Colombia

Gigante minero británico South32 solicita arbitraje a Colombia sobre mina de níquel

By Redacción @CIAR_Global · On 30 marzo, 2020

La compañía minera británica South32 SA Investments Limited ha solicitado un arbitraje de inversiones conta Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

La demanda de arbitraje fue registrada el 27 de marzo de 2020 y la minera invoca el Tratado Bilateral de Inversiones Colombia-Reino Unido de 2010.

A raíz de un comunicado en la página web que South32 posee en relación con el proyecto de minería de níquel Cerro Matoso, podríamos inferir que el conflicto puede estar relacionado con: “el inicio de una investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de La República por una supuesta falta de pago de regalías durante el periodo 1982 a 2012 y en relación con dos contratos de concesión finalizados en el año 2012”.

En el comunicado fechado el 19 de febrero de 2020 South32 explica que esta investigación atenta contra la “seguridad jurídica” que protege la inversión extranjera en Colombia y que “carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

También alega en el comunicado que: “La cifra mencionada por la Contraloría es desproporcionada e injustificada, ya que desconoce la fórmula contractual y adicionalmente incluye el cobro de regalías por hierro, que la compañía no está obligada a pagar según la ley y los contratos. Además, pretende un cobro retroactivo de regalías por contratos finalizados, lo cual es inconstitucional, y cuya liquidación está en manos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente, quiere cobrar sobre períodos ya auditados y cobrados por la misma entidad. Este último pago que se hizo a la Contraloría se encuentra también demandado ante los jueces de la República.”

South32 está siendo representada por Freshfields Bruckhaus Deringer US (Washington), Dechamps International Law (London) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá)

Gigante minero británico South32 solicita arbitraje a Colombia sobre mina de níquel

Colombia

Mi protesta por Santurbán está evitando una guerra en Santander: David Guerrero

17/03/2020
El joven completa más de 125 horas protestando en un árbol frente al Ministerio de Ambiente.
Por:Daniel Arias Bonfante
@AriasBonfante

Joven en árbol
RCN Radio
David Guerrero, un joven santandereano que decidió subirse a un árbol del centro de Bogotá para protestar contra la minería en el páramo de Santurbán, en Santander, completó más de 125 horas de manifestación frente a las instalaciones del Ministerio de Ambiente.

Guerrero decidió subirse al árbol para pedir que se frene cualquier tipo de proyecto minero en ese ecosistema resaltando su importancia para la naturaleza nacional y asegura, desde allí, que está evitando una guerra que pueda generarse por el páramo.

Lea también: Trepado en un árbol, joven protesta ante Minambiente por minería en Santurbán

“Todos sabemos de la berraquera de los santandereanos y santandereanas y lo he escuchado de mucha gente en Santander que si la ANLA le aprueba la licencia ambiental a Minesa, el departamento se va a volcar al territorio de Santurbán”, expuso.

La gente “va a dar la vida por defenderlo y no va a permitir el ingreso de maquinaria que se joda en la montaña y en el agüita de todos los santanderenos”, agregó el joven quien dio a conocer que está en buen estado de salud, a pesar de las horas que lleva allí.

Por otro lado, Guerrero dijo que ha tenido comunicación con funcionarios de la ANLA, pero dice que no es suficiente para terminar su protesta por medio de la cual busca que nadie intervenga en esa zona de Santander.

Finalmente, el joven convocó a un plantón en las próximas horas que no supere los máximos definidos por el Gobierno Nacional para reuniones de personas en medio de la alerta mundial generada por la expansión del coronavirus.

Afirmó que espera el apoyo de la gente siempre y cuando no se violen las normas establecidas por las autoridades para evitar efectos de crecimiento de la pandemia que tiene en vilo a cientos de países y que ha dejado miles de muertos alrededor del mundo.

Fuente
Sistema Integrado de Información
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/mi-protesta-por-santurban-esta-evitando-una-guerra-en-santander-david

Colombia

Trepado en árbol hombre rechaza licencia para minería en Santurbán

David Guerrero entró en huelga de hambre para exigir que se niegue la licencia a Minesa para explotación en Santurbán.
Minería en Páramo de Santurbán: Trepado en árbol hombre rechaza licencia para minería en Santurbán
Karen Rozo Galán: @Krozo5
12/03/2020 – 18:34 COT

El estudiante de derecho David Guerrero, quien vive en Bucaramanga, se trasladó hasta Bogotá con el objetivo de visibilizar su rechazo contra la licencia de explotación minera de la empresa Minesa en el Páramo de Saturbán.

