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JOVENES DE LA COMUNIDAD AWAJUN DEL TERRITORIO DE CAJAMARCA, PARATICIPARON Y REALIZARON ACCIONES DE INCIDENCIA EN EL III ENCUENTRO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE DE LA MACRONORTE

13/10/2023
Jóvenes lideresas y líderes de las comunidades de Supayaku y Naranjos realizaron acciones de incidencia a nivel regional en la ciudad de Cajamarca, para visibilizar la afectación de su territorio producto de actividades extractivas.

Los días 05 y 06 de octubre del 2023 se realizó el III Encuentro – Taller de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambiente de la Macro Norte, organizado por distintas organizaciones como: Red Muqui, Cooperacción, Grufides, Natura y FEDEPAZ. El taller y las acciones de incidencia se llevaron a cabo en la ciudad de Cajamarca y contó con la presencia de prensa regional y local.

Defensoras y defensores de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash denunciaron que las concesiones y actividades petroleras amenazan la seguridad y la vida de quienes defienden su territorio. Del mismo modo, sostuvieron que la minería formal e informal, así como la tala ilegal de bosques pone en riesgo los ecosistemas de las regiones de la Macro Norte.

David Velazco, en representación de FEDEPAZ, tuvo una intervención en donde sostuvo que los conflictos sociales en torno a las acciones de las empresas extractivas no solo terminan por vulnerar derechos fundamentales de defensoras y defensores del territorio y medio ambiente, sino que, a su vez, el estado al no atender oportuna y adecuadamente las justas demandas de las poblacioes, comunidades y/o pueblos afectados, abona a esa vulneración de derecho y, además, termina estigmatizando, persiguiendo y criminalizando a quienes se manifiestan en contra de sus decisiones de gobierno que afectan el territorio y ambiente de quienes protestan.

Por otro lado, se contó con la participación de cuatro jóvenes lideres Awajún de las comunidades de Supayaku y Naranjos (distritos de Huaranga y SanJosé de Lourdes en la provinicia de San Ignacio, Cajamarca), quienes denunciaron que se ha venido promoviendo el despojo de sus tierras producto de intereses de empresas dedicadas a la tala ilegal y proyectos hidráulicos que terminan por contaminar el río Chirinos, importante fuente de vida para los sembríos de las y los comuneros.

Entre las intervenciones cabe destacar las declaraciones de Lidia Taíjin Bazán quien es una joven lideresa de la comunidad de Supayaku y participante de capacitaciones y talleres elaborados por el equipo técnico de FEDEPAZ en la provincia de San Ignacio – Cajamarca. La joven defensora denunció que las actividades de tala y minería ilegal han afectado el territorio de la comunidad de Supayaku y anexos.

Entre las principales consecuencias, se evidencia la grave contaminación y la muerte de seres vivos que forman parte del ecosistema acuífero del “Río Chirinos” que divide a ambas comunidades del Pueblo Awajún, producto, también de actividad minera ilegal que usa productos químicos para la extracción de minerales. Del mismo modo expresó su preocupación por las consecuencias que este hecho pueda tener para la comunidad de Supayaku en un futuro cercano.

Finalmente, la joven defensora hizo un llamado a las autoridades regionales de Cajamarca con la finalidad de que tengan una mayor intervención en las comunidades de Supayaku y Naranjos para que de esta forma se garantice la defensa de sus derechos fundamentales como pueblos indígenas, pertenecientes a las regiones de la Macro Norte.

foto: Lidia Taíjin Bazán, declarando a medios locales y regionales. Octubre 2023

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LA CONVENCIÓN MINERA Y LOS INTERESES DEL PAÍS

Cooperaccion 29/09/2023
Esta semana se realiza la 36 Convención Minera, más conocida como Perumin, que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en la ciudad de Arequipa.

El Perumin de este año se da en un contexto particular: en medio de un claro estancamiento de la economía peruana, la intención del empresariado minero es mostrar que, en gran medida, la situación se hubiese podido revertir si es que varios proyectos mineros controvertidos se hubiesen concretado.

Para fundamentar el mensaje, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) encargó un estudio al Instituto Peruano de Economía (IPE), donde se estima que “el costo de la no ejecución entre el 2008 y el 2022 de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas significó pérdidas de S/.698,000 millones para la economía peruana y S/.123,000 millones en recaudación fiscal”. Adicionalmente, el estudio hace una estimación de cuántas personas hubiesen salido de la pobreza si estos proyectos se hubiesen concretado.

