Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

En presentación del 34° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros

OCMAL — Fri, 26 Jul 2024 20:13:08 +0000

PRECISAN QUE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO HA ESTADO MARCADO POR UNA NUEVA ARREMETIDA ESTATAL Y EMPRESARIAL PARA IMPONER EL DESARROLLO DE PROYECTOS
MINEROS QUE NO CUENTAN CON LICENCIA SOCIAL
21/07/2024
Al mismo tiempo se han intensificado las acciones de criminalización de la protesta social
Este 18 de julio a las 9:00 am se realizó la presentación del 34° Reporte del Observatorio de
Conflictos Mineros, por Cooperación, FEDEPAZ y Grufides. Como en anteriores
oportunidades, la presentación del informe contó con la participación de prensa regional,
nacional e internacional, expectante al contexto sociopolítico actual que guarda relación con
la minería, el ambiente y la conflictividad social del primer semestre del año.
Al respecto, José De Echave de Cooperación señaló que la primera idea fuerza es que la
conflictividad social se ha complejizado, que no es la misma de hace cuatro o cinco años,
complejidad que tiene que ver con el crecimiento explosivo de la minería informal que disputa
espacios a la minería formal. Agregó que el segundo aspecto tiene que ver con los anuncios
recientes del ministro de Ambiente que, en lugar de promover el respeto de estándares
ambientales para evitar efectos contaminantes, por el contrario, se muestre como un
promotor de las inversiones omitiendo que las mismas deben respetar dichos estándares.
Por ello, se anuncia un paquete de medidas que asumirían plenamente las propuestas
empresariales y que, entre otras cosas, señalan que en Perú hay mucha “tramitología”. Pero
De Echave señala que respeto de estas afirmaciones no se presentan evidencias y, por el
contrario, las evidencias que existen es que esto no es así. En efecto, de la información oficial
contenida en el portal de SENACE respecto de 13 grandes proyectos de inversión, los procesos
del EIA de 10 de ellos no llegaron al año de duración y de los otros 3 restantes, 2 demoraron
poco más de un año y 1 demoró dos años. Además, se pudo observar que la demora en dichos
procesos es atribuible a las empresas por haber presentado información de baja o incompleta
calidad que requería ser subsanada.
Por otro lado, Miguel Meza señaló que están seriamente afectados por las acciones de
criminalización de los funcionarios de este gobierno y de las empresas, pero que, igual,
continuarán con sus luchas. Agregó que es falso que el proyecto minero Tía María cuente con
el apoyo de la población. Por el contrario, recordó que ya la población del Valle del Tambo,
con una mayoría abrumadora, en una Consulta Vecinal, se ha pronunciado a favor de un
modelo de desarrollo social basado en la agricultura y no en la Minería. Situación que fue
ratificada por la Congresista Luque en su intervención
A su turno, Mirtha Villanueva de Grufides compartió su preocupación por la continuación de
los conflictos sociales en la Región Cajamarca, generados por las empresas mineras que
tienen grandes extensiones en concesión minera y, por la actitud de las mismas de generar,
incluso, enfrentamiento entre diferentes grupos de campesinos, recordando que la minería
ilegal en la Región Cajamarca, también, viene generando conflictos.
Finalmente, David Velazco de FEDEPAZ señaló que lamentaban el hecho de que se haya
incrementado la presión de los funcionarios estatales y los representantes de empresas
extractivas mineras, para intentar imponer el desarrollo de proyectos mineros bajo la
formulación de informaciones falsas. Es el caso del proyecto Tía María en la cual la empresa
Southern Perú que ha señalado que ya cuentan con licencia social, pero uno llega al Valle del
Tambo (donde se ubica el proyecto minero) y puede observar que mayoritariamente la
población está en contra, expresándose dicha situación en la colocación de bandera de color
verde con las expresiones “Agro Si”, “Mina No”, “Tía María No Va”, en todas las casas ubicadas
en dicho Valle.
También, se afirma que el inicio del desarrollo del proyecto Tía María promoverá la inversión
y el desarrollo de otros proyectos minero en gran medida, pero en realidad ello no es
necesariamente cierto, porque muchos de esos proyectos o no cuentan con licencia social o
no están, por el momento, dentro de las prioridades de inversión de las empresas titulares de
la concesión o proyecto minero, como el caso de las concesiones que tiene Newmont
Corporation en la Región Cajamarca.
Asimismo, los funcionarios del estado y los representantes de las empresas tienen buena
relación con la dirigencia, sin embargo, continúan las acciones de criminalización, con mayor
razón cuando las protestas se reinician ante los intentos de imposición de los proyectos
mineros. En el caso de Tía María, por ejemplo, uno de los voceros de los agricultores, Juan
Miguel Meza Igme, que se oponen al desarrollo de dicho proyecto minero acaba de ser
denunciado por una supuesta comisión de delitos de extorsión, coacción y violencia contra la
mujer contra dos funcionarios de la empresa minera, cuando todo ello es falso. Por eso, ya el
Juzgado de Familia Especializado en Violencia Familiar de Islay ha archivado la solicitud de
medidas provisionales y ha ordenado que se comunique a Inspectoría de la Policía para que
investigue a los efectivos policiales a cargo del caso por considerar que se trata de una
denuncia manifiestamente infundada.
Finalmente, siguió cuestionando los contratos de seguridad privada suscritos entre las
empresas, sobre todo del sector extractivo, con la Policía, porque ello constituía en la práctica
la privatización del uso de la fuerza pública a cambio de una remuneración que comprometía
la autoridad pública, la logística de la policía, la labor del personal policial, que son
solventados por todos y todas las peruanas con sus impuestos.