Según reportaron varios usuarios en redes sociales, Guerrero se subió a un árbol frente a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Allí pegó un cartel donde explica las razones de su protesta y que inició una huelga de hambre.

En el transcurso de la tarde, varios funcionarios han tratado de convencer al joven para que se baje del árbol. Inicialmente, una periodista de la entidad, luego una señora de talento humano y finalmente gestores de convivencia.

Días atrás, varios activistas y artistas convocaron a un movilización para rechazar la explotación minera. La marcha está programada para el próximo 16 de marzo, sin embargo ante las alarmas de precaución frente al coronavirus aún no se conoce con exactitud sí se realizará.

Colombia

«Jericó no necesita de minería para su sostenibilidad»

21/02/2020
Entrevista > Fernando Jaramillo | coordinador general de la mesa ambiental de Jericó

En el marco del foro ‘La minería como palanca del desarrollo sostenible’, la compañía AngloGold Ashanti destacó que su proyecto generaría 3.000 empleo; ante ello la comunidad jericoano rechazó el pronunciamiento y afirmó que «que no necesitan de minería para la subsistencia económica del municipio».

Según el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia en su último informe sobre la producción de los municipios del departamento, Jericó ejecuta al año $13.805.335, de un aporte sustentado en más de un 50% por la agricultura; lo que lo hace el segundo municipio mas productivo de Antioquia.

Fernando Jaramillo coordinador general de la mesa ambiental de Jericó, declaró que la afectaciones producto de esta intervención serían catastróficas, «los jericuanos tienen una situación de vida muy buen, la tasa de desempleo es baja, entonces no se cosible pensar más allá de unos interese económicos la propuesta de la empresa. «.

Y añadió que Jericó es un pueblo patrimonio general de la nación, y un atractivo turístico nacional e internacional, «el turismo, junto con nuestra herencia cafetera y campesina ha permito por años podamos vivir de manera estable y tranquila, sin conflictos entre nosotros».

«La implementación le dará la tranquilidad a las comunidades de que el proyecto cumplirá su propósito de convertir la riqueza mineral del territorio en progreso social, económico y ambiental”.
Felipe Márquez Robledo, presidente de AngloGold Ashanti Colombia

Dentro de las acciones presentadas por la multinacional están planes de reclutamiento, capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional «que permitan potencializar y generar valor en Jericó y sus alrededores». (Le puede interesar: https://www.contagioradio.com/por-medio-de-mentiras-minesa-pretende-desacreditar-el-movimiento-social/)

Ante esto Jaramillo, afirmó que Anglo Gold crea expectativas a los campesinos de una mejor vida, «una iniciativa de mentiras, que revela una verdad cruda que es la que ya están viviendo los pueblo mineros de nuestro país, ya sea minera legal o ilegal, estos pueblos viven una cantidad de miseria y violencia«

Según la empresa son 50 mil millones de pesos los que serán asignados al plan de manejo ambiental, donde se contempla también la recuperación de los ecosistemas de bosque seco tropical y bosque de alta montaña. (Le puede interesar: https://www.contagioradio.com/nuevo-mineria-en-jerico/)

«La empresa llega ofrece salarios mínimos o un poco más arriba de estos, paga con prestaciones, entrega uniforme y prestamos, lo que da ciertos símbolos de poder», para el Coordinador eso rompe toda la tradición campesina y cafetera, creando una expectativas de que es «mejor emplearse y tener un dinero seguro que trabajar las tierras».

Jaramillo finalizó enfatizando «no queremos que nuestro pueblo entre en un proceso de decadencia producto de las afectaciones en la agricultura, mano de obra, fuentes hidrias y turismo productos de la explotación».

«Jericó no necesita de minería para su sostenibilidad»

Colombia

Colombia será demandada por multinacionales por impedir minería en Páramos

Luego que la corte constitucional fallara a favor de una demanda interpuesta por el polo democrático, en la que se impedía la minería y la extracción de hidrocarburos en las zonas protegidas, una empresas canadiense ha interpuesto una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, se trata de Eco Oro Mineral Corp con sede en Canadá, haciendo uso de sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.

