Perú

Cusco: MMG Las Bambas y comunidad de Fuerabamba tendrán nueva reunión

El viernes 18 de enero del presente año, tal como estaba programado bajo acta, se llevó a cabo la reunión entre la comunidad de Fuerabamba, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el congresista Edgar Ochoa Pezo, la Defensoría del Pueblo y representantes de la empresa minera MMG Las Bambas, esta reunión se desarrolló en el asentamiento de Yavi Yavi, provincia de Chumbivilcas.

El primer inconveniente de la reunión se dio porque la Policía Nacional del Perú (PNP) no permitió que la sesión se realice en un auditorio, alegando que había riesgo de secuestro y que esta reunión debía darse en un espacio abierto y con la vigilancia de los efectivos policiales; el rechazo a esta medida por parte de los dirigentes y del congresista Edgar Ochoa no dio frutos, así que la reunión se realizó de manera precaria al aire libre, rodeados por policías, entre granizo y lluvias. Estas circunstancias evidenciaron el Estado de Emergencia por la que atraviesa la zona del corredor minero.

Ante los imprevistos la reunión inició a las 11:30 a.m., el Director General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, Pastor Paredes indicó que no habían conseguido información y/o expedientes sobre la construcción de la vía que atraviesa el Fundo Yavi Yavi, y que no podían determinar responsabilidad. Pastor mostró unos mapas satelitales del 2009 donde no existía la vía en comparación a otra del 2012 donde ya aparecía dicha carretera.

El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas, mostró su rechazo a la posición del MTC indicando que el objetivo de esta reunión era determinar la responsabilidad de quién construyó la vía que atraviesa su comunidad y por donde -diariamente- circulan alrededor de 400 vehículos encapsulados transportando concentrado de cobre. Rojas fue enfático en señalar que dicha vía fue construida por la empresa minera Xtrata, quién dio posesión a Glencore, y seguidamente a MMG Las Bambas.

Esta discusión se da porque, tal como especifica la ley, quién construye la carretera es la responsable de ver el derecho de servidumbre hacia la comunidad y el pago de la expropiación de terrenos. El MTC ha planteado que va asumir el pago a la comunidad por sus terrenos, a pesar que ese monto debería ser asumida por la empresa minera.

Al ser la discusión central, se decidió convocar una nueva reunión de diálogo el miércoles 30 de enero, el representante de la empresa minera MMG Las Bambas, Marco Santos, junto con otros tres funcionarios, se comprometieron a traer la documentación donde demuestran que ellos nos son los responsables de la vía, de la misma forma la comunidad presentará todas las pruebas que tienen a la mano, como intermediario estará la PCM y el MTC.

Por último, el congresista Edgar Ochoa ratificó –otra vez- su pedido de levantamiento del Estado de Emergencia en la zona del corredor minero, por atentar los derechos de las comunidades campesinas de la zona y se comprometió a seguir acompañando este proceso de diálogo.

Fuente: http://derechosinfronteras.pe/cusco-mmg-las-bambas-y-comunidad-de-fuerabamba-tendran-nueva-reunion/?fbclid=IwAR3mt26D61SFEziLVj85iRWFCXnEysbju2DkDAIQnWfBIZEYZk3WxERmWKs

Perú

Sicarios asesinan de 10 tiros a dirigente opositor a la minería

Por defender la tierra donde nació, el dirigente comunero del distrito de Suyo, Wilverde Ángel Vega Torres (45), fue asesinado a balazos en plena carretera del referido distrito. Hasta ayer en la tarde, la Policía no había identificado a los asesinos. Los familiares de la víctima hicieron un llamado a las autoridades para que atrapen a los malhechores.

Ataque en carretera

Ayer a las 7:30 a.m. Wilverde Vega Torres, quien el año 2018 había estado trabajando como profesor en un colegio de Suyo, salió de su vivienda, ubicada en el caserío El Progreso, en su motocicleta  color negra con dirección al centro distrito de Suyo, a 15 minutos de su pueblo.

Todo marchaba bien, hasta que el popular “Wilo”, quien era el presidente del Frente de Defensa de los Comuneros de Suyo (opositor de la minería), llegó al cementerio El Progreso, en el caserío Palo Blanco, donde fue interceptado por una banda de sicarios.

