Luis Gárate Cooperaccion
09/11/2023
Masivas protestas contra proyecto minero en Panamá. Imagen: Barrons
A través de los medios de comunicación hemos visto las masivas protestas que se han dado estas últimas semanas en Panamá en contra de la explotación minera. A raíz de estas protestas, se ha logrado que la Asamblea Nacional apruebe una moratoria a la minería, precisamente el 3 de noviembre, día que se conmemora la separación entre Panamá y Colombia.
Cabe mencionar que a mediados de octubre y en menos de una semana el ejecutivo y el legislativo de Panamá presentaron, aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley, que ampara la operación de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM). Se trata de una mina de 13 000 hectáreas que desde 2019 extrae cobre, oro, plata y molibdeno del centro del Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques que atraviesa Centroamérica y que es clave para la vida silvestre amenazada, pero que carece de protección legal en Panamá.
La agitación estalló el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó la ley del contrato firmado en agosto por el gobierno de Laurentino Cortizo y FQM. Este contrato buscaba sustituir el anterior, de 1997, que la Corte declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño[1]. El contrato entre el Estado y la empresa recordó un tema sensible para los panameños: lo que significó el enclave de la zona del canal de Panamá, que estuvo bajo control del gobierno de Estados Unidos hasta 1999.
El 20 de octubre empezaron los bloqueos de carreteras y protestas que fueron aumentando progresivamente y casi logran paralizar el país, generando importantes impactos económicos. Presionada por las masivas protestas, la Asamblea Nacional aprobó el viernes 3 de noviembre la moratoria sobre las concesiones para la exploración y extracción de la minería metálica en todo el territorio panameño. La moratoria permitirá frenar el trámite de 103 concesiones mineras y rechazar las prórrogas de 15 vigentes.
Asimismo, las manifestaciones lograron que el legislativo deje en manos de la justicia la decisión sobre el polémico contrato firmado entre el gobierno y la compañía canadiense FQM, que permitiría su operación por 40 años.
Los líderes de las protestas quieren que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare inconstitucional el contrato, para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.
Poco después, el presidente Laurentino Cortizo promulgó la ley de moratoria, lo que no detuvo las protestas en las calles, aunque han bajado de intensidad.
Centroamérica y la minería
De esta manera, Panamá se suma en esa política a otros países centroamericanos, como El Salvador y Costa Rica.
En el 2017, el gobierno de El Salvador anunció que sería el primer país del mundo en dictar la prohibición total de la minería metálica. La acción se consideró como una importante victoria medioambiental. Según las organizaciones ambientalistas salvadoreñas, la industria había estado arrojando, durante medio siglo, residuos y sustancias químicas tóxicas a los ríos locales.
Por su parte, en Costa Rica en el 2019 el parlamento aprobó una ley que prohíbe el otorgamiento de permisos y concesiones para exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto, así como prohibió el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio en la actividad minera.
En esa línea cabe recordar que, en febrero de 2023, el gobierno recién electo de Xiomara Castro en Honduras declaró al país «libre de minería a cielo abierto» y anunció la «cancelación» de las licencias, permisos y concesiones. Aunque al parecer, aún no se han dado pasos concretos en ese sentido.
Significado de la experiencia de Panamá
Cabe analizar lo que esta experiencia significa para Latinoamérica y el mundo. Esto, a pesar de que el gobierno panameño ha defendido el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial. Asimismo, las autoridades advierten que el cierre de la mina hará perder 8000 empleos directos y 40000 indirectos, y asestaría un duro golpe a la economía en momentos en que el canal de Panamá ha reducido el tránsito de buques por la sequía.
Ha tenido que darse una resistencia masiva de la población, en un pequeño país que depende mucho de la economía extractiva, del comercio y del famoso canal internacional, para que un gobierno y una empresa minera internacional retrocedan en sus intenciones. Pero aún queda ver qué pasos se darán luego.
Queda claro que para los sectores que apuestan por la justicia ambiental, esto representa claramente que los pueblos están cansados de padecer los efectos de empresas irresponsables y Estados indolentes. Esto, a pesar de las promesas de ingresos económicos: no pueden ocultar que la gran minería, en muchos casos, ha dejado una estela de contaminación y que las utilidades de las actividades extractivas no siempre revierten en beneficio del desarrollo de las poblaciones donde estas se realizan.
[1] Panamá: las razones detrás de las multitudinarias protestas que exigen el cierre de la mina más grande de Centroamérica. En: https://es.mongabay.com/2023/11/las-razones-detras-de-las-protestas-que-exigen-el-cierre-de-la-mina-panama/
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