos de truchas. Luego de ello, la empresa ha pretendido reparar el daño causado mediante el repoblamiento de truchas en el río. Sin embargo, las comunidades de Haquira consideran que este episodio muestra que la presa es un riesgo constante, y por ello piden su retiro y su reubicación en otra zona.

Fueron cuatro las comunidades que se manifestaron en esta oportunidad: Patán, Pauchi, Piscocalla y Huancascca. La protesta se produjo tras varios intentos de diálogo y envío de diversas cartas y oficios por parte de las comunidades, las mismas que no fueron atendidas oportunamente.

Otra de las razones de la protesta tiene que ver con [...]]]> Durante cinco días, varias comunidades campesinas del distrito de Haquira (Apurímac) realizaron una paralización contra la empresa minera Anabi. La medida de protesta fue levantada este martes sin alcanzar ningún acuerdo con la empresa.

Entre los motivos de la protesta está el pedido de retirar la presa de relaves de Anabi, por ser un peligro permanente para la población de Haquira. Como se recuerda, meses atrás dicha presa de relaves colapsó, lo que ocasionó la muerte de cientos de truchas. Luego de ello, la empresa ha pretendido reparar el daño causado mediante el repoblamiento de truchas en el río. Sin embargo, las comunidades de Haquira consideran que este episodio muestra que la presa es un riesgo constante, y por ello piden su retiro y su reubicación en otra zona.

Fueron cuatro las comunidades que se manifestaron en esta oportunidad: Patán, Pauchi, Piscocalla y Huancascca. La protesta se produjo tras varios intentos de diálogo y envío de diversas cartas y oficios por parte de las comunidades, las mismas que no fueron atendidas oportunamente.

Otra de las razones de la protesta tiene que ver con la ausencia de desarrollo económico en la zona, pese a la actividad de esta empresa minera. Las comunidades reclaman que, al no estar incluidas en el Área de Influencia Directa de la mina según su Estudio de Impacto Ambiental, no participan de ninguna forma en los beneficios económicos que genera la empresa.

Como se recuerda, a mediados de noviembre también tuvo lugar una movilización por parte de varias comunidades de parte alta del distrito de Haquira contra la empresa minera Anabi, por supuesta contaminación de los ríos Kulluchaca y Suni, así como por los impactos del transporte que utiliza la empresa en las vías, que vendría ocasionando muerte de animales en varias oportunidades.

Anabi desarrolla el proyecto de oro “Utunsa” en el límite entre Apurímac y Cusco.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/12/04/protesta-contra-anabi-en-apurimac/

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Aumenta presión de Southern por Tía María https://www.ocmal.org/aumenta-presion-de-southern-por-tia-maria/ Tue, 11 Dec 2018 02:20:58 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43420 El dos veces rechazado proyecto minero “Tía María” se acerca a horas decisivas. La empresa Southern Perú ha incrementado la presión pública sobre el Gobierno para que le otorgue la licencia de construcción, la última autorización que le falta. ¿El apuro? En agosto próximo vence el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado el 2014.

Si el Gobierno no le otorga la licencia de construcción antes de agosto, la empresa tendrá que hacer nuevos estudios, lo que implica un mayor gasto.

La semana pasada, la empresa anunció el relanzamiento del polémico proyecto y presentó cifras de encuestas realizadas en la zona, donde supuestamente se vería un mayor apoyo popular a la actividad minera. Según las encuestas contratadas por la empresa, en el Valle del Tambo el 66% consideraría que el proyecto Tía María beneficiaría a la población. Sin embargo, no se ha hecho pública la ficha técnica de esas encuestas, lo que no permite conocer su margen de error, muestra ni otros elementos relevantes.

Lo cierto es que las organizaciones sociales de la región continúan sosteniendo una fuerte [...]]]> El dos veces rechazado proyecto minero “Tía María” se acerca a horas decisivas. La empresa Southern Perú ha incrementado la presión pública sobre el Gobierno para que le otorgue la licencia de construcción, la última autorización que le falta. ¿El apuro? En agosto próximo vence el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado el 2014.

Si el Gobierno no le otorga la licencia de construcción antes de agosto, la empresa tendrá que hacer nuevos estudios, lo que implica un mayor gasto.

La semana pasada, la empresa anunció el relanzamiento del polémico proyecto y presentó cifras de encuestas realizadas en la zona, donde supuestamente se vería un mayor apoyo popular a la actividad minera. Según las encuestas contratadas por la empresa, en el Valle del Tambo el 66% consideraría que el proyecto Tía María beneficiaría a la población. Sin embargo, no se ha hecho pública la ficha técnica de esas encuestas, lo que no permite conocer su margen de error, muestra ni otros elementos relevantes.