Los pistoleros, quienes al parecer también se movilizaban en una motocicleta, dispararon en plena marcha a Vega Torres, quien quedó sin vida en medio de la pista debajo de su motocicleta. Minutos después, unos pobladores encontraron el cadáver de la víctima y comunicaron a los agentes de la comisaría del distrito.

Sin embargo, recién al promediar las 2 p.m., se hicieron presentes el representante del Ministerio Público y los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para las diligencias del levantamiento del cadáver

El cuerpo fue llevado a la morgue de Sullana para que se le practique la autopsia de ley. Trascendió que al menos 10 tiros habría recibido el dirigente comunal de parte de los hampones. Asimismo, mediante la inspección en un camino montañoso, a unos 100 metros del escenario del crimen, los agentes de la Policía encontraron una motocicleta de color rojo sin placa de rodaje.

Las autoridades no descartan que los hampones hayan utilizado este vehículo para interceptar al dirigente y asesinarlo. De otro lado, el fiscal y la Policía se dirigieron a la casa del occiso donde incautaron una laptop y unos papeles que les ayudará a esclarecer el crimen.

Amenazas

Wilverde Ángel Vega Torres, quien entre el 2015-2016 había sido vicepresidente de la comunidad campesina San Sebastián, habría estado recibiendo amenazas de personas dedicadas a la minería. Él había pedido garantías para su vida, pero no se las otorgaron.

Cinco crímenes en el año 2018

El distrito fronterizo de Suyo nuevamente fue escenario de un asesinato relacionado con la minería. En el 2018, al menos cinco crímenes sucedieron en este distrito de la provincia de Ayabaca. El 9 de febrero, Juan Santos Ordoñez Gonzáles (38) piloteaba su motocicleta por una trocha carrozable de acceso al Caserío Pueblo Nuevo, cuando fue interceptado por unos pistoleros y acabaron con su vida.

El 1 de abril, Juan Francisco Suquilanda Criollo (72) y su hijo Ricardo Suquilanda Girón (33), fueron asesinados en el sector en la vía al Puente Internacional por parte de tres sujetos.

En este caso, la Policía arrestó a los supuestos asesinos, Jersson Edú Navarro Medina (28), Junior Martín Maza Gonzáles (25) y Franklin Jonatán García García (23). Estos dos casos tienen relación a la minería. Mientras, que el 2 de mayo, Santos Llacsahuanga Calle y su hijo Noel Llacsahuanga Cunya, fueron asesinados en el caserío Cucuyas, luego de tener un problema con un vecino.

 

Fuente:http://lahora.pe/piura-sicarios-asesinan-de-10-tiros-a-dirigente-opositor-a-la-mineria-jo/

Perú

Pronunciamiento: Alto a la criminalización de la protesta social, no más represión a los agricultores y pueblo del Valle de Tambo.

  1. En los últimos 10 años, la empresa minera Southern en contubernio con los gobiernos de turno (Alan García, Ollanta Humala y otros) ha pretendido a como dé lugar imponer su proyecto minero Tía María y La Tapada apelando a una serie de argucias y mentiras; pero el pueblo del Valle de Tambo en consulta popular (2009) le dijo ¡NO! al proyecto minero con más del 90 por ciento. El Valle de Tambo está convencido de que Tía María y La Tapada perjudicará su hábitat, su ambiente, su agua y su agricultura; por eso los agricultores se mantienen en pie de lucha defendiendo su territorio, protagonizado una serie de acciones de protesta y sobretodo dos históricos paros indefinidos (2011 y 2015), con el lamentable saldo de 8 hermanos tambeños caídos por la brutal represión policial y militar, además de decenas de heridos, detenidos y más de un centenar de denunciados hoy procesados ante la justicia.
  2. Esta criminalización de la protesta social apunta a descabezar y desarticular la respuesta cívica-social del pueblo del Valle de Tambo por parte del Estado Peruano, bajo el pretexto que los tambeños constituyeron una organización como el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, no como una organización social para la defensa de sus derechos, sino una asociación ilícita para delinquir; este argumento que carece de toda lógica elemental contraviene lo establecido en la Constitución que reconoce el derecho a la protesta y la libre asociación como derechos fundamentales de todo ciudadano, que todo estado democrático debe garantizar
  3. Y como si esto no fuera poco, este estado represor cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, pretende “hacerlos escarmentar” a nuestros defensores del Valle de Tambo amenazándolos con meterlos a la cárcel por varios años. Por otro lado, la Procuraduría del Ministerio del Interior propone que los denunciados paguen por concepto de reparación civil más de 320 millones de dólares, que “solidariamente deben pagar” a quienes se les llegue comprobar y sentenciar de los delitos que se les imputa (disturbios, extorsión, motín, asociación ilícita para delinquir, etc.), cosa que es inaudito e inaceptable en un país donde aparentemente se respetan los derechos humanos.
  4. Hacemos un llamado al pueblo de Arequipa, la Macrosur y todo el Perú, para mantenernos alertas y vigilantes con el gobierno de Martín Vizcarra que junto a la minera Southern intentarán este año 2019 imponer una vez más Tía María y La Tapada, ya lo anunció su ministro de energía y minas Francisco Ismodes, sólo están a la espera del mejor momento para hacerlo. La minera Southern -por su parte- invierte millones de soles implementando toda una maquinaria de mentiras y desinformación a nivel regional y nacional para engañar y sorprender a la opinión pública señalando que el pueblo del Valle de Tambo en alto porcentaje acepta su proyecto. Eso es una reverenda mentira. Nuestro Valle de Tambo, pueblo consciente y digno está convencido de su modelo de desarrollo que quiere tener en base a la agricultura, el Valle de Tambo nos enseña el camino y estamos seguros que juntos defenderos el agua, la vida y la agricultura.

