Según se informó en prensa, el Ejecutivo ha decidido aprobar la Resolución Ministerial N° 091-2024-MINAM para modificar el reglamento de la Ley N° 27446, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta norma fue pre publicada en marzo y, vencido el plazo para recibir opiniones, fue aprobada.

Varios de los cambios tienen que ver con la “aceleración” de los procesos. Se define que existe un plazo máximo de 5 días para que, una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la empresa, el órgano responsable de revisarlo determine si los documentos presentados cumplen con los requisitos necesarios para continuar con el proceso.

Pero según ha anunciado el MINAM, se vienen más cambios.

Este mes, el Minam emitió la Resolución … Sigue leyendo →]]> 29/04/2024
El día 25 de abril se informó de la aprobación de una serie de cambios a la normativa ambiental minera. Estas modificaciones aceleran aún más la certificación ambiental y debilitan la necesaria rigurosidad de los procesos de aprobación de las autorizaciones que requiere el sector minero.

Según se informó en prensa, el Ejecutivo ha decidido aprobar la Resolución Ministerial N° 091-2024-MINAM para modificar el reglamento de la Ley N° 27446, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta norma fue pre publicada en marzo y, vencido el plazo para recibir opiniones, fue aprobada.

Varios de los cambios tienen que ver con la “aceleración” de los procesos. Se define que existe un plazo máximo de 5 días para que, una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la empresa, el órgano responsable de revisarlo determine si los documentos presentados cumplen con los requisitos necesarios para continuar con el proceso.

Pero según ha anunciado el MINAM, se vienen más cambios.

Este mes, el Minam emitió la Resolución Ministerial (RM) Nº 126-2024-MINAM, a fin de modificar la Ley 30230 (el “paquetazo antiambiental” del 2013) en lo vinculado a la “solicitud de opiniones para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental”. La propuesta plantea cambios para “agilizar” los plazos de los permisos para dar luz verde a los proyectos. La norma ha sido prepublicada para recibir comentarios, y el plazo para ello venció el 26 de abril, con lo que se puede esperar su próxima aprobación.

La norma también busca una aprobación automática de títulos habilitantes relacionados al Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM: autorizaciones de uso de agua, vertimiento, reúso, tratamiento y disposición de aguas residuales, desbosque, extracción de materiales acarreo y derecho de uso de área acuática, estudio de riesgo y plan de contingencia.

Otra norma en cuestión es la RM 125-2024-MINEM/DM, que busca permitir que los titulares de una mina puedan elevar hasta en 10% su producción autorizada diaria sin pagar un derecho de vigencia adicional. Actualmente, el límite es de 5%.

Por otro lado, la Resolución Ministerial N° 484-2023-MINEM/DM pretende crear un nuevo instrumento para la gestión de Planes Ambientales Detallados (PAD), con el objetivo de que las empresas tengan una herramienta más flexible para gestionar sus planes ambientales.

Cabe indicar que desde hace más de 10 años, una y otra vez se han dado normas y modificaciones para “acelerar” los trámites relacionados a las autorizaciones ambientales de los sectores extractivos, con el argumento de que eso permitirá atraer más inversiones. “Pero luego de todos estos paquetazos nunca se ha podido demostrar con cifras concretas que estas normas hayan hecho crecer la inversión. Los hechos muestran que los flujos de inversión están más asociados a los cambios en las cotizaciones de los minerales que a la normativa ambiental”, opinó Paul E. Maquet, coordinador del Programa Nacional de CooperAcción. “Lo que esta flexibilización hace, en el fondo, es debilitar la autoridad ambiental, pues se quiere siempre acelerar los procesos sin aumentar el presupuesto para una mayor plana técnica y científica por parte de las autoridades ambientales, lo que redunda en permisos aprobados a la apurada, sin la rigurosidad que se requiere para garantizar que los proyectos extractivos no afecten negativamente el ambiente y los derechos de las comunidades”, añadió.

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El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y la creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, pero principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. En Colombia, los nuevos focos están en los ríos Putumayo, Cotuhé y Puré-Puré.

Imágenes aéreas tomadas en la frontera con Brasil, en el río Puré, en el departamento del Amazonas. Las dragas mineras avanzan deforestando y contaminando ríos. © Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y su creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. El oro ilegal circula entre los países sin mayor control y se está registrando una mayor presencia de grandes grupos vinculados al narcotráfico en el negocio de la extracción ilícita del metal. … Sigue leyendo →]]> Historia de Rodrigo Pedroso

El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y la creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, pero principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. En Colombia, los nuevos focos están en los ríos Putumayo, Cotuhé y Puré-Puré.

