Numerosas comarcas de Galicia, Castilla o Extremadura se sublevan contra inversiones mineras que amenazan con alterar su paisaje y su forma de vida
Protestas contra la mina proyectada en Cáceres
Protestas contra la mina proyectada en Cáceres / EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA
Lourdes Uquillas/EfeVerde
23/02/2024
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La posible apertura o reapertura de proyectos mineros en la Península ha puesto en pie de guerra a vecinos y organizaciones ecologistas contra lo que consideran daños irreversibles que supondría el inicio de una actividad destructiva desde cualquier punto de vista para muchas localidades, personas, hábitats y ecosistemas.
El «nuevo boom» de la minería empezó a partir del 2008, básicamente por la subida de los precios de los metales, porque la minería metálica en el Estado «se hundió» a finales de los años 80 del siglo pasado por la caída de los precios, explica a EFEverde el portavoz de Ecologistas en Acción (EA), Joám Evans.
Para la minería metálica la legislación española recoge dos tipos de derechos mineros: los primeros son los permisos de investigación, que «literalmente son unos 2.000 o incluso más», según los registros que lleva cada comunidad autónoma, porque, asegura, los estatales «no siempre están actualizados».
Y los segundos son las concesiones de explotación que estén vigentes, esté o no la mina activa en esas concesiones.
No obstante, Evans asegura que hay muchísimos permisos de investigación que son «totalmente especulativos» y normalmente detrás están «compañías de Canadá o Australia que «pescan accionistas» para especulación bursátil.
Mina de litio en Cáceres
Entre los proyectos que están generando más conflicto en España están: el de la mina de litio en Cáceres, que de salir adelante estaría ubicada a escasos dos kilómetros de esta ciudad extremeña declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo que ya ha pedido informes sobre los posibles impactos.
El proyecto de mina en Cáceres lleva siendo polémico desde hace años
El proyecto de mina en Cáceres lleva siendo polémico desde hace años / EFE
En noviembre de 2023, el Consistorio cacereño emitió el informe técnico municipal sobre la viabilidad de la mina en Valdeflórez, que sería «compatible» con el Plan General Municipal (PGM).
La empresa Extremadura New Energies (ENE) registró esta misma semana, a través de la empresa del grupo Castilla Mining, la solicitud para pasar a la concesión directa del proyecto de extracción subterránea, la alternativa que ha planteado la empresa «presuntamente con menos impactos ambientales», con el fin de iniciar las obras el próximo año.
La explotación subterránea de la mina sería posible de acuerdo a la legislación municipal, autonómica y estatal vigentes, siempre dependiendo de la profundidad.
Esto ha levantado aún más las alarmas entre la población que ha luchado desde hace años porque el proyecto no salga adelante. Así, desde la Plataforma Salvemos la Montaña han señalado que el Ayuntamiento solo toma en cuenta el aspecto urbanístico, pero no los impactos en la salud y el medio ambiente que afectan directamente a las personas.
Mina en A Coruña
El de la mina en San Finx, en Lousame (A Coruña), a escasos siete kilómetros de la ría de Muros y Noia y que Ecologistas en Acción y otros colectivos han denunciado por la contaminación del agua, ha llegado al Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus de la ONU, que vela por el acceso a la información medioambiental, la participación pública en el proceso de toma de decisiones y el derecho de acceso a la justicia.
Varios colectivos, entre ellos Ecologistas en Acción, solicitaron entre 2020 y 2021 peticiones de información a la Comisión Europea, para evidenciar que las actuaciones en el proyecto que la CE adjudicó en 2018 por 6,9 millones de euros a una filial del Grupo Sacyr, no cumplían con la autorización de vertidos, según EA.
Concentración contra la mina de San Finx, en Galicia
Concentración contra la mina de San Finx, en Galicia / EL CORREO GALLEGO
Ante la negativa de la CE a facilitar información, EA denunció la situación y el colectivo Montescola acudió a la Defensora gallega del Pueblo Europeo, pero la CE volvió a negarse por lo que los colectivos acudieron a la Convención de Aarhus, de la que forma parte la UE, por vulnerar los derechos de acceso a la información sobre temas ambientales.
Según Ecologistas en Acción, en un análisis del agua de San Finx realizado en agosto pasado se encontró que contenía niveles de cadmio, sustancia tóxica y cancerígena, 78 veces por encima del nivel máximo permitido por la legislación nacional, mientras los de cobre superaban 48 veces el tope legal.
En la misma región está el proyecto de Touro, que junto al de San Finx, causarían un impacto ambiental enorme, afectando a las rías de Muros – Noia y Arousa, respectivamente, según EA, que hace pocos días ha alertado además de la contaminación por arsénico en el suministro de agua municipal de Viana de Bolo (Ourense) por la mina de Penouta.
Gran mina a cielo abierto en Segovia
Además, el proyecto de mina a cielo abierto para la extracción de cuarzo metalúrgico en la comarca ubicada entre los pueblos de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo (Segovia) a manos del consorcio Erimsa/Elkem, una empresa gallega adquirida por una noruega, que a su vez tiene participación china.
Según ha explicado a Efe la portavoz de la Plataforma en contra de la mina de cuarzo, Marisa Moro, no es comprensible que por un lado se trabaje por «llenar la España vaciada» y por otro se pretenda aprobar proyectos que afectarían la salud de las personas, los hábitats y ecosistemas con concesiones que podrían llegar a los 80 años.