¡AGRO SÍ, MINA NO!

¡SALVEMOS EL VALLE DE TAMBO!

¡EL VALLE NO SE VENDE, EL VALLE SE DEFIENDE!

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!

Pronunciamiento de organizaciones de la Plataforma: Salvemos el Valle de Tambo

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/834-alto-a-la-criminalizacion-de-la-protesta-social-no-mas-represion-a-los-agricultores-y-pueblo-del-valle-de-tambo

Perú

Fusion de minas – Chinalco se hace cargo de Centenario

Según información publicada en el diario oficial El Peruano y propalada por Diario Radio Karisma La Oroya, el 10 de diciembre del 2018, la Minera Chinalco Perú S.A. y Minera Centenario S.A.C han aprobado una fusión por absorción.

La fusión de sociedades implica la fusión de sus patrimonios; tanto los activos como los pasivos de las empresas que pasan a fusionarse formarán parte del nuevo patrimonio constituido de Minera Chinalco Perú S.A. En éste caso, extinguiéndose sin liquidarse Minera Centenario.

 

Minera Centenario S.A.C tiene un total de 14 concesiones mineras en el centro del Perú. Con la fusión con la Minera Chinalco, que despojó de sus tierras a las familias de propietarios que aún quedaban de Morococha para poder explotar el proyecto minero Toromocho; las inversiones y actividades de la empresa minera china se amplían a gran escala en la región Junín.

 

Morococha antigua hoy en día se ha convertido en una ciudad fantasma; Carhuacoto, la “Morococha Nueva”, a la que fue trasladada la mayor parte de la población; se ha convertido también en una ciudad inviable, sin actividades económicas por el incumplimiento de la empresa Minera Chinalco S.A de establecer en dicha ciudad el campamento de sus trabajadores para promover la economía local, por lo que muchas familias se han visto obligadas a migrar.

 

Exigimos que las empresas asuman con responsabilidad las nuevas obligaciones que conlleva la fusión en curso; que el procedimiento sea el legalmente correcto, y que ante todo se respeten los acuerdos y convenios suscritos y las decisiones sean participativas, respetando los derechos fundamentales de las personas de Morococha antigua y Carhuacoto (Morococha nueva).

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/833-fusion-de-minas-chinalco-se-hace-cargo-de-centenario

Perú

Organizaciones acuerdan paro indefinido en Hualgayoc contra la contaminación minera

A raíz de la fuga de líquidos que trajo consigo relaves desde las operaciones mineras de la empresa Gold Fields ocurrida a mediados del mes de diciembre, las principales organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc como rondas campesinas y frentes de defensa, han venido coordinando una protesta frente a la situación.

Uno de los primeros acuerdos ha sido conformar el Comando de Lucha Provincial con organizaciones de los tres distritos de la provincia (Chugur, Hualgayoc y Bambamarca). Asimismo, la principal medida que ejecutarán será la realización de un paro indefinido desde el miércoles 6 de febrero.