Lo primero que habría que argumentar es que varios supuestos planteados por el mencionado estudio no son muy exactos, al mismo tiempo que se dejan de lado varios elementos que se deberían tomar en cuenta en un análisis riguroso sobre el porqué del retraso de los proyectos y, también, cuál es el real aporte de una actividad como la minería.

Por ejemplo, ¿se puede afirmar que varios de los proyectos que menciona el IPE, como Conga, Tía María, Río Blanco, etc., se retrasaron por razones ajenas a las empresas? ¿Esto es así? ¿Las empresas involucradas en estos y otros proyectos no tuvieron ninguna responsabilidad? Demasiado sesgada la premisa.

Está claro que, en gran medida, varios de estos proyectos no se lograron concretar por los tremendos errores cometidos por las empresas: en algunos casos, por su propio comportamiento previo en materia de responsabilidad social y ambiental; o por presentar estudios de impacto ambiental de pésima calidad, como quedó demostrado en el caso Tía María (no es el único), cuando UNOPS (un organismo de las Naciones Unidas) prácticamente destrozó el primer EIA del proyecto el año 2011.

La prueba de que no fueron solamente razones ajenas a las empresas es que en el mismo período en el que estos proyectos se postergaron, otros sí lograron entrar a la fase operativa y de producción, superando los trámites y otras exigencias. Además, muchos de lo que ellos llaman excesos de trámites y permisos, en realidad se complejizan porque las propias empresas presentan información y estudios de pésima calidad, que reciben observaciones de las instituciones encargadas de su revisión.

El otro problema del análisis del IPE es no considerar las externalidades negativas de los proyectos de inversión en minería. ¿Se ha valorado con rigor la mochila ecológica de los 23 proyectos que menciona el estudio? ¿Cuánto cuesta perder las lagunas que iban a desaparecer con la puesta en marcha de un proyecto como Conga? ¿Cuál podría ser el real impacto del proyecto Tía María en la agricultura del Valle de Tambo? En otros casos, ¿cuál es el impacto de los proyectos en ecosistemas fundamentales, como los páramos en la zona norte del país, lagunas alto andinas, etc.? ¿Estos componentes han sido tomados en cuenta adecuadamente en el estudio encargado por la SNMPE? Si no lo han hecho, están visibilizando lo que les conviene visibilizar y, por supuesto, ocultan lo que no les conviene que se visibilice. En suma, están haciendo la economía del siglo pasado que no tomaba en cuenta este tipo de variables.

Lo que el país entero debería discutir (por supuesto, incluimos a las empresas) es cómo nos imaginamos la minería para los próximos 20 o 30 años. ¿Qué tipo de minería necesita el país? ¿Cómo se la imaginan las empresas, los trabajadores, las poblaciones vecinas y, finalmente, todos los que nos interesa que las cosas mejoren en el país?

Sería un tremendo error pensar que la minería va a seguir creciendo y expandiéndose tal y como ha ocurrido en los pasados 30 años; peor aún, con la pretensión de traerse abajo la débil regulación, la institucionalidad ambiental y social e imponiendo proyectos de manera vertical y autoritaria.

¿Esta pregunta está siendo abordada en esta semana del Perumin? Todo indica que no y que solamente están dispuestos a escuchar a los que se alinean con sus diagnósticos y propuestas.

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Perú

Anuncian nuevas protestas contra el Gobierno designado de Perú

Foto: En setiembre de 2009, el 97 por ciento de la población del valle de Tambo dijo “NO” al proyecto minero Tía María y la Tapada, a través de una consulta vecinal.
25/09/2023

Entre el 28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial contra los manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. ¿Considera que el Gobierno colombiano ha tomado medidas para evitar que sigan ocurriendo estos hechos?

Las protestas se dan en el contexto en el cual un anuncio del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, sobre la reactivación del proyecto minero Tía María.

El Comité de Lucha Colegiado Regional de Arequipa hizo un llamado para unirse al plan de protestas en rechazo a la anunciada visita de la presidenta designada Dina Boluarte a la Convención Minera Perumin 36.

El Comité de Lucha de Arequipa está integrado por juristas, agricultores, y autoconvocados, entre otros, y plantean comenzar su protesta este mismo lunes, el día de la inauguración de la convención minera, a donde, señalaron, llegarán para manifestar su rechazo.

El vocero del colegiado regional de Arequipa, William Gómez, informó que varios gremios y sectores de la sociedad se unirán a esta movilización contra Perumin 36. De acuerdo a Gómez, rechazan la presencia de grupos mineros y monopolios que explotan los recursos naturales. “Dejando solo miseria a pueblos andinos y comunidades campesinas usurpando sus tierras”, señaló el vocero en la conferencia que realizó hace una semana.

