Internacional

PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA BLOQUEAN LA LEY DE DEBIDA DILIGENCIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Cooperaccion 01/03/2024
El COREPER, órgano del Consejo Europeo compuesto por los jefes o jefes adjuntos de las delegaciones de los Estados miembros ante la Unión Europea, rechazó el texto final de compromiso sobre la debida diligencia de las empresas, presentado por la Comisión Europea en febrero de 2022, por la falta de la mayoría cualificada necesaria a su aprobación.

El bloqueo es imputable principalmente a los Estados miembros más grandes. Alemania anunció previamente su abstención en esta votación clave, debido a la oposición del socio minoritario de la coalición gobernante alemana, el FDP, frente a la cual el canciller Scholz mostró una débil resistencia. Ello influyó en la decisión de países como Italia y Francia, que también decidieron abstenerse. El intento de Francia de obstaculizar las negociaciones proponiendo, en el último minuto, multiplicar por diez el umbral dimensional de las empresas, aumentó la incertidumbre para otros Estados. Además de Italia, Alemania y Francia, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta y Eslovaquia también declararon su intención de abstenerse, mientras que Suecia tenía previsto votar en contra.

“Este fracaso en la aprobación de la normativa de debida diligencia muestra con transparencia todo el poder empresarial y la forma en que han capturado Estados, así como deja visible toda la impunidad de las empresas frente a la permanente vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, trabajadores, defensores ambientales, usuarios y consumidores”, señaló al respecto Abel Gilvonio, director ejecutivo de CooperAcción.

Según la declaración[1] de la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) y 140 ONG, “estos juegos políticos desafían claramente el respaldo de los gobiernos, los sindicatos, la sociedad civil, las grandes, medianas y pequeñas empresas y los ciudadanos a la directiva”, elemento clave para obtener la colaboración necesaria para aumentar la responsabilidad de las empresas por sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. De hecho, por medio de la directiva, las empresas infractoras podrían ser sancionadas por las autoridades nacionales de supervisión y se prestaría asistencia financiera y jurídica a las víctimas por la presentación de reclamaciones contra las empresas. La norma europea es la propuesta más ambiciosa para un marco legal vinculante para los negocios transnacionales, puesto que puede aplicarse a todos los agentes que intervienen antes y después en el proceso de producción. Sin embargo, cabe señalar que la propuesta también tiene algunos vacíos inquietantes, entre ellos que excluye temporalmente el sector financiero en el ámbito de aplicación de la directiva o el poco ambicioso límite del calentamiento global puesto al 1.5°C.

Para Uku Lilleväli, oficial de finanzas sustentables de la oficina europea de WWF, «es escandaloso que, en el siglo XXI, algunos legisladores europeos quieran permitir que las empresas ignoren los derechos humanos y la integridad medioambiental, todo con el pretexto de obtener beneficios a corto plazo […], por esto es crucial que los Estados miembros y la Presidencia belga vuelvan a debatir la posición y garanticen la aprobación en el Consejo lo antes posible, sin descarrilar de los acuerdos ya alcanzados en un proceso democrático de años«.

[1] https://twitter.com/ECCJorg/status/1762804782048129310

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Internacional, Litio

Protestas en media España por las nuevas minas proyectadas para fabricar baterías

Numerosas comarcas de Galicia, Castilla o Extremadura se sublevan contra inversiones mineras que amenazan con alterar su paisaje y su forma de vida
Protestas contra la mina proyectada en Cáceres
Protestas contra la mina proyectada en Cáceres / EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA

Lourdes Uquillas/EfeVerde

23/02/2024
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La posible apertura o reapertura de proyectos mineros en la Península ha puesto en pie de guerra a vecinos y organizaciones ecologistas contra lo que consideran daños irreversibles que supondría el inicio de una actividad destructiva desde cualquier punto de vista para muchas localidades, personas, hábitats y ecosistemas.

El «nuevo boom» de la minería empezó a partir del 2008, básicamente por la subida de los precios de los metales, porque la minería metálica en el Estado «se hundió» a finales de los años 80 del siglo pasado por la caída de los precios, explica a EFEverde el portavoz de Ecologistas en Acción (EA), Joám Evans.

Para la minería metálica la legislación española recoge dos tipos de derechos mineros: los primeros son los permisos de investigación, que «literalmente son unos 2.000 o incluso más», según los registros que lleva cada comunidad autónoma, porque, asegura, los estatales «no siempre están actualizados».

Y los segundos son las concesiones de explotación que estén vigentes, esté o no la mina activa en esas concesiones.

No obstante, Evans asegura que hay muchísimos permisos de investigación que son «totalmente especulativos» y normalmente detrás están «compañías de Canadá o Australia que «pescan accionistas» para especulación bursátil.

Mina de litio en Cáceres
Entre los proyectos que están generando más conflicto en España están: el de la mina de litio en Cáceres, que de salir adelante estaría ubicada a escasos dos kilómetros de esta ciudad extremeña declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo que ya ha pedido informes sobre los posibles impactos.

El proyecto de mina en Cáceres lleva siendo polémico desde hace años
El proyecto de mina en Cáceres lleva siendo polémico desde hace años / EFE

En noviembre de 2023, el Consistorio cacereño emitió el informe técnico municipal sobre la viabilidad de la mina en Valdeflórez, que sería «compatible» con el Plan General Municipal (PGM).

