Perú

ESPINAR: JUSTICIA PARA SERGIO HUAMANÍ, ABSUELTO EN DEMANDA PRESENTADA POR GLENCORE ANTAPACCAY

www.conflictosmineros.org.pe – Alerta informativa
04/02/2025
En un fallo trascendental para la defensa de la libertad de expresión, en segunda instancia por el Juzgado Penal Unipersonal de Espinar absolvió a Sergio Huamani Hilario, quien fue querellado por la Compañía Minera Antapaccay S.A. bajo el expediente 00118-2023-0-1009-JR-PE-01 por el presunto delito de difamación calumniosa agravada.

La querella se originó a raíz de declaraciones emitidas por Huamani Hilario el 5 de marzo de 2023 durante el evento político cultural a la memoria del líder social Oscar A. Mollohuanca Cruz. La compañía minera alegó que dichas afirmaciones afectaban su derecho al honor y la buena reputación.

Sin embargo, tras evaluar los argumentos y las pruebas presentadas, el tribunal concluyó que las expresiones emitidas por Huamani Hilario se enmarcan dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, conforme a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, el juzgado señaló que la restricción penal al derecho de expresión debe cumplir con requisitos de legalidad, proporcionalidad y necesidad en una sociedad democrática, los cuales no se evidenciaron en este caso.

La resolución judicial establece que se absuelve a Sergio Huamani Hilario del delito de difamación calumniosa agravada en agravio de la Compañía Minera Antapaccay S.A., ordenando el archivo definitivo del proceso y la anulación de los antecedentes generados por esta causa. Asimismo, el juzgado ha determinado que la demanda interpuesta por la empresa no tuvo argumentos suficientes.

El tribunal destacó que las expresiones atribuidas al querellado no contenían una imputación específica y directa de delito, y que el contexto en el cual se pronunciaron forma parte de un debate de interés público. Además, se tomó en cuenta que la muerte de Oscar Mollohuanca, exalcalde de Espinar y reconocido líder social, fue un hecho de alto impacto en la comunidad, generando preocupación y debate público.

La decisión del juzgado sienta un precedente relevante sobre la protección del derecho a la libertad de expresión en contextos de discusión pública, especialmente en territorios donde la actividad minera genera conflictos socioambientales. Asimismo, reafirma el criterio de que las restricciones a este derecho fundamental deben ser excepcionales y estar justificadas por una necesidad social.

Este fallo representa un avance en la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, particularmente en la protección de la libertad de expresión. Refuerza la importancia del debate libre y abierto sobre temas de interés colectivo, permitiendo que las voces críticas puedan manifestarse sin temor a represalias, lo que contribuye al fortalecimiento de la democracia y la transparencia en la discusión pública.

Perú

EL AGUA DE LIMA Y CALLAO EN MANOS DE UN JUEZ

02/01/2025
Audiencia final del caso Ariana: Última oportunidad para salvar el agua para 10 millones de personas

Este 8 de enero tendrá lugar la última audiencia de segunda instancia del caso Ariana, la empresa minera que pretende explotar cobre en pleno sistema de lagunas de Marcapomacocha, que abastece de agua a Lima y Callao. En esta audiencia se espera el voto dirimente de un quinto juez, dado que las opiniones en la primera sala constitucional de Lima se encuentran empatadas a dos votos, con los magistrados Ordóñez y Tapia a favor de la suspensión del proyecto minero y los magistrados Cueva y Suárez que se han manifestado en sentido contrario.

Ariana es un proyecto minero de la empresa Southern Peaks, que se emplaza dentro del sistema Marcapomacocha, el sistema hídrico de donde Sedapal capta agua de la cuenca del Mantaro para desviarla hacia la cuenca del Rímac y así garantizar las cantidades de agua necesarias para abastecer a la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes. Este sistema hídrico está conformado por un conjunto de lagunas, así como bofedales naturales, que son ecosistemas captadores de agua, y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas que permiten alimentar al túnel trasandino Cuevas-Milloc, que la transporta hacia la cuenca del Rímac.

Pese a que el proyecto minero Ariana recibió la aprobación de su estudio de impacto ambiental (EIA) en 2016 por parte de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el propio Sedapal considera que constituye un grave riesgo que podría impactar la calidad y cantidad de agua que reciben Lima y Callao. Sin embargo, la opinión de la empresa de agua potable no fue tomada en cuenta. Es así que, en 2019, un grupo de ciudadanos de Lima interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero, presentando numerosos argumentos técnicos que ofrecen indicios razonables de que la construcción de una mina y el emplazamiento de relaves tóxicos en el sistema de Marcapomacocha ponen en riesgo las fuentes de agua de Lima y Callao.