Tan pronto la minería se volvió un factor de crecimiento acelerado, el estado colombiano entregó títulos mineros a diestra y siniestra desconociendo que algunos predios para la extracción de recursos, se encontraban en zonas de reserva protegidas. Nueve mil títulos en todo el país se otorgaron para extraer recursos sin importar que se trataran de zonas de paramos, reservas productoras de agua, parques naturales y resguardos indígenas, muchos de estos títulos fueron otorgados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y por consiguiente fue implementado por Juan Manuel santos mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

La multinacional Eco Oro Mineral Corp entabló una millonaria demanda, por tratarse de una falla en los contratos establecidos en los tratados de libre comercio, la multinacional pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante el transcurso de 15 años, sin embargo hace cinco años el estado los obligo a ejercer minería subterránea debido a las fuertes criticas ambientalistas que recibieron por estas practicas irresponsables en terreno colombiano, y con la probación del PND su funcionamiento siguió vigente.

Para el año 2016, debido a la intervención del polo democrático y sus ponentes, Alberto castilla y Jorge robledo y otras bancadas del partido en compañía de sectores ambientalistas, cumbre agraria, y la corte constitucional se logro fallar a favor de los paramos y las zonas de reserva protegidas. Con este fallo los multinacionales con títulos mineros en zonas de paramos y áreas protegidas debían sin reprocho alguno abandonar el país.


Luego de fuertes criticas presentadas por el sector agrario y campesino en contra de los tratados de libre comercio y que el estado hizo caso omiso a estas denuncias, será el pueblo quien de su bolsillo pague las indemnizaciones a multinacionales por los descuidos de la clase política a los intereses reales de Colombia.

«Esta medida a favor de los paramos no solo beneficia a unos cuantos campesinos de a pie, mas de tres millones de personas se benefician del agua que emana Santurban, páramo que se encuentra en disputa con la compañía demandante, no hay otra salida que defender la soberanía interponiendo las demandas necesarias para lograr una vida digna y un desarrollo sostenible en un país lleno de recursos naturales»; fueron las palabras de Miguel Ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander.
http://www.libertadypensamiento.com/2016/04/colombia-sera-demandada-por-multinacionales-por-impedir-mineria-en-paramos.html?spref=fb&fbclid=IwAR1if-PDK44OYhiJlUodM_cGO1f5RLWa0kkFi66XfMYlWOe5CRMqK9gq_XU

Colombia

Suspenden licencia de proyecto minero sobre el río Magdalena con influencia en Coello


EL NUEVO DÍA Los habitantes de las zonas afectadas recogieron más de 6 mil firmas en contra del proyecto.

23/02/2020
Luego de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) indicara que la licencia para realizar minería en el río Magdalena estaba suspendida, el alcalde de Coello, Evelio Caro Cañizares, afirmó que desde un inicio el municipio se manifestó en contra de esa posibilidad.

“Nosotros en el 2016 nos reunimos con quienes están solicitando esa licencia en el Concejo de Coello. Fuimos enfáticos y claros en que nos íbamos a oponer a esa licencia”, dijo el mandatario municipal.
La polémica, que alcanzó resonancia nacional, se generó cuando se conoció que la CAR le había otorgado un permiso de concesión en el río Magdalena para la explotación de materiales de construcción a las empresas Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (Proingecol S.A.S.) y Proacol.

Las personas que viven en los municipios ribereños, entre los que se encuentra Coello, aseguran que la licencia fue entregada sin la participación de las comunidades que viven en los sectores que se verían afectados.

Como protesta ante esa medida, se recogieron cerca de 6.700 firmas en contra del proyecto.
La CAR informó que, por ahora, no hay autorización de ningún tipo de extracción hasta que no se resuelva un recurso de reposición interpuesto por uno de los 130 terceros intervinientes en el proceso, dentro de los que se encuentran comunidades indígenas, campesinos y autoridades municipales.

“La misma Corporación pondrá en conocimiento de la decisión respectiva a la Procuraduría delegada ambiental, así como a los municipios respectivos y a las gobernaciones de Cundinamarca y Tolima, para lo que estimen pertinente y garanticen la legalidad del proceso”, manifestó la CAR en un comunicado de prensa.

Ahora la Corporación constituirá un equipo especial de expertos que analizarán tanto la parte técnica, como la social y la legal, en relación con los argumentos que se presenten, y hecho el análisis respectivo se pronunciará en relación con una eventual confirmación, modificación o revocatoria de la decisión adoptada.

Los pobladores de las zonas en donde este proyecto tendría incidencia afirman que afectaría la pesca, además de estar preocupados por la decisión que se tome una vez sea analizado el recurso de reposición.