De acuerdo al comunicado dado a conocer por las organizaciones, el paro tiene el objetivo de expresar el rechazo a la expansión y contaminación minera en cabeceras de cuenca y a las empresas Gold Fields, Coimolache, Yanacocha y San Nicolás. Igualmente, se exige la indemnización urgente, así como la construcción de una planta de tratamiento de agua, limpieza inmediata de los relaves vertidos en los canales de irrigación y tratamiento médico a las personas contaminadas desde hace algunos años en la provincia. A las autoridades regionales se les solicita la ejecución de proyectos sostenibles, monitoreos semanales a las fuentes de agua y la emisión de normas dirigidas a proteger las cabeceras. Otro de los aspectos en evaluación y que probablemente se aprobará antes del paro, es la denuncia en contra de las empresas ante organismos nacionales e internacionales.

En recientes declaraciones, los dirigentes informaron que se añadirá a su plataforma que se realicen más análisis a personas de Bambamarca para verificar si presentan contaminación y además se solicitará el respaldo del gobernador regional Mesías Guevara y del alcalde provincial de Hualgayoc para entablar una denuncia en contra de Gold Fields: “Con la bendición de Dios será nuevamente un paro para la historia. El Perú nuevamente tendrá puestos los ojos en Bambamarca, Chugur y Hualgayoc. En la plataforma de lucha no hay temas políticos partidarios por eso invitamos a todos que se unan a esta lucha porque estaremos salvaguardando la vida y la salud de nuestros hijos”, declaró ante medios de comunicación de Bambamarca el dirigente rondero Hugo Cruzado.

Finalmente, el 25 de enero las organizaciones sostendrán una nueva asamblea en la que se definirán algunos puntos pendientes de cara al paro. En esta fecha también se evaluará la logística y el respaldo conseguido.

Fuente:http://noticiasser.pe/cajamarca/organizaciones-acuerdan-paro-indefinido-en-hualgayoc-contra-la-contaminacion-minera?fbclid=IwAR1BDc63esWTT46yRrzx0nOX8p5l7HiosoXUkTUmE5DjoU0r_UE1-aQ1rbw

Perú

Defensoría: El sector minero concentra el mayor número de conflictos socioambientales

En su reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo reportó 181 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos y 51 se encuentran en estado latente.

En comparación con el mes anterior se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron ocho, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y siete fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos, Áncash aún concentra la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Puno (18) y Cusco (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales se mantienen como los más numerosos (62.4%).

Entre las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (64.6% de los casos socioambientales).

Del total de casos activos, el 56.2% (73 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 65 de ellos.

Casos resueltos

Según informa la Defensoría, en diciembre se resolvieron ocho conflictos en Áncash, Apurímac, Huánuco, Junín y La Libertad. Tres casos se resolvieron mediante mesas de diálogo, otros tres a través de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y los dos restantes mediante resoluciones judiciales y administrativas. Es el segundo mes consecutivo que se registra un número significativo de casos resueltos. En noviembre fueron seis.

Con relación a la violencia en los conflictos, en diciembre se reportaron 14 heridos (11 policías y 3 civiles) en el caso Yavi Yavi entre la C.C. Fuerabamba, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y MMG Las Bambas (Cusco).

Por otro lado, se registró 146 acciones colectivas de protesta durante el mes. Siete menos que el mes pasado y 56 menos que en mayo de 2018, mes que presentó el mayor número del año.

 

Fuente:http://www.actualidadambiental.pe/?p=54060&fbclid=IwAR0i-FujOkENL0lTXzNnrWjQ5HBGniGd2QSuNz52kK5mo0Amhdo5i4s_2vc

Perú

Ministerio de Cultura responde a petición ciudadana sobre Consulta Previa

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Cultura respondió a la petición realizada en el marco de la campaña #ConsúltameDeVerdad, la misma que contó con más de 4000 firmas digitales de distintos ciudadanos y ciudadanas peruanos y del extranjero que exigieron reformas en la aplicación de la Consulta Previa.

Recordemos que en la petición, enviada tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Energía y Minas, se exigieron tres demandas muy importantes para garantizar que la consulta previa a los pueblos indígenas de nuestro país les permita realmente defender sus derechos. Este pedido de la ciudadanía tenía las siguientes propuestas:

  • Que la Comisión Multisectorial Permanente recupere las funciones necesarias para proponer mejoras a la Consulta Previa y que además incluya la participación de representantes indígenas.