Lo cierto es que las organizaciones sociales de la región continúan sosteniendo una fuerte oposición al proyecto. José Blanco y María Luzmila Marroquín, dirigentes del valle de Tambo, afirmaron que la encuesta no es representativa y retaron a la empresa transnacional a hacer el sondeo públicamente. Además, señalaron que en próximas reuniones evaluarán una huelga indefinida ante lo que consideraron una provocación.

Por otra parte, el alcalde recientemente electo de Cocachacra, Julio Cornejo, ha asegurado nuevamente que el proyecto no va y que el rechazo de la ciudadanía es total. La elección de un conocido opositor a Tía María como alcalde muestra una vez más el rechazo al proyecto en la zona, pese al tiempo transcurrido tras las intensas protestas de 2011 y 2015 que llevaron a la suspensión del mismo.

De igual forma, los dos candidatos al Gobierno Regional que disputaron ayer una reñida segunda vuelta, tuvieron expresiones críticas al proyecto. Javier Ismodes argumentó que los proyectos no pasarán mientras no exista la licencia social, en tanto que el electo Elmer Cáceres aseguró que el proyecto de cobre “no va” porque no cuenta con el respaldo de los habitantes y porque generaría un impacto ambiental.

La presión de la empresa arrecia también en los medios de comunicación, y es notoria una campaña de publicidad a favor del proyecto que invade incluso las publicaciones periodísticas sobre el tema.

En cuanto a la posición del Gobierno, se sabe que el Ministerio de Energía y Minas ha incluido a Tía María en la proyección de inversiones mineras para el 2019. Además, hace pocos días el viceministro de Energía y Minas manifestó que el proyecto podría obtener el visto bueno final para pasar a la etapa de ejecución en diciembre.

Sin embargo, el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, presumió que si el Gobierno no otorga aún la autorización, sería porque aún falta un problema por resolver, que podría ser el descontento de la población del valle de Tambo en la provincia de Islay.

Hace unas semanas, el presidente Martín Vizcarra indicó que ningún proyecto será impuesto a la población. Sin embargo, Raúl Jacobs, vicepresidente de Finanzas de Southern, señaló la semana pasada en conferencia de prensa que la denominada licencia social “es un concepto” y lo que importa es la decisión del gobierno.

Como se recuerda, el proyecto ha sido suspendido en dos oportunidades ante la fuerte oposición social. Preocupa que, ante el pronto vencimiento del EIA, se apresure la ejecución de un proyecto que podría poner al país nuevamente ante un contexto de gran conflictividad social.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/12/10/aumenta-presion-de-southern-por-tia-maria/?fbclid=IwAR3IrCQgqV_rpqppg8Bx6kPGzORghVPEbyPHIRI-IrRuPRj2NwYej3wAe58

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Las consultas populares vuelven a ser noticia en Colombia https://www.ocmal.org/las-consultas-populares-vuelven-a-ser-noticia-en-colombia/ Tue, 11 Dec 2018 01:22:25 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43417 En el municipio de San Lorenzo, Departamento de Nariño se realizó este 25 de noviembre la Consulta Popular Legítima contra la megaminería, pero también en favor de defender los bienes comunes como el agua y la tierra. Esta medida fue tomada por la comunidad campesina y en general, porque están trabajando por la vocación agrícola con enfoque agroecológico en este territorio del suroeste colombiano. El 98,46% de los votantes dijeron NO a la exploración y explotación minera en metales e hidrocarburos.

Los resultados de la consulta tuvieron una votación de 6.764 personas de los cuales 6.660 (98,46%) dijeron NO a la exploración y explotación minera en metales e hidrocarburos y el 0,78% votó por el SÍ. La actividad fue mandatada por el Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y Sur del Cauca (TCAM), siendo esta la figura territorial que el movimiento campesino y popular ha establecido legítimamente para llevar a cabo los planes de desarrollo de las comunidades, representado en el Comité por la protección del agua, la vida y el territorio del municipio de San Lorenzo.

Seguidamente, los alcances de [...]]]> En el municipio de San Lorenzo, Departamento de Nariño se realizó este 25 de noviembre la Consulta Popular Legítima contra la megaminería, pero también en favor de defender los bienes comunes como el agua y la tierra. Esta medida fue tomada por la comunidad campesina y en general, porque están trabajando por la vocación agrícola con enfoque agroecológico en este territorio del suroeste colombiano. El 98,46% de los votantes dijeron NO a la exploración y explotación minera en metales e hidrocarburos.