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Después de casi 9 años de proceso judicial

OCMAL — Fri, 26 Jul 2024 20:02:49 +0000

Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas condena arbitrariamente
a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de Cotabambas y
Grau, criminalizados por el simple hecho de ejercer legí>mamente su
derecho fundamental a la protesta social
25 de julio del 2025
A pesar que, al mismo /empo, se absuelven a 4 dirigentes
El día de hoy el Juzgado Unipersonal de Cotabambas en Apurímac realizó la lectura del adelanto de
sentencia por la cual condena arbitrariamente a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de las
provincias de Cotabambas y Grau, como autores mediatos de la supuesta comisión de delitos de
daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos
(Expediente No. 41-2016) y para los cuales la Fiscalía solicitó condenas de hasta 9 años de pena
privaOva de la libertad. También, a través de la misma sentencia, se absolvió a 4 dirigentes de dichas
comunidades.

En efecto, en la Audiencia de lectura de adelanto de sentencia el Juzgado señaló un único argumento
contradictorio en sí mismo, consistente en que se ha probado “ciertamente de manera indirecta” la
responsabilidad de los dirigentes campesinos condenados; cuando en realidad, por lo menos debió
decir explicar mínimamente si se había probado la responsabilidad como autores mediatos de los
delitos imputados, porque precisamente en ello se basó la acusación fiscal. Consideramos que el
juzgado no lo explicó porque sencillamente no hay forma de sustentar la existencia de un supuesto
de autoría mediata por parte de los dirigentes acusados y, en una decisión igualmente contradictoria
en sí misma, termina absolviendo a 4 de los dirigentes campesinos que se encontraban en los mismos
términos de la acusación fiscal.

Como se recordará a fines de seOembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas
por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legíOmo de su derecho
consOtucional iniciaron una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de
atender sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de
la empresa MMG Las Bambas (propietaria, del mencionado proyecto minero) que, entre otras cosas,
venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
Producto de esas legíOmas protestas, la policía desarrolló una brutal e indiscriminada represión
contra los integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo
Oempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos
campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legíOma su derecho fundamental a la
protesta social. Este proceso judicial se volvió emblemáOco porque fueron denunciados y luego
acusados 17 dirigentes de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero antes
referido, en el intento del gobierno y la empresa de desmovilizar a los campesinos que protestaban
encarcelando a sus dirigentes.

En relación a ello, sin perjuicio de expresar su sa3sfacción por el extremo absolutorio de la
sentencia, la FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – FEDEPAZ y COOPERACION,
que vienen asumiendo el patrocinio legal de los dirigentes campesinos, expresan su protesta y
rechazo a esta arbitraria condena a los 11 campesinos acusados falsamente por la comisión de
delitos graves y que ha puesto en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de
criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos fundamentales
colec3vos e individuales, se oponen a las, también, arbitrarias decisiones criminalizadoras con el
único propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando. Por eso se presentará el recurso
de apelación correspondiente.

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Bloquean carretera en protesta contra Grupo México

OCMAL — Wed, 17 Jul 2024 18:54:40 +0000

Redacción
10/07/2024
HERMOSILLO – En una protesta contra el consorcio minero Grupo México, ambientalistas y pobladores de Bacoachi bloquearon el camino hacia el río, impidiendo el ingreso de pipas que presuntamente desvían agua para la comunidad hacia la mina Buenavista del Cobre en Cananea.

El bloqueo pacífico en el Cañón de Evans, en el Río Bacoachi, buscaba detener la extracción diaria de más de 60 mil metros cúbicos de agua, una práctica que, según los manifestantes, agota los recursos hídricos locales y afecta seriamente los pozos de la región.

