Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina https://www.ocmal.org OCMAL Mon, 12 Feb 2024 15:38:58 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://www.ocmal.org/60996-2/ Mon, 12 Feb 2024 15:38:58 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60996 Pescadores ayudaron a detener la minería submarina en Baja California, México, para preservar su lecho marino. Laura Paddison 04(02/2024

Los pescadores locales ayudaron a detener la minería submarina frente a la costa de Baja California, México, en 2018 para resguardar su lecho marino, pero entonces se puso en marcha un oscuro proceso legal internacional.

Cuando apareció por primera vez, parecía una ciudad flotante. Durante meses, en el verano de 2012, el barco permaneció allí: una presencia imponente y confusa frente a la costa del Pacífico de Baja California Sur.

Florencio Aguilar estaba preocupado. Un extraño entre las olas era una amenaza. Como muchos otros habitantes de los pequeños pueblos pesqueros de San Juanico, Las Barrancas y otros del noroeste de México, Aguilar depende para su subsistencia de las langostas, pulpos y abulones que prosperan aquí. Sus aguas prístinas son también el hogar de tortugas marinas en peligro de extinción, un criadero de ballenas grises gigantes y un imán para los surfistas, que acuden aquí en masa para cabalgar algunas de las olas más largas … Sigue leyendo ]]> Pescadores ayudaron a detener la minería submarina en Baja California, México, para preservar su lecho marino.
Laura Paddison 04(02/2024

Los pescadores locales ayudaron a detener la minería submarina frente a la costa de Baja California, México, en 2018 para resguardar su lecho marino, pero entonces se puso en marcha un oscuro proceso legal internacional.

Cuando apareció por primera vez, parecía una ciudad flotante. Durante meses, en el verano de 2012, el barco permaneció allí: una presencia imponente y confusa frente a la costa del Pacífico de Baja California Sur.

Florencio Aguilar estaba preocupado. Un extraño entre las olas era una amenaza. Como muchos otros habitantes de los pequeños pueblos pesqueros de San Juanico, Las Barrancas y otros del noroeste de México, Aguilar depende para su subsistencia de las langostas, pulpos y abulones que prosperan aquí. Sus aguas prístinas son también el hogar de tortugas marinas en peligro de extinción, un criadero de ballenas grises gigantes y un imán para los surfistas, que acuden aquí en masa para cabalgar algunas de las olas más largas del mundo.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-1Surfistas en San Juanico, uno de los lugares con las olas más largas del mundo. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

Aguilar tachó las posibilidades: el enorme barco no era uno de los buques de investigación que bordean la costa de Baja California para estudiar la rica vida marina, y no se parecía a uno de los grandes buques pesqueros que a veces vienen a recoger camarones.

La noticia le llegó a través de unos compañeros pescadores. El barco pertenecía a la empresa Odyssey Marine Exploration, con sede en Florida, que había obtenido una concesión en una enorme zona del fondo marino mexicano para extraer fosfato, ingrediente clave de los fertilizantes comerciales.

Aguilar estaba horrorizado. El proyecto, que podría suponer el dragado durante 50 años, se solapaba directamente con la concesión pesquera de la cooperativa Puerto Chale, una alianza que él dirige de más de 120 pescadores cuyas familias han vivido de estas aguas durante generaciones. “El dragado constante acabaría con la vida marina y con toda la vida de nuestro sector pesquero”, afirma Aguilar.

El descubrimiento fue sólo el principio, el detonante de años de desorganización mientras Aguilar y la cooperativa luchaban contra una mina que consideraban una amenaza existencial. Hubo airadas reuniones públicas, acusaciones de corrupción, llamamientos al presidente mexicano.

Por fin, seis años después, en 2018, el gobierno mexicano clausuró la mina porque los posibles impactos medioambientales serían demasiado perjudiciales. Aguilar y la comunidad lo celebraron. Por una vez, su historia parecía contradecir la tendencia de las empresas mineras a pisotear a las pequeñas comunidades que se interponen en su camino.

Pero Odyssey tenía un as bajo la manga.

En 2019, demandó a México. Para ello, utilizó una oscura herramienta del derecho internacional llamada solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas eludir los tribunales nacionales. De repente, el destino de esta mina en el fondo del mar importaba mucho más allá de esta costa bordeada por el desierto. La demanda de Odyssey había abierto una ventana a un sistema jurídico opaco, con el poder de debilitar fatalmente la capacidad de los países para proteger su propio medio ambiente, justo cuando el mundo se tambalea al borde del colapso climático y de la biodiversidad.

La empresa

Irónicamente, teniendo en cuenta el impacto que podría acabar teniendo en la minería mundial, Odyssey nunca ha explotado una mina. Sus orígenes se remontan a un tipo muy distinto de extracción de los fondos marinos: se creó en 1994 como empresa de caza de embarcaciones naufragadas.

“Odyssey dirigió su atención a una nueva industria: el mundo potencialmente lucrativo de la minería de los fondos marinos”.

Los dos fundadores, Greg Stemm, expublicista, y John Morris, expromotor inmobiliario, ya tenían una larga trayectoria en el negocio. Ese mismo año, se enfrentaban a acusaciones de fraude y uso de información privilegiada en relación con su anterior empresa, por haber falseado el valor de un naufragio en los Cayos de Florida. (En 1997 superaron con éxito las acusaciones).

La década siguiente la pasaron rastreando el océano en busca de naufragios más valiosos, y en 2007 dieron con el premio gordo: 17 toneladas de monedas de plata y oro, valoradas en cientos de millones de dólares, halladas en un naufragio de la costa portuguesa del Algarve. Odyssey bautizó el barco como Cisne Negro, sacó las monedas a la superficie, las cargó en cubetas de plástico y las llevó en avión a Florida.

España protestó. Dijo que el Cisne Negro era una de sus fragatas, hundida por los británicos en 1804 con más de 200 tripulantes, y afirmó que el tesoro pertenecía legalmente a España. En 2012, los tribunales estadounidenses le dieron la razón, obligando a Odyssey a devolver las monedas y a pagar un millón de dólares (17 millones 147 mil pesos) a España en lo que un juez calificó como “una campaña centrada en la mala fe, engaño y fraude que impregnó este litigio desde el principio”.

A medida que aumentaban los riesgos de la caza de naufragios, las leyes eran más estrictas y los inversores disponían de menos dinero, Odyssey centró su atención en una nueva industria en la que podía aprovechar sus especializados conocimientos oceánicos: el mundo potencialmente lucrativo de la minería de los fondos marinos.

El periodista

Cuando los rumores sobre la mina submarina de Odyssey llegaron por primera vez a oídos de Carlos G. Ibarra, periodista residente en La Paz, capital de Baja California Sur, sospechó de inmediato.

Sentado en un concurrido bar frente al mar en La Paz en una sofocante tarde de septiembre, Ibarra explica que ha vivido toda su vida a la sombra de las minas. Pasó su infancia en un pueblo salinero y su carrera adulta como reportero, cubriendo el impacto de las empresas mineras aquí.

Al principio, los rumores eran vagos. No sabía exactamente dónde se ubicaría la mina submarina, ni nada sobre la empresa. Entonces leyó un informe para inversores que disparó su curiosidad.

Escrito en 2013 por Ryan Morris, fundador del fondo de cobertura estadounidense Meson Capital, el informe era muy crítico. Morris afirmaba que, desde el año 2000, los ejecutivos y directivos de Odyssey habían recibido 20 millones de dólares (342 millones 947 mil pesos) en compensaciones en efectivo, pero habían registrado pérdidas por valor de 180 millones (3 mil 86 millones 530 mil pesos). “Creemos que el propósito de (Odyssey) es servir de vehículo para que sus integrantes vivan una vida de glamour cazando en el océano mientras sus decepcionados inversores pagan las factura”, concluía el informe.

Un portavoz de Odyssey rechazó el informe por contener “errores de hecho, información incompleta y conclusiones erróneas”. Pero para Ibarra fue una señal para seguir indagando. Se puso en contacto con Aguilar, que le instó a seguir investigando el proyecto minero. Ibarra habló entonces con funcionarios del gobierno y comprobó los permisos que Odyssey había solicitado.

Descubrió que la empresa había obtenido una concesión a 50 años sobre casi 270 mil hectáreas de lecho marino a través de una filial mexicana, Exploraciones Oceánicas. Cuando Odyssey declaró entonces que había encontrado uno de los yacimientos de fosfato más importantes del mundo, más de 580 millones de toneladas, suficientes, según la empresa, para satisfacer la mayor parte de las necesidades de fertilizantes de Norteamérica durante 100 años, a Ibarra se le encogió el corazón y empezó a escribir sobre ello para cualquiera que quisiera publicarlo.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-2Orgullosos de la costa que les ha alimentado durante generaciones, los habitantes de San Juanico limpian la playa. Foto: Laura Paddison/The Guradian.org

La mina

Ibarra sabía perfectamente cómo se iba a presentar la mina a la comunidad. La narrativa empresarial de los proyectos extractivos tiende a seguir un camino trillado: el recurso desempeña un papel vital para la humanidad, su explotación beneficiará a la comunidad local y no habrá daños medioambientales permanentes.

Odyssey no fue diferente. Afirmaba que el fertilizante garantizaría la autosuficiencia alimentaria de México y prometía puestos de trabajo y millones de dólares para México a través de los ingresos fiscales y el desarrollo económico.

La empresa también tenía un argumento medioambiental. La mayor parte del fosfato se extrae arrasando tierra. Extraerlo de debajo de las olas sería más sostenible.

“Ningún proyecto de extracción de fosfato en el fondo del mar ha salido adelante. Nueva Zelanda rechazó una propuesta similar”.

La empresa explicó que sus grandes buques dragarían el fondo marino, separarían el fosfato en cubierta y bombearían el material no deseado que, según dijo, estaría compuesto por sedimentos “inalterados” de vuelta a los surcos del lecho marino.

A diferencia de la minería de aguas profundas, que consiste en extraer minerales a 6 km de profundidad en aguas internacionales, esta mina se ubicaría en las aguas menos profundas de la plataforma continental de México. Este tipo de minería de fondos marinos se presenta a veces como preferible desde el punto de vista medioambiental porque las aguas costeras se conocen mejor que las profundas.

Pero, aunque las aguas menos profundas carezcan de los misterios de las llanuras abisales del océano, albergan frágiles ecosistemas rebosantes de vida.

Odyssey declaró a The Guardian que los proyectos de explotación minera de fondos marinos pueden “ofrecer una oportunidad limpia, sostenible y económica de obtener minerales muy necesarios”, y que el proyecto “emplearía medidas exhaustivas para limitar el impacto ambiental”.