En enero de 2023 la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto minero y la realización de estudios hidrogeológicos que determinen el riesgo existente. Sin embargo, tanto la empresa como el Estado apelaron la sentencia. La audiencia del próximo 8 de enero es la audiencia definitiva de la segunda instancia, en donde se determinará qué posición obtiene los tres votos necesarios para dictar sentencia: la suspensión del proyecto, o su construcción.

Luego de casi seis años de proceso judicial, el voto dirimente de un juez podría ser decisivo para el derecho al agua en cantidad y calidad adecuadas para las próximas generaciones. La ciudadanía debe permanecer alerta y vigilante, esperando que la primera sala constitucional de Lima tome conciencia de la responsabilidad histórica que tiene en sus manos.

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Perú

¡Agro sí, mina no! | Ronderos salen en multitudinaria protesta contra proyecto minero en Piura

(VIDEO)
Redacción El Búho
25/01/2025

TENSIÓN POR MINERA | Una multitud integrada por ronderos y ciudadanos de Huancabamba, en Piura, salieron a protestar contra el proyecto minero Río Blanco. Exigen se respete los resultados de la consulta previa en la que expresaron un rotundo rechazo a la actividad minera, cuando fueron consultados. Aseguran que seguirán luchando para defender el agua, el medio ambiente y el territorio. Gran parte de la población vive de la agricultura, ganadería y el turismo.

El video ¡AGRO SÍ, MINA NO! | Ronderos salen en multitudinaria protesta contra proyecto minero en Piura se publicó en YouTube en este enlace: https://youtu.be/n2gCEg5DdBA

Ecuador, Perú

Los Charip y la lucha del pueblo Wampis contra la minería ilegal en la frontera entre Perú y Ecuador

Los Charip, relámpago en wampis, son la única línea de defensa frente a la minería ilegal de este pueblo indígena en el río Santiago, en Condorcanqui (Amazonas). Esta provincia fronteriza entre Perú y Ecuador ha vivido 8 estados de emergencia por minería ilegal pero la policía sólo ha detenido a 13 personas por este delito desde 2019. Convoca recorre el territorio wampis desde Huampami hasta Villa Gonzalo, en el distrito de Río Santiago, y documenta los daños ambientales y sociales de la minería ilegal. Ante esta situación, las autodefensas indígenas Charip se convierten en un ejemplo de resistencia frente a los daños sociales y ambientales de la minería ilegal, que contamina el Río Santiago, fuente de agua de comunidades sin acceso a infraestructuras básicas. Ejemplos como el de la comunidad de Chosica, en la que un proyecto de saneamiento permanece inconcluso tras casi una década, evidencian el olvido estatal y condenan a la comunidad wampis a beber agua contaminada por la minería ilegal.
María Goreti y Paul Tuesta
Reportero Gráfico: Gabriel García
16/01/2025

Ulises Sinhuani, lanza en mano, recuerda el día en el que los Charip, guardianes del territorio indígena wampis, detuvieron en el río Santiago una lancha en la que viajaban cinco mineros ilegales ecuatorianos y dos policías peruanos. Escoltaban dos motores de gran tamaño, destinados a la minería ilegal que opera en la frontera entre Perú y Ecuador, en la provincia de Condorcanqui.

“Atrapamos a unos policías escoltando mineros”, explica a Convoca Sinhuani, vicepresidente de los Charip, relámpago en wampis, “Al atraparlos, hemos visto que son autoridades, vigilantes de la patria peruana, pero están envueltos la corrupción de la minería ilegal”, cuenta sobre esta detención, que tuvo lugar el 18 de abril de 2024.

La entrega de los mineros y los policías a las autoridades peruanas fue la primera victoria de los Charip, un grupo de autodefensas creado con el apoyo del Gobierno Territorial Autónomo Wampis, una entidad que representa y agrupa a los integrantes de este pueblo indígena.

La nación Wampis se extiende a lo largo de más de 1 millón 300 mil hectáreas en los distritos de Río Santiago (Amazonas) y Morona (Loreto). Sus 22 comunidades tituladas viven asediadas por la minería ilegal.

