07/11/2023
Después de más de 8 años de proceso judicial
Al mismo tiempo, en forma injusta y sin pruebas, condenan por delito de disturbios y lesiones leves a una las personas defensoras.
Hace unos días, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Arequipa, en el Expediente Judicial No. 4116- 2016, procedió a la lectura de sentencia (en Audiencia de Apelación) por la cual declara infundada las apelaciones presentadas por la fiscalía, la procuraduría y la defensa legal de la actora civil contra la sentencia que absolvió a 10 personas defensoras de derechos humanos y ambiente (entre ellas 7 defensoras). Igualmente, declaró infundada la apelación formulada por la defensa legal de Elida Maritza Ticona Hinojosa, una de las agricultoras defensoras de derechos humanos y ambiente en el Valle del Tambo, quien injustamente había sido condenada a seis años de privación de Libertad por la supuesta comisión del delito de disturbios y lesiones leves.
Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental (recogida en nuestra Constitución) a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.
Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada y brutal contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses. Al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Perú denunciaron, falsamente, la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a expresarse en forma pública.
Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agriculores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú, y una de las primeras en Latinoamérica, en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.
En resumen, en esta segunda instancia, al resolverse declarar infundada las apelaciones de la fiscalía, la procuraduría y la actora civil contra la sentencia de primera instancia, confirmó que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de las 10 personas defensoras de derechos humanos y ambiente
Sin embargo, con un razonamiento absolutamente contradictorio, equivocado y discriminador (porque al igual que los absueltos, contra ella tampoco existían pruebas en su contra) decidió confirmar su condena por los delitos de disturbios y lesiones leves.
En relación a lo antes señalado, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta confirmación de la sentencia que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa y exige que su caso sea revisado lo antes posible para evitar la arbitrariedad de que dicha defensora privada sin razón de su Libertad, cuando lo único que ha hecho es defender los derechos humanos de los integrantes de su comunidad de agricultores, su tierra y su ambiente.
Igualmente, FEDEPAZ precisa que este largo proceso, de más de 8 años, evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales; evidenciándose, igualmente que el único propósito, del estado y la empresa es amedrentarlos y evitar que sigan protestando.
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