Sin embargo, algunos expertos afirman que nadie sabe a ciencia cierta qué efectos podrían tener las columnas de sedimentos que se levantan al dragar, ni el ruido, ni cuántos organismos podrían ser absorbidos junto con el fosfato. Tampoco saben con qué rapidez pueden repararse los fondos marinos costeros.

Nunca se ha llevado a cabo ningún proyecto de extracción de fosfato en el lecho marino. En 2015, la Autoridad de Protección del Medio Ambiente de Nueva Zelanda rechazó una propuesta similar por considerar que causaría “efectos adversos significativos y permanentes”. Más recientemente, los intentos en Namibia se han estancado en medio de una fuerte oposición.

“La minería siempre destruirá parte de un hábitat”, afirma Laura Kaikkonen, científica marina de la Universidad de Helsinki que ha investigado la minería en aguas poco profundas. “No es una solución fácil obtener minerales sólo porque sea en zonas poco profundas”.

Aguilar va más allá. En un somnoliento domingo de septiembre en Las Barrancas, sentado en una construcción de hormigón adosada al lateral de una casa, con las gafas de sol bien metidas en su camisa morada clara, explica que detener la mina es una cuestión de supervivencia.

“Tenemos una gran masa de agua en la península, y cuando se envenene, porque así es como lo describimos, obviamente se acabarían los ingresos de la pesca y el progreso”, afirma.

Odyssey dijo que las referencias al envenenamiento eran “incorrectas”, y que las operaciones mineras “no interferirían con las operaciones pesqueras”. También señaló el apoyo de otras organizaciones pesqueras regionales.

Pero, durante la última década, Aguilar y la cooperativa se han negado a dar marcha atrás, luchando contra la mina en consultas públicas y reuniéndose con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con pancartas de protesta cuando visitaba la región.

Ha sido un camino accidentado. En 2014, Odyssey señaló a Aguilar e Ibarra en una denuncia penal, algo que Ibarra descubrió cuando leyó un artículo en el periódico El Sudcaliforniano, por parte de un representante de la filial de Odyssey, Exploraciones Oceánicas. Los llamó “pseudoambientalistas” y los acusó de extorsión y de “atentar contra el consumo y la riqueza natural” por resistirse a la mina, delitos que pueden acarrear penas de hasta 10 años de cárcel.

“Dijeron que éramos los culpables de su no aprobación y de una pérdida financiera de millones de dólares”, afirma Aguilar.

“Era una estrategia de intimidación”, añade Ibarra.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-3Miembros de la cooperativa pesquera de Puerto Chale se reúnen para luchar contra la amenaza de la mina. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

Un portavoz de Odyssey declaró que “emprendió las acciones legales oportunas para defenderse de un intento de extorsión”, y que no pretendía “intimidar ni disuadir a la oposición al proyecto”. Tanto Aguilar como Ibarra rechazan enérgicamente las acusaciones de extorsión y, aunque finalmente se les comunicó que no se interpondría ninguna demanda, en el caso de Ibarra la tensión le hizo abandonar prácticamente el periodismo durante años.

Pero durante un tiempo, el calvario pareció haber merecido la pena. Dos veces el gobierno mexicano rechazó el permiso minero, una en 2016, y otra, definitivamente, en 2018, diciendo que la mina “pretendía dragar ininterrumpidamente el fondo marino” de un lugar “que constituye un tesoro natural y de suma importancia para México y el mundo”.

“Nos sentimos muy satisfechos”, dice Aguilar, pero añade: “Sabíamos que era sólo un descanso y no la victoria total”.

No le faltaba razón. En 2019, Odyssey demandó al propio México por miles de millones de dólares: los hipotéticos beneficios futuros de la mina.

El caso

ISDS (solución de controversias inversor-Estado) es un acrónimo tan insulso que casi parece deliberado, teniendo en cuenta el poder que ostenta. La descripción más benigna es la de un sistema que ofrece a las empresas una forma de protegerse si el país donde operan hace algo que perjudique su inversión.

Sus defensores afirman que el ISDS, que no es una ley única, sino un sistema establecido a través de cláusulas en más de 3 mil acuerdos comerciales y tratados de inversión, es beneficioso para todos, ya que tranquiliza a las empresas a la vez que incentiva la inversión en los países en desarrollo. Pero otros creen que se ha convertido en un proceso legal hermético que permite a las empresas pasar por encima de las leyes medioambientales, climáticas y de derechos humanos de los países.

Es “el salvaje oeste del derecho internacional”, afirma George Kahale III, abogado especializado en arbitraje internacional y presidente del bufete Curtis de Nueva York.

En el caso de Odyssey, la empresa alegó que México había vulnerado sus derechos en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al tomar lo que calificó de decisión políticamente motivada de rechazar la mina, haciendo caso omiso de las pruebas científicas. Afirmó que se había destruido el valor de su inversión, así como sus beneficios futuros, y exigió 3 mil 540 millones de dólares (60 mil 702 millones de pesos), que posteriormente se redujeron a 2 mil 360 millones de dólares (40 mil 468 millones de pesos).

El proceso de las demandas ISDS es opaco. Las audiencias no se celebran en los tribunales, sino en salas de reuniones de, por ejemplo, el Banco Mundial, centros de conferencias u hoteles. Las reclamaciones las decide un panel de tres árbitros: uno elegido por la empresa, otro por el Estado y otro de mutuo acuerdo. Las decisiones no pueden apelarse, sólo anularse en circunstancias muy limitadas.

Kahale lo califica como una “caricatura de sistema jurídico” que ha sido “interpretado sistemáticamente de forma más expansiva en contra de los países receptores de la inversión a favor de los inversores”. (Recientemente, el Gobierno mexicano le ha encargado que le ayude con las demandas ISDS, pero no está implicado en el caso de Odyssey).

Desde la década de 1990, el volumen de estos casos se ha disparado. Según Jen Moore, miembro asociado del grupo de reflexión estadounidense Institute for Policy Studies, aproximadamente el 60% de las demandas las presentan empresas con sede en países ricos, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, contra países de bajos recursos. Una cuarta parte de todas las demandas conocidas han sido presentadas por empresas petroleras, gaseras y mineras.

Además de proteger a las empresas de la expropiación física de sus activos, estos tratados de comercio e inversión también las protegen de la “expropiación indirecta”. Las empresas suelen recurrir al ISDS cuando un país rechaza sus proyectos por amenazar los derechos humanos, el clima o el medio ambiente.

“Las empresas mineras a menudo ni siquiera han sido capaces de poner una pala en el suelo, pero luego presentan estas demandas escandalosas”, dice Moore. Lo llama “minería para obtener beneficios a través del arbitraje”.

“Las empresas están ganando. En 2016, un tribunal de arbitraje condenó a Venezuela a pagar mil 200 millones de dólares (20 mil 577 millones de pesos) más intereses”.

A medida que ha aumentado la frecuencia de las demandas, también lo han hecho las cuantías. El caso de Odyssey, donde una inversión relativamente pequeña ha dado lugar a una reclamación de más de 2 mil millones de dólares (34 mil 294 millones de pesos), ya no es anormal, dice Kahale. Algunas empresas de inversión incluso financian a empresas para que lo hagan, a cambio de una parte de la indemnización: La propia demanda de Odyssey está siendo financiada por el fondo de cobertura Poplar Falls.

Y las empresas están ganando. En 2016, un tribunal de arbitraje ordenó a Venezuela pagar mil 200 millones de dólares (20 mil 577 millones de pesos) más intereses, una cantidad enorme para un país que se enfrenta a la crisis, a una empresa minera canadiense, Crystallex, después de que Venezuela denegara los permisos para una mina de oro en una reserva forestal nacional, alegando preocupaciones por el medio ambiente y los pueblos indígenas. Crystallex alegó que Venezuela había expropiado la mina.

Este tipo de cosas provocan un “escalofrío político”, afirma Moore. En Guatemala, por ejemplo, las solicitudes de libertad de información al parecer mostraron que el gobierno citaba la amenaza de procedimientos ISDS como razón para no suspender otra mina de oro de propiedad canadiense, a pesar de que los grupos de derechos humanos decían que violaba los derechos indígenas.

En estos casos, la mera amenaza de arbitraje puede servir de “palanca política”, afirma Carla García Zendejas, del Centro de Derecho Ambiental Internacional (Ciel).

Odyssey afirmó que sus procedimientos de arbitraje “no son oscuros ni secretos” y añadió que no ha utilizado el arbitraje como “amenaza” ni para ejercer presión política. “Odyssey utilizó la única herramienta que le quedaba disponible para intentar hacer frente a la acción ilegal de México y proteger su importante inversión en México y los intereses de sus accionistas”, afirmó la empresa.

Sin embargo, para muchos expertos, la ISDS no podría ser más oscura y secreta. Los procedimientos son literalmente a puerta cerrada, señala Moore. “El arbitraje es algo esotérico” para la mayoría de la gente, señala, al tiempo que proporciona “una forma conveniente de ocultar el hecho de que una empresa está tratando de doblarle la mano al gobierno”.

La comunidad

Para Aguilar, el ISDS también significa dejar fuera a comunidades locales como la suya. La cooperativa de Puerto Chale lo descubrió cuando, con la ayuda de Ciel, pidió testificar ante el panel del ISDS sobre cómo les afectaría la mina. Su petición fue rechazada en diciembre de 2021 por la mayoría del panel, dos personas, que dictaminó que la cooperativa “no tenía un interés significativo” en la disputa porque Odyssey busca una compensación, no un nuevo permiso.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-4El gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, habla en rueda de prensa de su batalla contra Odyssey. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

El árbitro discrepante, el abogado medioambiental Philippe Sands, emitió un duro reproche a la decisión, calificándola de “profundamente lamentable” y escribiendo que “sólo serviría para debilitar las percepciones en cuanto a la legitimidad de estos procedimientos”. “Nos sentimos desprotegidos”, afirma Aguilar.

Zendejas señala que es habitual que las comunidades donde se ubican los proyectos no tengan voz en los procedimientos. “Es un sistema en el que las comunidades no son bienvenidas”. Añade que nada impide que Odyssey y México discutan un acuerdo que podría dejar la puerta abierta a una segunda revisión del permiso minero.

El futuro

Lo que está ocurriendo en Baja California Sur se sigue de cerca en otras partes del mundo.

A casi 8 mil kilómetros de distancia, en el Pacífico Sur, el gobierno de la isla de Cook ha concedido una licencia de exploración a una empresa llamada CIC para que investigue la extracción de nódulos similares a la papa que contienen cobalto y otros metales utilizados en la economía ecológica.

Odyssey es inversor en CIC y recibe una remuneración por los servicios que presta. ¿El fundador de CIC? Greg Stemm, de Odyssey.
Una idílica escena en San Juanico, en la costa noroeste de México, pero ¿qué nos depara el futuro?