En el vasto distrito fronterizo de Río Santiago no existe un sólo policía destacado y la comisaría más cercana se encuentra en Santa María de Nieva, a más de 6 horas en bote. Esta situación deja a las comunidades wampis en una situación de seguridad especialmente vulnerable y las obliga a organizarse para defenderse frente a actividades ilícitas.
Foto
Miembro de las autodefensas “Charip”. Foto: Gabriel García/Convoca

“Los mineros ilegales nos traen divisiones entre hermanos”

Los Charip nacieron el 18 de febrero de 2024 durante una asamblea comunal en la que el pueblo wampis decidió rechazar de manera contundente la minería ilegal en sus tierras y en el río Santiago, la principal fuente de agua de este distrito.

“Charip nació como un niño en una zona pobre, no tenía ni una casa, no tenía una canoa para vigilar, no tenía nada”, recuerda Ulises Sinhuani, vicepresidente de estas autodefensas.

Aunque sus recursos son limitados, Sinhuani asegura a Convoca que su misión es clara: combatir cualquier tipo de minería, formal o informal, que amenace el equilibrio social y ambiental de su territorio.

Rojas Wachapa, gestor del Gobierno Territorial Autónomo Wampis, explica cómo la minería ilegal rompe el orden social comunitario. “Los mineros ilegales nos traen divisiones entre hermanos; crean divisiones entre comunidades, divisiones entre organizaciones constituidas, divisiones en vínculos familiares, y esto es un peligro para nosotros”, admite a Convoca este dirigente. “Porque nosotros nunca vivimos enfrentados, pero ahora sí nos estamos enfrentando, por eso es que vemos la gran necesidad de seguir combatiendo a la minería a través de los Charip”.

El pasado 10 de octubre, líderes de los Gobiernos Territoriales Autónomos Wampis y Awajún se reunieron con presidentes de diversas comunidades de los distritos de Río Santiago y El Cenepa en la comunidad de Huabal. Durante el encuentro, surgió un tenso debate entre quienes rechazan la minería ilegal y quienes, aunque conscientes de sus impactos, defienden su continuidad argumentando el abandono estatal y la falta de servicios básicos en sus comunidades. Al finalizar la reunión, la mayoría de los asistentes, 68 en total, votó en contra de la minería ilícita, mientras que solo 7 se pronunciaron a favor.

Actualmente, los Charip operan desde la comunidad de Villa Gonzalo, donde disponen de un local comunal y una base que alberga a 10 de sus 30 miembros, quienes se turnan para realizar labores de vigilancia, a menudo sin remuneración.

Equipados con lanzas y escopetas artesanales, los Charip suplen la falta de una embarcación propia con lanchas alquiladas con fondos gestionados por el Gobierno Territorial Autónomo Wampis. A pesar de estas dificultades, se han convertido en la principal defensa frente al avance de economías ilegales en el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui.
https://convoca.pe/investigacion/los-charip-y-la-lucha-del-pueblo-wampis-contra-la-mineria-ilegal-en-la-frontera-entre

Perú

Ministerio Público amplía competencias a fiscalías para atender a víctimas de protestas

Dichas fiscalías superiores podrán abordar los delitos de homicidio, lesiones graves y extorsiones cometidos en agravio de periodistas y todos los delitos en agravio de personas defensoras de derechos humanos.
Ministerio Público. (Foto: GEC)

14/01/2025
El Ministerio Público dispuso ampliar las competencias de las fiscalías superiores especializadas en Derechos Humanos, la Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Delitos de Terrorismo y la Fiscalía Superior del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, para que todas ellas conozcan los delitos de dichas especialidades.

Así lo establece la Resolución de la Fiscalía de la Nación 075-2025-MP-FN, publicada este martes en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

Se indica que, en adición a sus funciones, dichas fiscalías superiores podrán conocer en segunda instancia los delitos contra la humanidad previstos en diferentes capítulos del Código Penal; los delitos comunes que constituyan casos de violación de derechos humanos; y delitos conexos a los mismos.

También podrán abordar los delitos de homicidio, lesiones graves y extorsiones cometidos en agravio de periodistas y todos los delitos en agravio de personas defensoras de derechos humanos, siempre que sean en razón a su labor de defensa, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Por último, podrán conocer los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Ley 25475 y sus respectivas modificatorias, así como el delito de apología de terrorismo tipificado en el artículo 316 y 316-A del Código Penal y delitos conexos.