Imágenes aéreas tomadas en la frontera con Brasil, en el río Puré, en el departamento del Amazonas. Las dragas mineras avanzan deforestando y contaminando ríos.
© Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro
El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y su creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. El oro ilegal circula entre los países sin mayor control y se está registrando una mayor presencia de grandes grupos vinculados al narcotráfico en el negocio de la extracción ilícita del metal. (Le recomendamos: Los vínculos de las comercializadoras de oro y la minería ilegal en la Amazonia colombiana)
Para esta investigación, un equipo de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, habló con fuentes relacionadas con el tema en estos países —agentes de policía, investigadores, fiscales, autoridades de los gobiernos nacionales, investigadores académicos y miembros de la sociedad civil que trabajan en estas áreas—, y todos concluyeron que el crimen organizado está cruzando las fronteras en cooperación —y a veces, incluso, dominando con violencia— con actores locales para incrementar y diversificar su negocio ilegal. (Conozca la investigación completa en el especial “Las rutas del oro sucio”)

Los nuevos focos de minería ilegal en la Amazonia se concentran en los ríos Nanay (Perú), Juruá (Brasil) y, a ambos lados de la frontera, el Putumayo (Perú-Colombia), Cotuhé (Perú-Colombia), Madre de Dios (Perú-Bolivia) y Puré-Purué (Colombia-Brasil). Una parte de ese oro va, según las cifras oficiales de producción, hacia las capitales de estos países con el fin de ser incorporado en la cadena formal y ser exportado, pero otra parte, como revelan las incautaciones, cruza ilegalmente por las fronteras.

“Si en un lugar hay una vigilancia intensa, con operaciones (los mineros) migran a otras regiones (de la Amazonia). Y los que blanquean ese oro intentan llevarlo hacia donde es más fácil legalizarlo”, explica Humberto Freire, director del Departamento de Amazonia y Medio Ambiente de la Policía Federal brasileña, que trabaja desde 2023 vigilando las actividades ilegales y promoviendo una mayor cooperación entre las autoridades policiales de los países amazónicos.

Y eso se revela en los datos. A raíz del avance de la minería ilegal en la Amazonia, las exportaciones de oro de alta pureza se han incrementado en los países andinos amazónicos. Como parte de la serie “Las rutas del oro sucio”, los socios de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico —entre esos El Espectador— identificaron que las cifras de producción declaradas por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son menores a los volúmenes de oro que finalmente se exportan. La investigación revela que en la última década se exportaron por lo menos 3.089 toneladas métricas de oro de origen desconocido, lo que indica que se trata de un negocio altamente lucrativo.

No se sabe cuánto de ese total se extrae con exactitud de la Amazonia, pero los expertos afirman que la mayor parte de esta extracción no controlada proviene de la selva por la gran pureza del mineral. La débil aplicación de la ley y el elevado precio del oro en el mercado internacional —que ha subido un 56 % en los últimos cinco años— aumentan la rentabilidad del negocio ilegal en la Amazonia.

La manera con que se opera el negocio también han cambiado. Las técnicas para extraer oro ilegal en la Amazonia han dejado de ser en gran parte artesanales y ahora se usan herramientas más sofisticadas. Los mineros, financiados por los dueños de las dragas de extracción, usan la comunicación por internet, nuevas generaciones de motores y equipos mecánicos con más potencia para remover el lecho de los ríos, aumentando la productividad de las operaciones.

“Montar la minería ilegal es un negocio que requiere muchos recursos hoy en día. Las dragas (más grandes) pueden costar hasta US$1,5 millones, así como la logística para abastecer a los mineros de alimentos y pistas de aterrizaje en algunos lugares. Hay grupos vinculados al narcotráfico que cogen el dinero ganado en ese negocio y lo reinvierten en la minería ilegal, porque el beneficio aumenta al cabo de un tiempo y es más fácil blanquear el dinero vendiendo el oro”, explica el investigador Rodrigo Chagas, del Fórum de Brasileiro de Segurança Pública.

Tal movimiento también puede llegar a convertirse en transnacional con el tiempo. Un informe 2023 de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) señala que al menos 32 distritos de cinco regiones amazónicas están afectados por la actividad.

Las cuencas de los ríos Putumayo y Cotuhé, en la frontera de Perú y Colombia, conforman una amplia zona de producción y tráfico de drogas y minería ilegal, en la que diferentes grupos se disputan el control de estas actividades.

En las regiones fronterizas de Colombia con Brasil y Perú, tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, se han instalado grupos disidentes, como Comandos de la Frontera o frente Carolina Ramírez (conocidos como Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR), que se disputan territorios con el Clan del Golfo. También se han identificado que, del lado peruano de la frontera con el río Putumayo, operan grupos armados de origen colombiano dedicados a la producción y el tráfico de drogas y a la minería ilegal.

Y justamente por la alta rentabilidad del negocio, la minería ilegal se ha tornado una actividad estratégica para los grupos armados colombianos, complementando las actividades del narcotráfico. Uno de los documentos a los que accedió OjoPúblico menciona que en varias regiones de Colombia la minería ilícita es más lucrativa que el narcotráfico, representando más del 50% del total de sus ingresos.

Minería y grupos de crimen organizado de Colombia en la Amazonia brasileña
En 2021, un grupo disidente de las FARC llamado Comisión Miller Perdono realizaba extorsiones a cambio de proteger a mineros en el lado brasileño del río Purué, en la frontera con Colombia.

La minería en esta región de Brasil se ha disparado desde 2019, aprovechando el desmantelamiento de las inspecciones y las fuerzas de represión de los delitos ambientales en la Amazonia llevado a cabo por el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Un grupo de mineros brasileños con grandes inversionistas por detrás partieron de otras partes de la Amazonía con dirección al lado brasileño del río Purué con el fin de extraer oro. Ante la ausencia de fiscalización, el flujo de grandes dragas creció, atrayendo la atención de la disidencia de las FARC, que ya actuaba en el lado colombiano. Los colombianos bajaron el río cobrando extorsión a cambio de seguridad para operar y navegar por la zona, según la Policía Federal.