“Estamos seguros de realizar movilizaciones en las calles durante el desarrollo de la convención minera, a la cual fue invitada la presidenta Dina Boluarte, a quien consideramos dictadora y presunta autora mediata de la muerte de peruanos durante las protestas en el sur, específicamente en la represión con la Policía y Fuerzas Armadas”, enfatizó Gómez.

Según los organizadores de la protesta, «la minería en el Perú no coadyuva al progreso de los peruanos, ya que hay monopolios que tienen el 70 por ciento de las denuncias mineros de todo el territorio peruano». Las organizaciones locales refieren que “se mercantilizan los recursos naturales, mientras hay más pobreza. Lucharemos contra las concesiones mineras”, recalcó Gómez.

Las protestas se dan en el contexto en el cual un anuncio del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, sobre la reactivación del proyecto minero Tía María, según dijo, por contar con “opinión favorable” de la población, había provocado manifestaciones de rechazo.

Esto ha motivado que, en la última semana, en el valle de Tambo se coordinen reuniones con autoridades, dirigentes y pobladores para adoptar medidas de lucha.

En setiembre de 2009, el 97 por ciento de la población del valle de Tambo dijo “NO” al proyecto minero Tía María y la Tapada, a través de una consulta vecinal. El fuerte rechazo tuvo como consecuencia las protestas donde murieron cinco personas.
https://wp.telesurtv.net/news/peru-protestas-proyecto-mineria-visita-presidenta-designada-20230925-0013.html

Perú

PERUMIN: MENSAJES CONTRADICTORIOS DEL GOBIERNO SOBRE TÍA MARÍA

Imagen: Lima gris
26/09/2023
El ministro de Energía y Minas Oscar Vera, señaló ayer que deseaba que el proyecto minero Tía María se desarrolle, pero que aún tienen la negativa de las comunidades aledañas. Esto lo comentó a la salida del acto de inauguración de la convención Perumin 36, en Arequipa.

Durante el evento, el ministro Vera aseguró que esperan que se alcance un acuerdo con las comunidades.

“Tía María es un proyecto muy importante para el país. Los deseos que tenemos son que se realice, ya que genera mucho trabajo e inversión. Pero de hecho eso tiene que ir acorde con el pueblo que es el dueño del terreno, quien debe coordinar y dar el pase a eso”, dijo el titular del Minem.

Al ser consultado por la prensa, el ministro no respondió si estaría dispuesto a reunirse con los agricultores del Valle de Tambo, quienes son los principales opositores del proyecto minero de la empresa Southern.

“Creo que es la misión de todos los que queremos que haya inversión el de hacer el máximo esfuerzo para que esto se realice”, añadió.

Palabras del primer ministro Otárola

Por su parte, el primer ministro Alberto Otárola señaló hoy en su participación en el Perumin que “el gobierno no va a permitir que el país caiga en el caos, el desorden y la inseguridad”. Asimismo, señaló que “no le temblará la mano para reestablecer el orden y para defender la paz y tranquilidad de 33 millones de peruanos”.

“Quien diga que el Perú no es un país minero, está siendo demagógico. La minería es esencial para el desarrollo de nuestro país”, afirmó enérgicamente Otárola ante la audiencia del Perumin.

Sin embargo, a las afueras del evento, respondió a las consultas de los medios de comunicación y señaló que “sobre Tía maría, no está en agenda del gobierno en este momento, tiene que solucionarse por consenso los problemas que ha tenido esta inversión.”

Luego, el premier indicó que para el gobierno existe una cartera de proyectos mineros prioritarios para ser reimpulsados, pero «en el caso de Tía María podemos decir que, mientras no se solucionen los problemas que han existido y no se resuelvan los justos reclamos de la población, no va a ser posible que podamos anunciar un avance. Estamos en permanente atención de este tema».

Por su parte, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, señaló que no se podrían poner en agenda el desarrollo del proyecto sin haber atentado el problema del agua en la provincia de Islay.

“También es importante impulsar los otros sectores económicos relacionados con la agricultura, todo lo que tiene que ver con el turismo y con la tecnología que corresponde en la provincia de Islay”, agregó.

Protestas y el acta firmada en campaña

Cabe recordar que durante la inauguración del Perumin se reportaron protestas de colectivos y comunidades que marcharon en la ciudad de Arequipa, manifestándose en contra del proyecto minero Tía María y de la presidenta Dina Boluarte.

Hay que recordar que en la campaña presidencial del 2021 el entonces candidato Pedro Castillo y su candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, así como los postulantes de Perú Libre al Congreso, firmaron un documento de compromiso contra el proyecto Tía María si llegaban a ser Gobierno.