En ese sentido, se dispone que la coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad efectúe la distribución equitativa de carga procesal de las fiscalías superiores, conforme a las competencias señaladas.

En la parte considerativa de la resolución se indica que la finalidad de este cambio es uniformizar el abordaje de estos delitos de manera integral y fortalecer la operatividad del sistema fiscal especializado, mejorando la eficacia e inmediatez del accionar del Ministerio Público en beneficio de la ciudadanía en general.

La norma lleva la firma de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela.
https://gestion.pe/peru/politica/gobierno-peruano-ministerio-publico-amplia-competencias-a-fiscalias-superiores-para-atender-a-victimas-de-protestas-noticia/

Perú

PIDEN AL PODER JUDICIAL PROTEGER LA FUENTE DE AGUA DE LIMA Y CALLAO

Imagen: CooperAcción 07/01/2025
Ciudadanos de Lima, ex autoridades, trabajadores de Sedapal y técnicos especialistas se pronunciaron en contra de la continuación del proyecto minero Ariana, por representar un riesgo para la provisión de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao. En ese sentido expresaron su preocupación por el voto dirimente del juez que verá el caso de la demanda de amparo contra este proyecto, en la última audiencia de la segunda instancia, que se realizará mañana 8 de enero, y donde se decidirá si prosigue o se suspende este proyecto minero.

El proyecto minero Ariana es una explotación minera subterránea de yacimientos de cobre y zinc, que se superpone a la zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha, conformado por lagunas, bofedales naturales, ecosistemas captadores de agua y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas, que alimentan al túnel trasandino Cuevas-Milloc, a través del cual, se transporta el agua a la cuenca del Rímac, representando el 62% del agua que abastece a Lima y Callao en época de estiaje.


Imagen: CooperAcción

El ex viceministro José De Echave, quien es parte demandante en este proceso judicial, explicó que “aquí nadie cuestiona la importancia de la minería, no estamos en una lógica anti minería”. “Lo que estamos es preocupados, con mucha legitimidad, porque se pretende afectar con un proyecto de estas características un sistema que es fundamental”, señaló, recordando que incluso el sistema hídrico de Marcapomacocha está considerado como un activo crítico del Estado y que por lo tanto debería ser intangible.

“Nos dirigimos al juez, pedimos que evalúe seriamente el caso, porque lo que está en riesgo es el derecho al agua para todos los limeños y limeñas, y también para los chalacos y chalacas”, expresó Ana Leyva, abogada de CooperAcción. “Hay una alta posibilidad de que se afecte el túnel trasandino, o que se produzcan filtraciones y se contamine la calidad del agua. Esperamos que se haga justicia y que se haga prevalecer el bien superior que es el derecho al agua, la salud y la vida”, puntualizó.

“Lima es una ciudad desértica. Si no fuera por el agua que viene de la sierra central, Lima sería una población que no tendría agua”, recordó Luisa Eyzaguirre, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL)”. “Tenemos 650 mil personas que no cuentan con el servicio de agua en Lima. ¿Existe la posibilidad de dotar de agua a esta población cuando estás teniendo el riesgo de implementar un proyecto de estas características, totalmente lesivo a los intereses de la gente? Definitivamente no” señaló de manera tajante.

Perú

LA POLÍTICA DE CONCESIONES MINERAS EN CUESTIÓN

19/12/2024
Desde el Geoportal de CooperAccion hemos llamado la atención sobre la evolución del número de hectáreas concesionadas en todo el país. En las tres últimas décadas, hemos hecho un seguimiento riguroso, identificando momentos de expansión, retrocesos y nuevas etapas de crecimiento.

Hay algunos departamentos que en la actualidad tienen más del 50% de su territorio ocupado por concesiones mineras. Siempre es bueno precisar que esto no quiere decir que toda esa área otorgada se va a convertir en una operación minera; sin embargo, las concesiones son derechos mineros vigentes, otorgados por el Estado peruano, que terminan presionando el territorio y a los propietarios de la superficie.