Los mineros brasileños solicitaron a las fuerzas de seguridad del país que sacaran a los colombianos del Purué. Un operativo del Ejército de Brasil junto con la Policía Federal logró expulsar a los disidentes de las FARC, que ejercieron control del territorio por algunos meses del 2021. El Ejército no ha confirmado públicamente la operación y la Policía Federal emitió un breve comunicado al respecto.

La toma del río Purué por parte de grupos criminales procedentes de Colombia también expuso la falta de control estatal en la zona, que corresponde a la cuenca hidrográfica Caquetá (Colombia)-Japurá (Brasil), una importante ruta del narcotráfico producido en Colombia para las mayores facciones criminales del Brasil como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

El lecho del río Purué –en Brasil y Colombia– sigue siendo destruido por la minería ilegal, pero ahora bajo el dominio de grupos de mineros de Brasil, mientras que en Colombia siguen bajo la supervisión de grupos armados colombianos.

La porosidad de las fronteras, combinada con la internacionalización de los grupos criminales que invierten en la minería ilegal, ha dado lugar a algunas respuestas institucionales conjuntas. En abril comenzará a funcionar en Manaos, en la Amazonia brasileña, el Centro Internacional de Cooperación Policial, fruto del memorando firmado entre ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

El centro trabajará con las autoridades policiales de los países de la OTCA, los que intercambiarán información sobre la dinámica criminal en la Amazonia.

También, por primera vez, la Policía Federal brasileña está creando un inventario del oro en la Amazonia. La iniciativa pretende catalogar el “ADN” del oro de diferentes regiones, lo que ayudaría a demostrar el origen de la circulación de oro dentro y fuera de esta región.

*Este reportaje hace parte de la serie “Las Rutas del Oro Sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador hizo parte.
https://www.msn.com/es-co/noticias/other/grupos-armados-y-los-v%C3%ADnculos-con-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-colombia-brasil-y-per%C3%BA/ar-BB1lI0jP

“Las Zonas de Sacrificio Ambiental (ZSA) son un signo de los siglos 20 y 21 y comienzan a aparecer en diversas regiones del planeta como resultado del crecimiento industrial, el extractivismo minero o la intensificación del uso del suelo. En Bolivia se identifican al momento nueve zonas de sacrificio ambiental, algunas con una data secular de contaminación acumulada y una extraordinaria carga de contaminación minera acumulada”, señala el documento del Estado Socioambiental 2023.

El informe explica que “las zonas de sacrificio ambiental se caracterizan por la devastación a gran escala de ecosistemas y biodiversidad con daños ecológicos irreversibles; pérdida total de funciones y servicios ecosistémicos, … Sigue leyendo →]]>
22/04/2024
En el Día Internacional de la Madre Tierra, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) llamó a reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y alertó que existen nueve “zonas de sacrificio ambiental” en Bolivia, que fueron identificadas en el Estado Socioambiental 2023, elaborado por Marco Octavio Ribera.Identifican nueve zonas de sacrificio ambiental en Bolivia, la minería es la principal causaEfectos de la contaminación minera en el río Pilcomayo. Foto: La Nube

“Las Zonas de Sacrificio Ambiental (ZSA) son un signo de los siglos 20 y 21 y comienzan a aparecer en diversas regiones del planeta como resultado del crecimiento industrial, el extractivismo minero o la intensificación del uso del suelo. En Bolivia se identifican al momento nueve zonas de sacrificio ambiental, algunas con una data secular de contaminación acumulada y una extraordinaria carga de contaminación minera acumulada”, señala el documento del Estado Socioambiental 2023.

El informe explica que “las zonas de sacrificio ambiental se caracterizan por la devastación a gran escala de ecosistemas y biodiversidad con daños ecológicos irreversibles; pérdida total de funciones y servicios ecosistémicos, y de medios de vida de poblaciones locales, lo cual implica perdida de seguridad alimentaria”.

Las áreas consideradas de sacrificio ambiental son:

1) La cuenca del río Pilcomayo, por efecto de la minería

2) Cuenca del lago Poopó, por acción de la minería

3) Las bahías de Cohana y el lago Menor (lago Titicaca), por los residuos urbanos

4) La cuenca de los ríos Mapiri y Kaka, por la explotación de oro

5) Cuenca Laguna Suches y Área de Manejo Integrado de Apolobamba, por la extracción del oro

6) Cuenca de Lata del río Tuichi y Virgen del Rosario, por explotación de oro

7) Sector sudoeste del TIPNIS, en el polígono 7, por las plantaciones de coca

8) Megaminería San Cristóbal, por el método open pit (a tajo abierto)

9) Región agroindustrial Noreste y Norte de Santa Cruz

Llamado a la reflexión

Mediante una nota de prensa, LIDEMA “llama a reflexionar sobre las vulneraciones a los derechos socioambientales y la destrucción y contaminación de los ecosistemas”. En ese marco urge “a construir una nueva visión de país, que asuma la imperiosa necesidad de valorar, rescatar y conservar el patrimonio natural y cultural nacional”.

El año 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia impulsó el cambio del Día Mundial del Medio Ambiente, por el Día Internacional de la Madre Tierra. Desde entonces, cada 22 de abril, las Naciones Unidas conmemoran este día que busca promover un enfoque holístico con la naturaleza y superar la persistente visión antropocéntrica que la especie humana tiene ante todo lo que la rodea.