La protesta ha entrado en una nueva fase tras el arribo de seis patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública que solicitaron a los manifestantes levantar el bloqueo y permitir el paso de las pipas. Este enfrentamiento demuestra la creciente frustración de la comunidad ante lo que consideran una explotación injusta de sus recursos naturales por parte de la industria minera. Los activistas locales denunciaron la presencia policial como una muestra de poca tolerancia hacia las protestas civiles legítimas.

«Avisen al pueblo para que vengan a apoyar. Hay seis patrullas estatales», expresaron los manifestantes en redes sociales, grabando el incidente que evidenció la tensión entre la población y las autoridades locales. La Sociedad Ambientalista de Sonora también reportó desde Bacoachi que la comunidad mantenía vigilancia para evitar que las pipas con agua pasaran, permitiendo el tráfico a otros usuarios mientras la protesta continuaba.

Fernando Ramírez, residente de Bacoachi, explicó que el bloqueo se originó debido a la preocupación por el uso indebido del agua local por parte de las operaciones mineras, afectando gravemente la calidad de vida de los habitantes y el equilibrio ambiental de la región.

«La empresa minera, antes de este mes que le comento, por casi tres meses estuvo sacando pipas de 30 mil a 35 mil litros de agua, aproximadamente de 22 a 23 pipas cada quince minutos, del lugar denominado Rancho La Churea», indicó Ramírez.

Durante el periodo de tres meses, se calcula que Grupo México realizó una extracción diaria equivalente a 63 mil 363 metros cúbicos de agua, una cantidad insostenible para el acuífero del Río Bacoachi. Ante la disminución en los pozos de agua potable, los habitantes de Bacoachi y las comunidades de Arizpe, como Chinapa y Buenavista, decidieron plantarse en el Cañón de Evans para impedir que las pipas continuaran circulando.
https://www.infocajeme.com/general/2024/07/bloquean-carretera-en-protesta-contra-grupo-mexico/

Una dignidad que no cabe en el bolsillo empresarial

OCMAL — Wed, 17 Jul 2024 18:52:22 +0000

Por Javier Arroyo Olea | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

En más de una ocasión el actual gobierno ha hecho referencia al legado del gobierno de la Unidad Popular para resaltar hitos propios de su administración. Intentando llevar agua hacia su molino, la administración del presidente Boric intenta aprovechar la histórica lucha dada por trabajadoras y trabajadores para vincularlo -aunque sea simbólicamente- con su programa político. Pero ¿Por qué hablamos de esto?

Hace 53 años el presidente Salvador Allende materializaba la nacionalización del cobre. El hecho marcó un hito esencial en la historia reciente de Chile y el mundo, tras una contundente lucha impulsada por las y los trabajadores mineros que terminó por recuperar el mineral de las manos de capitales transnacionales. El hecho fue reconocido y hoy es recordado como el “Día de la Dignidad Nacional” al significar el acto de soberanía económica más importante en la historia del país.

Haciendo eco de este hito, más de 50 años después, el presidente Boric lanzó la Estrategia Nacional del Litio apuntando a la «altura de miras» que tuvo el Congreso para aprobar unánimemente la nacionalización de la Gran Minería del Cobre. Sin embargo, en esta oportunidad, Boric planteó la importancia de ser capaces de contar con la transversalidad para impulsar una estrategia profundamente cuestionada, que amenaza a frágiles ecosistemas y se aleja por kilómetros de lo que han exigido comunidades y organizaciones. Hoy, no son las y los trabajadores quienes discuten la política minera, sino más bien la famosa alianza público-privada, donde la agenda que prima es la del empresariado y de la inversión extranjera; no la apertura a una discusión profunda en la sociedad.

Pareciera ser que el presidente Boric se olvida que el Litio es de Chile, al ser un mineral no concesionable y de interés nuclear, estando restringida su explotación, pero que puede ser entregada vía concesiones administrativas o Contratos Especiales de Operación de Litio a manos privadas; tal como ha sido hoy la lógica que prima.

Pero no solo eso. Hoy el cobre continúa estando en la mira -y las manos- de empresas nacionales y transnacionales; es más, para 2022 -según datos de Cochilco- existía un predominio del empresariado transnacional sobre la producción de cobre, alcanzando poco más del 70% del total: negocio redondo -para unos pocos-. Por otro lado, la fiebre de la transición energética ha mantenido y aumentado la importancia de este metal, cuya explotación desmesurada ya ha traído impactos en la salud de la población, el bienestar de los ecosistemas, y también en la seguridad social de las y los trabajadores.