En todos estos años hemos encontrado situaciones que podríamos calificar como absurdas. Algunos ejemplos: concesiones mineras otorgadas en el santuario nacional Tabacones Namballe (que en principio es intangible) o en la mundialmente famosa Montaña de 7 colores o Montaña Vinicunda, en Cusco, entre varios otros casos. En algunos de los ejemplos mencionados, nuestras denuncias lograron que las concesiones mineras fueran anuladas. Recientemente, hemos descubierto que el 60% del reservorio de Poechos, en Piura, está ocupado por concesiones mineras.

El reciente conflicto en torno a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las demandas de los propios pequeños mineros (informales e ilegales), también ha colocado sobre la mesa el tema de la concentración de las concesiones mineras: frente a la propuesta del ahora exministro Rómulo Mucho de crear zonas especiales para la pequeña minería y la minería artesanal, las asociaciones de mineros han señalado que ya no hay espacio porque todo está concesionado: en la actualidad son algo más de 20 millones de hectáreas ocupadas por derechos mineros a nivel nacional en las zonas con mayor riqueza geológica y apenas 15 empresas concentran el 80% de estas concesiones.

En realidad, lo que se ha producido, desde la década del 90 del siglo pasado, es un proceso de acaparamiento de tierras nunca antes visto, a través de la política de concesiones: empresas de todo tamaño e incluso personas naturales que controlan concesiones mineras, subarriendan a terceros a cambio de un pago, regalía o la entrega de una parte de la producción. Muchos de estos convenios terminan en disputas que se resuelven en varias zonas de manera violenta.

En la propuesta del exministro Rómulo Mucho se hablaba de entregar cuadrículas y que las concesiones mineras sean intransferibles, para que sean explotadas únicamente por el titular. Puede ser una pista. Se tienen que analizar diversas alternativas y hacer varios ajustes a la política de concesiones mineras para quebrar el acaparamiento extremo que se presenta en la actualidad.

Perú

Observatorio advierte del avance de minería ilegal en Perú con el respaldo político

Newsroom Infobae 18/12/2024

Lima, 18 dic (EFE).- La minería ilegal en Perú tiene contactos y relaciones políticas en el Congreso, que apuntan a «fortalecerse» en los próximos años, e incluso le está disputando territorio a la gran minería formal en el país, según ha denunciado este miércoles el Observatorio de Conflictos Mineros.

«Es un sector que tiene contactos y relaciones políticas en el Congreso y todo indica que va a fortalecerse», ha declarado el investigador de la organización CooperAcción, José de Echave, durante la presentación del informe número 35 del Observatorio de Conflictos Mineros.

Ha añadido que, paradójicamente, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) «ha permitido la incorporación de mineros ilegales», al convertirse en «una ventana que ha permitido que se inscriban».

Esa situación se debe a que el Reinfo abre un largo proceso de formalización que les permite seguir con sus actividades extractivas.

De Echave ha afirmado que «es evidente que el avance de este tipo de minería es fuente importante de conflictividad social» e incluso está «disputándole territorio a la gran minería».

En tal sentido, ha recordado los conflictos sociales y actos de violencia en las regiones de Amazonía, Cajamarca, Pataz, así como las provincias altas de Cuzco y Apurímac, con alta presencia de lavaderos de oro.

Además, De Echave ha denunciado la «trágica» lista de defensores medioambientales asesinados, en torno a las 40 víctimas, por enfrentarse a las mafias de tala, narcotráfico y minería ilegal.

A su vez, la abogada de la organización Grufides y ex primera ministra, Mirtha Vásquez, ha dicho que «el Estado no está invirtiendo en hacer un diagnóstico sobre la escasez del recurso hídrico» en regiones como la norteña Cajamarca, donde la minera Yanacocha produce el 12 % del oro del país.

Esta región ha pasado, en el último semestre, con «el nivel de escasez de agua nunca antes visto», al punto que «la municipalidad ha tenido que abastecer con cisternas a la ciudad de Cajamarca».

Vásquez ha atribuido la escasez de agua en esa región a la actividad minera de Yanacocha, dado que está localizada en una cabecera de cuenca y tiene que bombear agua para que se pueda captar este recurso en la planta de tratamiento de la ciudad.

La abogada ha indicado que con la ampliación del plazo del Reinfo, la Fiscalía no va a poder frenar este tipo de actividades y los mineros ilegales «empiezan a generar una dinámica de mucho ataque contra los defensores ambientales y rondas (vigilantes) campesinas» en varios sectores de Cajamarca.

