Por más riesgos demostrados, los proyectos mineros en México parecen imbatibles. Es un lugar común su resurgimiento, después de haber sido detenidos por la presión de la sociedad. Reaparecen con ligeras modificaciones, pero con el mismo impacto potencial en los pueblos. Eso ocurrió con La Paila, de la minera Caballo Blanco, en Alto Lucero, Veracruz. En 2017, la Semarnat resolvió no darle permiso para extraer oro después de una evaluación de riesgo ambiental. Y se fue. Pero ahora ha vuelto, acaso con más fuerza.
Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.
Aunque los habitantes bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en operaciones.
Han pasado 28 años desde entonces, y Mario Landa Viveros, comisario ejidal de la comunidad de Mesa de veinticuatro en Alto Lucero, dice que nunca imaginó una nueva amenaza para su pueblo.
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En el Día Mundial Contra la Megaminería a cielo abierto, varios colectivos, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), hicieron público un comunicado dirigido a las y los mexicanos, y al próximo gobierno de la República, en un contexto marcado por la precariedad laboral, inseguridad, violencia generalizada, impunidad, falta de procuración de justicia, corrupción, violación de derechos humanos, criminalización de la protesta social, destrucción y contaminación de los ecosistemas y los bienes naturales, así como la imposición de políticas y leyes neoliberales entreguistas que atentan contra la identidad y cultura del y de los pueblos de México. 
Ahora que la Unión Europea ha sancionado a España por sus deficientes o nulos procesos para deshacerse o transformar desechos; es conveniente recordar el impacto de la tragedia que en los poblados a lo largo del río Sonora y su ramal el Bacanuchi, provocó la mina Bellavista del Cobre, filial del Grupo México propiedad de Germán Larrea Mota, el 6 de agosto de 2014, al derramar millones de metros cúbicos de metales pesado y sulfato de cobre en las aguas de los ríos mencionados.
Defensores de la tierra y del territorio de 30 comunidades campesinas zapotecas de los valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, así como 25 organizaciones sociales, constituyeron en el municipio de San Antonino Castillo Velasco la Asamblea de los Valles Centrales contra la minería en Oaxaca.
El pasado 22 de julio, en la Cd. de Juchitán Zaragoza, fue asesinado Crispín López, integrante de la Asamblea Comunitaria de la comunidad de Álvaro Obregón, pueblo que desde el 2012, se mantiene en resistencia contra el proyecto eólico Mareña Renovables. Este mismo mes también fue asesinado Abraham Hernández Gonzáles, del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), organización emprendedora de procesos de autogestión en alrededor de 50 comunidades, quienes han denunciado el daño causado por los talamontes. Los integrantes de CODEDI Alejandro Antonio Díaz Cruz de 42 años, Ignacio Basilio Ventura Martínez de 17 años y Luis Ángel Martínez de 18 años también fueron asesinados el 12 de febrero de este año.
Indígenas totonacos que integran el Consejo Tiyat Tlali se manifestaron frente a las oficinas de la delegación de la Semarnat en Puebla para exigir la revocación de la concesión a la minera canadiense Almaden Minerals y al proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de Deselec–Comexhidro en la Sierra Norte del estado.
Cuatro años después del mayor desastre ambiental en la historia de México, el derrame de 40 mil litros de una solución de sulfato de cobre acidulado con 700 toneladas de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi, los afectados reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto que no haya cumplido con el compromiso de remediar daños a la salud, la economía y el medio en el noreste de Sonora.
Reunidas en San Antonino Castillo Velasco, en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas que conformamos los Valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, y 25 organizaciones hemos decidido rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios.
En el centro del estado de Guerrero, al sur de México, tres pueblos enfrentan sus demonios. Los que llegaron del extranjero, los que surgieron desde el fondo de ellos mismos y los que tienen una presencia que más vale tolerar porque hay caldo de cultivo para que pervivan y se empoderen. Todo por el oro.
Les dijeron que había una falla geológica en el pueblo y que se tenían que mudar. La realidad es que hay una mina en sus pies y Carlos Slim tiene planes de hacer un tajo a cielo abierto para extraer cobre, oro y plata. El 23 de diciembre se hizo su voluntad y la policía llegó con buldozers para destruir todo el pueblo, casas, escuela y derechos humanos.