En esta línea, actualmente la minería del cobre -la cual representa poco más del 50% de las exportaciones del país- conlleva una paupérrima recaudación tributaria para el Estado en comparación con las utilidades del empresariado privado. En este sentido, el mito del “país minero” se consolida sobre una profundizada precarización laboral, donde -acorde a datos de Cochilco sobre 2022- el sector concentraba apenas 311.291 personas, siendo bajísimo en comparación con la fuerza de trabajo presente en el país. Asimismo, la minería del cobre se concentra en la masculinización del trabajo, donde el 89% de la mano de obra corresponde a hombres, y donde el subcontrato prima como régimen laboral.

No solo la discusión actual sobre el quehacer con minerales y metales necesita ser amplia y vinculante, sino que también debe abordar diferentes dimensiones que anteriormente no fueron consideradas, como lo es el bienestar de los ecosistemas, a las y los habitantes preexistentes del territorio y la construcción de alternativas al modelo de desarrollo imperante.

Hoy, la tan manoseada “Dignidad” necesita tener en mira otros componentes que los gobiernos y empresas han dejado fuera de la mesa. La construcción de propuestas con miras al postextractivismo pareciera ser un buen punto de inicio para una Dignidad que no entra en el bolsillo empresarial, sino que se sostiene de las manos de los pueblos.

Denuncian a una minera por el saqueo de 50 millones de litros de agua por día

OCMAL — Wed, 17 Jul 2024 18:47:46 +0000

MEX3252.CANANEA (MÉXICO), 11/07/2024.- Personal de seguridad vigila la entrada a la Mina Buenavista del Cobre este jueves, en la ciudad de Cananea, estado de Sonora (México). Campesinos y pobladores a las orillas del Río Sonora, norte del país, denunciaron que la minera de Grupo México está despojándolos de 50 millones de litros de agua al día para la explotación de sus yacimientos de cobre, plata y oro. EFE/Daniel Sánchez

12/07/2024
EFE
Imagen: EFE
Campesinos y pobladores a las orillas del Río Sonora, norte de México, denunciaron que la minera Grupo México está despojándolos de 50 millones de litros de agua al día para la explotación de sus yacimientos de cobre, plata y oro.

Los pobladores de Bacoachi, en el estado mexicano de Sonora, también mencionaron que se deja a miles de habitantes en la región sin agua para consumo humano y actividades productivas, en medio de una de las sequías más extremas en el noroeste de México.

Humberto de Hoyos, vocero de la Comisión en Defensa del Agua del Río Sonora, explicó que la sequía provocó que la minera Grupo México agotara sus fuentes de abastecimiento en el ojo de agua de Arbayo, donde nacía el Río Sonora, y también los pozos ubicados en el Río San Pedro, que corre desde Cananea hacia la frontera con Arizona, en Estados Unidos.

“Ahorita en Cananea la población está batallando por el agua, las autoridades nos dicen que lo resolverán en septiembre, ya que pase el calor, pero la minera ya secó al Ejido Zapata y al Ejido Zaragoza, de donde se abastecían, el ojo de agua ya lo secaron por completo, entonces ahora se están yendo hacia el sur de Cananea, cuando sus reservas estaban en el Río San Pedro y el Río Sonora”, advirtió.

Protesta y corte de ruta
Para evitar el saqueo de sus recursos hídricos, habitantes de Bacoachi y otros pueblos del norteño estado de Sonora comenzaron un bloqueo del camino en el Cañón de Evan’s, un arroyo desde donde impiden el cruce de las decenas de pipas que diariamente van y vienen con el agua de unos pozos que se ubican en ranchos que compró Grupo México para abastecerse.

De Hoyos aseguró que la empresa minera consiguió de las autoridades mexicanas estatales y federales el permiso para explotar dos pozos, pero están extrayendo el recurso hídrico a través de 24 pozos que trabajan sin parar. “Cuando estaban pasando las pipas, contábamos al menos 80 por hora y trabajan 24 horas al día, la pipa más chica tiene capacidad de 31.000 litros y las más grandes hasta 10.000, entonces calculamos que diariamente se estaban llevando más de 50 millones de litros de agua”, advirtió el vocero de la Comisión en Defensa del Agua del Río Sonora.

Los habitantes afectados por la empresa mexicana denunciaron que el consorcio minero cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua en México y la Comisión Estatal del Agua en Sonora. Además, que un convoy de patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública intentó retirar a los ciudadanos inconformes para liberar el bloqueo a las pipas que realizan el saqueo del agua, aún sin un recurso legal para disuadirlos.
La respuesta de la empresa
En respuesta, el consorcio Grupo México negó explotar indebidamente el agua del Río Sonora y a través de un comunicado condenó el bloqueo de los habitantes en la carretera Cananea-Bacoachi.

