Chile

INFORME CONFIRMA CONTAMINACIÓN DE LAGO GENERAL CARRERA

La discusión sobre el impacto de la actividad minera cobra fuerza en el sur de Chile ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos que pretenden desarrollarse en sectores costeros al Lago Carrera, el segundo más grande de Sudamérica.

Recientemente, un poco difundido informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), financiado por el Gobierno Regional de Aysén, confirmó que producto de la actividad minera que se desarrolló durante décadas en Puerto Cristal, el lago General Carrera podría estar recibiendo una importante carga de metales pesados.  El estudio, denominado “Investigación Geológica Minera Ambiental en Aysén”, fue elaborado en 2012.

 

El lago General Carrera/Buenos Aires es un lago localizado en la Patagonia. A cada lado de la frontera tiene nombres diferentes, ambos reconocidos a nivel internacional: en Chile es conocido como lago General Carrera ​ mientras que en Argentina se le denomina lago Buenos Aires. También es conocido con el nombre autóctono de Chelenko, que significaría “aguas tormentosas”.

En la ribera chilena hay registros de faenas mineras desde 1931 y es a partir de la década del 40 que  se extrae  plomo y zinc. Actualmente, en la región de Chile Chico hay dos empresas mineras presentes: la primera,   propiedad de la compañía minera estadounidense El Toqui y la segunda es Delia NW, a cargo de la empresa Cerro Bayo.

Recientemente, un poco difundido informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), financiado por el Gobierno Regional de Aysén, confirmó que producto de la actividad minera que se desarrolló durante décadas en Puerto Cristal, el lago General Carrera podría estar recibiendo una importante carga de metales pesados.  El estudio, denominado “Investigación Geológica Minera Ambiental en Aysén”, fue elaborado en 2012.

La localidad se ubica en la ribera norte del lago, 15 kilómetros al este de Puerto Sánchez en la comuna de Río Ibáñez.  En dicho sector operaba “una planta de procesamiento de minerales, botaderos y relave, así como de dos minas (Mina Silva y Mina Rosillo) que, entre otras minas del sector, abastecían a la planta de concentrados localizada en dicho poblado”, consigna el reporte de Sernageomin.

En este se señala que las “instalaciones mineras no cuentan con un debido cierre para el resguardo de visitantes y medio ambiente en general, ante la posible presencia de contaminantes, ni con medidas de mitigación por remociones en masa que podrían afectar al relave en la ribera del lago General Carrera”.

La gravedad de la situación queda de manifiesto al establecer que “el color ocre del relave oriental, los datos químicos y mineralógicos, así como el test de lixiviación indican que este relave es una fuente potencial importante de metales pesados, los que podrían estar siendo liberados bajo condiciones de drenaje ácido”

Luego de una recolección de muestras en un botadero ubicado al norte de la cancha de fútbol, se descubrieron concentraciones de plomo de un 42,2 por ciento, zinc de un 20,5 por ciento y cobre de un 0,38 por ciento. “En dicha zona se observó lixiviación por aguas superficiales. Estos líquidos podrían, bajo circunstancias favorables, aportar metales pesados al lago General Carrera” apunta.

En este sentido, el informe concluye que en el área existen “diversas remociones en masa, actuales, en la desembocadura del estero Rocillo y, antiguas, registradas entre las colas del relave. Estas observaciones indican que el relave de Puerto Cristal podría ser afectado de manera significativa, en el futuro, por remociones en masa canalizadas en el Estero Rocillo, del tipo flujos y caída de rocas, provenientes de los cerros aledaños”.

Aunque se han realizado trabajos para la contención del talud del tranque de relave, estos “no asegurarían la protección del lago General Carrera frente un eventual  colapso”. Más aún, “el relave está afectado por erosión eólica, lo cual indica una constante polución por partículas con altas concentraciones de plomo y zinc hacia el lago General Carrera y el poblado abandonado de Puerto Cristal”

La discusión sobre el impacto de la actividad minera en Aysén cobra fuerza en estos días ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico, dirigidos hoy por los alcaldes Marcelo Santana y Ricardo Ibarra, en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos, precisamente en sectores costeros del lago, el segundo más grande de Sudamérica.  Una decisión que, en opinión de parte de la comunidad, está al debe de lo que debiera ser su responsabilidad para el cuidado de la salud de las personas y la sustentabilidad de lo ecosistemas bajo su administración.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/42340-informe-confirma-contaminacion-de-lago-general-carrera