Acta firmada por Pedro Castillo y Dina Boluarte como candidatos en el 2021 contra el proyecto Tía María. Imagen: Epicentro

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Perú

Perú busca encarrilar inversión minera con promesa de poner fin al «caos y desorden»

27/09/2023

Por cuenta de las manifestaciones por las que ha atravesado el país este año se espera caída de 18% en lo que corresponde a inversiones mineras

REUTERS
El Gobierno de Perú se comprometió a no caer en el «caos y desorden» para encarrilar la inversión minera luego de meses de protestas, incluso cuando líderes de la industria reclaman estabilidad política y reglas «claras» para reactivar millonarios proyectos en el segundo mayor productor mundial de cobre.

En el inicio de una conferencia minera esta semana en la ciudad andina de Arequipa, el primer ministro, Alberto Otárola, habló de las preocupaciones del sector en torno a la gobernabilidad y las recientes protestas sociales en el país, que espera este año una caída de 18% de su inversión minera.

«No vamos a permitir que el país caiga en el caos, en el desorden y la inseguridad», dijo el martes ante cientos de empresarios, a quienes garantizó que el Gobierno está trabajando para simplificar los procesos de certificación ambiental minera.

En entrevista con Reuters, importantes ejecutivos dijeron que si bien las cosas mejoraron desde las grandes protestas de inicios de año, la gobernanza seguía débil y algunas normas como la limitación del uso de «contratistas» en las operaciones mineras son un obstáculo para una mayor inyección de capitales.

«Hay un cambio sustancial y positivo respecto al gobierno anterior, pero hay una preocupación porque no se tiene mucha claridad respecto hacia donde va el nuevo gobierno», señaló Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de Southern Copper, la tercera mayor productora de cobre del país andino.

Jacob citó por ejemplo la ley promovida por el Congreso que restringe tener «contratistas» en las operaciones mineras. «Se frenó la norma con acciones legales, pero este gobierno debería derogarla para dar señales de tranquilidad al sector», indicó.

La producción de cobre de Perú registra una recuperación este año, pero otros rubros como la manufactura y el consumo han caído y el Gobierno ha revisado fuerte a la baja su proyección de crecimiento para este año.

La presidente Dina Boluarte asumió al poder en diciembre tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal de cerrar un desacreditado Congreso. En los últimos cinco años, el país ha visto transitar a seis presidentes y a tres congresos, en medio de una constante pugna de poderes, denuncias de corrupción e incertidumbre política.

Boluarte «no tiene una bancada en el Congreso, no tiene soporte (popularidad) en la población», dijo Jacob de Southern Copper, controlado por el Grupo México.

Riesgos y retos
En la misma conferencia, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, dijo que el Gobierno ha «destrabado» este año nueve proyectos, de 13 programados hasta diciembre; aunque todos son ampliaciones o medianos emprendimientos en fase de desarrollo.

La última gran inversión en Perú fue de Anglo American en su proyecto Quellaveco, con 5.000 millones de dólares, que entró en operación en el 2022 y que ha ayudado este año a amortiguar las cifras de producción de cobre.

Perú, cuyas ventas mineras representan 60% del total de sus exportaciones, tiene proyectos pendientes por unos 53.000 millones de dólares, de los cuales un 70% son de cobre.

Para Víctor Gobitz, presidente de Antamina -la mayor mina de cobre en Perú controlada por Glencore, BHP, Teck y Mitsubishi, la constante turbulencia política influye sobre todo en la inversión «greenfield».

«Para las nuevas minas el riesgo político y la falta de una política minera clara es clave», dijo el ejecutivo en una entrevista telefónica, en referencia a los plazos largos para obtener una concesión y el acceso a tierras porque «no sabemos si los acuerdos se van a respetar» debido a los conflictos.

El ejecutivo, líder además del gremio de empresarios de la industria, afirmó que para los proyectos «brownfield» o los que buscan reinvertir en ampliaciones de minas, lo que falta es agilidad en la aprobación de los trámites oficiales.

Gobitz dijo que una política minera debe considerar también el desarrollo de zonas donde se ubican los yacimientos mineros. «El desarrollo territorial es clave» para evitar conflictos de comunidades que buscan bienestar por la explotación de recursos.