La empresa asegura que ha documentado la legalidad, sustentabilidad y transparencia en el uso de pozos, con apego a la legislación vigente.

Actualmente, la mina Buenavista del Cobre, que explota Grupo México, suspendió el movimiento de pipas en tanto se resuelve la situación. Sin embargo, la empresa sostiene que poseen facultades legales que les han otorgado las autoridades mexicanas.
https://www.pagina12.com.ar/751585-denuncian-a-una-minera-por-el-saqueo-de-50-millones-de-litro

COTABAMBAS: ALERTA POR REPRESIÓN POLICIAL EN PUMAMARCA Y HUANCUIRE

OCMAL — Wed, 17 Jul 2024 18:44:36 +0000

12/07/2024
www.conflictosmineros.org.pe Alerta informativa
La tensión se agudiza en la provincia de Cotabambas, región de Apurímac, donde las comunidades de Pumamarca y Huancuire han iniciado un paro indefinido en respuesta a los persistentes conflictos con la minera MMG Las Bambas. Desde el 9 y 11 de julio de 2024 respectivamente, estas localidades se han levantado en protesta contra los incumplimientos y presunta contaminación, asi como de los nuevos proyectos mineros.

La situación ha escalado rápidamente, con reportes de violenta represión policial contra los manifestantes. En un alarmante desarrollo, se informa que un comunero ha resultado gravemente herido tras recibir el impacto de un perdigón en la cabeza.

Pumamarca:

Desde el 9 de julio de 2024, la comunidad de Pumamarca ha entrado en un paro indefinido en protesta contra el nuevo proyecto de exploración Sallahue Norte de la minera MMG Las Bambas. Como medida de lucha, los comuneros han cerrado una de las vías de acceso a la mina, conocida como Bravo 6.

Huancuire:

El 11 de julio, los pobladores de la comunidad de Huancuire han tomado la determinación de iniciar una huelga sin plazo definido. Esta medida surge como respuesta a los continuos desacuerdos de índole social y ambiental con la compañía minera MMG Las Bambas.

Se reporta que los efectivos policiales al servicio de la empresa están ejerciendo acciones de fuerza contra los pobladores en las inmediaciones del proyecto Chalcobamba, el cual se encuentra en fase de operación. Esta situación tensa tiene lugar en un área crítica para el suministro hídrico, específicamente en la cuenca Pichacani, que abastece de agua a varias localidades, entre ellas Contahuire, Totora, Hacochuire y la propia Huancuire.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha sido solicitado para iniciar un proceso sancionador contra MMG Las Bambas por infracciones a la Ley de Recursos Hídricos y la falta de consulta previa, lo que ha judicializado el caso. Además, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha emitido un informe técnico que destaca la contaminación de la cuenca Pichacani por el proyecto Chalcobamba.

La comunidad de Huancuire exige soluciones a estos problemas en un plazo de 15 días, incluyendo medidas compensatorias por daños a viviendas y bienes comunitarios debido a la violencia qe desata los conflitos con MMG Las bambas.

La solución de los problemas en un plazo de 15 días:

Problemática ambiental- de contaminación de la cuenca Pichacani
Agendas de desarrollo sostenible la comunidad
Que MMG Las bambas reconozca los daños de los bienes de la empresa Huancuire, por las afectaciones de los Conflictos.
Medidas compensatorias por daños y voladuras de las viviendas de la comunidad
Entre los afectados, se reporta un minero herido en la cabeza por perdigones, la situación en Pumamarca y Huancuire sigue siendo tensa, con comunidades que luchan por sus derechos frente a la represión policial y las actividades de la minera MMG Las Bambas. Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para intervenir y encontrar soluciones pacíficas y justas.

La situación ha escalado, resultando en una feroz represión policial contra los manifestantes, quienes defienden sus derechos al agua, al desarrollo sostenible y a la consulta previa, el conflicto, que involucra denuncias de contaminación ambiental y falta de consulta previa, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de un diálogo entre la empresa minera, las comunidades afectadas y las autoridades gubernamentales para encontrar una solución que respete los derechos de los pobladores y el desarrollo sostenible de la región.

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Las baterías de ión litio, usadas en coches eléctricos y paneles solares, más contaminantes de lo que se pensaba

OCMAL — Wed, 17 Jul 2024 18:40:18 +0000

Un estudio devela la presencia de un compuesto del tipo PFAS con gran capacidad de perjudicar el entorno
Las baterías de ión litio son más contaminantes de lo que se creía / AGENCIAS

Joan Lluís Ferrer 14/07/2024
Las baterías de ion litio son usadas en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, desde smartphones y tablets hasta ordenadores portátiles y vehículos eléctricos. También son habituales en las instalaciones de paneles solares que generan electricidad. Sin embargo, su capacidad de contaminación resulta ser más elevada de lo que se pensaba hasta ahora.