Sin embargo, este avance conceptual, repetidamente planteado en las políticas y planes de desarrollo nacional, “ha sucumbido ante una visión de crecimiento de corto plazo, poniendo en un riesgo cada vez mayor las posibilidades de adoptar un modo de producción armónico con la Madre Tierra”, indica LIDEMA.

De acuerdo a la presidenta de esa entidad, Magdalena Medrano, “la destrucción de los ecosistemas y la vulneración de los derechos socioambientales de quienes defienden la Naturaleza, pero también de todas las personas que habitamos Bolivia, tienden a empeorar aceleradamente, debido, principalmente a las actividades extractivistas (soya, ganadería, minería, hidrocarburos y otras), pero también por la omisión o aquiescencia de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como por la indiferencia de la mayor parte de la población boliviana.”

Medrano agrega que en 2023, a través de 582 casos registrados por el Observatorio del Acuerdo de Escazú – Bolivia, se han identificado 7.070 vulneraciones a los 5 derechos que se hace seguimiento: Derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales, el derecho de las presentes y futuras generaciones a gozar de un ambiente sano y el derecho de un entorno propicio para quienes defienden el ambiente.

En ese marco, llama a los órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la urgencia de construir una nueva visión de país, que considere el largo plazo, los límites biofísicos de la Naturaleza y a las sociedades como parte de ella.

Identifican nueve zonas de sacrificio ambiental en Bolivia, la minería es la principal causa

La causa, admitida a trámite, se presentó en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debido a que las asociaciones estiman que el organismo realizó una evaluación deficiente al no considerar los impactos de las emisiones de material particulado sedimentable (MPS) sobre los cultivos de árboles frutales de la localidad de Matilla, así como las características singulares de la biota existente en el área de influencia.

Por lo anterior, los reclamantes solicitan que se anule la aprobación del proyecto o que se retrotraiga el procedimiento a la etapa de apertura de un proceso de consulta indígena por la afectación a los grupos humanos pertenecientes a dichos pueblos. Respecto a esta última solicitud se argumenta que el proyecto no habría descartado debidamente los impactos ambientales significativos sobre estos grupos humanos, de manera que … Sigue leyendo →]]> 25/04/2024
Crédito: Minera Collahuasi
Siete asociaciones indígenas de la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, en Chile, ingresaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por la calificación ambiental favorable del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi” de la minera del mismo nombre.

La causa, admitida a trámite, se presentó en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debido a que las asociaciones estiman que el organismo realizó una evaluación deficiente al no considerar los impactos de las emisiones de material particulado sedimentable (MPS) sobre los cultivos de árboles frutales de la localidad de Matilla, así como las características singulares de la biota existente en el área de influencia.

Por lo anterior, los reclamantes solicitan que se anule la aprobación del proyecto o que se retrotraiga el procedimiento a la etapa de apertura de un proceso de consulta indígena por la afectación a los grupos humanos pertenecientes a dichos pueblos. Respecto a esta última solicitud se argumenta que el proyecto no habría descartado debidamente los impactos ambientales significativos sobre estos grupos humanos, de manera que existiría una susceptibilidad de afectación que hace procedente la realización de una consulta indígena.

Proyecto
El objetivo del proyecto es asegurar la continuidad de las operaciones de Collahuasi por un período estimado de 20 años, para lo cual se va a mejorar la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados de 170 ktpd (miles de toneladas por día) a 210 ktpd, mediante la extensión de los permisos medioambientales.

También, considera una fuente complementaria de abastecimiento hídrico para lo cual se contempla la construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar.

Asociaciones indígenas reclaman por calificación ambiental favorable de proyecto Collahuasi

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En dicho contexto, desde la Dirección General de Aguas (DGA) encontraron extracciones no autorizadas de aguas subterráneas y superficiales por parte de la minera Los Pelambres ligada a la familia Luksic. Además, identificaron que la empresa no estaba cumpliendo con el acuerdo de distribución establecido con la Junta de Vigilancia del río Choapa.

Durante los últimos días de abril, la DGA estableció una multa de $430 millones contra la empresa minera por … Sigue leyendo →]]> María del Mar Parra 29/04/2024
Imagen referencial. / Foto: Agencia UNO.
En la zona más afectada por la sequía en el país, la minera de la familia Luksic deberá pagar una multa de $662 millones por extracción ilegal de agua, mientras que el Ministerio Público investigará el posible delito ambiental, que con la nueva legislación puede ser sancionado incluso con cárcel.
Coquimbo está al borde del colapso por la crisis hídrica, y el Estado ha debido llegar a acuerdos con los grandes usuarios de agua como regantes y mineras, para redistribuir el recurso y evitar cortes de servicio en los hogares de la región.

En dicho contexto, desde la Dirección General de Aguas (DGA) encontraron extracciones no autorizadas de aguas subterráneas y superficiales por parte de la minera Los Pelambres ligada a la familia Luksic. Además, identificaron que la empresa no estaba cumpliendo con el acuerdo de distribución establecido con la Junta de Vigilancia del río Choapa.

Durante los últimos días de abril, la DGA estableció una multa de $430 millones contra la empresa minera por el robo de agua, y otra de $228 millones por no cumplir con la redistribución del recurso. Además, el organismo ordenó a la minera detener de forma inmediata la extracción no autorizada y acatar los acuerdos de la Junta de Vigilancia.