Los resultados de la consulta tuvieron una votación de 6.764 personas de los cuales 6.660 (98,46%) dijeron NO a la exploración y explotación minera en metales e hidrocarburos y el 0,78% votó por el SÍ. La actividad fue mandatada por el Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y Sur del Cauca (TCAM), siendo esta la figura territorial que el movimiento campesino y popular ha establecido legítimamente para llevar a cabo los planes de desarrollo de las comunidades, representado en el Comité por la protección del agua, la vida y el territorio del municipio de San Lorenzo.

Seguidamente, los alcances de esta consulta popular recoge al Consejo Municipal de San Lorenzo, quien se comprometió con la realización de esta actividad. Se deberá hacer un acuerdo para la protección del patrimonio ambiental y cultural del municipio. Asimismo, los candidatos a elecciones locales del próximo año deberán reconocer el resultado de la consulta popular dentro de sus planes de gobierno porque fue el constituyente primario quien decide qué hacer con el territorio.

Este nuevo logro de la participación directa del pueblo colombiano acerca de los bienes comunes y el territorio se presenta en el marco de un claro interés del gobierno nacional de recortar los recursos para los mecanismos de participación ciudadana, como son las consultas populares, avalados y orientados por la Constitución de 1991.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/42278-las-consultas-populares-vuelven-a-ser-noticia-en-colombia

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Extractiv-istmo: Extractivismo https://www.ocmal.org/extractiv-istmo-extractivismo/ Tue, 11 Dec 2018 01:11:17 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43413 En este capítulo de la serie Extractiv-Istmo. El desarrollo del México imaginario y la resistencia del México verdadero, se analizan los impactos del modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de recursos naturales, a costa del terreno en donde se encuentren localizados, de los ecosistemas existentes y de los pueblos que habiten ese sitio. Los daños que estos modelos de desarrollo causan siempre son para las comunidades a las que se despoja de su territorio, bienes naturales, paz social y salud, mientras que las enormes ganancias económicas que produce esta explotación ni siquiera se quedan en el país. El desarrollo se entiende desde esta óptica en una forma de modernizar la pobreza, no de acabar con ella, mientras los grandes capitales .

Con la participación de Rafael Mayoral, Isabel Núñez, Roberto Gamboa y Gustavo Esteva Producción: Damián López Realización, cámara y edición: Roberto Olivares Sonido: Héctor García Sandoval Una producción de Ojo de Agua Comunicación con el apoyo de Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, KCD ONGD y Angelica Foundation.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/extractiv-istmo-extractivismo/

 

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En este capítulo de la serie Extractiv-Istmo. El desarrollo del México imaginario y la resistencia del México verdadero, se analizan los impactos del modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de recursos naturales, a costa del terreno en donde se encuentren localizados, de los ecosistemas existentes y de los pueblos que habiten ese sitio.
Los daños que estos modelos de desarrollo causan siempre son para las comunidades a las que se despoja de su territorio, bienes naturales, paz social y salud, mientras que las enormes ganancias económicas que produce esta explotación ni siquiera se quedan en el país.
El desarrollo se entiende desde esta óptica en una forma de modernizar la pobreza, no de acabar con ella, mientras los grandes capitales .

Con la participación de Rafael Mayoral, Isabel Núñez, Roberto Gamboa y Gustavo Esteva
Producción: Damián López
Realización, cámara y edición: Roberto Olivares
Sonido: Héctor García Sandoval
Una producción de Ojo de Agua Comunicación con el apoyo de Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, KCD ONGD y Angelica Foundation.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/extractiv-istmo-extractivismo/

 

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Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias https://www.ocmal.org/extractivismos-el-concepto-sus-expresiones-y-sus-multiples-violencias/ Mon, 10 Dec 2018 21:31:02 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43410 En este artículo el autor define el fenómeno y sus características y evalúa los impactos negativos que tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”. La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades, alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección.

Los llamados extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.

Este tipo de explotación de la naturaleza no es nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década de 2000 hizo que se multiplicara en todo el continente americano. Eran tiempos de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones. Pero de todos [...]]]> En este artículo el autor define el fenómeno y sus características y evalúa los impactos negativos que tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”. La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades, alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección.

Los llamados extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.

Este tipo de explotación de la naturaleza no es nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década de 2000 hizo que se multiplicara en todo el continente americano. Eran tiempos de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones. Pero de todos modos, América Latina volvió a apostar por extraer recursos naturales para seguir siendo el gran proveedor de materias primas de la globalización.

Descargue aquí: Extractivismos.+El+concepto,+sus+expresiones+y+sus+múltiples+violencias

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=13409&fbclid=IwAR0LxfwBXbHIZpc8uMswEk2FGrO_0nQzl_cMOlPn3dIPz390GGmWmYRHJZs

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