La empresa Extremadura New Energies (ENE) registró esta misma semana, a través de la empresa del grupo Castilla Mining, la solicitud para pasar a la concesión directa del proyecto de extracción subterránea, la alternativa que ha planteado la empresa «presuntamente con menos impactos ambientales», con el fin de iniciar las obras el próximo año.

La explotación subterránea de la mina sería posible de acuerdo a la legislación municipal, autonómica y estatal vigentes, siempre dependiendo de la profundidad.

Esto ha levantado aún más las alarmas entre la población que ha luchado desde hace años porque el proyecto no salga adelante. Así, desde la Plataforma Salvemos la Montaña han señalado que el Ayuntamiento solo toma en cuenta el aspecto urbanístico, pero no los impactos en la salud y el medio ambiente que afectan directamente a las personas.

Mina en A Coruña
El de la mina en San Finx, en Lousame (A Coruña), a escasos siete kilómetros de la ría de Muros y Noia y que Ecologistas en Acción y otros colectivos han denunciado por la contaminación del agua, ha llegado al Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus de la ONU, que vela por el acceso a la información medioambiental, la participación pública en el proceso de toma de decisiones y el derecho de acceso a la justicia.

Varios colectivos, entre ellos Ecologistas en Acción, solicitaron entre 2020 y 2021 peticiones de información a la Comisión Europea, para evidenciar que las actuaciones en el proyecto que la CE adjudicó en 2018 por 6,9 millones de euros a una filial del Grupo Sacyr, no cumplían con la autorización de vertidos, según EA.

Concentración contra la mina de San Finx, en Galicia
Concentración contra la mina de San Finx, en Galicia / EL CORREO GALLEGO

Ante la negativa de la CE a facilitar información, EA denunció la situación y el colectivo Montescola acudió a la Defensora gallega del Pueblo Europeo, pero la CE volvió a negarse por lo que los colectivos acudieron a la Convención de Aarhus, de la que forma parte la UE, por vulnerar los derechos de acceso a la información sobre temas ambientales.

Según Ecologistas en Acción, en un análisis del agua de San Finx realizado en agosto pasado se encontró que contenía niveles de cadmio, sustancia tóxica y cancerígena, 78 veces por encima del nivel máximo permitido por la legislación nacional, mientras los de cobre superaban 48 veces el tope legal.

En la misma región está el proyecto de Touro, que junto al de San Finx, causarían un impacto ambiental enorme, afectando a las rías de Muros – Noia y Arousa, respectivamente, según EA, que hace pocos días ha alertado además de la contaminación por arsénico en el suministro de agua municipal de Viana de Bolo (Ourense) por la mina de Penouta.

Gran mina a cielo abierto en Segovia
Además, el proyecto de mina a cielo abierto para la extracción de cuarzo metalúrgico en la comarca ubicada entre los pueblos de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo (Segovia) a manos del consorcio Erimsa/Elkem, una empresa gallega adquirida por una noruega, que a su vez tiene participación china.

Según ha explicado a Efe la portavoz de la Plataforma en contra de la mina de cuarzo, Marisa Moro, no es comprensible que por un lado se trabaje por «llenar la España vaciada» y por otro se pretenda aprobar proyectos que afectarían la salud de las personas, los hábitats y ecosistemas con concesiones que podrían llegar a los 80 años.

Segovia rechaza la mina prevista en el nordeste de la provincia
Segovia rechaza la mina prevista en el nordeste de la provincia / PLATAFORMA CONTRA LA MINA

La Plataforma lucha contra la explotación en 1.658 hectáreas, aunque la zona afectada abarcaría unas 2.720 ha, en una comarca con unos 800 habitantes, para lo cual están a la espera de la respuesta de varias consejerías de Castilla y León (PP-VOX), de cuyo Gobierno depende la decisión.

Según Moro, se han presentado hasta el momento «5.000 alegaciones al proyecto» que afectaría a la salud y forma de vida de la comarca, al medio ambiente por la contaminación del agua y el suelo, a la industria del turismo, a la arquitectura y el patrimonio cultural de monumentos medievales, entre otros aspectos.

Proyecto en Ciudad Real
Por otra parte, La Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE), ha alertado sobre el impacto ambiental de un posible nuevo proyecto minero para la explotación de tierras raras en la provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

Según Joám Evans, todo depende de los informes ambientales que los realiza la propia empresa ejecutora del proyecto, que deben incluir planes de restauración posterior de la zona explotada.

Pero muchos de estos proyectos que se venden «como minería sostenible del siglo XXI» son «técnicamente deficientes», según el portavoz de EA, porque tienen «planteamientos de gestión ambiental que más parecen del XIX» y de ahí viene la conflictividad por la contaminación del aire, del agua, y la falta de garantías para la restauración ambiental.

Imagen de una mina a cielo abierto
Imagen de una mina a cielo abierto / AGENCIAS

Recuerda que los informes de impacto ambiental que presentan las empresas son aprobados por cada comunidad autónoma, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico solo interviene cuando afecta a más de una región, que son «casos puntuales».

Es el caso de la mina de Agua Blanca en Badajoz, que «en teoría va a reabrir después de muchos problemas», y que está a caballo entre Badajoz y Huelva.