Dentro de las afectaciones que el proyecto tendría los habitantes resaltan que no solo quedarían residuos de materiales tóxicos, “sino que se afectarían las dos únicas playas que tiene el río Magdalena, las cuales son utilizadas con fines turísticos y recreativos”, afirmaron pobladores de Girardot, el otro municipio que se vería afectado.

“Ahora tenemos que ponernos en la tarea de investigar y de mirar si se cumplen con los requisitos o si con el impacto del proyecto se beneficia la comunidad o no. Llamaremos a los jurídicos para que nos comencemos a poner en órbita con ese tema”, dijo el alcalde.

“El río Coello hasta hace dos años tenía 17 licencias expedidas y no estamos de acuerdo con ese tema porque eso es acabar con los ríos y lo que tenemos que hacer es preservar las fuentes hídricas porque a futuro tenemos que buscar que nuestros hijos gocen de unas fuentes hídricas en buenas condiciones”, finalizó.
https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/445705-suspenden-licencia-de-proyecto-minero-sobre-el-rio-magdalena-con-influencia

Colombia

El careo por Santurbán: alistan marcha contra Minesa

En los santanderes preparan una marcha para pedir que a Minesa no le aprueben la licencia ambiental para explotar oro en cercanías del páramo de Santurbán. La empresa defiende el proyecto y su gestión.

Marcha por Santurbán el 16 de marzo pedirá que no le den la licencia a Minesa Los ambientalistas consideran que la zona donde MInesa pretende trabajar hace “parte integral del ecosistema del complejo del páramo de Santurbán”. Y que el agua que sale de allí alimenta acueductos de 23 cabeceras municipales, entre ellas la de Bucaramanga.

Se acercan días clave tanto para la multinacional Minesa como para los detractores del proyecto de megaminería en cercanías al páramo de Santurbán, en Santander. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) está evaluando si concede la licencia ambiental para extraer oro en el proyecto Soto Norte, ubicado en los municipios de California y Suratá, con una vida útil de 25 años y una producción promedio anual de 410.000 onzas en concentrados polimetálicos.

Esta es la última etapa del proceso de licenciamiento. Minesa muestra optimismo: en su segundo intento por obtenerlo entregó las respuestas a los 107 requerimientos, información adicional que le pidió la autoridad sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Aunque la Anla no ha dado una fecha exacta para revelar la decisión, se calcula que lo hará en el segundo semestre de 2020.

Otro no al proyecto de Minesa en el páramo de Santurbán
En esta oportunidad, los ambientalistas le van a apostar a la calle para pedirle al Gobierno nacional que le niegue la licencia a Minesa. Quieren trasladar de Santander a Bogotá 3.000 personas en buses y a pie, en una larga caminata que servirá de antesala de la protesta del 16 de marzo. De Norte de Santander saldrían unas 300 personas de siete municipios. Una vez en la capital planean salir de la plaza de Bolívar a la una de la tarde, caminar por la carrera Séptima hasta el Ministerio de Ambiente, realizar un plantón, y después ir al Parque Nacional, donde un concierto cerrará la manifestación.

Minesa ya tiene algunos campamentos en la zona y está a la expectativa del pronunciamiento de la Anla sobre la licencia ambiental. Mientras tanto, centenares de santandereanos preparan la marcha del 16 de marzo.
Será una protesta cargada de símbolos, pues tendrá lugar el día de los Comuneros. El 16 de marzo de 1781 comenzó una revuelta en Socorro por los altos impuestos de la corona española cuando Manuela Beltrán rompió el edicto del Ayuntamiento. Más de 20.000 comuneros pretendían llegar hasta Santafé, pero los engañaron y los traicionaron en Zipaquirá. Como en aquellos tiempos, los santandereanos irán a la capital del país para reclamar por la defensa del agua y los páramos de Santurbán y Sumapaz. Además, entregarán un mensaje contundente: “Si se aprueba la licencia ambiental, Bucaramanga se para”, dijo Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del páramo de Santurbán.

La fecha también tiene un sentido práctico, la idea es que la marcha anteceda la audiencia pública ambiental –no vinculante– en la que tanto Minesa como la comunidad podrán hablar sobre el proyecto.

El debate
El proyecto Soto Norte tiene múltiples impactos. Sin embargo, el mayor debate gira en torno a si la mina va a afectar el páramo de Santurbán. Minesa asegura que el proyecto está en su totalidad fuera de esa zona, porque la parte más alta del proyecto queda a una altura de 2.640 metros sobre el nivel del mar, mientras que el punto más bajo del páramo está a 2.800 metros. Así que al mirar el límite del páramo es cierto que la mina no queda allí. Sin embargo, los ambientalistas consideran que la zona donde pretenden hacer la explotación hace “parte integral del ecosistema del complejo del páramo de Santurbán”, y que el agua que sale de allí alimenta acueductos de 23 cabeceras municipales, entre ellas la de Bucaramanga.