Un grupo de investigadores ha descubierto que el uso de una nueva subclase de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), también conocidas como ‘contaminantes eternos’, en las baterías de ión litio tiene un gran potencial para contaminar tanto el aire como el agua. El artículo con las conclusiones ha sido publicado en la revista Nature Communications.

Las pruebas realizadas por el equipo de investigación de la Universidad de Texas Tech (EEUU) descubrieron además que estos PFAS, llamados bis-perfluoroalquil sulfonimidas (bis-FASI), demuestran una persistencia ambiental y una ecotoxicidad comparables a compuestos más antiguos y tan notorios como el ácido perfluorooctanoico (PFOA).

Las baterías de iones de litio son una parte clave de la creciente infraestructura de energía limpia y se espera que la demanda crezca exponencialmente durante la próxima década.

“Nuestros resultados revelan un dilema asociado con la fabricación, eliminación y reciclaje de infraestructura de energía limpia”, dijo Guelfo, profesor asociado de ingeniería ambiental en la Facultad Edward E. Whitacre Jr.

“Reducir las emisiones de dióxido de carbono con innovaciones como los coches eléctricos es fundamental, pero no debería tener como efecto secundario aumentar la contaminación por PFAS. Necesitamos facilitar tecnologías, controles de fabricación y soluciones de reciclaje que puedan combatir la crisis climática sin liberar contaminantes altamente persistentes”.

Viaja a largas distancias
Los investigadores tomaron muestras de aire, agua, nieve, suelo y sedimentos cerca de plantas de fabricación en Minnesota, Kentucky, Bélgica y Francia. Las concentraciones de bis-FASI en estas muestras fueron, por lo general, muy altas. Los datos también sugirieron que las emisiones atmosféricas de bis-FASI pueden alcanzar largas distancias, lo que significa que las áreas alejadas de los sitios de fabricación también pueden verse afectadas.

El análisis de varios vertederos municipales en el sureste de los EEUU indicó que estos compuestos también pueden ingresar al medio ambiente a través de la eliminación de las baterías de iones de litio.

Las pruebas de toxicidad demostraron que concentraciones de bis-FASI similares a las encontradas en los sitios de muestreo pueden cambiar el comportamiento y los procesos metabólicos energéticos fundamentales de los organismos acuáticos. La toxicidad de los bis-FASI aún no se ha estudiado en humanos, aunque otros PFAS más estudiados están vinculados con el cáncer, la infertilidad y otros daños graves a la salud.

Carbón activado como solución
Las pruebas de tratabilidad demostraron que los bis-FASI no se descomponen durante la oxidación, lo que también se ha observado con otros PFAS. Sin embargo, los datos mostraron que las concentraciones de bis-FASI en el agua podrían reducirse utilizando carbón activado granular e intercambio iónico, métodos que ya se utilizan para eliminar los PFAS del agua potable.

“Estos resultados ilustran que los métodos de tratamiento diseñados para PFOA y PFOS (ácido perfluorooctanosulfónico) también pueden eliminar los bis-FASI”, afirmó el autor del estudio Lee Ferguson, profesor asociado de ingeniería ambiental en la Universidad de Duke. “Es probable que el uso de estos métodos aumente a medida que se actualicen las instalaciones de tratamiento para cumplir con los nuevos niveles máximos de contaminantes de la EPA para PFAS”.

Guelfo y Ferguson enfatizan que este es un momento crucial para la adopción de tecnologías de energía limpia que puedan reducir las emisiones de dióxido de carbono.

“Deberíamos aprovechar la experiencia de equipos multidisciplinarios de científicos, ingenieros, sociólogos y formuladores de políticas para desarrollar y promover el uso de infraestructura de energía limpia y minimizar la huella ambiental”, dijo Ferguson.

“Deberíamos aprovechar el impulso de las iniciativas energéticas actuales para garantizar que las nuevas tecnologías energéticas sean verdaderamente limpias”, añadió Guelfo.

Estudio de referencia: https://www.nature.com/articles/s41467-024-49753-5
https://www.informacion.es/medio-ambiente/2024/07/14/baterias-ion-litio-usadas-coches-105608741.html

COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCUIRE DENUNCIA REPRESIÓN POLICIAL Y ANUNCIA PROTESTA CONTRA LAS BAMBAS

OCMAL — Wed, 17 Jul 2024 18:30:40 +0000

15/07/2024 Cooperaccion
La Comunidad Campesina de Huancuire ha emitido un pronunciamiento rechazando la represión de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra sus miembros. La comunidad, ubicada en el área del proyecto minero Las Bambas, exige que la construcción y operación del tajo Chalcobamba se realice bajo altos estándares de responsabilidad social y ambiental.