Algunos defensores del medio ambiente temen que las Islas Cook se muestren reacias a rechazar una futura mina en el fondo marino por miedo a una demanda multimillonaria como la de Odyssey en México. “Se trata de una empresa a la que se denegó un permiso medioambiental para explotar una mina en México y ahora nos demanda”, afirma Kelvin Passfield, de Te Ipukarea Society, una organización medioambiental sin fines de lucro de las Islas Cook.

La demanda de Odyssey en México “es una advertencia”, sostiene Duncan Currie, abogado internacional de la Deep Sea Conservation Coalition. Afirma que los países que conceden permisos de exploración de los fondos marinos, sobre todo a empresas que ya han demandado a otros países por miles de millones de dólares, se están poniendo en peligro a sí mismos. “Mientras que algunos países ven la minería marina como una fuente potencial de riquezas, creo que estos son realmente buenos ejemplos de que los países deben andarse con mucho cuidado”.

“El ISDS eleva los derechos de las corporaciones por encima de los de los gobiernos soberanos”.

Una forma en que pueden protegerse es rechazando todo el sistema de arbitraje internacional, argumenta Moore.

Pakistán, Ecuador y Bolivia son algunos de los países que han empezado a rescindir acuerdos con disposiciones ISDS. Sin embargo, hacerlo puede ser un proceso complicado. “El mito de que los acuerdos internacionales de inversión son necesarios para atraer inversión extranjera directa sigue siendo fuerte”, afirma.

La cláusula ISDS también fue eliminada entre Canadá y Estados Unidos en el NAFTA renegociado (ahora llamado USMCA o TLCAN en México) que entró en vigor en julio de 2020. Chrystia Freeland, entonces ministra canadiense de Asuntos Exteriores, dijo entonces que este era uno de los logros de los que se sentía más orgullosa: “El ISDS eleva los derechos de las corporaciones por encima de los de los gobiernos soberanos. Al eliminarlo, hemos reforzado el derecho de nuestro gobierno a regular en interés público, para proteger la salud pública y el medio ambiente”.

Las disposiciones del ISDS siguen existiendo entre Estados Unidos y México en el acuerdo renegociado, pero son más limitadas: los casos relacionados con el petróleo, el gas y el transporte pueden ir directamente al ISDS, pero otros deben pasar primero por los tribunales nacionales. Sin embargo, las disposiciones del ISDS siguen presentes en muchos otros acuerdos comerciales firmados por México, como el firmado con Canadá.

Según un cálculo reciente, México se enfrenta actualmente a más de 11 mil millones de dólares (188 mil 621 millones 180 pesos) en demandas ISDS.

Para quienes han pasado años luchando contra la mina, es un juego de tiempo. Ibarra ha vuelto a dedicarse al periodismo, investigando a las empresas mineras y los megaproyectos turísticos que surgen en Baja California Sur.

Mientras tanto, los pescadores que han pasado la última década temiendo a la mina siguen levantándose todos los días a las 5 de la mañana. En la amplia playa de arena de San Juanico, las luces oscilan en la oscuridad mientras hombres con linternas rodean un pequeño barco pesquero, cargando trampas para langostas, checando el motor, arreglando la radio. Cuando están listos, un camión arrastra el barco hacia el océano, rugiendo en el tranquilo amanecer. Esperan la ola adecuada, empujan el barco hacia el oleaje y se dirigen a toda velocidad hacia el lugar exacto donde Odyssey quería explotar la mina.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-5Martín Guadalupe Trasviña, pescador de la cooperativa San Juanico Surf. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

La gente de aquí está de acuerdo en que Baja California Sur necesita desarrollo: mejores carreteras, electricidad más estable, mejor atención a la salud. Pero la mayoría no cree que vayan a beneficiarse de una mina que consideran una amenaza para la pesca y el turismo, el sustento de la región.

“Renunciar a todo por un proyecto que sólo traerá destrucción, que enriquecerá a unos pocos y empobrecerá a miles de familias y a las generaciones futuras…”, la voz de Aguilar se va desvaneciendo.

Si Odyssey consigue una segunda revisión del proyecto minero, afirma que están dispuestos a seguir luchando. “Levantaríamos a toda la gente en toda la península para organizar un liderazgo de punto a punto, y en absoluta oposición”.

“No sé qué haríamos en el mar, pero tendríamos que hacer algo para mantenernos firmes”.

Traducción: Ligia M. Oliver
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Atacameños financiarán estudio para confirmar tesis ancestral de napas del Salar de Atacama https://www.ocmal.org/atacamenos-financiaran-estudio-para-confirmar-tesis-ancestral-de-napas-del-salar-de-atacama/ Mon, 05 Feb 2024 20:22:08 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60992 Por: María del Mar Parra 01/02/2024 Atacameños financiarán estudio para confirmar tesis ancestral de napas del Salar de Atacama Salar Mirador al Salar de Aguas Calientes Norte / Foto: Cristóbal Moreno S. Con 24 plataformas de monitoreo en el salar, el Consejo de Pueblos Atacameños busca responder al reclamo de comunidades indígenas sobre la falta de conocimiento en cuanto al delicado ciclo hidrológico de los salares y cómo la extracción del litio y el cambio climático lo están afectando. Costará casi US$5 millones. Con cartas públicas, protestas y tomas en el salar de Atacama, los pueblos indígenas agrupados en el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) han alertado sobre la falta de conocimiento que existe en torno a la extracción del litio y su impacto en el delicado equilibrio hidrológico de los salares.

Ahora, es el mismo CPA el que se encargará de estudiar científicamente las aguas del salar, con un proyecto de monitoreo de US$ 4,9 millones de inversión que fue recientemente aprobado por la Comisión de Evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), según informó el … Sigue leyendo ]]> Por: María del Mar Parra 01/02/2024
Atacameños financiarán estudio para confirmar tesis ancestral de napas del Salar de Atacama
Salar Mirador al Salar de Aguas Calientes Norte / Foto: Cristóbal Moreno S.
Con 24 plataformas de monitoreo en el salar, el Consejo de Pueblos Atacameños busca responder al reclamo de comunidades indígenas sobre la falta de conocimiento en cuanto al delicado ciclo hidrológico de los salares y cómo la extracción del litio y el cambio climático lo están afectando. Costará casi US$5 millones.
Con cartas públicas, protestas y tomas en el salar de Atacama, los pueblos indígenas agrupados en el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) han alertado sobre la falta de conocimiento que existe en torno a la extracción del litio y su impacto en el delicado equilibrio hidrológico de los salares.

Ahora, es el mismo CPA el que se encargará de estudiar científicamente las aguas del salar, con un proyecto de monitoreo de US$ 4,9 millones de inversión que fue recientemente aprobado por la Comisión de Evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), según informó el medio Reporte Minero.

El proyecto contempla instalar 24 plataformas de monitoreo que recogerán variables hídricas en la cuenca del salar y en la alta cordillera, sobre el nivel de agua que existe en perforaciones y el agua que se evapora en la superficie.

Son 18 las comunidades indígenas que elaboraron el proyecto y que conviven desde tiempos ancestrales en armonía con los salares altoandinos practicando actividades artesanales como el pastoreo de guanacos y vicuñas.

El objetivo principal del proyecto, según se declara en su presentación ante el SEA, es estudiar el agua disponible en la cuenca del salar de Atacama y la alta cordillera, analizando los efectos del cambio climático en el territorio y respondiendo a la incertidumbre científica que existe en la cuenca del Salar.

Misteriosa agua del desierto

La falta de conocimiento sobre el ciclo hidrológico de los salares y sus cuencas también ha resonado entre la comunidad científica, como una crítica ante la presentación de una Estrategia Nacional del Litio sin primero estudiar el estado actual de los salares del país.

Las comunidades indígenas colla, aymara y lickanantay han resaltado por años la fragilidad del equilibrio hídrico de los salares como parte de sus saberes ancestrales.

Es el caso de la comunidad indígena colla de Copiapó que se opone a la extracción de litio en el salar de Maricunga. “Nuestros ancianos decían que si se secaba el salar se secarían las lagunas y humedales aguas abajo”, declara Elena Rivera, una de las voceras de la comunidad.

El proyecto del CPA se trata de un primer avance para acompañar con ciencia la sabiduría acumulada de pueblos indígenas y entregar a las comunidades información certera sobre su entorno, para poder incidir en la toma de decisiones.
https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2024/02/01/atacamenos-financiaran-estudio-para-confirmar-tesis-ancestral-de-napas-del-salar-de-atacama.html

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Cuando Penco dijo No a la Minera: La primera consulta comunitaria sobre un proyecto minero en Chile https://www.ocmal.org/cuando-penco-dijo-no-a-la-minera-la-primera-consulta-comunitaria-sobre-un-proyecto-minero-en-chile/ Thu, 01 Feb 2024 09:47:28 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60989 30/01/2024 Este verano se cumplen dos años desde que Penco fue el epicentro de la primera consulta comunitaria para conocer la posición de la población sobre un proyecto minero. Hoy, la empresa que encabeza el proyecto se mantiene en Penco con una oficina y opera un Centro Demostrativo en San Pedro de la Paz, anunciando un eventual reingreso para explotar tierras raras. RESUMEN publica parte de un capítulo del libro «Una defensa de cerro a mar: La lucha de Penco contra la minería de Tierras Raras: Otra cara de la transición energética» que da cuenta del proceso de consulta, donde un 99% de quienes participaron optaron por «No a la Minera».

Por J. Arroyo Olea y Viera Saavedra Contreras | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Como es de conocimiento popular, las instancias consultivas o plebiscitarias fuera del marco de la legislación en Chile no son vinculantes, es decir, no inciden en la última decisión de aprobar, detener o rechazar algún proyecto; eso sólo se decide desde los gobiernos regionales y los organismos gubernamentales.

Aún así, el impacto que … Sigue leyendo ]]> 30/01/2024
Este verano se cumplen dos años desde que Penco fue el epicentro de la primera consulta comunitaria para conocer la posición de la población sobre un proyecto minero. Hoy, la empresa que encabeza el proyecto se mantiene en Penco con una oficina y opera un Centro Demostrativo en San Pedro de la Paz, anunciando un eventual reingreso para explotar tierras raras. RESUMEN publica parte de un capítulo del libro «Una defensa de cerro a mar: La lucha de Penco contra la minería de Tierras Raras: Otra cara de la transición energética» que da cuenta del proceso de consulta, donde un 99% de quienes participaron optaron por «No a la Minera».