Pero más allá de la multa, los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público ya que, según la directora regional de la DGA, Cinthya Álvarez, se identifica por primera vez en la región un posible delito ambiental de acuerdo a la nueva legislación.

La directora se refiere a la nueva Ley contra delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, aprobada en el país en 2023, y donde algunos hechos relacionados al daño ambiental se agregan como delitos en el código penal, por lo que pueden ser sancionados incluso con penas de cárcel.

Tras la inspección de la DGA en terreno, se constató que en 4 bocatomas de agua superficial y en 8 pozos de agua subterránea se extrajo más recurso del permitido, mientras que en las bocatomas tampoco se respetó el prorrateo al que se deben someter los usuarios de la Junta de Vigilancia del río Choapa por la extrema sequía.

Cabe destacar que la minera presentó un recurso de reclamación contra el decreto de redistribución de las aguas de la Junta de Vigilancia del río Choapa, dictado de conformidad al artículo del Código de Aguas sobre severa sequía. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2023.

Las faltas constatadas ocurrieron cuando la región estaba bajo decreto de escasez hídrica, en la cuenca del río Choapa que se encontraba agotada, y en el sector hidrogeológico de Choapa Alto que está declarado como zona de prohibición. Estos hechos constituyeron agravantes para ponderar las multas.

Cabe recordar que la mina Los Pelambres ha protagonizado eventos como derrames de petróleo, aguas industriales o concentrado de cobre, por lo cual ha sido sancionada en múltiples ocasiones.
https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2024/04/29/otra-de-pelambres-minera-es-multada-por-robo-de-agua-e-investigan-posible-delito-ambiental.html

Anglo Zambia La empresa afirmó solo haber tenido una participación minoritaria en el operador de la mina desde 1925 hasta 1974.

Anglo niega responsabilidad por el envenenamiento por plomo relacionado con la mina Broken Hill. Anglo American Plc dijo que se opondrá a cualquier demanda judicial por las acusaciones de que una mina de Zambia en la que la compañía tenía una participación envenenó con plomo a decenas de miles de personas después de que se permitió a los demandantes apelar un fallo anterior.

El 19 de abril, el Tribunal Superior de Johannesburgo concedió a los demandantes de la ciudad zambiana de Kabwe el derecho a apelar la desestimación de su solicitud en diciembre, dijo el lunes la minera que cotiza en Londres en un comunicado. Anglo “ha declarado desde el principio que esta afirmación es totalmente errónea”, afirmó.

La decisión de la semana pasada “no socava” la sentencia anterior y simplemente reconoce que una apelación a otro tribunal “es una opción viable a seguir por los demandantes en el proceso … Sigue leyendo →]]> Kevin Hinostroza 22/04/2024

Anglo Zambia
La empresa afirmó solo haber tenido una participación minoritaria en el operador de la mina desde 1925 hasta 1974.

Anglo niega responsabilidad por el envenenamiento por plomo relacionado con la mina Broken Hill.
Anglo American Plc dijo que se opondrá a cualquier demanda judicial por las acusaciones de que una mina de Zambia en la que la compañía tenía una participación envenenó con plomo a decenas de miles de personas después de que se permitió a los demandantes apelar un fallo anterior.

El 19 de abril, el Tribunal Superior de Johannesburgo concedió a los demandantes de la ciudad zambiana de Kabwe el derecho a apelar la desestimación de su solicitud en diciembre, dijo el lunes la minera que cotiza en Londres en un comunicado. Anglo “ha declarado desde el principio que esta afirmación es totalmente errónea”, afirmó.

La decisión de la semana pasada “no socava” la sentencia anterior y simplemente reconoce que una apelación a otro tribunal “es una opción viable a seguir por los demandantes en el proceso legal sudafricano”, dijo la compañía.

Planta de Selección de Mineral en mina San Rafael, en Puno.
También puedes leer: Anglo American y Minsur fueron las que más invirtieron en infraestructura minera en febrero

Envenenamiento por plomo
Anglo niega responsabilidad por el envenenamiento por plomo relacionado con la mina Broken Hill. La empresa afirmó solo haber tenido una participación minoritaria en el operador de esa mina desde 1925 hasta 1974, cuando fue nacionalizada. El envenenamiento por plomo puede causar problemas de salud que van desde dificultades de aprendizaje hasta infertilidad, daño cerebral y, en algunos casos, la muerte.

Los argumentos de la compañía “indican una impactante indiferencia ante el tremendo y continuo daño causado a generaciones de comunidades Kabwe por sus operaciones”, dijeron los bufetes de abogados de los demandantes, Mbuyisa Moleele y Leigh Day, en una declaración conjunta el lunes, describiendo el nuevo fallo. como un “paso crucial hacia el logro de la justicia”.

La demanda grupal, presentada en Sudáfrica porque Anglo tenía su sede en Johannesburgo cuando poseía la participación en Broken Hill, ha sido presentada por 12 personas de Kabwe. Los bufetes de abogados de esos demandantes han dicho que podrían representar a más de 140.000 personas.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/anglo-american-opondra-apelacion-envenenamiento-plomo-zambia/

Garafulic Uyuni La auditoría se realizó en las piscinas evaporíticas que alimentan de salmueras a las plantas en el complejo industrial del salar de Uyuni.