El comunicado denuncia que Minera Las Bambas S.A. intenta suspender injustificadamente la mesa de negociación iniciada en diciembre de 2022. Además, acusa a la empresa de realizar obras no autorizadas sobre la quebrada Pichaqani, afectando una fuente de agua utilizada por los comuneros. La Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Abancay ha iniciado diligencias preliminares contra la minera por presunto delito de contaminación ambiental.

La comunidad también señala que las voladuras realizadas por la minera están generando impactos medioambientales irreversibles y poniendo en riesgo la vida e integridad de los comuneros. Exigen el respeto de un acta firmada en 2017 que reconoce sus derechos a utilizar los pastizales del área de Chalcobamba y transitar por los caminos ancestrales que atraviesan el proyecto.

El pronunciamiento denuncia el uso de fuerzas policiales para reprimir a comuneros desarmados y exige el cese inmediato de las acciones represivas de las Fuerzas Especiales (DINOES) de la PNP. La comunidad solicita la desmovilización de todas las fuerzas policiales ubicadas dentro del proyecto Las Bambas. Además, afirman que el proyecto Chalcobamba no ha sido debidamente consultado y han iniciado acciones legales al respecto.

Finalmente, la Comunidad Campesina de Huancuire anuncia una protesta pacífica indefinida hasta que se resuelvan todas las controversias con Minera Las Bambas. Hacen un llamado a diversas organizaciones de derechos humanos y entidades gubernamentales para que intervengan. La comunidad responsabiliza políticamente a la presidenta Dina Boluarte y a varios ministros por cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la situación actual.
Prensa Cooperaccion

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Exigen al Gobierno español un posicionamiento claro contra la minería submarina

OCMAL — Wed, 17 Jul 2024 18:05:26 +0000

Este lunes comienzan en Jamaica las negociaciones en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para debatir el inicio de la actividad
Protesta de Greenpeace contra la minería submarina. / GREENPEACE
Ramón Díaz 15/07/2024
Los gobiernos (167 estados más la Unión Europea) se reúnen desde este lunes en Kingston (Jamaica) para debatir el futuro de la minería submarina en medio de crecientes críticas contra el secretario general de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), Michael Lodge, que se ha enfrentado recientemente a acusaciones por sus estrechos lazos con la industria e incluso por presunta malversación de fondos en la agencia.

Por primera vez en la historia de la ISA, se debatirá en la asamblea la necesidad de una política general de protección y preservación del medio marino –el año pasado se bloqueó un debate similar durante toda la reunión de la asamblea–. España ha mostrado una postura favorable respecto a la declaración de una pausa precautoria sobre esta actividad. Según Greenpeace, una política general sería la «herramienta clave» para lograr ese objetivo.

Sin embargo, la ONG demanda a la delegación española en Jamaica que mantenga una «postura coherente», después de que en las negociaciones del pasado mes de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez se alineara con las propuestas de Nauru, país que promueve el comienzo inmediato de la minería, para prohibir protestas en el mar contra la minería submarina, «en lugar de dedicar esos esfuerzos a proteger de forma efectiva los fondos marinos de una industria que aún no ha comenzado y estamos a tiempo de parar».

La semana pasada el Tratado Global de los Océanos comenzó su proceso de ratificación a nivel nacional, ya que el Consejo de Ministros lo envió a las Cortes, por lo que, según Greenpeace, es «esencial que nuestro gobierno sea coherente y vele por la protección de los fondos marinos frente a nuevas industrias extractivas».

Pérdida de biodiversidad
«La ciencia es clara: no puede haber minería submarina sin pérdida de biodiversidad y la única solución es una moratoria. Cuanto más sabemos sobre la minería de aguas profundas, más difícil resulta justificarla», subraya Marta Martín-Borregón, responsable de océanos de Greenpeace España.

«Los gobiernos de la ISA no deben bailar al son de la industria y aprobar reglamentos apresurados en beneficio de unos pocos por encima de los intereses de las comunidades del Pacífico y de la opinión de los científicos», añade.

Durante la reunión del Consejo, los Estados miembros de la ISA proseguirán las negociaciones sobre el proyecto de reglamento para un ‘código minero’ (normas para explorar y explotar minerales marinos en el lecho marino situado en aguas internacionales), retomándolas donde las dejaron en marzo, en medio de una creciente divergencia de puntos de vista entre las delegaciones, pues hay fervientes defensores y contundentes detractores de esa actividad.