Por J. Arroyo Olea y Viera Saavedra Contreras | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Como es de conocimiento popular, las instancias consultivas o plebiscitarias fuera del marco de la legislación en Chile no son vinculantes, es decir, no inciden en la última decisión de aprobar, detener o rechazar algún proyecto; eso sólo se decide desde los gobiernos regionales y los organismos gubernamentales.

Aún así, el impacto que tiene una votación masiva, aunque no sea vinculante, motivó a la comunidad a levantar una consulta para darle un Sí o un No a la posible instalación de la empresa minera de extracción de tierras raras en Penco, presionando al municipio para su realización.

El hecho constituyó la primera consulta convocada e impulsada por habitantes de una comuna para conocer la posición de la población sobre un proyecto minero en Chile, una estrategia sumamente innovadora y que ha contado con experiencias previas en otros conflictos socioambientales[1].

La instancia fue pensada de manera estratégica por parte de los y las integrantes de las organizaciones sociales de la comuna, ya que se encontraban transitando un periodo de tercera adenda[2], por lo que también se acercaba el tiempo límite para que fuera votada.

La campaña se caracterizó por la difusión impulsada por organizaciones, donde el municipio se mantuvo neutro debido al proceso llevado a cabo por las votaciones, de modo de no mostrar una cierta «influencia» en el proceso y que éste no fuera desacreditado. Sin embargo, la empresa a través de sus comunicados señaló que el proceso fue tendencioso por la participación de la Municipalidad, cuando, desde la voz de los y las que llevaron adelante el proceso, toda la campaña del NO a la Minera, fue levantada por la ciudadanía y las organizaciones socioambientales.

«En la campaña Vota No a la Minera hubo organizaciones, fuerzas políticas, comunidad civil que quiso participar entregando volantes, colocando banderas, pancartas, etc. y todo esto fue voluntario, con aportes voluntarios»[3].

El municipio de Penco propuso hacerse cargo logísticamente de la consulta ciudadana a raíz de la presión de la comunidad y las organizaciones socioambientales que se encuentran en el territorio, que con o sin el apoyo de la institucionalidad local, tenían dentro de sus planificaciones realizarla de igual manera, viendo en este punto la importancia de la presión y organización social para el emplazamiento de las autoridades políticas.

Para la realización de la consulta, la Municipalidad de Penco tomó todo el padrón electoral sin incluir a las personas que votan en comunas distintas, en otras ciudades o incluso en otros países. Sin embargo, son habitantes de la comuna, vivieron su infancia en el territorio, tienen familiares, amigos y amigas, y por cierto, una historia profunda de amor con su comuna, sus caminos, sus paisajes y su destino.

De esta manera, las organizaciones sociales propusieron levantar una mesa ciudadana dirigida para aquellas personas que no se encuentran habilitadas para votar en Penco, y una mesa para Niños, niñas y adolescentes (NNA), ambas instancias pioneras en el país, en el sentido de comprender la dimensión amplia del conflicto socioambiental. Acá no solo se consideró la voz de las y los mayores de 18 años que habitan en la comuna, sino que también se constituyeron espacios donde niñas, niños y jóvenes pudieron dar a conocer su opinión como también personas que -sin contar con inscripción de votación en la comuna- mantienen un vínculo con el territorio.

«La mesa ciudadana, nace a raíz de las falencias en el sistema de participación de las mismas instituciones. Se le dio la oportunidad a muchos vecinos y vecinas, vinieron de otras regiones, personas que vinieron a visitar a sus familiares y vivían en otros países; eso fue hermoso porque tienen un arraigo con la comuna»[4].

Tal como ocurrió con la mesa ciudadana, la idea de desplegar una mesa para NNA nace con este cambio de paradigma sobre la participación temprana, que fue un tema que se abordó a nivel nacional en el plebiscito de salida del proceso encabezado por la Convención Constitucional, donde se propuso que los y las jóvenes de dieciséis años en adelante, tuviesen la posibilidad de votar.

Desde la asamblea levantada para la organización del plebiscito, decidieron conceptualizar este hecho como un acto democrático y colectivo, donde no sólo los y las jóvenes pudiesen votar, sino también los niños y niñas que habitan la comuna.

«Hoy en día tienen siete años, diez años, once años y no podrían tomar la decisión del futuro de su comuna porque no están dentro de un padrón electoral, pero las consecuencias de quince, veinte años de la instalación de una minera (que no va a lograrlo), la van a sufrir ellos y ellas. La pregunta que surge es: ¿Por qué no pudieron decidir? Por eso nosotros y nosotras tomamos la responsabilidad, generamos todo, estudiamos todas las normas del Servicio Electoral (…) fue un trabajo súper arduo, voluntario de muchos vecinos y vecinas»[5].

Este hecho generó un trabajo paralelo entre el municipio y las organizaciones sociales; éstas últimas no sólo tuvieron que levantar ambas mesas -de NNA y no inscritos-, sino también generar todo un trabajo pedagógico con la comunidad para que se lograra entender la importancia del proceso. El hecho de comunicar la relevancia de la participación masiva y del triunfo del NO a la Minera, a pesar de no ser vinculante, fue un proceso que llevó meses, donde se puso en juego el carácter simbólico de estas instancias. El impacto que generaría que gran cantidad de personas se levantaran ese día y votaran NO a la Minera, sería sin duda un triunfo político para todos y todas las habitantes del territorio costero. Al mismo tiempo, pedagogizar en torno a la significancia de las mesas ciudadanas y de NNA, implicó un despliegue de energía importante, con jornadas en asambleas, puerta a puerta, estampatones, perifoneos, reuniones con Juntas de Vecinos/as, organizaciones sociales, caravanas, entre otras.

«La votación es el producto de una construcción colectiva, porque detrás de esa votación hay un reglamento; trazar objetivos, planes y redacción de funcionamiento. Hicimos invitaciones abiertas a todos y todas las vecinas para participar y fue un grupo que se nutrió de muchas experiencias de vecinos y vecinas de Penco, de vecinos de fuera, profesionales, vecinos que han dedicado su vida a la defensa del medioambiente, estudiantes, etc.»[6]

El día fijado para la votación fue el 27 de febrero de 2022. En esa fecha, se llevó a cabo la primera consulta ciudadana en Chile que abrió la posibilidad para que las personas pudiesen expresar su opinión en torno a la explotación minera en su territorio; en este caso, a la posible instalación de la minera de tierras raras en la comuna de Penco. Con mesas desplegadas en establecimientos educacionales de Penco y Lirquén, vecinos y vecinas, niños, niñas y adolescentes, y habitantes de otras comunas participaron del proceso con un total de 9.626 personas, de las cuales 9.532 votaron con un No a la Minera, representando el 99,02% del total.

Durante la jornada, por las calles de la comuna costera transitó un gran número de personas, familias, niños y niñas, organizaciones socioambientales locales, y de comunas vecinas, medios de comunicación, etc., que vivieron el proceso histórico[7].

«Lo primero fue poder ver personas involucrándose en algo que genera temor, veíamos a muchas personas leyendo y eso fue algo que cohesionó al territorio en una causa común. Yo lo vi muy bonito, ver a mi familia conversando sobre la minera, involucrarse, ir a votar en algo que era voluntario, se veían muchas personas en la calle»[8].

La asamblea levantada para llevar a cabo el proceso de consulta, compuesta por individualidades, organizaciones, colectividades, asambleas, etc., logró constituir una mesa por local de votación para niños, niñas y adolescentes (NNA) y una mesa ciudadana, sumadas evidentemente a la mesa desplegada por el municipio que abarcaba exclusivamente a las personas inscritas en el padrón electoral. Cabe señalar que quienes participaron de esta instancia de sistematización colectiva, señalan que el padrón correspondía a un padrón antiguo, que no incluía a aquellas y aquellos jóvenes que habían cumplido los dieciocho años y estaban habilitados para votar. Por lo tanto, se hacía necesario incluirlos también en una instancia tan importante. Este proceso fue idéntico al que realiza el Servicio Electoral (SERVEL), con tres vocales de mesa y un apoderado/a, y gracias a las numerosas capacitaciones que recibieron los vocales, sumado a la autoformación de cada quien, se constituyeron con actas correspondientes a la Ley de Escrutinios Públicos.

«El 27 de febrero logramos constituir una mesa por cada local de votación, cada mesa integrada por 3 vocales de mesa y un jefe de local. Los vocales de mesa eran integrados a su vez por presidente o presidenta de mesa, por secretario y por comisario, o sea, era un proceso idéntico al del SERVEL, que incluso tenía más garantías que el proceso municipal. Los vocales se constituían mediante actas de instalación, actas de levantamiento de la mesa, o sea agarramos la Ley General de Escrutinios Públicos, adaptamos una ley a un proceso fuera del ordenamiento«[9].

Quedó en el imaginario colectivo el día en que los niños, niñas, niñes y adolescentes pudieron plasmar lo que sienten y piensan con respecto al futuro de la comuna donde habitan. Sus sonrisas, opiniones, conversaciones y la inmensa enseñanza que dejaron, permite problematizar de manera más profunda sobre la importancia de las infancias y el excesivo adultocentrismo que permea la sociedad actual.

Aunque era de esperarse, el no reconocimiento de esta mesa por parte de las autoridades, generó molestia en los y las habitantes que trabajaron arduamente para que las voces de las infancias fueran escuchadas, preocupándose a su vez de conformar las mesas de NNA con adolescentes de Penco y Lirquén que dedicaron mucho tiempo y energía en su formación.

«Donde fui vocal, en la Patricio Lynch, me tocó ver niños y niñas, uno que fue enyesado a votar, fue una niña con síndrome de down, fue otra niña con un burrito a votar, o sea, se desconoció ese sacrificio que hicieron los niños y las niñas para decirle No a la Minera»[10].

Cabe señalar que no solo la mesa de NNA no fue reconocida, tampoco lo fue la mesa ciudadana. A pesar del malestar generado por el no reconocimiento, los y las integrantes de la asamblea levantada para la consulta, fueron capaces de sentir, dialogar y analizar de manera conjunta el gran impacto que tuvo el proceso tanto para la población que se organizó en contra de la minera, como para la comuna en general. Y el impacto no solo fue generado a nivel comunal, sino también regional y nacional, puesto que la consulta levantada por las organizaciones sociales de Penco-Lirquén, fue la primera con tales características en el país, dejando un precedente y una forma de organizar estos procesos, otorgándole el derecho a voz y voto a los y las NNA.

«Esa mesa fue una de las llaves que abrió el proceso y garantizó el éxito que tuvo la consulta municipal, porque quienes estuvimos ahí presentes nos dábamos cuenta que muchos NNA llegaban y decían: yo vine acá y traje a mi papá a votar, o traje a mi familia a votar, o sea la incidencia que tuvo esa iniciativa ese día fue que no solamente hicimos votar a los niños, sino que a su vez logramos movilizar a toda la familia pencona de cara al proceso eleccionario»[11].