Hay proyectos que en los últimos diez años «han salido adelante sin el informe de impacto ambiental o intentos de aprobación sin presentar ese documento» por parte de las empresas, asegura Evans, y explica que cuando esta situación se denuncia en Bruselas ante la Unión Europea «no nos creen o piensan que les tomamos el pelo».

Es el caso de la mina de San Finx, aprobado en 2009 «sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, sin ningún tipo de participación pública», en la zona «nadie se enteró», subraya.

Proyectos de Alberta y Touro (Galicia)
Otro caso es el de la mina de litio de Alberta (Galicia), que es un proyecto parecido al de Cáceres, «pero del que no se habla tanto», y que en 2019 «la Xunta lo intentó tramitar sin evaluación de impacto ambiental y participación pública».

Los informes de impacto ambiental, recuerda Evans, «son estudios técnicamente muy complejos», pero en muchas ocasiones «el papel lo aguanta todo….». Así, en España se está proponiendo la instalación de presas de residuos mineros que sería ilegales en Chile, después de accidentes en minas de cobre o la de Brumadinho (Brasil), e incluso en China, asegura.

Por ejemplo, explica, en la mina de Touro (Galicia), «existe una propuesta de una balsa de lodos de un kilómetro de longitud y 90 metros de altura situada a 100 metros aguas arriba de un núcleo de población de 100 habitantes». En la mayor parte de las jurisdicciones del mundo «sería totalmente ilegal, porque la gente, si hay una falla, quedarían sepultados por los lodos».

Es una situación que «preocupa mucho» porque «efectivamente se está produciendo una avalancha de nuevos proyectos» y apunta el caso de Andalucía, donde la Junta sacó en agosto de 2023 a concurso 360 derechos mineros, una región que cuenta actualmente con 465 explotaciones activas.

El sector minero se defiende: «Campaña de acoso»
Frente a las críticas de Ecologistas en Acción, la Cámara Oficial Mineira de Galicia defiende a la industria minera y considera que la citada organización ambiental “mantiene una campaña de acoso e intimidación inaceptable”.

“Tanto en Galicia como en el resto de España, las explotaciones mineras tienen los permisos preceptivos, deben presentar un Plan de Labores anual, estar al corriente de medidas de seguridad y protección ambiental, así como tener garantías y avales financieros a disposición de la Administración. La vigilancia de esta legalidad se realiza, de manera efectiva, por la Administración pública”, ha manifestado un portavoz de la Cámara Mineira.

La minería en España, según afirma, es “un sector muy regulado, con gran densidad de normativas que afectan a la actividad extractiva. De hecho, se trata del país de la Unión Europea en el que mayor presión legal existe. En España, una empresa minera debe esperar entre dos y seis años para recibir un permiso minero debido a la espesa legislación y a la regulación de 103 administraciones y más de 130 leyes. Ante ello, las empresas mineras actúan con responsabilidad y cumpliendo la legislación”.

La Cámara Oficial Mineira de Galicia expresa su preocupación por la “judicialización del trabajo de técnicos y funcionarios por parte de grupos de activistas. La persecución a la que se ven sometidas las administraciones y los funcionarios públicos en su trabajo diario, así como el descrédito que se pretende con acusaciones irresponsables hacia el sector minero son inaceptables”.

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Contacto de la sección de Medio Ambiente: [email protected]
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20240223/protestas-media-espana-nuevas-minas-98544283

Internacional, Panamá

Minera canadiense recurrirá a «todas las vías legales» para proteger su millonaria inversión en Panamá

Por EFE . 22 de Diciembre de 2023 – 17:51 HS
La empresa canadiense también demandó que «los bloqueos ilegales» que impiden el acceso a la mina y al puerto de Punta Rincón sean levantados por las autoridades.

La minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) aseguró este viernes que recurrirá a «todas las vías legales apropiadas» para proteger a sus $10,000 millones estadounidenses en inversiones y derechos en la mina Cobre Panamá.

La empresa canadiense señaló en un comunicado que las autoridades panameñas no han proporcionado «bases legales» para el «plan de cierre» de Cobre Panamá.

FQM añadió que hasta el momento, su subsidiaria en el país centroamericano, Minera Panamá (MPSA) no ha podido comunicarse formalmente con el Gobierno panameño «para clarificar la situación legal y las obligaciones medioambientales» del cierre de la mina.

La empresa canadiense también demandó que «los bloqueos ilegales» que impiden el acceso a la mina y al puerto de Punta Rincón sean levantados por las autoridades.

Minera canadiense implementa programa de retiro voluntario para sus «colaboradores» en Panamá
La declaración de FQM se produce dos días después de que el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá anunciase que está preparando un plan para el cierre de Cobre Panamá, trabajo que llevará varios meses para realizarse y que está previsto se presente en junio de 2024.

FQM logró en octubre que el Gobierno panameño renovara por 20 años prorrogables la explotación de Cobre Panamá, una mina con unas reservas de 3,000 millones de toneladas de cobre y una capacidad de procesamiento de 85 millones de toneladas métricas por año.

La renovación provocó graves protestas en Panamá que causaron cuatro muertos y pérdidas económicas al país calculadas en $1,700 millones.

