29/11/2023
De acuerdo con las resoluciones N° 00144-2023-OEFA/DSEM y N° 00142-2023-OEFA/DSEM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha impuesto medidas administrativas a la empresa Antapaccay (Glencore), debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los pobladores de Espinar (Cusco) y los ecosistemas de la zona. La sanción fue impuesta el último mes de agosto.
Precisamente, CooperAcción y Oxfam presentaron el 21 de noviembre el informe: “Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos». Representantes de Espinar acompañaron la presentación y compartieron sus experiencias.
Maia Campbell, Coordinadora de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Perú, indicó que es necesario que las empresas que realicen proyectos extractivos, aseguren que sus actividades respetan los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la debida diligencia.
“Si bien los Estados son los responsables de velar por el respeto a los derechos humanos, varios marcos de regulación y autorregulación que rigen la responsabilidad empresarial, reflejan actualmente una interpretación muy extendida de las funciones que pueden desempeñar las empresas, tanto en la violación de derechos humanos con impactos negativos, como en el cumplimiento de los mismos. Los principios rectores de las Naciones Unidas especifican que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos “, destacó Campbell.
Este estudio, elaborado por CooperAcción y Oxfam, analiza los informes del OEFA (Informe Nº 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC y el Nº 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC), sobre la calidad del aire. Ambos estudios confirman que las emisiones de material particulado (PM10), provenientes de las actividades de la mina, superaron repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos, poniendo en evidencia los riesgos significativos para la salud de personas de trece comunidades de la provincia de Espinar. Estas personas se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados.
“Lo que buscamos es no solo socializar las evidencias de este informe sino abrir espacios de diálogo con autoridades europeas, financistas de la empresa Glencore, entre otros actores, lo que implicará la participación en una ruta de diálogo por siete países como Irlanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suiza para buscar respuesta a los resultados del informe”, destacó Miguel Lévano, Coordinador de Programa y Alianzas de Oxfam en Perú
En tanto, Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción señaló en relación a las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco que hubo “falta de transparencia sobre las dimensiones de tierras que la empresa necesita adquirir para sus operaciones. En la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), la empresa declaró que necesitaba adquirir el 6% del territorio de la comunidad de Pacopata y en la negociación fue más del 80%, lo que pondría en riesgo su existencia”.
A su turno, Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K`ana de Espinar, dijo que vienen denunciando públicamente la delicada situación en la que viven, la cual afecta de forma grave sus labores ganaderas y agrícolas, así como la salud de sus familias. “La presencia de la empresa minera es un problema muy grande para nosotros y ellos están avanzando. La contaminación está cada vez más fuerte. Nuestra salud está seriamente afectada. Hay colectivos y asociaciones, pero las comunidades estamos totalmente abandonadas. Se mueren nuestros animales. ¿Con qué capital vamos a mantener la familia? Si el aire, el agua y la tierra están contaminados, a dónde vamos a ir. No es fácil irnos a otro lugar”. Alertó Merma.
Por su parte Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú, también mostró su preocupación por el impacto ambiental de más de 35 años de minería en la zona, “porque no ha significado un camino al desarrollo que era lo que esperaban las comunidades”.
Para CooperAcción y Oxfam, es fundamental garantizar que se conozcan estos hechos y evitar la impunidad. La presentación de este informe busca llamar la atención de otros actores de la comunidad internacional responsables de esta situación, ya que no es sólo un asunto del Estado peruano y de la empresa, también es un tema de responsabilidad de los países de donde provienen las inversiones y de sus financistas, que tienen que ser responsables de sus inversiones y las afectaciones que pueden estar generando en países como el Perú.
Se imponen medidas administrativas contra Glencore por contaminación en Espinar