Como era de esperar y tal como fue mencionado anteriormente, la empresa elaboró un comunicado desconociendo el proceso debido a que no correspondía a instancias levantadas por los organismos de evaluación ambiental[12]. Asimismo, caracterizaron la instancia desde una dimensión política y no técnica, lo que demuestra nuevamente que los saberes de la población, sus sentires, sus apreciaciones, sus conocimientos, no son válidos para estas empresas que solo avalan el conocimiento científico o técnico que ratifica una sola forma de pensar y que concuerde con lo que ellos exponen.

Además de mirar en menos la participación de la población en esta instancia, la empresa minera Aclara salió al paso planteando la defensa profunda de su proyecto -hasta ese entonces vigente-. Mediante un comunicado, señalaron que «desde ACLARA creemos firmemente en la participación de los vecinos y hemos dado respuesta a todas las preguntas de la ciudadanía, las cuales han sido abordadas en las Adendas y dos procesos de Participación Ciudadana (PAC)»[13].

El contrapunto era claro ante una nueva forma de expresar el rechazo de la población contra el proyecto minero, por lo que ya se adelantaba un eventual pronunciamiento de parte de la empresa minera intentando deslegitimar un proceso que tomó más el peso a la voz de la comunidad que lo que fue el proceso de PAC.

«Fue un proceso autoconvocado, autogestionado y que marca un precedente de que las cosas se pueden hacer bien. Son herramientas no sólo numéricas, son herramientas de interpretación de la realidad social: respuesta SÍ O NO, esa pregunta por más simple que sea implica una reflexión profunda. Cómo las generaciones más nuevas interpretaban el futuro que iban a tener si es que se aprobaba la construcción de una minera. «Yo no quiero la minera porque quiero seguir yendo al tranque, al estero», decían los niños y niñas»[14].

El hecho político resonó en distintas escalas, incluyendo la mediática mediante la cobertura de prensa cuya agenda fue cruzada por los resultados de la consulta. Medios como Resumen.cl, Diario Concepción, Radio Universidad de Concepción y Radio Bío Bío dieron cuenta del proceso. En el caso de la prensa independiente, señalaron que este «hecho político forma parte de una serie de acciones levantadas por organizaciones sociales que llevan años trabajando para visibilizar la amenaza de la empresa Aclara -ex Biolantánidos-, y fue levantado por las propias comunidades»[15], dando cuenta de que la consulta realizada no era un hecho aislado, sino más bien parte de las estrategias que han desplegado en la lucha contra la extracción minera.

Así, tal como lo pensaron y manifestaron las organizaciones socioambientales en su momento, a menos de un mes de la consulta ciudadana donde la población se posicionó en contra de la instalación de la minera en el territorio, la empresa decidió renunciar a la tramitación de su propio EIA, en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región del Biobío[16].

«Otro impacto que tuvo la consulta fue que la minera tuvo que cambiar su objetivo de cómo seguir planteándose, fue un buen porcentaje de votantes y tuvieron que cambiar las estrategias para seguir convenciendo a la población hasta llegar a retirar el proyecto. Ellos decían que no correspondía consulta indígena, yo lo planteé en un par de reuniones, pero ellos decían que no daba»[17].

Esto sin duda marcó un triunfo para quienes se organizaron desplegando la consulta, pero también significó un triunfo para las diversas luchas socioambientales de la región y del país, abriendo y compartiendo esta experiencia digna de ser replicada en todos los territorios que lo requieran. Aún así, la comunidad reconoce que, a pesar de representar una gran victoria, el camino es largo puesto que la empresa retiró el EIA y se replegó sólo para volver con más recursos, más alianzas, más influencias, tal como se demostró en experiencias anteriores como el caso de Octopus.

«Fue una herramienta que no se esperaba el impacto que iba a tener, porque al ser inédita, los resultados fueron inéditos y tuvo un impacto que trascendió lo comunal y lo regional. Ya no era Penco no quiere mineras con banderas, sino que era Penco no quiere minera, va y vota y deja un registro de esto, de que esto nos duele, esto no puede ser, nos está pasando a llevar, nos molesta, es nuestro buen vivir. Nos va a cambiar mucho la vida, la salud y los sentires si viniera un proyecto extractivista a una comunidad que es tan tranquila, que trata de alejarse de los ritmos de ciudad»[18].

Con conciencia del gran triunfo y más alertas que nunca con el porvenir, las organizaciones socioambientales paralelamente a los procesos más institucionales, fueron co-construyendo una propuesta reconocida a nivel regional, que ha convocado a miles de personas tanto en su diseño como en las actividades convocadas.

Notas

[1] Existen registros de consultas, plebiscitos y/o instancias de votación respecto a proyectos extractivos en América Latina. Sin embargo, en el caso de Chile no existía experiencia previa sobre la explotación minera, sino que en otros sectores. Por ejemplo, la consulta convocada y realizada por la población de Quilaco para conocer la opinión de la comunidad en 2021 respecto al proyecto de la Central Rucalhue, donde la mayor cantidad de asistentes votó contra la hidroeléctrica. Al momento de editar este libro, la central aún no se instala y el conflicto sigue latente. Mayor información: https://resumen.cl/articulos/consulta-ciudadana-en-quilaco-9032-voto-encontra-proyecto-hidroelectrico-que-pretende-intervenir-el-rio-biobio

[2] Documento construido por la empresa titular del proyecto que busca dar respuesta al Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) en el marco de la evaluación ambiental del proyecto.

[3] Extracto entrevista integrante Asamblea Penco-Lirquén, 2022.

[4] Extracto entrevista integrante Asamblea Penco-Lirquén, 2022.

[5] Extracto entrevista integrante Asamblea Penco-Lirquén, 2022.

[6] Extracto entrevista integrante de Penco Futuro, 2022.

[7] Cabe señalar que asistentes acusan que también habría llegado la empresa aquel día. Un joven que declaró estar trabajando se paseó por todos los centros de votación indicando que debía realizar encuesta a los votantes, y que él simplemente había sido contratado para desarrollar durante la jornada recolección de información.

[8] Extracto entrevista integrantes Red de Mujeres Penco-Lirquén, 2022.

[9] Extracto entrevista a estudiantes secundarios de Penco-Lirquén, 2022.

[10] Extracto entrevista integrante Asamblea Penco-Lirquén, 2022.

[11] Extracto entrevista a estudiantes secundarios Penco, 2022.

[12] Información disponible en: https://dfmas.df.cl/df-mas/coffee-break/ empresa-rechaza-plebiscito-en-contra-de-proyecto-de-tierras-raras-enpenco

[13] Comunicado disponible en: https://www.biobiochile.cl/especial/aquitierra/noticias/2022/02/28/consulta-ciudadana-rechaza-proyecto-de-tierrasraras-en-penco-empresa-denuncia-irregularidades.shtml

[14] Extracto entrevista estudiantes secundarios Penco, 2022.

[15] Información disponible en: https://resumen.cl/articulos/penco-dijo-queno-arrollador-99-en-consulta-ciudadana-se-manifesto-en-contra-de-lainstalacion-de-mineria-de-tierras-raras-en-la-comuna

[16] Información disponible en: https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109317

[17] Extracto entrevista integrante Asamblea Territorial Penco-Lirquén, 2022.

[18] Extracto entrevista Red de Mujeres Penco-Lirquén, 2022.

Fuente:
https://resumen.cl/articulos/cuando-penco-dijo-no-a-la-minera-la-primera-consulta-comunitaria-sobre-un-proyecto-minero-en-chile
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=110495

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Superintendencia del Medio Ambiente formula cargo gravísimo a compañía minera https://www.ocmal.org/superintendencia-del-medio-ambiente-formula-cargo-gravisimo-a-compania-minera/ Wed, 31 Jan 2024 15:43:48 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60986 La empresa arriesga una multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $7.759 millones a valor actual. 30/01/2024 MINERÍA CHILENA

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo contra la empresa Andex Minerals Chile SpA, titular del proyecto “Exploración Anocarire”, el cual está ubicado en el Cerro Anocarire, comuna de Putre y Camarones, Región de Arica y Parinacota.

Dicha unidad fiscalizable consiste en la realización de plataformas para la ejecución de sondajes exploratorios con el fin de obtener información geológica del sector, y confirmar o descartar la presencia de recursos minerales, su concentración y geometría en el subsuelo. Desde la SMA informaron que los sondajes están próximos con la Reserva Nacional Las Vicuñas, creado a través del D.S. N°29/1983 del Ministerio de Agricultura, de 8 de marzo de 1983.

Junto con ello, explicaron que este caso tiene como origen una serie de denuncias ciudadanas, de la Comunidad Indígena Aymara de Umirpa y de Conaf recibidas por la SMA. En particular, la denuncia de Conaf informa respecto de una afectación de llaretas y queñoas producto … Sigue leyendo ]]> La empresa arriesga una multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $7.759 millones a valor actual.
30/01/2024
MINERÍA CHILENA

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo contra la empresa Andex Minerals Chile SpA, titular del proyecto “Exploración Anocarire”, el cual está ubicado en el Cerro Anocarire, comuna de Putre y Camarones, Región de Arica y Parinacota.

Dicha unidad fiscalizable consiste en la realización de plataformas para la ejecución de sondajes exploratorios con el fin de obtener información geológica del sector, y confirmar o descartar la presencia de recursos minerales, su concentración y geometría en el subsuelo. Desde la SMA informaron que los sondajes están próximos con la Reserva Nacional Las Vicuñas, creado a través del D.S. N°29/1983 del Ministerio de Agricultura, de 8 de marzo de 1983.

Junto con ello, explicaron que este caso tiene como origen una serie de denuncias ciudadanas, de la Comunidad Indígena Aymara de Umirpa y de Conaf recibidas por la SMA. En particular, la denuncia de Conaf informa respecto de una afectación de llaretas y queñoas producto de la habilitación de caminos, emplazados dentro del área bajo protección oficial.

Además, existe una sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol 42.563-2021, de fecha 31 de agosto de 2021, que ordenó la paralización del proyecto, mientras no obtenga su autorización ambiental respectiva.

En este sentido, la SMA realizó un requerimiento de información al titular del proyecto en febrero de 2022, con el objetivo de hacer seguimiento al cumplimiento íntegro de lo ordenado en la referida sentencia. Y así, poder determinar el curso de la investigación desarrollada por la SMA en torno a los mismos hechos.

En base a estos antecedentes, la Superintendencia del Medio Ambiente ha formulado un cargo contra la empresa tras constatar que la empresa desarrolló un proyecto consistente en la ejecución de sondajes exploratorios, “próximos” y “en” la Reserva Nacional Las Vicuñas, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental; infracción que fue clasificada como gravísima.