  • Que los pueblos indígenas participen en la determinación de las medidas que se les consultarán.

  • Que se incorporen los supuestos de consentimiento en las normas y reglamentos que regulan la consulta. Es decir, que cuando se vaya a trasladar a poblaciones o se vaya a almacenar desechos tóxicos en los territorios de los pueblos indígenas, se pida su consentimiento y no únicamente se les consulte, según lo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

  • Que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado, a fin de que se consulte lo que de verdad puede afectar a las poblaciones indígenas.

Ante esto, el Ministerio de Cultura respondió a cada punto de la carta, con los siguientes argumentos:

  • Sobre la Comisión Multisectorial Permanente:

    • El Ministerio de Cultura se encuentra en revisión de una propuesta de Decreto Supremo para la modificación de la conformación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la aplicación del Derecho a la Consulta”.

      Como se aprecia, el Mincul responde al primer punto con una propuesta de cambio, lo que es positivo; sin embargo no queda del todo claro, porque no se precisa si la Comisión Permanente ahora será conformada por representantes de Pueblos Indígenas o si este cambio se refiere a las funciones que se deberían recuperar a fin de que la comisión pueda proponer mejoras a los procesos de consulta.

  • Sobre la participación de los pueblos indígenas en la determinación de las medidas que se les consultarán:

    • Es importante señalar que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley N 289875, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son las entidades estatales quienes deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”.

      Al respecto, el Mincul se limita a citar la norma que señala la responsabilidad del Estado. Pero esto no impide que ello se haga en diálogo con los pueblos indígenas para garantizar la pertinencia de la consulta.

  • Sobre el pedido de que se incorporen los supuestos de consentimiento:

    • Es necesario señalar que la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, dispone que para ambos casos se requiere el consentimiento. No obstante, resulta fundamental recordar que el Convenio 169 de la OIT se encuentra vigente, tiene rango constitucional y forma parte del ordenamiento jurídico peruano”.

Sin duda el Convenio 169 está vigente, y por lo tanto el consentimiento en los casos en se requiera puede ser exigido por vía judicial. Sin embargo, la propuesta presentada busca que estos supuestos se incorporen en las normas reglamentarias sobre consulta, en especial aquellas vinculadas a los proyectos extractivos mineros y petroleros, que en muchas oportunidades implican reubicación de poblaciones o depósito de sustancias tóxicas. Si los reglamentos no precisan de qué manera se hace operativo el consentimiento, simplemente el Estado no lo aplica.

  • Sobre el pedido de que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado a fin de que se consulte lo que de verdad pueda afectar a las poblaciones:

    • El Ministerio de Cultura considera los siguientes criterios para determinar el momento para realizar la consulta previa: i) que sea previa, es decir que se realice antes de la aprobación de la medida que podría afectar derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; ii) que la medida esté suficientemente desarrollada por la entidad promotora de modo tal que pueda proporcionar información acerca de la posible afectación específica a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de aprobarse la medida; iii) que sea posible incorporar acuerdos que se logren durante la etapa de diálogo en los documentos que conforman y sustentan la medida”.

Consideramos que se debe adoptar medidas que garanticen que la consulta sea realmente previa y oportuna. En el caso de proyectos mineros y petroleros, se están consultando medidas que tienen poco que ver con los impactos reales de estas actividades en los derechos de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, que identifican y califican los impactos de estas actividades, no son sometidos a consulta.

Al cierre de esta nota, estamos en la espera de la respuesta del Ministerio de Energía y Minas a la misma carta, que se dejó en la mesa de partes de dicha entidad el pasado mes de octubre.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/ministerio-de-cultura-responde-a-peticion-ciudadana-sobre-consulta-previa/?fbclid=IwAR2RV10JmZnNnw3gSO2oMsBJlQxHYIX8PmtBsIpp1TQuqTq6nY-na8_aNC8

Perú

Realizan vigilia contra minera Yanacocha en Plaza de Armas de Cajamarca

La noche del lunes 14 decenas de pobladores del centro poblado Combayo se congregaron en la plaza de Armas de Cajamarca para realizar una vigilia en rechazo a las operaciones mineras de la empresa Yanacocha.