La elección del secretario general de la ISA ocurrirá el último día de la asamblea (2 de agosto). Envuelto en el escándalo, el británico Michael Lodge no cuenta esta vez con el respaldo del Reino Unido. No obstante, intentará asegurarse un tercer mandato, tras haber sido propuesto candidato por Kiribati. La científica marina y diplomática internacional Leticia Carvalho fue presentada como candidata alternativa por su país natal, Brasil.

«Es hora de reformar la ISA. Un tercer mandato de Michael Lodge no solo pondría en peligro los océanos, sino que además podría dañar aún más la confianza pública en el organismo regulador. Las empresas mineras están impacientes por empezar y cada vez hay más pruebas de que Lodge se está extralimitando en su función supuestamente neutral para alinearse con los intereses comerciales», apunta Martín-Borregón.

Tiempo para reflexionar
«La ISA debe escuchar a millones de personas y al creciente número de gobiernos que piden que se ponga fin a la minería de aguas profundas. Ha llegado el momento de situar la conservación en el centro de la labor de la ISA», indica.

Pueden presentarse otros candidatos hasta el último día de la reunión del Consejo, el 26 de julio. Aunque Lodge quiere ser considerado un «defensor internacional de la igualdad de género», la ISA celebra este año su 30.º aniversario y nunca ha tenido una mujer como secretaria general, destaca Greenpeace, que apuesta abiertamente por la brasileña.

¿Cómo se desarrollará la reunión del Consejo? La mayor parte del tiempo de las dos primeras semanas se dedicará a las negociaciones sobre el ‘código minero.’

Bajo el mandato de Michael Lodge, y con el apoyo de unos pocos países favorables a la minería, el Consejo de la ISA se reúne ahora tres veces al año en un intento de apresurar la finalización de estas negociaciones.

«Esta celeridad contrasta con las demandas de los científicos, la sociedad civil, los grupos indígenas y el creciente número de países partidarios de una moratoria, que exigen tiempo para reflexionar detenidamente sobre el futuro de las profundidades oceánicas», indica Greenpeace.

La minería en aguas profundas o submarina es una industria extractiva comercial emergente que las corporaciones, startups y sus aliados gubernamentales están intentando lanzar con el objetivo de obtener minerales y metales.
https://www.sport.es/es/noticias/medio-ambiente/exigen-gobierno-espanol-posicionamiento-claro-105669351

ABANCAY: EL MINISTERIO PÚBLICO ABRE INVESTIGACIÓN POR CONTAMINACIÓN A MINERA LAS BAMBAS

OCMAL — Wed, 17 Jul 2024 17:55:21 +0000

17/07/2024
Observatorio de Conflictos Mineros en el Peru www.conflictosmineros.org.pe
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Abancay, ha iniciado una investigación preliminar por presunta contaminación ambiental contra la empresa Minera Las Bambas S.A. Esta acción responde a una denuncia presentada por Ezequiel Huillca Pinares, presidente de la Comunidad Campesina de Huancuire, quien acusa a la empresa de llevar a cabo actividades contaminantes no autorizadas en el área de Chalcobamba.

La denuncia señala que Minera Las Bambas S.A. no ha implementado los programas de rescate de fauna requeridos y ha realizado voladuras de gran magnitud que contaminan fuentes de agua y destruyen cuerpos de agua. Estas actividades han afectado gravemente los ecosistemas locales y los recursos de subsistencia de la comunidad. Huillca Pinares también sostiene que estas operaciones ponen en peligro la flora y fauna del área, así como la salud de los comuneros.

La investigación se centrará en dos delitos principales: contaminación ambiental y alteración del ambiente o paisaje. Los objetivos de la investigación son acreditar la existencia de estos delitos, identificar a los responsables y evaluar las acciones de mitigación realizadas por la empresa. El proceso contará con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente PNP de Apurímac y diversas autoridades ambientales y supervisores.

Durante los 120 días que durará la investigación, se recabarán declaraciones de los involucrados, se realizará un operativo policial en Pichaqani y se solicitarán informes detallados a entidades como El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Autoridad Local del Agua (ALA – MAP), Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Apurimac (ATFFS- SERFOR), Dirección Regional de la Producción de Apurímac (PRODUCE), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la Dirección Regional de Salud de Apurímac. También se revisará la documentación sobre las autorizaciones y actividades de la empresa minera.

El coordinador del Programa Nacional de CooperAcción, Paul Maquet indica: Esta situación pone de relieve una preocupación mayor: el potencial impacto de la contaminación ambiental en las comunidades locales. Las actividades industriales, como las denunciadas en este caso, pueden tener consecuencias graves y duraderas para el medio ambiente y la salud pública. La protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades afectadas deben ser prioridades fundamentales, ya que el bienestar de nuestro entorno y sus habitantes están profundamente interconectados.

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