Al respecto, la jefa regional de la SMA de Arica y Parinacota, Tania González, explicó que “la formulación de cargos contra la empresa se sustenta porque a través de los antecedentes revisados es posible constatar que tanto los sondajes como la habilitación de caminos que conlleva este proyecto, que no cuenta con la evaluación ambiental requerida, estarían afectando la flora y fauna del lugar”.

Desde la institución fiscalizadora recordaron que las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) cada una, equivalentes a más de $7.775 millones a valor actual.

La empresa tendrá 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, y 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde su notificación.

Superintendencia del Medio Ambiente formula cargo gravísimo a compañía minera

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https://www.ocmal.org/60983-2/ Wed, 31 Jan 2024 12:09:17 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60983 LA NUEVA MODIFICATORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS BAMBAS

Editorial boletín enero 2024 30/01/2024 cooperaccion.org.pe La empresa minera Las Bambas ha presentado una nueva modificatoria de su estudio de impacto ambiental (MEIA). Esta sería la cuarta MEIA, que además se pretende hacer sin una adecuada información y sin una participación oportuna de la población que se ubica en la zona de influencia.

Llama poderosamente la atención que para esta nueva modificación se hayan aplicado normas de la época de la pandemia (por obvias razones, en ese momento se restringía la participación ciudadana) cuando es una situación ya superada. Lo real es que el contenido del MEIA no ha sido socializado con las poblaciones con el tiempo que requiere la revisión de una información compleja y extensa.

Preocupa también la calidad del documento presentado. Por ejemplo, el Resumen Ejecutivo no cumple con los estándares planteados por el propio Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Identificamos los siguientes problemas básicos:

La redacción del documento … Sigue leyendo ]]> LA NUEVA MODIFICATORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS BAMBAS

Editorial boletín enero 2024
30/01/2024
cooperaccion.org.pe
La empresa minera Las Bambas ha presentado una nueva modificatoria de su estudio de impacto ambiental (MEIA). Esta sería la cuarta MEIA, que además se pretende hacer sin una adecuada información y sin una participación oportuna de la población que se ubica en la zona de influencia.

Llama poderosamente la atención que para esta nueva modificación se hayan aplicado normas de la época de la pandemia (por obvias razones, en ese momento se restringía la participación ciudadana) cuando es una situación ya superada. Lo real es que el contenido del MEIA no ha sido socializado con las poblaciones con el tiempo que requiere la revisión de una información compleja y extensa.

Preocupa también la calidad del documento presentado. Por ejemplo, el Resumen Ejecutivo no cumple con los estándares planteados por el propio Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Identificamos los siguientes problemas básicos:

La redacción del documento no es clara, por lo tanto, no cumple el objetivo de informar a la población. Además, la estructura del documento no presenta un orden lógico.
No describe con claridad los impactos de las modificaciones, ni cómo se afectará de manera directa o indirecta la zona de influencia y la calidad de vida de la población.
No se ha colocado un glosario de términos. Las siglas y abreviaturas, utilizadas a lo largo del documento, no son explicadas.
Hay muy poca claridad en la delimitación de las zonas de influencia social directa e indirecta, así como las áreas de impacto ambiental directo e indirecto.
Adicionalmente, mencionamos algunos de los principales aspectos críticos del MEIA:

La propuesta de ampliación del Tajo Ferrobamba en 285.3 hectáreas (de 408.7 a 694 hectáreas) no presenta aspectos técnicos fundamentales, como estudios específicos (especialmente hidrológicos e hidrogeológicos), que describan los impactos ambientales de una ampliación que casi duplica la operación actual.
No se abordan preguntas claves: ¿cómo se comportarán los acuíferos? No se ha presentado mayor información ni modelamiento del comportamiento de los acuíferos como consecuencia de este cambio tan significativo.
La ampliación va a generar más de dos millones de toneladas de desmonte que no cuenta con una disposición final.
Toda esta ampliación generará diferentes impactos: ruidos, calidad del aire, la dispersión de agentes contaminantes con efectos sobre la salud humana y ambiental. Estos impactos se acentuarán por el minado adicional que se hará y la apertura de rutas alternas de transporte de vehículos de carga pesada.
No se informa adecuadamente sobre el control de aguas ácidas, producto de la exposición de grandes cantidades de material de desmonte y desecho a la intemperie (vientos y lluvias). Tampoco hay información sobre el incremento de relaves y su disposición final en una presa que se tendrá que redimensionar.
No hay mayor análisis sobre la alteración de la hidrología e hidrogeología de la zona (cuerpos de agua superficiales y subterráneos) como consecuencia de la ampliación del tajo Ferrobamba.
Preocupa que el inventario de manantiales en el área de influencia haya sido realizado sin la participación de las comunidades campesinas.
Lo cierto es que se perderán de manera irreversible 12.36 hectáreas de bofedales. Igualmente, se afectará tierra fértil y apta para la agricultura.
Disminuirán los caudales de los ríos Ferrobamba (70%) y Chalhuahuacho (18%). Además, empeorará la calidad del agua del rio Chalhuahuacho, que además de perder caudal natural (-18%), recibirá vertimientos de aguas residuales, cuyo pretratamiento no está especificado en el MEIA.
También serán afectados otros cuerpos de agua existentes, especialmente la laguna Charcascocha, que se convertirá en depósito de material de baja ley. La laguna Jalansiricocha y el reservorio de agua Chuspiri recibirán las aguas de no contacto que serán desviadas sin ningún tratamiento ni medidas de control de calidad antes de su vertimiento. El reservorio Chuspiri abastece de agua fresca a toda la zona.
Por estos y varios otros considerandos, varias comunidades y organizaciones representativas de Cotabambas, han expresado su rechazo y han solicitado que el SENACE no apruebe esta cuarta modificatoria del mencionado proyecto minero.
cooperaccion.org.pe

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Empresa Nacional del Litio: el incierto futuro de uno de los proyectos estrella del Gobierno https://www.ocmal.org/empresa-nacional-del-litio-el-incierto-futuro-de-uno-de-los-proyectos-estrella-del-gobierno/ Wed, 31 Jan 2024 12:05:24 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60980 30/01/2024 Andrés Cárdenas Andrés Cárdenas – El Mostrador

Mientras algunos argumentan que, tras el acuerdo entre Codelco y SQM, la Empresa Nacional del Litio “está muerta”, otros, desde el oficialismo, afirman que sigue viva y en curso, por lo cual no hay nada muy claro sobre el futuro de la estrategia.

La noche del 20 de abril de 2023, en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio, una hoja de ruta que establece los pasos que tomará el Estado de Chile para asumir un rol protagónico en la explotación del mineral no metálico. Uno de esos pasos es la creación de la Empresa Nacional del Litio.

Según señaló el Mandatario, para desarrollar y poner en marcha esta Empresa Nacional –cuyo proyecto de ley está sujeto a la aprobación del Congreso Nacional–, se hará necesario incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor, siempre en armonía con las comunidades (punto que también ha generado controversia).

Para tal propósito, de acuerdo con los objetivos de La Moneda, el desarrollo de la industria será liderado por el Estado, … Sigue leyendo ]]> 30/01/2024
Andrés Cárdenas
Andrés Cárdenas – El Mostrador

Mientras algunos argumentan que, tras el acuerdo entre Codelco y SQM, la Empresa Nacional del Litio “está muerta”, otros, desde el oficialismo, afirman que sigue viva y en curso, por lo cual no hay nada muy claro sobre el futuro de la estrategia.

La noche del 20 de abril de 2023, en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio, una hoja de ruta que establece los pasos que tomará el Estado de Chile para asumir un rol protagónico en la explotación del mineral no metálico. Uno de esos pasos es la creación de la Empresa Nacional del Litio.

Según señaló el Mandatario, para desarrollar y poner en marcha esta Empresa Nacional –cuyo proyecto de ley está sujeto a la aprobación del Congreso Nacional–, se hará necesario incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor, siempre en armonía con las comunidades (punto que también ha generado controversia).

Para tal propósito, de acuerdo con los objetivos de La Moneda, el desarrollo de la industria será liderado por el Estado, a través de un rol inicial encabezado por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la Empresa Nacional de Minería (Enami), y que también involucrará al sector privado. Hito clave en ello fue el acuerdo suscrito por Codelco y SQM para una asociación público-privada para el desarrollo del litio en el salar de Atacama, que comenzará su operación en enero de 2025.

Por su parte, Enami –que pasa por una compleja situación financiera– se encuentra definiendo la arquitectura del negocio y la búsqueda de un socio para poner en marcha su proyecto Salares Altoandinos.

De la empresa estatal, no hay señales, por ahora.

“Se puede demorar mucho tiempo”
Con las iniciativas encabezadas por Codelco y Enami como telón de fondo, voces académicas y parlamentarias de oposición dicen que, por llegar tarde, la Empresa Nacional del Litio ya no es viable y que incluso “está muerta”, mientras fuentes del oficialismo señalan que el proyecto sigue vivo y que lo anterior son puras especulaciones.

El profesor Gustavo Lagos Cruz-Coke es un pionero en el campo del litio. En 1986 escribió el libro El litio, un nuevo recurso para Chile y en la década de los 90 buscó financiamiento para innovar en baterías para autobuses eléctricos. El año pasado presentó su propuesta sobre el mineral ante la Comisión de Minería del Senado, la cual coincidió en varios puntos con la Estrategia Nacional del Litio del Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, hoy, el académico de la Universidad Católica y doctor en Electroquímica por la Universidad de Leeds da por sepultada una parte de la iniciativa del Ejecutivo. A su juicio, luego del acuerdo suscrito entre Codelco y SQM, más la participación de Enami en otras empresas, se echa por tierra la conformación de la postergada Empresa Nacional del Litio.

El académico da tres razones al respecto: “El acuerdo de SQM-Codelco, más el emprendimiento de Codelco en el salar de Maricunga, más la participación de Enami en otras empresas, deja totalmente sepultado el rol que podría tener una Empresa Nacional del Litio”.

A su juicio, a estas alturas no se justifica, aunque indica que “si no funciona la Enami, habría que buscarle un sustituto”, si bien no ve motivos para que la estatal no opere debidamente. “Enami puede tener un déficit enorme, pero el Estado tiene que resolver eso, no puede terminar con la Enami”, declaró.

El profesor Lagos también se refirió a la postura que han manifestado comunidades como el Consejo de Pueblos Atacameños, que se han opuesto al acuerdo entre Codelco y SQM. Esto, para el académico, tiene que resolverse, y sostuvo que es tarea de ambas empresas llegar a un acuerdo con los consejos de pueblos indígenas. “Es un deber, y están las condiciones para que se hagan cargo”, afirmó.