 

Chile

El letargo de la institucionalidad ambiental para cerrar definitivamente Pascua Lama

El proceso de fiscalización y sanción de Pascua Lama ha sido largo y lento. Actualmente se encuentra aún pendiente a la espera de que el Primer Tribunal Ambiental se pronuncie en relación a la reclamación presentada por la empresa infractora contra la resolución de la SMA, y en particular contra los cargos que mantienen la sanción de clausura definitiva. Hace más de tres meses que la causa (Rol R-5-2018) se analizó y debatió en la audiencia de alegatos del tribunal, donde actuamos como coadyuvantes de la Superintendencia, solicitando que se deseche la reclamación de Barrick.

Todos los recuentos y evaluaciones socioambientales de hitos del 2018, consideran la Resolución Exenta Nº72 del 17 de enero de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que impuso más de 30 sanciones administrativas, incluidas cinco que decretaban la “clausura definitiva y total” de la faena minera del Proyecto minero Pascua Lama de la Compañía Minera Nevada SpA, filial de la trasnacional canadiense Barrick Gold, como uno de los  hechos más importantes del año. Ha transcurrido un año desde que se emitiera la trascendental sanción, sin embargo esta aún no logra materializarse.

Como organización que ha colaborado y acompañado a la comunidad del Valle del Huasco por casi  20 años  en este conflicto nos parece relevante hacer un análisis a este proceso, desde una mirada de los Derechos Ambientales y  sobre la capacidad preventiva y reparatoria de la institucionalidad ambiental, proceso aún pendiente de solución.

El resultado de todo este proceso de búsqueda de justicia ambiental para las comunidades afectadas por el avasallador proyecto de Pascua Lama sólo confirma que nuestra institucionalidad, pese a declararse como un modelo que propicia el “desarrollo sustentable”,  está al servicio de concepciones extractivistas de nuestros territorios y sus ecosistemas. Y en este caso, específicamente, en lo referido a la fiscalización y sanción de mega emprendimientos empresariales mineros.

Aquí se demostró el fracaso completo de la concepción institucional que enarbola el principio de autocontrol de las empresas como eje de la evaluación y fiscalización de los proyectos. Esto se expresa en todo lo referido a la Auto Denuncia, al denominado Programa  de Cumplimiento que suspende la investigación sancionatoria o a las solicitudes de pertinencia, entre otros mecanismos.

Se debe agregar, la falta de capacidad, recursos y voluntad del Estado para fiscalizar y sancionar los reiterados y gravísimos incumplimientos a nuestra normativa ambiental, que además es débil y permisiva.

Por tanto, llegar a este punto de clausura definitiva ha significado un camino largo y dificultoso. El procedimiento ambiental (A-002-2013) sancionó incumplimientos de la empresa a los permisos ambientales, algunos acaecidos hace ya seis  años. Tuvieron que transcurrir cinco periodos presidenciales (Ricardo Lagos, ambos gobiernos de Michelle Bachelet, ambos gobiernos de Sebastián Piñera), desde el otorgamiento de la primera Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el año 2001, tiempo en que incluso se introdujeron cambios en la ley ambiental y sus instrumentos de evaluación y fiscalización, y donde siempre hubo mucha acogida a consultoras y lobistas que buscaron debilitar y doblegar la demanda ciudadana de mayor protección ambiental por parte del Estado. Solo la voluntad, convicción y movilización comunitaria hizo posible el establecimiento de este ejemplar castigo para una faena tan contaminante y destructiva de la naturaleza y de la comunidad que históricamente ha habitado el territorio.

Lamentablemente, en este mismo sentido, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (TA), es otro órgano que está cumpliendo un rol dilatador y relativizado de las sanción de clausura total y definitiva. Cabe consignar que la instalación misma de los TA fue fruto de la petición efectuada por el Consejo Minero, en el marco de la tramitación y negociación legislativa para aceptar la instalación de la SMA, siendo clave la gestión de Julio Ponce Lerou, en coordinación con parlamentarios de derecha, entre ellos la diputada UDI Marcela Cubillos (2009), que fue la primera Ministra de Medio Ambiente del actual gobierno.