El enorme problema para delimitar el páramo de Santurbán
Otro tema álgido es la presa de relaves, a donde van a ir a parar los residuos del proceso minero. Los detractores del proyecto aseguran que esta generará impactos a perpetuidad porque no se puede desmontar y temen que los desechos contaminantes se filtren. Además, hay un mal antecedente: en Brasil una presa de relaves colapsó y causó una avalancha en Brumadinho que mató a más de un centenar de personas. En el caso del proyecto de Soto Norte, la presa quedará ubicada a 1.400 metros del casco urbano de Suratá. Minesa explica que esto no ocurriría porque en Brasil se vertía una especie de lodo, pero este será un depósito de residuos sólidos, similar a un relleno de arena seca y compacta, además protegida por una geomembrana. “El proyecto tiene una fase de cierre y poscierre lo suficientemente extensa (mínimo de 12 años), la cual exige un manejo exhaustivo, que será reglado y auditado”, aseguró la empresa.

Los activistas no solo abogan por el páramo, sino por el bosque altoandino, vital en la regulación hídrica. Según Minesa, el proyecto está concebido como una mina subterránea y por lo tanto “no impactará el bosque altoandino”. Sin embargo, en el Comité de Santurbán explican que la presa de relaves, ubicada en Suratá, está en medio del bosque altoandino, y para construirla van a tener que remover 19.000 árboles, la mayoría robles. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) emitió un concepto sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Asegura que “ninguna medida de mitigación o compensación podría resarcir el daño causado a este tipo de ecosistemas, ya que los procesos de restauración tomarían gran cantidad de años”.

En los carteles de los manifestantes suele decir “Ni Minesa ni Carrasquilla”, debido a que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla trabaja como ministro ad hoc de Ambiente en emitir un concepto vinculante al Consejo Técnico Consultivo de la Anla sobre el proyecto Soto Norte. Por primera vez se utiliza un comité de esta clase en el país en el proceso de licenciamiento y todavía no está claro su alcance.

El apoyo político
La defensa del agua y del páramo de Santurbán en Santander no tiene discusión. Se ha convertido a lo largo de los años en una bandera política con un fuerte componente jurídico. Es políticamente incorrecto defender la megaminería, por ejemplo. Por eso los mandatarios locales se han sumado a esa causa. Sin embargo, no es lo mismo decir que quieren cuidar el páramo a que están en contra de que Minesa tenga licencia ambiental. En ese sentido los políticos suelen buscar equilibrio para tratar de quedar bien en ambos sentidos.

Existen matices. Mientras los alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga apoyan la marcha, los municipios directamente afectados no asistirán, pero tampoco defienden a Minesa. En el caso de California, un municipio que ha dependido de la pequeña minería, la alcaldesa Genny Gamboa explica que “no hay un modelo integral socioeconómico ni ambiental.” Y que por tanto los ciudadanos sienten que no tienen garantías “porque no hay empleo directo ni indirecto. Estamos en la mitad de una decisión del gobierno nacional, del área metropolitana y un proyecto de megaminería”, dice la alcaldesa. Sin embargo, Minesa asegura que en la Provincia de Soto Norte han invertido más de 30.000 millones de pesos en el programa de responsabilidad social. La alcaldesa de Suratá prefirió no pronunciarse sobre la marcha.

Santurbán: el tesoro de Los Andes
En contraste, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, tiene un plan estructurado para apoyar las manifestaciones contra Minesa. Están diseñando una mesa de trabajo con expertos que analizarán el Estudio de Impacto Ambiental, al tiempo que adelantan acciones judiciales de la mano con el Comité de Santurbán.

Además, la alcaldía ejecutará una “estrategia de comunicación para sensibilizar” sobre la importancia de preservar estos ecosistemas. Cárdenas asegura que defenderá el páramo con “todas las herramientas que existan”. Además, hizo una declaración conjunta con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para apoyar la marcha del 16 de marzo. “Proteger el páramo de Santurbán no es hippismo ambiental, se trata de proteger la vida”, dijo López.