Una auditoría técnica determinó que los contratos ocasionaron un perjuicio económico de 425,2 millones de bolivianos . El Grupo Garafulic tenía al menos ocho contratos directos por el proyecto del litio firmados por casi 186 millones de bolivianos (Bs) con el Gobierno de Evo Morales, entre los años 2013 y 2019.

De acuerdo con el procurador general del Estado, César Siles, “parte de los hechos en investigación se relacionan con ocho contratos sistemáticamente incumplidos”.

“Y ESE INCUMPLIMIENTO SE DEBE AL ROL DESAFORTUNADO, QUEBRANTAMIENTO DE LA NORMA ADMINISTRATIVA Y LOS PROPIOS CONTRATOS DE LA EMPRESA GERIMEX SRL, REPRESENTADA POR PAULA GARAFULIC RUIZ, QUIEN TAMBIÉN ESTÁ ENTRE LOS 12 SUJETOS INVESTIGADOS”, EXPLICÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA.

Según el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, la denuncia penal fue presentada por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en contra de 10 de sus exdirectivos y una empresa … Sigue leyendo →]]> Kevin Hinostroza 23/04/2024

Garafulic Uyuni
La auditoría se realizó en las piscinas evaporíticas que alimentan de salmueras a las plantas en el complejo industrial del salar de Uyuni.

Una auditoría técnica determinó que los contratos ocasionaron un perjuicio económico de 425,2 millones de bolivianos .
El Grupo Garafulic tenía al menos ocho contratos directos por el proyecto del litio firmados por casi 186 millones de bolivianos (Bs) con el Gobierno de Evo Morales, entre los años 2013 y 2019.

De acuerdo con el procurador general del Estado, César Siles, “parte de los hechos en investigación se relacionan con ocho contratos sistemáticamente incumplidos”.

“Y ESE INCUMPLIMIENTO SE DEBE AL ROL DESAFORTUNADO, QUEBRANTAMIENTO DE LA NORMA ADMINISTRATIVA Y LOS PROPIOS CONTRATOS DE LA EMPRESA GERIMEX SRL, REPRESENTADA POR PAULA GARAFULIC RUIZ, QUIEN TAMBIÉN ESTÁ ENTRE LOS 12 SUJETOS INVESTIGADOS”, EXPLICÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA.

Según el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, la denuncia penal fue presentada por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en contra de 10 de sus exdirectivos y una empresa contratista por problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas, e involucra a una compañía de la familia Garafulic.

“Llama la atención también que durante todo ese tiempo se había adjudicado todos los contratos de servicio a una sola empresa de nombre Gerimex SRL del grupo Garafulic”, reveló la autoridad este martes en contacto con Bolivisión.

Informe de auditoría
Dicha denuncia es resultado de una auditoría técnica interna a la construcción e implementación de las piscinas evaporíticas que alimentan de salmueras a las plantas de Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio, en el complejo industrial del salar de Uyuni.

Según Molina, el informe identifica dos aspectos, uno es el daño económico “por una serie de contratos” con la empresa Gerimex SRL, que se adjudicó Bs 185.302.228,18 y el otro tiene que ver con un “lucro cesante” estimado de Bs 240 millones.

“Sumando en totalidad 425,2 millones de bolivianos que es el daño identificado por este informe de auditoría y que lógicamente incorpora a 10 exfuncionarios y también una empresa que fue la empresa contratista”, remarcó.
https://www.rumbominero.com/bolivia/ylb-contratos-litio-irregulares-grupo-garafulic-entre-2013-y-2019/

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica, y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Este acuerdo tiene sus raíces en el principio N°10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.

Chile se volvió un Estado Parte a partir de septiembre del 2022, y en la actualidad, el encargado a nivel nacional de impulsar y promover la implementación de este acuerdo es el Ministerio del Medio Ambiente. Este Acuerdo, al tener un carácter vinculante, implica que su cumplimiento es obligatorio una vez que ha sido ratificado.

La importancia del Acuerdo reside en su carácter pionero a nivel mundial al incorporar disposiciones específicas sobre defensoras/es de los Derechos Humanos en asuntos ambientales. Además, este destaca por ser el primer acuerdo en la región … Sigue leyendo →]]> Columna de opinión por OLCA
20/04/2024

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica, y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Este acuerdo tiene sus raíces en el principio N°10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.

Chile se volvió un Estado Parte a partir de septiembre del 2022, y en la actualidad, el encargado a nivel nacional de impulsar y promover la implementación de este acuerdo es el Ministerio del Medio Ambiente. Este Acuerdo, al tener un carácter vinculante, implica que su cumplimiento es obligatorio una vez que ha sido ratificado.

La importancia del Acuerdo reside en su carácter pionero a nivel mundial al incorporar disposiciones específicas sobre defensoras/es de los Derechos Humanos en asuntos ambientales. Además, este destaca por ser el primer acuerdo en la región que aborda algunos de los desafíos del medio ambiente. El acuerdo aborda, en lo medular, los derechos de acceso: (1) Acceso, generación y divulgación de información ambiental (Artículo 5 y 6), (2) Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (Artículo 7) y (3) Acceso a la justicia en asuntos ambientales (Artículo 8); y, así como se señaló, un apartado sobre defensoras/es de los derechos humanos en asuntos ambientales (Artículo 9).