Por su parte, el director de la organización Fedepaz, David Velazco, ha recordado los casos de dirigentes y manifestantes procesados y sentenciados por haberse opuesto a proyectos mineros en Arequipa, Piura y Apurímac en los últimos años.

Velazco ha manifestado que «no existe ni una sola prueba» que acredite la acción penal contra dos dirigentes condenados por las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa mexicana Southern Copper.

«Se intenta hacer escarnio en los dirigentes y que se eviten» otras acciones de protesta, ha comentado el representante de Fedepaz.

Ha agregado que también hay once manifestantes condenados por las protestas contra el yacimiento cuprífero de Las Bambas, en Apurímac, con ausencia de pruebas y sentenciados presuntamente por «motivación de tipo político y no jurídico».

Igualmente, Velazco ha mencionado que, desde hace 15 años, existen 54 personas procesadas por haberse opuesto al proyecto Rio Blanco en Piura.

«Estos son un claro ejemplo de cómo hay una absoluta precariedad para que estas personas desarrollen su actividad de defensa» del medioambiente, ha expresado.EFE
https://www.infobae.com/america/agencias/2024/12/18/observatorio-advierte-del-avance-de-mineria-ilegal-en-peru-con-el-respaldo-politico/

Perú

EL 60% DEL RESERVORIO DE POECHOS ESTÁ CONCESIONADO A LA MINERÍA

José De Echave C.
17/12/2024
Desde la creación del geoportal de CooperAccion y el continuo monitoreo de la evolución de las concesiones mineras en el país, hemos encontrado situaciones que podríamos calificar como absurdas. Algunos ejemplos: concesiones mineras otorgadas en el santuario nacional Tabacones Namballe o en la mundialmente famosa Montaña de 7 colores o Montaña Vinicunda, en Cusco. En algunos casos, nuestras denuncias lograron que las concesiones mineras fueran anuladas.

En esta ocasión queremos llamar la atención de que el geoportal de CooperAccion muestra que el reservorio de Poechos, la obra hidráulica más importante construida en el cauce de un río (el Chira) y fundamental para la provisión de agua en esa parte del país, está en gran medida concesionado para minería. Esto es aún más grave cuando vemos la sequía histórica que enfrenta Piura, situación que tenderá a agravarse cada vez más debido al cambio climático.


Poechos se ubica en el distrito de Lancones, provincia de Sullana. Como se puede apreciar en el primer mapa, el 16.3% del distrito de Lancones está concesionado, pero una aproximación a la imagen del reservorio (segundo mapa) muestra que las concesiones mineras ocupan el 60.6% de Poechos.


Cabe recordar que Poechos entró en operación el año 1976 y desde entonces permitió almacenar los excedentes de agua del río Chira durante el período de lluvias para regularlos y de esa manera satisfacer la demanda de los valles del Medio y Bajo Piura y Chira, además de abastecer el consumo de agua de la población. El impacto de Poechos en todo este tiempo ha sido notable en la agricultura de la región Piura, permitiendo el aumento significativo de las áreas cultivables y hasta dos campañas agrícolas por año.

Por eso, llama la atención que una obra de infraestructura hídrica de esta magnitud sea concesionada para la minería; más aún en una zona como Piura donde el agua es un bien escaso.

¿Cuál es la explicación? Varios expertos señalan que, desde la inauguración de Poechos, no se le ha hecho descolmatación alguna y, como consecuencia, el 60% del reservorio estaría con sedimentos (una suerte de lodo aluvial acumulado). Desde hace varios años se maneja la información de que esos sedimentos tendrían una composición importante de minerales, sobre todo oro. Incluso, hace unos años, el expresidente Kuczynski señaló que en Poechos se tenía reservas de oro más importantes que en Yanacocha: se habla de 580 millones de metros cúbicos de lodo acumulado y proyecciones de un gramo de oro por metro cúbico.

Al margen de cuán ciertas sean estas afirmaciones y de cuánto oro realmente hay en Poechos, lo que sí se puede confirmar es que, en la actualidad, gran parte de este reservorio está ocupado por concesiones mineras. Al parecer, son dos personas naturales las que tienen la titularidad de las concesiones en Poechos: Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa y Juan Carlos Ramírez Malatesta.