«Perú ha venido creciendo y eso es bueno, pero a nivel institucional no hemos crecido a esa misma velocidad, con nivel de madurez política», dijo el ejecutivo. «Tenemos un sistema político fragmentado, que pasa su factura al país entero».
https://www.larepublica.co/globoeconomia/peru-busca-encarrilar-inversion-minera-con-promesa-de-poner-fin-al-caos-y-desorden-3714687

Perú

PATAZ Y EL ESPEJO QUE HAY QUE MIRAR

18/09/2023
Peligrosa expansión de la minería ilegal en Pataz. Imagen: Macronorte

La Libertad se ha convertido en la primera región productora de oro a nivel nacional, con una participación del 32%, superando a Arequipa, que se ubica en el segundo lugar, con una participación del 22.9%, y a Cajamarca, que se ubica en el tercer lugar, con una participación de 20.1%.


Las principales empresas formales productoras de oro en La Libertad son: Poderosa, Horizonte y Retamas. Estas tres empresas se ubican en la sierra de La Libertad, en la provincia de Pataz.

Pero La Libertad no solo es la principal productora de oro a nivel nacional. También se ha convertido, desde hace un tiempo, en uno de los departamentos que registra los mayores índices de criminalidad, donde bandas delincuenciales vienen operando y sus acciones abarcan, cada vez, mayores territorios y actividades.

Por ejemplo, ya era conocido que, en la provincia de Pataz, a diferencia de otras zonas del país, la minería aurífera de oro formal convive desde hace bastante tiempo con una intensa actividad minera informal. Esta convivencia se ha vuelto cada vez más compleja y está acompañada de sucesivos episodios de violencia y enfrentamientos que, en los últimos años, han ido escalando y han convertido a Pataz en tierra de nadie, donde imperan mafias y bandas de sicarios que, todo indica, en los últimos tiempos comienzan a intentar controlar la propia actividad minera informal.

Según informes periodísticos[1], en un inicio los propios mineros informales contrataban delincuentes, ya sea por temas de seguridad o también para ‘resolver’ disputas entre ellos por el control de concesiones y labores mineras, tal y como viene ocurriendo en otras zonas del país[2]. Sin embargo, todo indica que ahora las mismas bandas organizadas están buscando controlar gran parte de la actividad minera en la zona, en algunos casos en alianza con los grupos de mineros más fuertes. Se habla de la presencia de algunas bandas como la del Tren de Aragua y otras que provienen de Trujillo, Lima y Callao. También hay denuncias que apuntan a temas de corrupción dentro de la propia Policía Nacional.

Lo cierto es que, hoy en día, el negocio de la explotación aurífera informal es tremendamente lucrativo y ha convertido a la provincia de Pataz en un escenario de disputa entre bandas criminales y mineros informales.

Otras regiones del país, en las que la minería ha comenzado a expandirse, deberían mirarse en el espejo de Pataz. La realidad muestra que allí donde se implanta este tipo de actividad, termina imponiendo escenarios de extrema violencia, explotación, trata de personas y explotación sexual, además de los gravísimos impactos ambientales que ocasiona.

[1] Declaraciones de Pedro Yaranga, experto en seguridad integral y gestión de riesgos. La República, edición del 19 de agosto de 2023.

[2] Como el caso de Arequipa, en la provincia de Caravelí o el de Ica, en la provincia de Nasca. Son algunos ejemplos de la violencia que impera en las zonas de influencia de la pequeña minería y la minería informal.

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DIRIGENTES SE REAFIRMAN EN RECHAZO A TÍA MARÍA TRAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

www.conflictosmineros.org.pe 12/09/2023
En una reciente entrevista a medios de comunicación, el Ministro de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera Gargurevich, señaló que a través de una carta, la minera Southern Copper habría informado a su despacho que ha recibido una opinión favorable por parte de las autoridades locales en Arequipa respecto al proyecto cuprífero Tía María, que representa una inversión de US$ 2,000 millones.

“La buena noticia que tenemos es que la empresa Southern ha venido conversando con las autoridades y han llegado a un entendimiento. Ya hay una opinión favorable al respecto y tengo entendido que ya están iniciando esos trabajos de diálogo”, señaló el ministro Vera al portal Rumbo Minero.

Agregó que “como la población se da cuenta que la inversión minera genera desarrollo y como el problema viene por el agua, parece que esto viene acompañado por una represa importante”.

Esa información ha llamado la atención de los dirigentes sociales del Valle de Tambo en Arequipa, que es la zona donde se pretende implementar el mencionado proyecto minero.

El dirigente Miguel Meza, en diálogo con OCM, señaló que esas declaraciones responden a una “provocación maliciosa” de parte de los voceros del gobierno.

“Este domingo (10 de setiembre) tuvimos una asamblea de dirigentes del Valle de Tambo, en la que nos hemos reafirmado en el rechazo al proyecto minero Tía María”, señaló Meza.