La ratificación del Acuerdo generó resistencia en Chile, pues el segundo gobierno de Sebastián Piñera se negaba a su ratificación a propósito de señalar que el país ya contaba con un marco legal que incorporaba varias de las disposiciones y requisitos establecidos en el Acuerdo, particularmente, respecto de los derechos de acceso: información, participación y justicia. Si bien esto era en parte cierto, desconoció que el Acuerdo podría reforzar estos derechos en la normativa nacional, en tanto tienen un débil funcionamiento en la práctica, o bien, implementar una normativa sobre defensoras/es ambientales. Es más, desde su ratificación por el presidente Gabriel Boric y hasta la fecha, no hay ninguna norma que reconozca y otorgue un marco de protección a defensoras/es. Además, a pesar de la implementación previa de los derechos de acceso, es evidente la necesidad de actualizaciones en relación con el desarrollo del Acuerdo.

Desde la ratificación por Chile en 2022, se han señalado distintas problemáticas a nivel nacional en torno a los ejes del Acuerdo de Escazú, las críticas han venido desde distintos sectores. Por ejemplo, en el reciente informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el medio ambiente de Naciones Unidas, la aplicación de Escazú es lenta y a pequeña escala, no se ajusta a materias de derechos humanos, así también, indica que no se ha respetado el Convenio 169 OIT y la consulta previa, libre e informada de Pueblos Indígenas, además de que no existen mecanismos de asesoría técnico-jurídico accesibles.

Desde organizaciones socioambientales se ha criticado que el lenguaje técnico representa una barrera en la comprensión de estos instrumentos, faltando documentos que lo explique en términos más sencillos; que el Acuerdo no asegura participación vinculante, no habiendo una mejoraría de lo que ya estaba en las normas del país; así como falta de diálogo con comunidades que hacen defensa de sus territorios y transparencia en los avances y recursos disponibles para la implementación del Acuerdo.

Además, se ha insistido que hay limitaciones en cuanto a participación, pues no hay claridad cuando inician los procesos o sus resultados. Pero no sólo esto, pues con los recientes proyectos de ley presentados por el actual gobierno, la tendencia en términos de participación es a una mayor desregulación en la materia a propósito de lo que el empresariado ha denominado “permisología” y que el gobierno ha acatado a pie juntillas, queriendo incluir en materia de evaluación ambiental técnicas como la de la “participación temprana”, la que desconoce la situación de asimetría entre empresas y comunidades, haciendo de cuentas como si las empresas fueran parte del territorio y tuvieran el mismo derecho a decidir por este; además de obligar a comunidades a llegar acuerdo con estas empresas bajo la falsedad del “valor compartido”, que no es más que el encantamiento de sirenas que ofrece más trabajos precarizados, el fin de prácticas culturales, sociales y económicas de los territorios, así como la desposesión y el incremento de las labores de cuidados para mujeres.

Por cierto, uno de los puntos más críticos ha sido en materia de defensoras/es, pues es evidente la falta de una regulación especial, considerando que hacer defensa del territorio, sobre todo en caso de grupos vulnerables, como mujeres o pueblos indígenas, es una actividad de alto riesgo, tal como señaló el Relator de Naciones Unidas, y como lo han señalado por años las comunidades y defensoras/es.

En la tercera Conferencia de las Partes, más conocida como la COP 3, a realizarse en las oficinas de la CEPAL en Chile -dado que ningún país quiso ser anfitrión-, se busca la consideración y aprobación del Plan de Acción, el que se comenzó a trabajar en la COP 2. Además, se presentarán informes de la Mesa Directiva, Secretaría y el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y rutas de implementación nacional. Para el caso de Chile, y debido a las críticas mencionadas más arriba, el país presentó en al COP 2 el Anteproyecto del Plan de Implementación del Acuerdo (PIPE), el cual tiene como objetivo ser implementado en un periodo de 6 años, desde el 2024 hasta el 2030, y que será presentado en esta COP.

El anteproyecto fue objeto de varias críticas, tales como que, en materia de información, no se mencionan formas de generar reportes e informes que incluya a los grupos de vulnerabilidad; en materia de participación, no se mencionan los mecanismos que se aplicarán, así tampoco se aplicó a la consulta indígena del anteproyecto, lo que pone en duda la efectividad de las medidas; en materia de justicia y defensoras/es, no hay una propuesta de una definición de defensor, falta que se consideren medidas para defensoras/es que son parte de comunidades indígenas y mujeres, entre otros.

El anteproyecto PIPE fue aprobado el lunes 15 de abril de 2024, una semana antes de la COP 3, a realizarse entre los días 22 y 24 de abril. Sin embargo, desconocemos la versión final del PIPE, así como el Protocolo para la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos aprobado el 4 de abril por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “esto de acuerdo con las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos y especialmente con el Tratado de Escazú”.