El 27 de noviembre, después de que el Gobierno panameño anunciara un referéndum sobre la explotación de la mina, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato ley que renovó el contrato de FQM.
https://www.eleconomista.net/economia/Minera-canadiense-recurrira-a-todas-las-vias-legales-para-proteger-su-millonaria-inversion-en-Panama-20231222-0019.html

Argentina, Internacional, Litio

La francesa Eramet completará inversión de u$s 1600 millones

Avanza con una inversión de u$s 800 millones en la segunda etapa del proyecto Centenario-Ratones en Salta.
21/12/2023
Litio Proyecto Centenario-Ratones Salta Eramine.jpg
La minera francesa Eramet anunció que avanzará con la segunda etapa de desarrollo del proyecto litífero Centenario-Ratones, en Salta, que tiene previsto entrar en producción en el segundo trimestre de 2024.

La decisión se dio a conocer en ocasión de la reunión que mantuvo en París, la canciller Diana Mondino con Emmanuel Bonne, consejero diplomático de Emmanuel Macron, y autoridades de Eramet.

El CEO global de Eramet, Christel Bories, adelantó la decisión de la compañía de poner en marcha la Etapa II del proyecto en Salta por unos 800 millones de dólares, lo que completará una inversión total superior a los 1.600 millones de dólares.

Centenario-Ratones es uno de los cinco proyectos en construcción que estarán en condiciones de comenzar a producir al 2026, lo que permitirá multiplicar por siete la actual producción hasta las 250.000 toneladas totales.

Ubicado a 3.900 metros sobre el nivel del mar, el yacimiento de Centenario-Ratones posee reservas estimadas por 40 años.

Etapas del proyecto
En la actualidad, la fase 1 del proyecto está en construcción para una capacidad de producción de 24.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) grado batería, a partir de 2024, que entrará en operación; y la segunda fase estaría en condiciones de sumar otras 30.000 toneladas LCE.

La etapa constructiva del proyecto próximo a finalizar demandó un pico de 1.100 trabajadores de una veintena de empresas contratistas, y la primera fase requerirá unos 280 empleos permanentes y otros 50 de contratistas.

El proyecto utilizará el novedoso proceso de extracción directa de litio que utiliza la extracción, concentración y purificación para extraer litio, lo que acelera los tiempos de producción con un esquema más sustentable en la utilización de recursos, en comparación con los métodos de extracción convencionales que se basan en la evaporación solar.

Eramet posee una participación del 50,1% del proyecto en asociación con la compañía china Tsingshan, que financió la construcción de la planta por la cual se hizo acreedora a una participación del 49,9%.

De acuerdo a lo aprobado oportunamente por el directorio de la compañía, se espera que la producción de la Etapa II comience en el segundo trimestre de 2026, alcanzando su plena capacidad operativa a mediados de 2027, en la medida en que se logra iniciar la construcción a mediados de 2024.

En abril el Ministerio de Economía le otorgó el certificado de inscripción a Eramine Sudamérica -subsidiaria local- al Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones de litio, según lo establecido en el Decreto 234/21 y el 836/21, un beneficio que le permitió acelerar sus desembolsos.
https://www.ambito.com/litio-la-francesa-eramet-completara-inversion-us-1600-millones-n5904151

Argentina, Internacional

India busca activos de litio en América Latina


Vista del salar de Uyuni en Bolivia, uno de los mayores depósitos de litio en el mundo. Foto Afp / Archivo

19/12/2023
Nueva Delhi. India se encuentra en una etapa avanzada de conversaciones con Argentina para adquirir bloques de litio, dijo el martes el principal funcionario del país asiático en el Ministerio de Minería.

India también está en conversaciones preliminares con Bolivia para adquirir activos de litio, informó el secretario de minas, VL Kantha Rao, en una conferencia de prensa.
https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/12/19/economia/india-busca-activos-de-litio-en-latinoamerica-9092

Internacional

Más de 2.000 mineros permanecen bajo tierra en Sudáfrica desde el lunes para protestar

SUDÁFRICA MINEROS
ARCHIVO – Trabajadores en la entrada de una mina de oro en Springs, cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, el miércoles 25 de octubre de 2023. (AP Foto, Archivo)
20/12/2023 (EFE).- Más de 2.000 empleados de una mina en Sudáfrica permanecen desde el lunes bajo tierra para protestar contra impagos acumulados de fondos de pensiones, entre otras demandas, confirmó la empresa propietaria de la explotación, Impala Platinum (Implats).

Los hechos se están desarrollando en la mina de platino de Bafokeng Rasimone, cerca de la ciudad de Rustenburg, en la provincia Noroeste.

«La protesta clandestina ilegal (…) sigue sin resolverse» y se mantiene sin la autorización del Sindicato Nacional de Mineros (NUM, por sus siglas en inglés), dijo Implats este martes en un comunicado que recogen hoy medios locales.

La empresa señaló que ha puesto medidas para «salvaguardar el bienestar» de aquellos que participan en la protesta «ilegal, voluntariamente o bajo coacción», además de suspender todas las operaciones en la mina.

Precisamente, ayer por la tarde, sobre las 19:00 hora local (17:00 GMT), 167 trabajadores regresaron a la superficie, detalló Implats, mientras unos 2.038 siguen bajo tierra.