Especulaciones
La postura del académico Gustavo Lagos es compartida por el senador de Renovación Nacional (RN) Rafael Prohens, integrante de la Comisión de Minería, para quien sin la alianza público-privada entre Codelco y SQM “la Política Nacional de Litio jamás se hubiese echado a correr”. En ese sentido, teniendo en cuenta que Codelco va a controlar Maricunga y el salar de Atacama, el senador Prohens aseguró que “la Empresa Nacional de Litio hoy día no es viable, está muerta”.

Por el contrario, el senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro, también miembro de la Comisión de Minería y próximo presidente de ella a partir de marzo, dijo que si bien hay “voces soterradas” que hablan de que no habría necesidad de tener una Empresa Nacional del Litio, dado el acuerdo SQM-Codelco, “la verdad es que todo eso es una especulación, porque hay un compromiso del Presidente de la República de enviar al Congreso la Empresa Nacional del Litio, que es parte del corazón de su campaña presidencial y de la soberanía del país sobre el litio”.

Y añadió: “No he escuchado ninguna voz formal y oficial que diga lo contrario. Por lo tanto, yo espero el compromiso cumplido del Presidente de la República de enviar el proyecto de ley, ya hecho el acuerdo SQM-Codelco, pero ahora con el gran componente institucional que va a ser la Empresa Nacional del Litio, que dé soberanía, regulación y control a este mineral no metálico, del cual Chile tiene el patrimonio más grande del mundo en el salar de Atacama, que ahora tiene un acuerdo de cooperación público-privada”.

“Sigue en curso”
Desde el Ministerio de Minería liderado por Aurora Williams, en tanto, sostuvieron que la Empresa Nacional del Litio es parte de uno de los hitos de acción de la estrategia del Gobierno del Presidente Boric. Por lo tanto, “su desarrollo continúa su curso en congruencia con los nuevos énfasis que, a la fecha, han ido redefiniéndose con la implementación de la Estrategia en cuanto al avance de los diálogos participativos y la presencia del Estado en el desarrollo productivo y agregación de valor a la industria”.

Fuentes cercanas al proyecto afirman que, efectivamente, la iniciativa todavía es viable, pero llegaría más bien a cumplir un rol menor, vale decir, una suerte de “hermano menor” tanto de Codelco como de Enami.

Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, Yovana Ahumada (exmilitante del PDG), expresó sus inquietudes respecto a la propuesta de establecer una Empresa Nacional del Litio. La parlamentaria destacó su deseo de evitar que esta nueva entidad siga los pasos de otras empresas estatales como Codelco, Enap y Enami, principalmente en lo que respecta a la administración y la gobernanza. Vale decir, que no cumpla “un rol político”, sino más bien técnico. “No queremos tener una Empresa Nacional del Litio bajo ese mismo criterio”, señaló.

“Creo que hoy día quedan todas las aristas abiertas y obviamente caben las dudas, porque abrir una nueva Empresa Nacional del Litio significa todo un aparataje, tanto político como de profesionales y de recursos”, mencionó la legisladora por la Región de Antofagasta, adelantando que la discusión en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara continuará.

Cabe mencionar que el empresariado tampoco apuesta por la Empresa Nacional del Litio. El vicepresidente de Colbún, presidente del centro de estudios Pivotes y exlíder de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, dijo que “no es el mejor camino”. En una reciente entrevista con Ex-Ante, manifestó que “el camino que parece más razonable y que están siguiendo nuestros principales países competidores es abrir la cancha para que sean muchas empresas chilenas, extranjeras, públicas o privadas, las que compitan en igualdad de condiciones”.

“Lo único que hace el camino de la empresa nacional del litio es postergar oportunidades de desarrollo”, sentenció Larraín Matte.

Por su parte, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, ha señalado que la responsabilidad recae en el Congreso y el Ejecutivo, y que lo que se ha planteado es que la Empresa Nacional del Litio “tenga una responsabilidad muy central en lo que es el desarrollo de la matriz productiva, el desarrollo de nuevas tecnologías y los nuevos negocios relacionados al litio”. “Parece claro que el modelo considera que la operación y exploración sería más bien a través de esta empresa público-privada”, precisó a El País el titular de la cuprífera estatal y exministro de Energía del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

El proyecto de la Empresa Nacional del Litio, que debería haber sido presentado al Congreso a fines de 2023, sigue en compás de espera, al igual que otros aspectos clave de la Estrategia Nacional del Litio, como la creación de la Red de Salares Protegidos, la modernización del marco institucional y la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares. Este retraso en la comunicación de avances contrasta con la rapidez con la que se difundió la firma del memorándum con la cuestionada empresa SQM, generando incertidumbre en torno al rumbo que tomará el país en materia de litio al iniciar el año 2024.
https://www.elmostrador.cl/mercados/2024/01/30/empresa-nacional-del-litio-el-incierto-futuro-de-uno-de-los-proyectos-estrella-del-gobierno/

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Bolivia presentó segunda convocatoria internacional para extracción de litio https://www.ocmal.org/bolivia-presento-segunda-convocatoria-internacional-para-extraccion-de-litio/ Mon, 29 Jan 2024 13:01:16 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60976 Eva Cruz 26/01/2024 litio en el salar de Uyuni, en Bolivia Bolivia presentó segunda convocatoria internacional para extracción de litio.

Bolivia pasó de tener 21 a 23 millones de toneladas de reservas de litio, lo que, según el Gobierno, coloca al país como la “primera reserva mundial”. El Gobierno de Bolivia presentó este viernes una segunda convocatoria internacional para el aprovechamiento de los recursos evaporíticos, litio y otros minerales en siete de sus salares y captar proyectos mediante la tecnología de extracción directa de litio (EDL).

El gerente de Investigación, Ingeniería y Proyectos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Salvador Beltrán, explicó que la convocatoria no está dirigida únicamente a la producción de litio, sino a “muchos minerales” que pueden ser industrializados y que contienen las salmueras bolivianas.

Los sitios para el desarrollo de estos proyectos son los salares de Uyuni (el más grande del mundo con 12.000 kilómetros cuadros de superficie), Coipasa, Pastos Grandes, Cañapa, Capina, Chiguana y Empexa, situados en los departamentos de Potosí y Oruro.

“LA CONVOCATORIA CUENTA VARIAS FASES QUE … Sigue leyendo ]]> Eva Cruz
26/01/2024
litio en el salar de Uyuni, en Bolivia
Bolivia presentó segunda convocatoria internacional para extracción de litio.

Bolivia pasó de tener 21 a 23 millones de toneladas de reservas de litio, lo que, según el Gobierno, coloca al país como la “primera reserva mundial”.
El Gobierno de Bolivia presentó este viernes una segunda convocatoria internacional para el aprovechamiento de los recursos evaporíticos, litio y otros minerales en siete de sus salares y captar proyectos mediante la tecnología de extracción directa de litio (EDL).

El gerente de Investigación, Ingeniería y Proyectos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Salvador Beltrán, explicó que la convocatoria no está dirigida únicamente a la producción de litio, sino a “muchos minerales” que pueden ser industrializados y que contienen las salmueras bolivianas.

Los sitios para el desarrollo de estos proyectos son los salares de Uyuni (el más grande del mundo con 12.000 kilómetros cuadros de superficie), Coipasa, Pastos Grandes, Cañapa, Capina, Chiguana y Empexa, situados en los departamentos de Potosí y Oruro.

“LA CONVOCATORIA CUENTA VARIAS FASES QUE HEMOS DESARROLLADO PARA HACER EL ESTUDIO Y LA EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS, PORQUE ESTOS PROYECTOS TIENEN QUE FINALIZAR CON LA FIRMA DE UN CONVENIO DE PLANTAS PILOTO”, PRECISÓ BELTRÁN.

Añadió que el desafío de Bolivia es la aplicación de la tecnología EDL, la producción y la captación de ingresos por la venta de carbonato de litio “para llegar a la producción de cátodos y baterías”.

La presentación de la Convocatoria Internacional para el Desarrollo Integral de Recursos Evaporíticos estuvo a cargo del ministro de Hidrocaburos y Energías, Franklin Molina, y la presidenta de YLB.

El ministro Molina dijo que esta licitación tiene la meta de que varias empresas “se unan” a la industrialización del litio con la tecnología EDL e implementen “no solamente” proyectos piloto, sino “a mayor escala”.

Un estudio estatal estableció que Bolivia pasó de tener 21 a 23 millones de toneladas de reservas de litio, lo que, según el Gobierno, coloca al país como la “primera reserva mundial”.
https://www.rumbominero.com/bolivia/bolivia-segunda-convocatoria-internacional-extraccion-litio/

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BHP Group revisará millonario fallo por rotura de presa en Brasil https://www.ocmal.org/bhp-group-revisara-millonario-fallo-por-rotura-de-presa-en-brasil/ Mon, 29 Jan 2024 12:55:54 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60973 Eva Cruz  26/10/2024

Vista aérea del Río Doce, que fue inundado con lodo después de la ruptura de una presa propiedad de Vale SA y BHP Billiton Ltd, en una zona donde el río se une al mar en la costa de Espirito Santo en Regencia Village, Brasil. REUTERS/Ricardo Moraes/

La compañía dijo que su unidad BHP Brasil no había sido notificada de la decisión del tribunal, pero que revisaría su implicación, una posible apelación y cualquier impacto en su provisión relacionada con el colapso de la presa. Reuters.- BHP Group dijo el viernes que revisaría una decisión del Tribunal Federal de Brasil en relación con una reclamación gubernamental de 155.000 millones de reales (31.530 millones de dólares) por el colapso en 2015 de la presa de Fundao, propiedad de Samarco, su empresa conjunta con Vale.

La compañía dijo que su unidad BHP Brasil no había sido notificada de la decisión del tribunal, pero que revisaría su implicación, una posible apelación y cualquier impacto en su provisión relacionada con el colapso de la presa.

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Eva Cruz  26/10/2024

Vista aérea del Río Doce, que fue inundado con lodo después de la ruptura de una presa propiedad de Vale SA y BHP Billiton Ltd, en una zona donde el río se une al mar en la costa de Espirito Santo en Regencia Village, Brasil. REUTERS/Ricardo Moraes/

La compañía dijo que su unidad BHP Brasil no había sido notificada de la decisión del tribunal, pero que revisaría su implicación, una posible apelación y cualquier impacto en su provisión relacionada con el colapso de la presa.
Reuters.- BHP Group dijo el viernes que revisaría una decisión del Tribunal Federal de Brasil en relación con una reclamación gubernamental de 155.000 millones de reales (31.530 millones de dólares) por el colapso en 2015 de la presa de Fundao, propiedad de Samarco, su empresa conjunta con Vale.