En este escenario y ad portas de la COP 3 nos preguntamos: ¿No sería este el caso en donde se debe aplicar el derecho al acceso a la información que contempla el Acuerdo y poder tener con anticipación estos documentos para poder entender e incidir en la instancia? ¿Qué está entendiendo el gobierno por democracia ambiental? ¿Sigue el interés por cautelar los derechos de acceso para las comunidades o la “permisología” ganó la batalla? Parece que el gobierno aún nos guarda sorpresas, pero mientras tanto, seguimos exigiendo que se cumplan los acuerdos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y construyendo democracia ambiental desde los territorios.
https://radio.uchile.cl/2024/04/20/acuerdo-de-escazu-perspectivas-desde-la-conflictividad-socioambiental/

Por Javier Arroyo Olea | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

A un año de estas palabras, la letra muerta se hizo presente. Y es que desde un inicio se cuestionó el lanzamiento de la ENL al no tener siquiera en cuenta la participación previa de comunidades, o una apertura al debate público respecto a qué debiera considerarse como proyecto país respecto al litio. Muy lejos al anuncio que vimos hace un año, el gobierno y el empresariado, bajo la fantasiosa idea de «alianza público-privada», han hecho gárgaras con el negocio minero, avanzando a paso firme en … Sigue leyendo →]]> La noche del 20 de abril de 2023, por cadena nacional, el presidente Gabriel Boric anunciaba el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio (ENL). En poco más de 10 minutos, el gobierno daba a conocer una rimbombante serie de medidas que apuntaban, en el fondo y en palabras de presidencia, a que Chile «se transforme en el principal productor del litio del mundo, aumentando así su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad de los salares».

Por Javier Arroyo Olea | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

A un año de estas palabras, la letra muerta se hizo presente. Y es que desde un inicio se cuestionó el lanzamiento de la ENL al no tener siquiera en cuenta la participación previa de comunidades, o una apertura al debate público respecto a qué debiera considerarse como proyecto país respecto al litio. Muy lejos al anuncio que vimos hace un año, el gobierno y el empresariado, bajo la fantasiosa idea de «alianza público-privada», han hecho gárgaras con el negocio minero, avanzando a paso firme en pos de la explotación de los humedales altoandinos e incumpliendo sus propios plazos y compromisos en el marco de implementación de la Estrategia Nacional.

El hecho más «noticioso» y que se ha tomado la agenda político-comunicacional, hace referencia al Memorándum de Entendimiento (MdE) entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y Soquimich (SQM) a fines del año pasado. Básicamente, el hecho constituyó la ampliación de la explotación de litio en el Salar de Atacama a manos de la protagonista de uno de los casos de corrupción más relevantes del país y, en contraparte o complemento, la presencia de la minera estatal. Pero no solo eso; durante estos meses hemos visto cómo este memorándum -que ni siquiera se ha materializado en un acuerdo- se ha comido la idea de Empresa Nacional del Litio. Ya no aparece en la discusión política, luego que se incumpliera su presentación fijada para fines de 2023. Por el contrario, ahora ministras como Vallejo y Williams hablan de que la alianza Codelco-SQM sentaría las bases para una empresa nacional o, es más, que la propia empresa estaría aún en evaluación de realizarse.

En la misma línea, recientemente se anunció la creación de la Red de Salares Protegidos, donde el Estado pretende dar protección a apenas un 30% de la superficie de los salares. Es decir, 26 salares quedarían para exclusiva exploración y explotación del empresariado, desconociendo la importancia de estos frágiles ecosistemas; y no solo eso, sino también los conocimientos de los pueblos que conviven e identifican el funcionamiento a nivel cuenca de los humedales altoandinos. Por otro lado, hablar de la protección de solo la superficie acredita el desconocimiento total del ecosistema, lo que se suma a los cuestionamientos por la ausencia de criterios científicos en la constitución de la Red. Así, hoy nos encontramos ante la apertura de un proceso donde el empresariado nacional y transnacional puede mostrar su interés en la exploración de alguno de los 26 salares entregados en bandeja a los capitales extractivos.

Todo este embrollo, del cual el gobierno y el empresariado solo se dan aplausos y golpes en la espalda, ha estado cruzado de una ausencia total de participación activa y vinculante de parte de organizaciones sociales y comunidades locales, una inexistencia total de proceso alguno de consulta indígena y una falta generalizada de transparencia en el acceso a la información.

Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, hemos monitoreado durante todo un año la implementación de esta Estrategia, recibiendo constantemente respuestas de parte de organismos como el Ministerio de Minería donde dicen no tener documentación o niegan acceso a informes y registros de actividades en relación a la ENL. Un caso concreto: recientemente, solicitamos a la Subsecretaría de Minería «los informes que den cuenta de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio elaborados a marzo de 2024» a Minería ¿Adivina qué nos respondieron desde la cartera encabezada por Williams? Efectivamente: «no existen en poder de esta Subsecretaría informes como los solicitados», derivando la solicitud a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) -dependiente del Ministerio de Economía-, apelando a que este organismo dirige el Comité de Litio y Salares; esto, pese a que incluso el Ministerio de Minería protagonizó la licitación y posterior contrato con Cliodinámica Asesorías, Consultorias e Ingeniería SpA, la empresa a cargo de la asistencia técnica para el desarrollo del proceso de diálogos que duró apenas tres meses, y cuyas actas son aún desconocidas para el público en general.

Así las cosas, a un año de su implementación, pareciera ser que la Estrategia Nacional del Litio pretende ser otra de las expresiones de renuncia a las transformaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que urgen en Chile. El verdadero costo del litio ha sido, hasta hoy, la explotación de ecosistemas, vulneración de derechos para la población y ganancias netas para el bolsillo público-privado. Todo esto, ahora bajo la ilusión de una mayor participación del Estado, el discurso de la transición energética y una electromovilidad al alcance de un puñado de ricachones, está profundizando las grietas que ha dejado por décadas el extractivismo en Chile.