«Parece que la fuente de desacuerdo que ha motivado la protesta (…) está relacionada con varias interpretaciones erróneas y malentendidos sacados a la luz por el reciente cambio de propiedad» de la mina, señaló la compañía, que completó este 2023 la adquisición de la empresa propietaria de la explotación hasta entonces.

Así, según Implats, el conflicto está relacionado con la transformación del acuerdo histórico que permitía la participación de los empleados en las ganancias, así como con saldos acumulados de fondos de pensiones o el pago de primas.

Sudáfrica ha experimentado incidentes parecidos recientemente, como cuando 540 empleados de una mina de oro de la empresa Gold One International, cerca de la ciudad de Johannesburgo (norte), se encerraron bajo tierra durante varios días por una disputa sindical el pasado mes de octubre. EFE

jhb-cee/lbg/alf
https://www.lavanguardia.com/vida/20231220/9464440/mas-2-000-mineros-permanecen-tierra-sudafrica-lunes-protestar-agenciaslv20231220.html

Internacional

La patronal minera alimenta una guerra judicial contra ecologistas que denuncian sus vertidos contaminantes

Ecoloxistas en Acción lleva a la empresa que explota la mina gallega de San Finx ante la ONU por “denuncias abusivas e infundadas” mientras la Cámara Minera anuncia acciones legales contra la organización tras una protesta pacífica en su sede.

Acción de Ecoloxistas en Acción en la mina de San Finx. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Javier H. Rodríguez
@javierhrguez

12/09/2023

“Asalto violento con intimidación”. Esas son las palabras que ha decidido utilizar la patronal gallega de las empresas mineras, la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG), para referirse a una acción pacífica con la que Ecoloxistas en Acción trataba de poner sobre la mesa los peligros de los vertidos contaminantes de las minas coruñesas de San Finx y Touro. Tras pedir permiso para entrar las oficinas del organismo ubicadas en un edificio público de la Xunta en Expocoruña, varios activistas quisieron hacer entrega de unas botellas de agua recogida en los vertidos de ambas minas para invitar, simbólicamente, a la cúpula de la patronal a beberla. “El personal de la Cámara rechazó la invitación”, bromea Cristóbal López, portavoz de la organización. Sin embargo, la directiva de la Cámara Mineira ha anunciado “medidas legales” contra los activistas que, gracias a haber grabado todo el proceso pacífico, probablemente se sumen a la cada vez más larga lista de sobreseimientos de lo que parece ser una suerte de estrategia de lawfare desordenado que está por ver si acabará cuajando. Por ahora, entre las personas que conforman la organización no tienen duda de que es otro caso más de pleitos estratégicos contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).

Es probable que en las oficinas de este organismo financiado por la Xunta de Galicia no hayan pasado inadvertidos los últimos análisis de la propia Consellería de Medio Ambiente sobre las aguas fluviales del entorno de San Finx que han constatado niveles de cadmio hasta 78 veces por encima de lo permitido por ley. No solo de cadmio. Los análisis de los técnicos de Augas de Galicia también encontraron niveles preocupantes de otros metales pesados como cobre o zinc y que superan 48 veces y 8 veces respectivamente los valores máximos permitidos. “Y a pesar de estos datos totalmente objetivos pretenden intimidarnos con acciones judiciales que es evidente que no van a ir a ningún lugar”, despacha la polémica López.

san finx patronal minera
Activistas de Ecoloxistas en Acción durante la acción que la patronal minera tachó de «violenta» e «intimidatoria».
Pero lo que parecía una acción para pretender infundir miedo entre activistas se ha convertido en un motivo más de acción social. Esta misma semana, Ecoloxistas ha puesto en conocimiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, lo que consideran un “uso sistemático de denuncias abusivas e infundadas” también por parte de la empresa minera que explota San Finx, Tungsten Sano Finx SL. “Son denuncias con afán intimidatorio contra las organizaciones ecologistas y sociales que venimos denunciando la situación ilegal de la explotación y los daños ambientales que causan sus vertidos”, señalan. Lo hacen a tan sólo siete quilómetros de la ría de Muros e Noia, donde se encuentra el mayor banco de berberechos de Galicia y donde la población local vive fundamentalmente del mar.

De hecho, hace apenas unas semanas que que la empresa minera se querelló contra la organización por la realización de un acto simbólico de protesta del pasado 5 de julio en el que bloquearon brevemente la tubería por la que la empresa realiza “vertidos ilegales”. Precisamente, a raíz de esta protesta y de las cartas enviadas a la Consellería de Medio Ambiente por ese grupo y la plataforma regional contra los vertidos, se ha iniciado un procedimiento sancionador que podría imponer una multa de hasta 300.000 euros a la empresa, una vez comprobados los alarmantes niveles de metales contaminantes en las inmediaciones de San Finx.

Es la segunda vez en menos de un año que esta minera presenta una denuncia contra Ecoloxistas con un pretexto similar
Es la segunda vez en menos de un año que el grupo australiano que es propietario de San Finx presenta una “denuncia falsa” contra Ecoloxistas en Acción, que ya había sido denunciada en 2022 ante el juzgado de Negreira con un pretexto similar, meses antes de que la Xunta declarara la caducidad de las concesiones mineras y que se iniciara un procedimiento sancionatorio por vertidos ilegales en contra de la mina Santa Comba. En ese momento, el tribunal archivó de inmediato la demanda por falta de fundamento. Aunque la organización ecologista confía en que el resultado esta vez será idéntico, han decidido denunciar el caso ante la relator especial de la ONU porque se trata de “un uso sistemático del acoso judicial intentando criminalizar y frenar a los movimientos sociales para que no denuncien las ilegalidades cometidas por las empresas”, denuncia el portavoz de Ecoloxistas en Acción.