Sigue el pulso por el páramo de Santurbán
En Norte de Santander también hay apoyo político, aunque no en la misma magnitud. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, está de acuerdo con la marcha para defender el páramo de Santurbán que se encuentra en su mayor parte en su departamento. Y en la Asamblea apoyan al Comité para la defensa del agua y páramos de Norte de Santander para conseguir los buses que irán hasta Bogotá.

La marcha busca tener trascendencia nacional. Sin embargo, se trata de parar un proyecto que le aportará al país 100 millones de dólares anuales en impuestos y regalías, que promete generar 5.000 empleos, con una inversión de un millón de dólares por día en la fase de construcción. La Anla tiene la última palabra.
https://www.semana.com/nacion/articulo/marcha-por-santurban-el-16-de-marzo-pedira-que-no-le-den-la-licencia-a-minesa/653177

Colombia

Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal contra Cerro Matoso por regalías de níquel

18 Feb 2020
Redacción Economía.
En principio, la decisión cobija a cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería y a la empresa concesionaria Cerro Matoso S.A.

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un detrimento estimado en $619.680.857.421 contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la empresa concesionaria de la explotación minera.

Según explicó la entidad, la decisión se tomó al cerrar una indagación preliminar en la que se estableció un detrimento fiscal por regalías no pagadas correctamente por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012, en la mina conocida como Cerro Matoso, en la jurisdicción del municipio de Montelíbano, Córdoba.

«La indagación preliminar se adelantó el año pasado luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, mediante Auto número 0002 del 18 de enero de 2019, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la liquidación y pago de regalías, en virtud de los contratos de concesión minera 866 de 1963 y 1727 de 1971, enfatizando que se analizara si se dedujeron costos no pertinentes en la liquidación de regalías de níquel y se determinara si se pagaron regalías por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel», se lee en el documento que publicó este martes la entidad.

De los $619.000 millones establecidos como detrimento patrimonial, aproximadamente $231.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por haber deducido a gastos no pertinentes, como vestieres, cafetería, hotel y clubes

Otros $386.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por costos de procesamiento y transporte de níquel deducidos que no se encuentran claramente demostrados

Y un estimado de $2.400 millones corresponderían a regalías no pagadas por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel producido y comercializado.

La Contraloría pudo determinar que los ingresos brutos del concesionario por la explotación del níquel entre 1982 y 2012 ascendieron a $23,6 billones y que sus costos y gastos totales en ese mismo período fueron de $9,7 billones incluyendo los no pertinentes aplicados a la liquidación de regalías.

«El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y el concesionario vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento», dijo Carlos Felipe Córdoba, contralor general.
https://www.elespectador.com/economia/contraloria-abrio-proceso-de-responsabilidad-fiscal-contra-cerro-matoso-por-regalias-de-niquel-articulo-905311

Colombia

LA MINERÍA A CIELO ABIERTO CAUSA IMPACTOS IRREVERSIBLES EN LOS BOSQUES

30/01/2020
La minería a cielo abierto causa impactos irreversibles en los bosques
Este panorama se evidencia en Chocó, en donde las alteraciones que ha sufrido el bosque húmedo por causa de esta actividad hacen prácticamente imposible que las áreas afectadas puedan volver a su condición inicial. Así lo señala un estudio de la Universidad Nacional.

El impacto que sobre los bosques tiene el desarrollo de actividades mineras a gran escala es drástico y se hace muy difícil llevar a cabo procesos de restauración en el largo plazo, lo que pone en duda la posibilidad de que se pueda recuperar la vegetación original.

Así se desprende de una investigación realizada por Giovanni Ramírez, estudiante del doctorado en Ciencias – Biología de la Universidad Nacional, quien en su tesis de grado caracterizó las especies vegetales de tres sectores de minas del corregimiento de Jigualito, municipio de Condoto, en Chocó, abandonadas hace 30, 15 y 5 años, respectivamente.

Según el investigador, restaurar los ecosistemas forestales es una estrategia clave en la lucha contra las manifestaciones del cambio climático, dada la pérdida de biodiversidad y desertificación a la cual se enfrenta hoy el mundo. Adicionalmente, el desarrollo de estas iniciativas les ofrece oportunidades a las comunidades involucradas en dichos procesos, resultado de los productos y servicios que genera esta práctica.

Esta población, en donde se extrae oro, platino y plata, está ubicada al occidente del municipio de Condoto, en la subcuenca del río Opogodó, en jurisdicción del consejo comunitario mayor de Condoto.