Segovia rechaza la mina prevista en el nordeste de la provincia
Segovia rechaza la mina prevista en el nordeste de la provincia / PLATAFORMA CONTRA LA MINA
La Plataforma lucha contra la explotación en 1.658 hectáreas, aunque la zona afectada abarcaría unas 2.720 ha, en una comarca con unos 800 habitantes, para lo cual están a la espera de la respuesta de varias consejerías de Castilla y León (PP-VOX), de cuyo Gobierno depende la decisión.
Según Moro, se han presentado hasta el momento «5.000 alegaciones al proyecto» que afectaría a la salud y forma de vida de la comarca, al medio ambiente por la contaminación del agua y el suelo, a la industria del turismo, a la arquitectura y el patrimonio cultural de monumentos medievales, entre otros aspectos.
Proyecto en Ciudad Real
Por otra parte, La Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE), ha alertado sobre el impacto ambiental de un posible nuevo proyecto minero para la explotación de tierras raras en la provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha).
Según Joám Evans, todo depende de los informes ambientales que los realiza la propia empresa ejecutora del proyecto, que deben incluir planes de restauración posterior de la zona explotada.
Pero muchos de estos proyectos que se venden «como minería sostenible del siglo XXI» son «técnicamente deficientes», según el portavoz de EA, porque tienen «planteamientos de gestión ambiental que más parecen del XIX» y de ahí viene la conflictividad por la contaminación del aire, del agua, y la falta de garantías para la restauración ambiental.
Imagen de una mina a cielo abierto
Imagen de una mina a cielo abierto / AGENCIAS
Recuerda que los informes de impacto ambiental que presentan las empresas son aprobados por cada comunidad autónoma, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico solo interviene cuando afecta a más de una región, que son «casos puntuales».
Es el caso de la mina de Agua Blanca en Badajoz, que «en teoría va a reabrir después de muchos problemas», y que está a caballo entre Badajoz y Huelva.
Hay proyectos que en los últimos diez años «han salido adelante sin el informe de impacto ambiental o intentos de aprobación sin presentar ese documento» por parte de las empresas, asegura Evans, y explica que cuando esta situación se denuncia en Bruselas ante la Unión Europea «no nos creen o piensan que les tomamos el pelo».
Es el caso de la mina de San Finx, aprobado en 2009 «sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, sin ningún tipo de participación pública», en la zona «nadie se enteró», subraya.
Proyectos de Alberta y Touro (Galicia)
Otro caso es el de la mina de litio de Alberta (Galicia), que es un proyecto parecido al de Cáceres, «pero del que no se habla tanto», y que en 2019 «la Xunta lo intentó tramitar sin evaluación de impacto ambiental y participación pública».
Los informes de impacto ambiental, recuerda Evans, «son estudios técnicamente muy complejos», pero en muchas ocasiones «el papel lo aguanta todo….». Así, en España se está proponiendo la instalación de presas de residuos mineros que sería ilegales en Chile, después de accidentes en minas de cobre o la de Brumadinho (Brasil), e incluso en China, asegura.
Por ejemplo, explica, en la mina de Touro (Galicia), «existe una propuesta de una balsa de lodos de un kilómetro de longitud y 90 metros de altura situada a 100 metros aguas arriba de un núcleo de población de 100 habitantes». En la mayor parte de las jurisdicciones del mundo «sería totalmente ilegal, porque la gente, si hay una falla, quedarían sepultados por los lodos».
Es una situación que «preocupa mucho» porque «efectivamente se está produciendo una avalancha de nuevos proyectos» y apunta el caso de Andalucía, donde la Junta sacó en agosto de 2023 a concurso 360 derechos mineros, una región que cuenta actualmente con 465 explotaciones activas.
El sector minero se defiende: «Campaña de acoso»
Frente a las críticas de Ecologistas en Acción, la Cámara Oficial Mineira de Galicia defiende a la industria minera y considera que la citada organización ambiental “mantiene una campaña de acoso e intimidación inaceptable”.
“Tanto en Galicia como en el resto de España, las explotaciones mineras tienen los permisos preceptivos, deben presentar un Plan de Labores anual, estar al corriente de medidas de seguridad y protección ambiental, así como tener garantías y avales financieros a disposición de la Administración. La vigilancia de esta legalidad se realiza, de manera efectiva, por la Administración pública”, ha manifestado un portavoz de la Cámara Mineira.
La minería en España, según afirma, es “un sector muy regulado, con gran densidad de normativas que afectan a la actividad extractiva. De hecho, se trata del país de la Unión Europea en el que mayor presión legal existe. En España, una empresa minera debe esperar entre dos y seis años para recibir un permiso minero debido a la espesa legislación y a la regulación de 103 administraciones y más de 130 leyes. Ante ello, las empresas mineras actúan con responsabilidad y cumpliendo la legislación”.
La Cámara Oficial Mineira de Galicia expresa su preocupación por la “judicialización del trabajo de técnicos y funcionarios por parte de grupos de activistas. La persecución a la que se ven sometidas las administraciones y los funcionarios públicos en su trabajo diario, así como el descrédito que se pretende con acusaciones irresponsables hacia el sector minero son inaceptables”.
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