De acuerdo a la población, las actividades de Yanacocha habrían ocasionado la desaparición de varios de sus manantiales y la disminución del caudal del río Azufre, lo que estaría perjudicando la realización de sus labores diarias. El daño sería importante, pues de los 600 litros de agua por segundo indicado en sus resoluciones de uso de agua, a la actualidad solamente estarían beneficiándose de aproximadamente 180 litros de agua por segundo: “Están desapareciendo a nuestros manantiales. Hoy en día prácticamente es un desierto donde está operando Yanacocha y de los cientos de manantiales que existían solo nos quedan unos cuantos”, indicó Ismael Linares, vocero del canal Azufre Ventanillas de Combayo.

Según el dirigente, en reiteradas oportunidades se ha pedido a la empresa que explique la situación sin lograr respuesta, por lo que han decidido emprender acciones de protesta. Durante la vigilia también solicitaron que el gobierno nacional se haga presente en la zona y reiteraron su oposición a minería en su zona: “No reclamamos con otros intereses. Nuestro único interés es que no haya más expansión minera porque si se lo permite, prácticamente Combayo se quedaría sin una gota de agua. Queremos que el agua se conserve. Que no hagan mayores daños a nuestros recursos”, señaló Linares.

Cabe indicar que el último jueves un grupo de pobladores se trasladó hasta la zona de operaciones de Minera Yanacocha como parte de sus protestas, sin embargo, la empresa emitió un comunicado informando que incursionaron ilegalmente en su propiedad y que “los reclamos de supuesta afectación a fuentes de agua del canal carecen de sustento técnico”, señalando que la Autoridad Local del Agua “al tomar conocimiento de esta problemática, ha convocado a los usuarios e instituciones para iniciar en los próximos días un diálogo técnico”. La empresa igualmente señaló que no cederá frente a medidas de presión ya que la protesta pretendería “alguna compensación económica e incluso contratos para algunas empresas del canal”. No obstante, en el comunicado ratificaron que cumplen con sus compromisos de descarga y exhortaron al diálogo.

En tanto, la población ha acordado otorgarle un plazo a Yanacocha para que convoque a una reunión y explique la situación de los recursos hídricos. Este plazo culmina el día martes (15 de enero) a medianoche y de no generarse alguna respuesta ya han anunciado que realizarán una nueva vigilia cerca de las operaciones mineras.

Más oposición

Hace unos días, varios medios difundieron que la empresa Yanacocha informó que su proyecto de exploración “Lorena”, ubicado en la provincia de San Pablo, había sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Esto inmediatamente ocasionó la respuesta inmediata de organizaciones sociales de esa provincia y el próximo 23 de enero estarán realizando una movilización hacia la zona en la que se realizarán las exploraciones, con lo que esperan dejar en claro su rechazo a la ejecución de un nuevo proyecto.

Ver vídeo aquí   https://bit.ly/2APhmZL

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/realizan-vigilia-contra-minera-yanacocha-en-plaza-de-armas-de-cajamarca?fbclid=IwAR0AivvW7u8Vweop9kRxHCroqMAPMbu7Rl1WFrvw7XVmu85LcVdywRN7gBY

Perú

OEFA ordena paralización inmediata de la empresa Minera Shougang para evitar contaminación de la bahía San Nicolás

El 12 de enero del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta  de Shougang ubicado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica.

Ello, debido a que el OEFA, durante acciones de supervisión, detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y stock de concentrado de hierro de la planta Marcona. Actualmente no existen medidas de manejo ambiental que impidan y controlen la dispersión de partículas. En este caso en particular, dichas partículas se están dirigiendo, por acción del viento, hacia la bahía San Nicolás.

En ese sentido, el OEFA ha exigido a la empresa Shougang que presente un calendario para la rehabilitación de la zona en un plazo de 5 días. Si no cumplen las medidas impuestas, el OEFA, señala en su comunicado, tomará medidas administrativas, civiles y penales.

Desde Red Muqui señalamos que es fundamental que exista una institucionalidad sólida en materia ambiental, con funciones bien definidas y suficiente presupuesto para que pueda ejercer su rol fiscalizador y sancionador de manera independiente. Consideramos que aún es frágil en ese sentido el rol que cumple OEFA, que debe ser respaldado por el gobierno central, para evitar las presiones de las empresas mineras en la aplicación de las sanciones correspondientes.