Asimismo, comentó que quedaron en tener una nueva reunión para este viernes a las 5:00 pm en el Cocachacra, con dirigentes sociales, autoridades y se ha invitado a la Oficina de conflictos sociales del Gobierno Regional de Arequipa, donde se adoptarán las acciones sociales para responder a estas intenciones de la empresa minera.

El dirigente social también comentó que los alcaldes distritales de Dean Valdivia y la Punta, 2 de los distritos de la provincia de Islay, iban a pedir una aclaración a la empresa minera Southern para saber a qué autoridades se refiere el Ministro Vera, cuando dice que habrían conversado al respecto de la “viabilidad” del proyecto Tía María.

Perú

Senace evalúa estudios ambientales de 12 proyectos mineros

23/08/2023

Antamina está ubicada en el distrito de San Marcos, en la Región Ancash.| Crédito: Teck Resources
Los doce proyectos mineros suman USD 5350 millones. De acuerdo con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) -adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam)-, los estudios ambientales o modificaciones a los mismos fueron entregados para su evaluación entre 2021 y lo que va de año 2023.

Entre los proyectos mineros destaca por sus montos de inversión Reemplazo Antamina, por USD 1604 millones, para la explotación de cobre en Ancash, y que actualmente cuenta con estudios de factibilidad.

Según información entregada por Compañía Minera Antamina al Ministerio de Energía y Minas (Minem), este plan de inversiones debía iniciar su construcción en 2023, para ser lanzado en 2029.

El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, había mencionado recientemente al diario Gestión que Reposición de Antamina se encontraba entre los once proyectos mineros cuyos trámites ha desbloqueado este sector.

Otros proyectos en evaluación son Tantahuatay, propiedad de la minera Coimolache, por USD 621 millones; el proyecto Magistral, por USD 492 millones; Huancapeti, por USD 923 millones, y que fue ingresado a análisis por el Senace en junio pasado, entre otros.

Avances en lo que va del año
El Senace también informó que, entre abril y agosto de 2023, dio su visto bueno a cinco Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) y sus modificaciones (MEIA-d) que implican inversiones por USD 6142 millones, que consideró sostenibles.

La referida entidad destacó que, entre los proyectos que obtuvieron la certificación ambiental se encuentran la Unidad Minera Inmaculada (USD 4436.6 millones) y la Unidad Minera Zafranal (USD 1263 millones).

Perú: Senace evalúa estudios ambientales de 12 proyectos mineros

Perú

Mes de la Madre Tierra: Los conflictos socioambientales en Arequipa

Una ocasión para revisar el estado de los conflictos que se mantienen en la región por proyectos que se relacionan con el agua y otros recursos
Milagros Gonzáles Sánchez
12/04/2023

El 22 de abril, dentro de poco, se celebrará el Día de la Madre Tierra. Hacemos un recuento de los principales problemas y conflictos que afectan a la vida en nuestra región, en relación a la industria extractivista y al ausentismo del Estado.

En medio de nuevos fenómenos climáticos producto del calentamiento global, crisis alimentaria, un gobierno central y nuevas gestiones regionales que no se dan abasto para mitigar el impacto de ciclones temporales y ahora un antiguo némesis: el fenómeno del Niño, el Valle de tambo Majes Siguas II y otras regiones de Arequipa no encuentran solución a sus demandas.

Con información actualizada de la Defensoría del Pueblo hasta marzo de 2023, revisamos los principales conflictos sociales que afectan a Arequipa

Río Grande: un nuevo conflicto socioambiental y la vieja ambición por el oro
En el distrito de Río Grande ubicado en Condesuyos, el 30 de marzo, el campamento minero Labor minera 5.60 de Erick Medina EIRL fue atacado con explosivos dejando al menos ocho personas heridas. El caso lo investiga la Fiscalía Provincial de Condesuyos y la información de carácter público que se tenía del caso es que el conflicto se habría originado por pugnas entre trabajadores de las labores mineras de Los Vientos y Copacabana.

Al día siguiente, 31 de marzo, el Comité Regional de Conflictos Sociales sesionó para abordar esa situación.

El 04 de abril, el Comité de Prevención de Conflictos se reunió en el Gobierno Regional de Arequipa, donde acordaron convocar a las instituciones competentes (INGEMMET, SERNANP, GORE Arequipa, MINEM) para obtener mayor información técnica.

El alcalde de Condesuyos, Edwar Urday Torres, expresó su preocupación indicando que desde hace tres años se vienen suscitando enfrentamientos en esa zona.

Urday señaló que los mineros informales mantienen constantes enfrentamientos entre mineros por el dominio de los socavones. Agregó que la gran mayoría son gente foránea que llegó a la zona atraídos por yacimientos de oro:

“Río Grande, está cerca de Secocha – Caravelí, Yanaquihua y Chichas. En toda esa zona hay betas de oro. La gente se ha posesionado ahí”.