Para el estudio fueron delimitadas 20 parcelas de 500 metros cuadrados de superficie, en las cuales se registró y midió la vegetación según la altura de los árboles, y los resultados fueron contrastados con los de un bosque testigo.

La investigación se soportó teniendo en cuenta diferentes sitios de “recuperación” que habían sido intervenidos con minería a cielo abierto. Ramírez, tuvo en cuenta un área de bosque con más de 30 años de sucesión y recuperación; otra con 15 años y una más con 5 años. Esta última rodeada de un bosque testigo sin evidencias de actividad minera.

Esto le permitió al investigador determinar que después de 30 años la comunidad vegetal se encuentra aproximadamente en un 50 por ciento de sus condiciones iniciales en cuanto a la composición florística, aunque esta nueva comunidad es completamente diferente a la del bosque testigo. Según Ramírez, esto evidencia que la actividad minera ocasiona una serie de transformaciones que hacen bastante improbable que se retorne a la condición inicial del bosque pluvial (húmedo).
En la zona de estudio aún existen áreas con una densa cobertura vegetal en las que no ha habido intervención antrópica, y se encuentran árboles con alturas entre 30 y 45 metros. También, dice, fueron halladas numerosas especies de palmas, entre ellas, la Mauritiella macroclada, endémica del Chocó biogeográfico.

En el estudio se evaluó la adaptabilidad de especies como la acacia (Acacia mangium) y la bija (Bixa orellana) en áreas degradadas por la actividad minera aluvial en Condoto.

El patrón caracterizado en la investigación muestra que la riqueza a nivel taxonómico aumenta en la medida en que avanza la recuperación; sin embargo, la diferencia entre las áreas que están en proceso de recuperación y las que no han sido sometidas a ningún tipo de intervención minera es amplia. Por ejemplo, el número de familias se ha incrementado de 16 en el área en recuperación de 5 años, a 23 en la de 30 años, mientras los géneros han pasado de 27 (5 años) a 40 (30 años) y el número de especies ha variado de 28 (5 años) a 52 (30 años). Este panorama dista bastante de la riqueza en el bosque testigo, el cual registra 41 familias, 101 géneros y 128 especies.

Los datos son muy dicientes, por ello Ramírez insiste en que si continúa la incorporación de nuevos territorios a la actividad minera a gran escala, los efectos perturbadores sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos irán en aumento.

Destaca, además, que la restauración de las áreas que han sido afectadas por este tipo de actividad requiere de planificación, pues su éxito no depende solo de plantar árboles, sino de una proyección cuidadosa que se debe basar en los conocimientos científicos necesarios para que los ecosistemas degradados efectivamente puedan sobrevivir y recuperarse de las diferentes presiones abióticas, bióticas y sociales.

Fuente: Semana Sostenible

La minería a cielo abierto causa impactos irreversibles en los bosques

Colombia

Entre explotaciones mineras y enfermedades de los Wayú

Afecciones respiratorias en niños y adultos, así como problemas visuales y cutáneos denunciaron dos miembros del Resguardo Indígena Wayú Provincial, ubicado en el municipio de Barrancas, La Guajira.

Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana denunciaron que en su región se registran tales padecimientos de salud, al parecer, por la labor que adelanta la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

Las mujeres, que actúan en representación de un menor de edad, solicitaron por vía legal la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, a la salud, al ambiente sano y a la intimidad de los habitantes de su comunidad.

Para las demandantes tales garantías se encontrarían en grave peligro ante la cercanía del resguardo con la explotación minera adelantada por la empresa que desde hace décadas utiliza un mecanismo de extracción a cielo abierto, mediante voladura con explosivos, en un área que abarca 38.000 hectáreas, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana y genera emisiones permanentes de material particulado, ruidos constantes y olores prolongados que afectan la salud de su comunidad.

Las mujeres denuncian que el ‘Tajo Patilla’ y varios botaderos aledaños a este se encuentran aproximadamente a menos de dos kilómetros del resguardo, lo cual implica experimentar a diario explosiones que generan temblores y dispersión de polvillo de carbón que llega hasta sus casas, plantas y animales, esto sin contar con la producción de fuertes olores a azufre o carbón quemado producto de los constantes incendios de los taludes.

“La contaminación ambiental ha imposibilitado el acceso a fuentes de agua subterránea o superficial, por su acidez y abundante contenido de sulfatos y óxidos producto del polvillo de carbón que cae en los afluentes cercanos”, señalan en el documento que allegaron.