Procesos como el de la agenda minera 2030 que discute el Grupo de Alto Nivel (GAN) con empresas mineras, entidades del Estado y con algunas instituciones de sociedad civil; visualizan una minería con más facilidades y menos exigencias para realizarse donde hay mayores riesgos ambientales o rechazo de la población. Lo que sólo puede generar antes que soluciones; mayores conflictos, porque son las empresas las que toman las decisiones y luego las imponen ante un Estado sumiso a dichos intereses.

En diciembre del 2018, varias organizaciones civiles latinoamericanas, entre ellas Red Muqui y CooperAcción, como parte del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) que correspondió a China; denunciaron los abusos de las empresas del país asiático ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Específicamente las empresas mineras chinas, que disponen el 32% de las inversiones en minería en el Perú, han sido acusadas por cometer abusos ambientales. Empresas como Shougang Corporation, Chinalco (Ica), MMG (Apurímac), Shouxin, Nanjinzhao Group Co Jiangxi Copper, Junefield Group, Zijin Mining Group (Piura), Toromocho (Junín) y otras más; son acusadas de haber violado los derechos humanos, ambientales y laborales en los lugares donde desarrollan sus actividades.

Antecedentes

No es la primera vez que la empresa minera Shougang es acusada por violencia de los derechos humanos. Últimamente, en el 2017,la acusaron por negar el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.

Modificado por última vez en Martes, 15 Enero 2019 20:43
Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/829-oefa-ordena-paralizacion-inmediata-de-la-empresa-minera-shougang
Perú

Manuela Franco – Fairmined Vizcarra también busca afianzar modelo económico extractivista minero mediante la Política Nacional de Competitividad y Productividad

El día 31 de diciembre el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad; norma preparada desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma aprueba una política intersectorial y de alcance nacional.

Esta política nacional busca emprender ajustes estructurales en la economía del país, no sólo en el sector laboral que es lo que se ha visibilizado a través de las movilizaciones sociales que respaldamos y apoyamos, sino en educación y ambiente. La fundamentación de esta política sostiene que tiene como objetivo “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990, las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo” (p.7). Ver el Decreto Supremo aquí.

Contiene 9 objetivos prioritarios que aplican fórmulas para facilitar la inversión y reducir los costos y trabas regulatorias al sector empresarial. La política también señala la necesidad de avanzar hacia la diversificación productiva; sin embargo, no fundamenta adecuadamente como la reducción de costos y el destrabe regulatorio para las empresas conllevará a diversificar la matriz productiva y a generar mayor bienestar social. Por el contrario, la propia política en su objetivo prioritario n°6, hace referencia a la necesidad de seguir promoviendo la aprobación de proyectos de inversión minera y para ello señala lo siguiente:

“El ambiente de negocios tiene que considerar reducir los riesgos de conflictos sociales para los inversionistas privados” (p.59). Es decir, se aborda la problemática de conflictos sociales como “riesgos” para las inversiones y no desde un enfoque de derechos humanos, que debe ser una perspectiva transversal a la aprobación de toda política nacional.

Para lograr que los conflictos dejen de ser un riesgo para las inversiones, la política señala que el Ministerio de Energía y Minas ha creado el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas (Rimay), que está elaborando una visión para la minería peruana al 2030, la que actualmente construye el denominado Grupo de Alto Nivel (GAN). Este es un espacio en el que RED MUQUI estuvo participando y del cual se ha retirado por no haber un diálogo con participación de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería; no haber garantías de respeto a sus derechos en los acuerdos; y por mantener una economía dependiente de la actividad minera, fundamentalmente.

Generar un ambiente de negocios y competitividad no puede realizarse a costa de la desregulación de los estándares ambientales, ni de la imposición de una visión de desarrollo económico desde el gobierno central hacia las comunidades y poblaciones. Lamentablemente, la Política Nacional de Productividad y Competitividad tiene como objetivo seguir sosteniendo el modelo económico extractivo y las rentas del empresariado a costa de los derechos humanos de la mayoría de peruanos y peruanas.

Desde Red Muqui, y en base a nuestra Agenda Muqui 2018-2021 (ver aquí) proponemos avanzar hacia un desarrollo económico alternativo del Perú, que no mantenga a nuestra economía dependiente de la minería, que respete los derechos humanos de comunidades y poblaciones afectadas, y que garantice el bienestar general, y no solo busque el beneficio económico de las empresas.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/831-vizcarra-tambien-busca-afianzar-modelo-economico-extractivista-minero-mediante-la-politica-nacional-de-competitividad-y-productividad