Lo arriba indicado se demuestra a través del tortuoso procedimiento de denuncia, investigación y sanción de las sistemáticas y reiterativas ilegalidades cometidas por la trasnacional canadiense, y que podemos sintetizar de la siguiente manera:

A pocos días de puesta en marcha la nueva institución fiscalizadora, en enero de 2013, se abrió un proceso administrativo ambiental sancionatorio (Rol A-002-2013), que  formulaba una serie de cargos por incumplimientos de Barrick Gold en la construcción del proyecto minero Pascua Lama. Por cierto, esta empresa ya había recibido multas de diversos órganos públicos por trasgredir sus compromisos los años anteriores, antecedentes que no fueron considerados en este proceso.

El 24 de mayo de 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente por Resolución Exenta Nº 477 sancionó al titular del proyecto con una multa de 16.000 UTA (US$ 16,4 millones de dólares), incluyendo una medida cautelar de paralización total que se ha mantenido hasta hoy.

Ante una sanción tan débil, irrelevante y pro minera, colaboramos con las organizaciones de agricultores y crianceros en la elaboración, presentación y tramitación de un reclamo ciudadano ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (único en funciones a esa fecha).

Finalmente, el tribunal acogiendo nuestra demanda, anula la resolución de la SMA ya que “no es suficiente para comprender de qué forma se concretaron las seis sanciones … tanto la elección de la multa como sanción específica y en el monto de ella”, determinando una falta de motivación y profundidad en la actuación del Superintendente Juan Carlos Monckeberg, que la hacia “arbitraria al no contener los razonamientos suficientes que expliquen la ponderación de la conducta anterior del infractor en la determinación de la sanción”.

Reabierto el expediente sancionatorio el 22 de abril de 2015, la SMA lo fusionó con un segundo proceso de sanción (D-011-2015), que incorporó una numerosa cantidad de nuevos incumplimientos del proyecto Pascua Lama. Los nuevos cargos fueron, en buena  parte, producto de constantes denuncias comunitarias. Las más de diez denuncias comunitarias, interpuestas, entre los años 2013 y 2016, se referían a irregularidades y colapso en las obras de construcción de los canales perimetrales, del sistema de manejo de aguas, de captación y manejo de drenaje acido; a la contaminación y alteración de las aguas y cuencas de los ríos Estrecho y El Tránsito, con alto contenido de sedimentación, turbidez, aparición de gran cantidad de espuma, sustancias químicas y olores molestos, con incluso detección de parámetros elevados de metales pesados (aguas que son  utilizadas para riego, consumo de animales y humano); y de los canales de los valles del Carmen y El Tránsito de la comuna de Alto del Carmen; a descargas ilegales desde la cámara de captación y restitución (CCR); a la afección de vegas cercanas con sedimentos; a la filtración de aguas contaminadas a las napas subterráneas por vertimiento de camiones aljibe de la compañía en los caminos contaminando el subsuelos; al incumplimiento de obligaciones de  resguardo a glaciares emplazados en el área de influencia del proyecto, entre otros. Todas estas denuncias fueron antecedentes claves a la hora de ampliar los cargos, especialmente los cinco que fueron sancionados con la clausura definitiva del proyecto a principios del 2018

En febrero de 2018, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dentro del proceso de consulta que debe hacer la SMA establecido en la ley (Causa S-5-2018), primero resolvió efectuar una  inspección personal al proyecto, y finalmente con fecha 12 de octubre de 2018 falló la consulta legal, eliminando cuatro de las cinco sanciones de clausura definitiva de Pascua Lama, pero confirmando la clausura total y definitiva en uno de ellos.

En definitiva, el proceso de fiscalización y sanción de Pascua Lama ha sido largo y lento. Actualmente se encuentra aún pendiente a la espera de que el Primer Tribunal Ambiental se pronuncie en relación a la reclamación presentada por la empresa infractora contra la resolución de la SMA, y en particular contra los cargos que mantienen la sanción de clausura definitiva. Hace más de tres meses que la causa (Rol R-5-2018) se analizó y debatió en la audiencia de alegatos del tribunal, donde actuamos como coadyuvantes de la Superintendencia, solicitando que se deseche la reclamación de Barrick.