Añadieron también que las labores de la empresa Cerrejón han repercutido en una afectación cultural respecto a sus usos y costumbres, también ha generado la improductividad de sus suelos y el hacinamiento de su población ante la reiterada compra de predios que antes eran utilizados como caminos, vías de pastoreo, entre otros, y ahora son propiedad privada de la empresa.

Todos los argumentos y denuncias lo hicieron llegar vía acción judicial al Tribunal Superior de La Guajira en la que solicitaron el amparo de sus derechos, pero está les fue negada en primera instancia.

Al ser apelada, el documento llegó a la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia, pero allí ratificaron la decisión.

Tras casi no conseguir mucho, el documento llegó al despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos quien destacó que “los derechos a la salud y a la integridad personal tienen carácter fundamental y su preservación es determinante para garantizar la vida humana en condiciones que resulten aptas para su desarrollo.

Por tanto, el ámbito de protección del medio ambiente en su dimensión colectiva, se instala en la salvaguarda de garantías individuales, que torna procedente esta acción de amparo”.

Además añadió, en razón al daño ambiental, que el Estado no sólo tiene la obligación de preservar, conservar y prevenir, sino también la de restaurar los recursos naturales de las contingencias del mundo físico y, particularmente, de las actividades extractivas.

Lo que debe hacer Carbones El Cerrejón

El magistrado Rojas, tras conocer la situación, ordenó a la empresa Carbones del Cerrejón que, en máximo un mes, como medida transitoria urgente, controle sus emisiones de material particulado de manera que la calidad del aire en el Resguardo Indígena mejore.

Igualmente, le ordenó a la empresa que en el mismo tiempo implemente medidas transitorias urgentes para reducir el riesgo que sus operaciones representan para la comunidad indígena.

Entre las acciones que debe realizar están labores de limpieza exhaustivas de polvillo de carbón en las viviendas del resguardo, los pozos de agua que utilizan sus habitantes y en la vegetación, además debe hacer un plan para que se disminuya el nivel de ruido que genera su actividad.

Del mismo modo, debe impedir la contaminación de fuentes hídricas por la acción de aguas de escorrentía que provienen de la mina u otras zonas utilizadas por la empresa, además de implementar labores de prevención de incendios y apagar inmediatamente aquellos que se generan en los mantos de carbón y material estéril que se encuentren a menos de cinco kilómetros del resguardo.

Lo que debe hacer el Gobierno

El magistrado también consideró necesario vincular a sectores del Gobierno con el fin de mitigar la situación compleja que padece la comunidad, por lo que ordenó al Ministerio de Ambiente, de Salud, a la Defensoría del Pueblo, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Gobernación de La Guajira y a la Corporación Autónoma Regional del departamento que en el mismo tiempo conformen una Comisión Técnica.

El objetivo de la misma es determinar los factores de riesgo de la explotación minera que afectan a la comunidad, además deben identificar las alternativas que existen para prevenir, mitigar y corregir de manera definitiva tales riesgos en el corto, mediano y largo plazo.

Para ello, Rojas expuso que la Comisión tendrá que crear espacios de diálogo con la comunidad y la empresa Carbones del Cerrejón, así como solicitar a algunas organizaciones que rindan su concepto técnico al respecto.

Del mismo modo, el Ministerio de Ambiente, la ANLA y Corpoguajira en un plazo máximo de cuatro meses deberán implementar un sistema independiente de medición de la calidad del aire en el Resguardo Indígena y la calidad de agua en las fuentes hídricas que lo abastecen.

En este caso, las entidades deberán contar con instrumentos que midan la calidad de agua y del aire en la zona. Esto, además de hacer un análisis periódico de la composición química de dicho material, entre otras acciones.

Por último, entre más de 15 órdenes, el magistrado le dijo al Ministerio de Salud que en máximo dos meses cree una brigada de salud con la finalidad de hacer una valoración médica de los integrantes del Resguardo.

En dos meses también deberá construir un perfil epidemiológico de la comunidad, además de informar los resultados obtenidos a la Comisión Técnica y a las entidades prestadoras del servicio de salud que tengan como afiliados a integrantes del resguardo, para que realicen los tratamientos correspondientes, de conformidad con los procedimientos legales y reglamentarios a que haya lugar.

 

Fuente:https://www.laopinion.com.co/colombia/entre-explotaciones-mineras-y-enfermedades-de-los-wayu-191046?fbclid=IwAR3yU0LDX2SZFLs3izbO6gPdgzqcI2-y-UHSbysg8AJQZFAaFnKU9hp6L0c#OP