Un acoso judicial que viene de largo
La minera de San Finx es conocida entre el ecologismo gallego por utilizar este tipo de estrategias de ataque judicial. Ya en 2017 había denunciado ante los juzgados de Noia a otras dos organizaciones ecologistas con pretextos similares. Verdegaia había sido denunciada por fotografiar “obras ilegales”, lo que dio lugar a un procedimiento sancionador en Augas de Galicia en el que la empresa fue multada con varios miles de euros y obligada a derribar todo lo construido. En el caso de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), el grupo ambientalista fue denunciado por tomar muestras de agua que, tras ser analizadas, arrojaron grado de contaminación preocupantes con metales pesados. En ambos casos, la Fiscalía solicitó el archivo de las acciones por tratarse de denuncias infundadas.

La minera de San Finx es conocida entre el ecologismo gallego por utilizar este tipo de estrategias de ataque judicial. Tanto Adega como Verdegaia han sufrido intentos similares
Peligros para el medio ambiente y la salud
Pero el problema que subyace va mucho más allá de las acciones judiciales contra Ecoloxistas, Verdegaia o Adega. Los vertidos de sustancias tóxicas como el cadmio, el cobre y el zinc se han convertido en una creciente preocupación medioambiental en todo el mundo. Estos metales, que se encuentran en numerosas actividades industriales y mineras, representan una seria amenaza para los ecosistemas acuáticos y terrestres, fundamentales en la economía del litoral gallego, así como para la salud humana. A medida que la demanda de productos manufacturados aumenta, también lo hace la producción y liberación de estos contaminantes en los Estados donde se explotan.

La acumulación de cadmio, el vertido más preocupante en San Finx, en el cuerpo humano a lo largo de los años puede llevar a enfermedades crónicas graves como enfermedades renales y óseas
El cadmio se acumula en los suelos y cuerpos de agua, contaminando los cultivos y afectando a la fauna acuática, donde son especialmente sensibles los bancos marisqueros. Además, es bioacumulativo, es decir, que se concentra a medida que avanza en la cadena alimentaria, pudiendo alcanzar niveles peligrosos en los seres humanos que consumen alimentos contaminados. Junto a él, el cobre, cuando se deposita en ríos y océanos, puede interferir en la reproducción de peces y otros organismos acuáticos y afectar gravemente los ecosistemas acuáticos. Además, el cobre es tóxico para muchas formas de vida microscópica, lo que desencadena desequilibrios en las cadenas alimentarias y perjudica a la biodiversidad.

La exposición continua a estos metales pesados a lo largo del tiempo puede tener efectos devastadores en la salud humana. La literatura científica al respecto ha demostrado que la acumulación de cadmio en el cuerpo humano a lo largo de los años puede llevar a enfermedades crónicas graves como enfermedades renales y óseas. Además, la exposición a largo plazo al zinc y el cobre en niveles elevados puede contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.
https://www.elsaltodiario.com/mineria/patronal-minera-abre-una-guerra-judicial-ecologistas-denuncian-vertidos-contaminantes-galicia

Internacional, Minería en general

CRIMINALES CLIMÁTICOS

Paul E. Maquet 06/09/2023

La palabra “cambio” climático es insuficiente para expresar el desastre que estamos viviendo. “Crisis” e incluso “colapso”, si bien son más expresivas sobre la gravedad de los hechos, aún no logran dar cuenta de que se trata de un fenómeno que tiene culpables. En realidad, estamos frente a un crimen climático.

A estas alturas, ya cuesta llevar la cuenta de los desastres absolutamente inéditos que salen en las noticias todos los días. Algunos de ellos son muy visibles, como los mega-incendios en Canadá, Hawai o Grecia, las inundaciones sin precedentes en España, Grecia, Brasil o China, o las sequías inéditas en Uruguay o Panamá. Otros, son invisibles pero también tienen efectos concretos: la pérdida de productividad agrícola, por ejemplo, que viene causando la crisis del limón en el Perú y en general una persistente inflación alimentaria.

Pero ¿acaso todo esto es algo inesperado?

Hace más de 100 años, científicos ya alertaron que quemar combustibles fósiles estaba vinculado al incremento de temperatura en la Tierra. Hace más de 50 años, científicos alertaban que el incremento del CO2 atmosférico causaría el calentamiento de nuestro planeta. Hace más de 30 años se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hace 25 el Protocolo de Kyoto y hace ocho el Acuerdo de París.


Periódico de 1912 dando cuenta de investigaciones científicas que señalan que el consumo de carbón afectaría el clima global y causaría un incremento de la temperatura. (https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/ROTWKG19120814.2.56.5)

Y en todo este tiempo, la extracción y la quema de combustibles fósiles han continuado creciendo. El año pasado, el consumo de carbón en el mundo alcanzó los 8300 millones de toneladas, un récord histórico y 3.3% superior al año previo. En junio de este año, la demanda global de petróleo también alcanzó un récord histórico de 103 millones de barriles diarios, por encima del anterior máximo de 2019.