Agua por cobre: El Valle de Tambo vuelve a la lista de conflictos

Son décadas que lleva la problemática entre los agricultores del Valle de Tambo los ciudadanos que viven y trabajan con el agua del río que surca los cuatro distritos Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón y Mejía en Islay, y la minera Southern Cooper que cuenta con un espantoso record de sanciones y denuncias.

Sin embargo, en noviembre de 2022 este conflicto socioambiental volvió a los reportes de la Defensoría del Pueblo con un nuevo protagonista: la minera Quellaveco S.A.

La Junta de usuarios del Valle del Tambo y autoridades distritales y provinciales de Islay rechazan una Resolución Directoral de la Autoridad Nacional del Agua, que otorga la licencia de uso de agua superficial con fines mineros de los ríos Titire y Vizcachas de la cuenca del río Tambo, en favor de la empresa minera Anglo American Quellaveco S.A.

Los campesinos, ciudadanos y representantes provinciales señalan que esta resolución afectaría el caudal de los afluentes del río Tambo, perjudicando las actividades agrícolas y de resistencia en Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón y Mejía.

Lo curioso es que la Defensoría del Pueblo coloca a la Autoridad Nacimiento del Agua como un agente terciario en esta disputa, cuando una de sus resoluciones provocó este conflicto que deja indefensos a los agricultores y habitantes que viven del Río Tambo. Guillermo Ambrocio Aguadi Quispe es quien firma dicha resolución.

Otra guerra por el oro: Atico Calpa, Calpa Renace e Intigold

Hasta ahora no se sabe a certitud quiénes son los responsables intelectuales y materiales de los más de 14 asesinatos en cinco años de enfrentamientos entre los mineros informales de Atico Calpa y Calpa Renace en concesiones de Intigold.

En Atico, Caravelí, están las unidades de Intigold Mining S.A, una empresa que tiene un historial de 17 infracciones ambientales y 15 infracciones laborales. En sus terrenos pugnan por la extracción de oro y el pago de regalías las asociaciones Atico Calpa y Calpa Renace.

En un enfrentamiento en junio de 2022, que incluyó el uso de armas de fuego de presuntos agentes de la empresa Intigold Mining, fueron asesinadas 14 personas.

La zona fue declarada en emergencia por 60 días. Sin embargo, este conflicto sigue en los reportes de la Defensoría del Pueblo desde el 2020 y no encuentra solución hasta la fecha.

El laberinto por el agua en Majes Siguas II

Este conflicto, catalogado como “Asuntos de gobierno nacional” y no como “socioambiental” según la Defensoría del Pueblo, entró a los reportes de esta institución en 2017.

Este proyecto de irrigación generó sus primeras protestas en 2012 por parte de poblados de Cusco. Tiene el propósito de suministrar agua a las pampas de Majes y Siguas. Así se convertiría al sur peruano en un polo agrícola al 2021. En pleno 2023, los agricultores constantemente postergados no encuentran ni siquiera la solución del gobierno a la escasez de fertilizantes.

El 7 de marzo de 2023, Ulises Aguilar Villavicencio, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), señaló que la concesionaria de Majes Siguas II tiene intención de continuar con las obras del proyecto de irrigación.

Pese a que la empresa Cobra y Autodema aducen incumplimientos, mantienen conversaciones directas para resolver las controversias y evitar arbitrajes.

El 15 de marzo, el representante de Cobra señaló que actualmente se encuentran en la misma situación que a la firma de la Adenda 13. Y añade que Autodema no ha cumplido con los compromisos.

Para la empresa Cobra, el expediente N°2 tiene informe favorable, sin embargo para Autodema, existen 179 observaciones que no fueron resueltas.

El Gobierno Regional de Arequipa tendría hasta el 12 de abril para cumplir sus compromisos, como entregar los terrenos en las zonas altas de Caylloma. En caso no se cumplan, podría ser causal de la resolución del contrato.

Mes de la Madre Tierra: Los conflictos socioambientales en Arequipa

Perú

AFECTADOS POR METALES TÓXICOS DEMANDAN DAR PRIORIDAD A LA SALUD AMBIENTAL Y HUMANA

Imagen: CooperAcción
11/04/2023
En la conferencia de prensa de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, dirigentes de 14 regiones afectadas por la extracción de minerales e hidrocarburos remarcaron la baja atención que el gobierno viene dando a la implementación del Plan Especial Multisectorial para la atención integral de población expuesta y afectada por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PEM), aprobado con D.S. N 037-2021- MINAM y demandaron su pronta implementación articulada.