¿Tiene sentido poner en riesgo uno de los más importantes reservorios de agua del país, que es determinante para abastecer de agua a una región como Piura? Sacamos este tema a la luz para que la población esté informada e insistimos en la necesidad de discutir la política de concesiones mineras en el Perú. Nadie discute la necesidad de llevar adelante un proceso de descolmatación de Poechos. Sin embargo, entregar concesiones mineras en el reservorio es un despropósito.

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Perú

AVANCE DE LA MINERÍA ILEGAL AMENAZA A POBLACIONES INDÍGENAS: INSTITUCIONES SE HAN DEBILITADO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

12/12/2024
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha presentado un revelador informe sobre los retrocesos en la protección de los pueblos indígenas y sus territorios.

 

Mineros ecuatorianos han ingresado a territorio peruano, con maquinaria pesada, generan un foco de conflicto social y de pérdida de control territorial.

El 11 de diciembre se cumplen dos años desde las primeras muertes en el sur andino, resultado de la represión estatal durante las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Las víctimas eran de origen indígena, y estos eventos fueron el preludio de un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Congreso, que resultó en la concentración del poder político en este último.

En el contexto de esta crisis, se presentó el informe «Posicionamiento político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH frente a la situación de los pueblos indígenas u originarios en el Perú». Este documento, que se elabora anualmente, fue enviado a la OIT en agosto y destaca el debilitamiento institucional y la aprobación de políticas públicas que afectan a las comunidades indígenas.

Durante la presentación, Luis Hallazi, representante del Instituto del Bien Común, señaló que el gobierno actual está supeditado a un Congreso autoritario que promueve cambios y reformas constitucionales de facto, afectando la institucionalidad.

Destacó que en el Perú, 55 pueblos indígenas organizados en 3.003 comunidades poseen alrededor del 30% del territorio. Sin embargo, los procesos de saneamiento físico-legal están detenidos por diversas razones, lo que facilita invasiones en sus tierras, especialmente en la Amazonía, debido a la Ley Forestal y la expansión de las economías ilegales.

Ana Leyva, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH, denunció la situación de impunidad respecto a las muertes de 49 personas durante los últimos dos años de conflicto. No solo no se ha hecho justicia, sino que se intenta justificar estas muertes, trasladando la responsabilidad a las víctimas. Esta situación refleja el poco valor que se otorga a las vidas de estas personas en el país.

Leyva criticó la falta de inclusión de las organizaciones indígenas en un evento denominado “cumbre indígena” que fue convocada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso dejando de lado a las organizaciones indígenas nacionales. Lo que constituye una negación a su condición de interlocutores en temas indígenas. Además, expresó la preocupación por el próximo censo nacional, que se está organizando con muy poco tiempo y sin la participación de todas las organizaciones indígenas nacionales. Recordó que el censo es importante porque permitirá saber cuánta población se considera indígena y dónde está. De ello depende las políticas de inclusión y el presupuesto asignado a ellas, así como la determinación de la representación política que les corresponde.

Conflicto por el oro

Respecto a la minería ilegal y el cultivo ilícito de coca, Luis Hallazi señaló que se han incrementado significativamente entre 2018 y 2022, afectando a las comunidades indígenas y áreas protegidas. Se han identificado más de 56 pistas clandestinas de aterrizaje en comunidades nativas. Un caso destacado es el de los Kakataibo, quienes enfrentan minería ilegal, cultivos ilícitos, falta de titulación, invasión, tala forestal y violencia.

Leyva señaló reveló que mineros ilegales de oro han ingresado a territorio peruano en la zona Comainas, cerca a la comunidad de Antigua Canan, Amazonas, utilizando maquinaria pesada, sin que ninguna autoridad los detenga. Lo que significa pérdida de control territorial y de soberanía.


Informe sobre posicionamiento político del GTPPII de la CNNDDHH / Miembros del GTPPII de la CNNDDH

Ángel Damian, representante de la Confederación Nacional Agraria (CNA) señaló la existencia de minería ilegal transfronteriza en el río Puyango, la misma que afecta las aguas del río Tumbes. Asimismo, criticó la Ley APCI impulsada por el Congreso, que busca poner fin al financiamiento internacional para las ONG que trabajan en favor de comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables. Damian afirmó que desde la CNA lucharán contra esta norma y buscarán la derogación de la Ley Anti-Forestal.

Para conocer más sobre esta propuesta y, en general, sobre la situación actual de los pueblos indígenas, no deje de revisar el informe completo de la CNDDHH ingresando al siguiente enlace: https://goo.su/kTEl

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