Y no es que las empresas petroleras no sepan lo que está causando su producto o tengan dudas. Está demostrado que Exxon, Schell, Total, BP, Chevron y otras empresas y gremios petroleros sabían perfectamente las consecuencias a largo plazo de la quema de combustibles fósiles. Lo sabemos gracias a la filtración de memorándums internos y otros documentos que datan de los años 50, 70 y 80 del siglo pasado (ver: https://theconversation.com/lo-que-las-grandes-petroleras-sabian-sobre-el-cambio-climatico-en-sus-propias-palabras-181588). Sin embargo, no pusieron por delante el futuro de nuestros hijos e hijas, sino su negocio. Varias empresas petroleras “coordinaron un esfuerzo global para disputar la ciencia climática, bloquear los controles de combustibles fósiles y mantener el flujo de sus productos”, señala el investigador Benjamin Franta.

Han sido los actores interesados los que generaron e introdujeron en el debate público ideas como “es un cambio natural”, “la culpa es de los volcanes” o de “la actividad solar”, o “no podemos arriesgar la economía por las ideas radicales de los ecologistas”, ideas que hasta ahora se utilizan para confundir a la ciudadanía. Estos discursos hacen perder el poco tiempo que queda para tomar decisiones y evitar las peores consecuencias de esta contaminación global.

Sabiendo las consecuencias de lo que hacían, empresarios y políticos lo han seguido haciendo. Han seguido invirtiendo en la extracción de combustibles y han arrastrado los pies para implementar una transición energética que usa tecnologías que existen hace décadas. ¿Quiénes han sido los únicos ganadores de todo ello? En efecto: las empresas de petróleo, gas y carbón. ¿Quiénes somos los perjudicados? Todos los demás, y en especial nuestros hijos y nietos.

Algún día habrá una “comisión de la verdad” climática que establezca claramente qué papel jugó cada uno en esta historia. Y habrá juicios como los de Nuremberg para juzgar a los responsables de este crimen global.

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Internacional, Litio

¿Pasó el boom?: precio del litio sufre fuerte caída tras alcanzar récord en 2022

Víctor Guillou 10/04/2023
La baja en el precio del mineral no metálico fue advertida por el Banco Central en el Ipom, levantando alertas. Si a fines de 2022 la tonelada métrica se llegó a comercializar en torno a US$88 mil en el exterior, por estos días el valor está en torno a US$40 mil, lo que representa una caída superior al 50%.

“El precio del litio registró nuevos descensos, explicados en parte importante por la menor demanda de vehículos eléctricos en China y las mejores perspectivas de oferta”. Con estas dos líneas, el Banco Central aludió a la reciente evolución que ha tenido el valor del mineral no metálico en los mercados internacionales, en su último Informe de Política Monetaria (Ipom). Pese a ser parte de su habitual análisis sobre los cambios recientes en el mercado de las materias primas, la constatación del instituto emisor vino a reavivar los temores de que Chile no alcance a sacar provecho del boom por la demanda del producto clave para la transición energética y en su cotización. Todo, mientras el anuncio de una nueva política nacional en la materia, se mantiene en compás de espera.

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Tres actores para un salar: la carrera por extraer litio de Maricunga
Uno de los actores que hizo públicamente dicha advertencia fue Manuel Bengolea, socio & CEO de Octogone. En su cuenta de Twitter, el asesor de inversiones colgó el siguiente mensaje: “La demora del Gobierno en el tema del litio le cuesta plata a Chile. Cómo se aprecia en el gráfico los precios de litio siguen cayendo, y para cuando termine la discusión es probable que la caída sea aún peor”.

La demora del Gobierno en el tema del litio le cuesta plata a Chile. Cómo se aprecia en el gráfico los precios de litio siguen cayendo, y para cuando termine la discusión es probable que la caída sea aún peor. pic.twitter.com/gBUk1ASe4H

— Manuel Bengolea (@jmanuelbengolea) April 5, 2023
El tuit agregaba una imagen que ilustra el verdadero desplome que ha tenido la cotización del litio en los mercados internacionales. Si a fines de 2022 la tonelada métrica se llegó a comercializar en torno a US$88 mil en el exterior, por estos días el valor está en torno a US$40 mil, lo que representa una caída superior al 50%. Una caída superior al 50%.

Consultado sobre sus previsiones, Bengolea admite que es “bastante difícil, por no decir imposible” hacer pronósticos en el mercado de las materias primas. Aún así, estima que el precio debería rondar los US$30 mil, en promedio, en los próximos cuatro años.

“El punto que quise destacar era otro, porque cuando uno se pone a discutir de reformas, de cómo lo vamos a hacer, tú dejas pasar estas oportunidades, y aquí lo que dejaste pasar es que tuviste el precio por sobre US$40 mil la tonelada durante casi dos años, y eso se va a ir”, ahondó Bengolea.

En su visión, la esperable expansión en la oferta de litio a nivel global requiere que Chile comunique pronto sus planes, ya que el anuncio aumentará la presión bajista sobre el producto, por efecto de demanda y oferta aparente.