«El gobierno está más preocupado en dar permisos a las mineras, incluso aquella que por la extracción de material radioactivo puede generar grandes riesgos», señalaron. La reactivación extractivista no es excusa para acabar con la protección del ambiente y la vida humana. Los anuncios hechos por el ministro de economía de acabar con la llamada «permisología» reflejan las prioridades del gobierno.

A un año de la creación del DS 037-2021-MINAM el gobierno no ha logrado articular a los sectores para cumplir con los objetivos del Plan. En el año 2021, según el MINSA, en el Perú existían más de 10 millones de personas y comunidades expuestas a la contaminación por metales. Entre ellas niños expuestos a plomo, cadmio, arsénico y otras sustancias tóxicas, quienes vienen resistiendo a la ausencia del Estado y la contaminación que por décadas afecta no solo al sistema digestivo sino incluso al desarrollo cognitivo de los menores, etc.

«Exigimos como dirigentes nacionales que se implemente, de una vez, el Plan Especial Multisectorial en favor de los afectados por metales tóxicos, en cada centro de salud y cada ministerio»

Elsa Benavente, vocera de los afectados de la región Huancavelica mencionó que la presidenta Dina Boluarte, el premier Otárola, y los ministros están desinteresados de la vida de los peruanos. Los gobiernos regionales, locales y distritales deben también impulsar la implementación de este Plan. Elsa Merma, representante de Espinar enfatizó la importancia de convocar a la Defensoría del Pueblo para acompañar y vigilar la implementación del Plan. «Este Plan es Multisectorial y todos están llamados a concurrir en esta iniciativa», refirió Yolanda Zurita, vocera de la región Junín.

Entre los casos tratados y los riesgos de eliminar la «permisología», Elsa Benavente, sub secretaria de la Plataforma, remarcó que hay serio peligro. «El proyecto Pukaqaqa Sur de la empresa Nexa Resources es una bomba de tiempo, y puede causar muchas muertes. Pero este no es el único proyecto extractivo que puede perjudicar nuestras vidas, haya otros cientos de bombas de tiempo. El plan multisectorial puede ayudar a mitigar esto, antes que una indiscriminada reactivación que priorice el dinero a las vidas humanas, y la sostenibilidad ambiental, señaló Benavente.

«Hasta el momento no sabemos los avances ni en qué se ha gastado el presupuesto del primer año del Plan Estratégico Multisectorial 2022. Los afectados seguimos siendo asesinados y muriendo lentamente. Hay niños con metales pesados. Queremos prevención, ¿qué están haciendo los ministerios correspondientes y el Estado? Permitiendo que las empresas mineras entren a nuestros territorios. Cuando decimos la verdad nos persiguen como terroristas. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo?» puntualizó Merma.

Al respecto, se hace un llamado a la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, entidad encargada de la articulación entre sectores y presentación del Informe anual de actividades en el marco del PEM.

Asimismo, Paulina Valdiviezo, vocera de los afectados de la región Cajamarca, denunció la represión indiscriminada del gobierno de Boluarte.

«Exigimos al Estado el informe de las actividades de la implementación del plan, ya lo deberíamos tener en nuestras localidades. En nuestras regiones no está haciendo nada el Estado, más bien está ocupándose de encarcelar líderes y perseguir defensores y no se está preocupando por nuestra salud. Nosotros defendemos nuestras cabeceras de cuenca, donde no vamos a permitir más extractivismo», acotó Valdivieso.

Por otro lado, Eusebio Cuñachi, vocero de la región de Amazonas, recalcó que a pesar de las reuniones con los ministerios y los compromisos dados, no se cuenta con los avances de la implementación. «Seguimos esperando en Amazonas a que se hagan análisis y se priorice la situación de los niños y niñas afectados. Existe una necesidad urgente de atención en cada región. ¡Hay que luchar y ver por nuestros hijos! »

Inusual presencia policial

Minutos antes del inicio de la conferencia, se presentó una inusual presencia de efectivos y vehículos policiales quienes señalaron haber recibido información de «inteligencia» respecto del evento en los exteriores del hotel Carrera. Los efectivos adujeron que Inteligencia del Estado había advertido de este evento y que se hacían presentes para “salvaguardar las garantías de los presentes”. A su tiempo los dirigentes y el secretario nacional Félix Suasaca, rechazaron los actos de criminalización y persecución del gobierno de Boluarte, así como las muertes acontecidas hasta la fecha. La presencia policial fue percibida por los asistentes como un acto de amedrentamiento e intimidación.

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