La compañía dijo que su unidad BHP Brasil no había sido notificada de la decisión del tribunal, pero que revisaría su implicación, una posible apelación y cualquier impacto en su provisión relacionada con el colapso de la presa.

El tribunal emitió un fallo parcial que ordena a Vale, BHP y Samarco pagar 47.600 millones de reales (9.670 millones de dólares) en concepto de daños morales colectivos por la rotura de la presa de relaves en 2015, que causó la muerte de 19 personas y provocó una grave contaminación del río Doce.

Esta es una de las categorías de daños solicitadas en la demanda de 31.530 millones de dólares del Ministerio Público Federal.

Escombros de la escuela municipal Bento Rodrigues, que quedó cubierta de barro tras la rotura de una presa de Vale y BHP en Mariana.
También puedes leer: Brasil condena a Vale, BHP y Samarco a pagar 9.700 millones de dólares por rotura de presa

Las partes llevan desde 2021 en negociaciones para buscar una solución a las obligaciones derivadas de un acuerdo marco, y está previsto que las conversaciones se reanuden en febrero de este año.

BHP había provisionado 3.700 millones de dólares en relación con la rotura de la presa de Samarco, según su informe anual de 2023.

BHP dijo que su unidad está “plenamente comprometida a apoyar los amplios esfuerzos de remediación y compensación en curso en Brasil” a través de una fundación sin ánimo de lucro que se estableció tras el fallo de la presa.

“AUNQUE LOS BALANCES DE AMBAS EMPRESAS DEBERÍAN SER CAPACES DE HACER FRENTE A ESTAS SALIDAS, CREEMOS QUE ESTO PODRÍA REDUCIR EL RENDIMIENTO DEL CAPITAL CON EL TIEMPO Y EMPUJAR LA DEUDA NETA EN EL CASO DE BHP POR ENCIMA DE SU LÍMITE META DE 15.000 MILLONES DE DÓLARES”, DIJERON ANALISTAS DE RBC EN UNA NOTA.
https://www.rumbominero.com/brasil/bhp-group-rotura-de-presa-en-brasil/

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Enami confirma la suspensión temporal de la Fundición Hernán Videla Lira https://www.ocmal.org/enami-confirma-la-suspension-temporal-de-la-fundicion-hernan-videla-lira/ Mon, 29 Jan 2024 12:49:53 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60970 Kevin Hinostroza Fundición Videla La suspensión se implementará en un plazo de 90 días a partir de la comunicación del directorio.

La decisión se basa en la crítica situación financiera de la empresa y en el alto costo para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. El directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami), el cual es presidido por la ministra de Minería, e integrado por representantes del Instituto de Ingenieros de Minas, la Sociedad Nacional de Minería, Corfo, Cochilco, Ministerio de Hacienda y representantes del gobierno, tomó la decisión de iniciar el proceso de suspensión temporal de las operaciones de la Fundición Hernán Videla Lira.

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, explicó que con este anuncio se da inicio al proceso de suspensión de actividades de la actual fundición, el cual se implementará en un plazo de 90 días a partir de la comunicación del directorio.

CON ELLO, SOSTUVO QUE “BUSCAMOS CONCENTRAR LOS ESFUERZOS Y RECURSOS DE LA EMPRESA EN LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO MINERO PAIPOTE-COPIAPÓ, QUE … Sigue leyendo ]]> Kevin Hinostroza
Fundición Videla
La suspensión se implementará en un plazo de 90 días a partir de la comunicación del directorio.

La decisión se basa en la crítica situación financiera de la empresa y en el alto costo para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente.
El directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami), el cual es presidido por la ministra de Minería, e integrado por representantes del Instituto de Ingenieros de Minas, la Sociedad Nacional de Minería, Corfo, Cochilco, Ministerio de Hacienda y representantes del gobierno, tomó la decisión de iniciar el proceso de suspensión temporal de las operaciones de la Fundición Hernán Videla Lira.

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, explicó que con este anuncio se da inicio al proceso de suspensión de actividades de la actual fundición, el cual se implementará en un plazo de 90 días a partir de la comunicación del directorio.

CON ELLO, SOSTUVO QUE “BUSCAMOS CONCENTRAR LOS ESFUERZOS Y RECURSOS DE LA EMPRESA EN LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO MINERO PAIPOTE-COPIAPÓ, QUE CONTEMPLA UNA NUEVA FUNDICIÓN, REFINERÍA Y PLANTA DE METALES NOBLES, EN EL MISMO TERRENO DE LA ACTUAL, MANTENIENDO EL DIÁLOGO CON LOS TRABAJADORES E IMPLEMENTANDO UN PROGRAMA QUE PERMITA BUSCAR LAS MEJORES OPCIONES PARA ELLOS”.

Motivos de la decisión
La decisión, que fue informada por Mlynarz en un punto de prensa realizado en la ciudad de Copiapó, se basa en la crítica situación financiera de la empresa que reporta sus mayores pérdidas al mantener activa las instalaciones de Paipote y en el alto costo para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, con un complejo de 72 años que ya cumplió su vida útil.

En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de la estatal expuso “este proceso de suspensión de faenas se hará con los trabajadores, con las comunidades y con los miles de mineros que atendemos en nuestras instalaciones. Pondremos en el centro a la comunidad de Paipote y a los cerca de 500 trabajadores propios y contratistas que se verán afectados. Con esta medida, no los vamos a dejar solos”.

Al respecto, Mlynarz detalló que “la empresa cuenta con un plan para los trabajadores, que contempla incentivos al retiro, la disposición de un equipo de intermediación laboral trabajado con diversos organismos del Estado y empresas además de un robusto plan de capacitaciones. Estas medidas serán acompañadas por un plan de gestión y optimización de la compañía”.

A ello agregó que “Enami mantiene su rol con la pequeña minería y mantendrá la compra de mineral a los 40 mil trabajadores que venden su producción a la empresa. Esta acción, sumado al proyecto de nueva fundición que ya está en estudio ambiental, asegurará la viabilidad de Enami y la proyección por muchos años aportando al fomento de la minería, actividad fundamental en el empleo y economías de muchas localidades en el norte y clave para el desarrollo del país”
https://www.rumbominero.com/chile/enami-confirma-suspension-temporal-fundicion-hernan-videla-lira/

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Perú inicia la evaluación de 92 proyectos mineros por más de USD 4470 millones https://www.ocmal.org/peru-inicia-la-evaluacion-de-92-proyectos-mineros-por-mas-de-usd-4470-millones/ Mon, 29 Jan 2024 12:44:24 +0000 https://www.ocmal.org/?p=60967 25/01/2024 Imagen referencial.| Crédito: Pixabay El Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que inició las evaluaciones de 92 proyectos mineros, que representan un monto de USD 4470 millones en inversiones.

Estos proyectos son evaluados para obtener la autorización de Exploración, Explotación y Concesión de Beneficio, según corresponda, por la Dirección General de Minera (DGM) del Minem.

En este grupo destacan los proyectos Reposición Inmaculada (USD 2835 millones) ubicada en Ayacucho; Yumpag (USD 87 millones) en Pasco; Chalcobamba Fase I (USD 24 millones) en Apurímac y otros 89 proyectos por USD 1524 millones.

Por ingresar a trámite La DGM informó además que se encuentran por ingresar a trámite los proyectos mineros Reposición Antamina (USD 1604 millones), Ampliación Huancapeti (USD 345 millones), Reposición Tantahuatay (USD 127 millones), Reposición Raura (USD 76 millones), Romina (USD 150 millones), Zafranal (USD 1263 millones) y Pampa de Pongo (USD 2344 millones).

Jorge Soto Yen, titular de la DGM, sostuvo que, durante el 2023, el Minem otorgó autorizaciones a 164 proyectos aprobados en los rubros antes indicados, que convocarán más de USD 5154 millones en inversiones, logrando un … Sigue leyendo ]]> 25/01/2024
Imagen referencial.| Crédito: Pixabay
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que inició las evaluaciones de 92 proyectos mineros, que representan un monto de USD 4470 millones en inversiones.

Estos proyectos son evaluados para obtener la autorización de Exploración, Explotación y Concesión de Beneficio, según corresponda, por la Dirección General de Minera (DGM) del Minem.

En este grupo destacan los proyectos Reposición Inmaculada (USD 2835 millones) ubicada en Ayacucho; Yumpag (USD 87 millones) en Pasco; Chalcobamba Fase I (USD 24 millones) en Apurímac y otros 89 proyectos por USD 1524 millones.

Por ingresar a trámite
La DGM informó además que se encuentran por ingresar a trámite los proyectos mineros Reposición Antamina (USD 1604 millones), Ampliación Huancapeti (USD 345 millones), Reposición Tantahuatay (USD 127 millones), Reposición Raura (USD 76 millones), Romina (USD 150 millones), Zafranal (USD 1263 millones) y Pampa de Pongo (USD 2344 millones).

Jorge Soto Yen, titular de la DGM, sostuvo que, durante el 2023, el Minem otorgó autorizaciones a 164 proyectos aprobados en los rubros antes indicados, que convocarán más de USD 5154 millones en inversiones, logrando un incremento del 285% con respecto a 2022.

“En el 2023 el país le devolvió la confianza al inversionista, gracias a la gestión del sector que lidera el ministro Oscar Vera. Prueba de ello es la aprobación de 164 proyectos por USD 5154 millones y el incremento de la producción de los metales, principalmente del cobre, que logró alcanzar cifras importantes como 2.7 toneladas métricas finas”, resaltó Soto.

El Minem autorizó operaciones a 28 proyectos aprobados del rubro Exploración que totalizó una inversión minera de USD 323 millones, un incremento del 242% con respecto al año 2022.

En este grupo resaltan, Marcobre (USD 194 millones), Kiwanda (USD 25 millones) y Chakana (USD 23 millones).

En tanto, en el rubro Explotación, se autorizó a 22 proyectos aprobados con una inversión total de USD 2346 millones, un 370 % más en comparación a 2022. En este rubro sobresalen, los proyectos Antapaccay (USD 1104 millones), Hudbay (USD 796 millones) y Gold Fields (USD 218 millones).

Mientras un grupo de 114 proyectos aprobados del rubro Concesión de Beneficio fueron autorizados por un total de USD 2485 millones, 233 % más que el registrado el 2022. Los proyectos Chinalco (USD 812 millones), Yanacocha (USD 368 millones) y Las Bambas (USD 269 millones), destacan en este rubro.
Fuente: Andina

Perú inicia la evaluación de 92 proyectos mineros por más de USD 4470 millones

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