Máximo Pacheco: “Queremos la Política Nacional del Litio y queremos contribuir como empresa a que sea un éxito”
“Cuando Chile sale a anunciar un cambio de política, que creo que es positivo, los inversionistas alrededor del mundo le creen. Eso aumenta la oferta aparente, por razones obvias: a Chile le creen”, agregó.

Y aunque reconoce que los aumentos de producción debieron gatillarse en gobiernos anteriores, lamenta que no se haya capturado más rentas durante el boom. “Aquí me pongo los pantalones del Fisco, no del gobierno. Si quiero recolectar la mayor cantidad de rentas posible, lo que hago es salir a vender derechos de explotación, que lo hizo Bachelet y Piñera. Mientras antes lo hagan, mejor”, sostuvo.

Precio seguirá alto, pero no tanto
El análisis de Bengolea coincide, al menos en parte, con uno de los principales expertos en litio de Chile: Daniel Jiménez, socio de iLiMarkets y exvicepresidente comercial de SQM.
https://www.latercera.com/pulso/noticia/paso-el-boom-precio-del-litio-sufre-fuerte-caida-tras-alcanzar-record-en-2022/S2AGWVYFYJBQDONVM6MK2EHQVA/

Internacional

Diplomáticos canadienses priorizan la minería a expensas de los derechos humanos, dicen expertos legales a la ONU

05/04/2023
MiningWatch Canada — Justice and Corporate Accountability Project (JCAP)
OTTAWA – Hoy, expertos en responsabilidad corporativa enviaron una presentación de 30 páginas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su Examen Periódico Universal de Canadá en abril de 2023, denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente (DDH).

La presentación se basa en cinco estudios de caso bien documentados de México, Guatemala, Perú y Ecuador para ilustrar los temas clave que definen el enfoque diplomático de Canadá a los conflictos mineros en el exterior. Entre los estudios citados, en México, se cree que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso en mayor riesgo la vida del defensor del medio ambiente Mariano Abarca en los meses previos a su asesinato en noviembre de 2009. En Ecuador, en 2021, la embajadora canadiense denegó las peticiones de apoyo de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, después de que ésta denunciara haber recibido amenazas de muerte del vicepresidente de operaciones de la empresa canadiense Solaris Resources como consecuencia de la oposición de su pueblo al proyecto de cobre de la empresa.

El escrito, redactado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) con el apoyo de MiningWatch Canadá, cuenta con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil canadiense y 39 profesores, abogados y juristas. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento por parte de Canadá de sus compromisos en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones específicas, correspondiendo a Canadá la responsabilidad de aplicar los cambios.

«Hemos constatado que las embajadas canadienses siguen prestando un importante apoyo a las empresas mineras canadienses a pesar de ser conscientes de las graves y creíbles denuncias de violaciones de derechos humanos y medioambientales», afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (TRU) y integrante de la junta directiva de JCAP. «El Examen Periódico Universal es una oportunidad crucial para poner a Canadá en el punto de mira y revelar la enorme brecha existente entre los compromisos nacionales e internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y las acciones y omisiones de los funcionarios canadienses, que ignoran sistemáticamente las preocupaciones de las comunidades afectadas y los riesgos para las y los defensores. En algunos casos, los funcionarios canadienses han tomado medidas para socavar los esfuerzos de las comunidades por defender sus derechos y acceder a la justicia».

El documento examina los problemas que siguen planteando las Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, un conjunto de directrices que especifican cómo las embajadas canadienses y otros funcionarios deben apoyar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los canadienses, y promover una conducta responsable por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero. En el documento se señalan fallos específicos de la política, como la falta de claridad en cuanto a las obligaciones concretas de los funcionarios canadienses, la falta de información y transparencia sobre cómo se aplican las directrices y la falta de supervisión independiente para garantizar su cumplimiento.

«Al mismo tiempo que los funcionarios de la embajada canadiense hacen esfuerzos considerables para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero, poniendo a los defensores en mayor riesgo, el gobierno canadiense no ha logrado garantizar ni siquiera un mínimo de rendición de cuentas para los responsables de daños devastadores», dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. «Estamos pidiendo al Grupo de Trabajo que haga fuertes recomendaciones a Canadá para que ajuste finalmente sus acciones en cuanto a sus compromisos cuando se trata de la rendición de cuentas del Estado y de las empresas.»

JCAP hace las siguientes recomendaciones al grupo de trabajo en su escrito:

Recomendar a Canadá que reforme su política y su enfoque jurídico de la diplomacia económica y los defensores de los derechos humanos en el extranjero por un enfoque que pueda garantizar que las acciones de los funcionarios canadienses cumplan las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales.
Recomendar que dichas reformas se desarrollen únicamente tras un proceso completo y significativo de participación de la sociedad civil. Éste debería incluir a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades y los grupos directamente afectados por la extracción industrial de recursos en el extranjero, con el apoyo del gobierno y las misiones diplomáticas canadienses.
Recomendar que Canadá lleve a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos por parte de los funcionarios canadienses de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales en los cuatro casos citados en este informe. Esta revisión debe identificar los remedios apropiados a cualquier persona que haya sido perjudicada directa o indirectamente por las acciones de Canadá.
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Contactos para medios de comunicación:

Charis Kamphuis, integrante de la Junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers | [email protected], 250-572-2625
Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina en MiningWatch Canadá | [email protected], 438-993-1264