El fallo aún está pendiente, pero sería inconcebible que se acogieran los argumentos de la minera reclamante que principalmente se sustentan en los recursos ya invertidos en la construcción del proyecto (según la empresa se han materializado US$ 5.000 millones) y las consecuencias que para el Estado pudiere implicar la clausura de un proyecto que está acogido al Tratado Bilateral Minero de Chile y Argentina, y también en el marco de protección que le entrega el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Canadá.

Ahora, este último argumento que no tiene ningún contenido ambiental, pudiere tener algún nivel de acogida en el Tribunal Ambiental de Antofagasta que está conformado por jueces,  donde algunos de ellos tuvieron un estrecho vínculo como asesores de la gran minera durante años (Ejemplo fallo a favor del proyecto minera Dominga).

En todo caso, sabemos que cualquiera sea lo que resuelva el Tribunal Ambiental, debido a su trascendencia, la causa terminara siendo vista, vía casación, en la Tercera sala de la Corte Suprema, donde sus nuevos integrantes han mostrado una flexibilidad para poner sobre los derechos ambientales los grandes intereses económicos empresariales.

Concordando con lo sostenido por la SMA, pues si se recogieran los sólidos argumentos jurídicos ambientales, por los que se establecieron las sanciones de cierre total y definitivo se debiera mantener la clausura como la sanción adecuada ante tan flagrantes y reiterados incumplimientos. Pero, eso con la intervención de tantos lobistas y presiones de poderes fácticos está en peligro.

El precedente que se sentaría en caso de revertir la clausura para la institucionalidad y la protección del medio ambiente y de las comunidades, luego de tan largo proceso, sería catastrófico y dejaría claro que la protección del medio ambiente es solo letra muerta. Lamentablemente, es un escenario posible bajo la enorme presión de los capitales extractivistas mineros que cuenta con estrechos vínculos de cooptación  en los diversos estamentos del Estado.

Como OLCA, seguiremos apoyando los procesos comunitarios y de defensa de los territorios,  dando la pelea para exigir, en este caso, el respeto a la sanción ejemplificadora de clausura, además de buscar la responsabilidad y reparación a los daños ambientales causados.

 

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2019/01/17/el-letargo-de-la-institucionalidad-ambiental-para-cerrar-definitivamente-pascua-lama/

Chile

Minera canadiense demanda a comunidad indígena de Atacama y exige millonaria devolución

Canadiense asegura que comunidad colla de Atacama ha actuado bajo “mala fe” y acudió a tribunales para exigir la restitución de $285 millones. Mientras que la agrupación se defiende y acusa usurpación de aguas.

Son vecinos, pero hoy prácticamente no se pueden ver. Por estos días las comunicaciones entre la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes, y la Compañía Minera Maricunga, filial de la minera canadiense Kinross Gold Corporation, están totalmente cortadas en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Al conflicto por el derrame de petróleo en el sector de Quebrada del Carrizo en el Campamento del Rancho del Gallo, de propiedad de Maricunga, ocurrido el 20 de mayo de 2017, se suma ahora un nuevo foco de divergencia entre la minera y la agrupación indígena.

El pasado 13 de diciembre, la minera presentó en el 3º Juzgado de Letras de Copiapó una demanda de restitución de dineros pagados en el marco de un proceso de servidumbre minera que se encontraba sujeto al visto bueno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). La minera asegura que comunidad colla -integrada por poco más de 100 personas- le adeuda la suma de $285.000.000.

Pero el conflicto tiene su origen mucho antes. A mediados del año 2011 entre la comunidad colla y compañía minera surgieron una serie de controversias respecto a la titularidad de Maricunga para acceder, ocupar y transitar, por parte de los predios de la comunidad. A ello se suma la construcción por parte de la minera de un by-pass en el camino público de acceso al campamento de su propiedad, denominado Rancho del Gallo; y una serie de denuncias de la agrupación indígena sobre una supuesta usurpación de agua por parte de la minera.

Con el objetivo de poner fin a las disputas, el 30 de diciembre de 2013 las partes acordaron una millonaria transacción por medio de un contrato. En el documento las partes convinieron la constitución de servidumbres de ocupación y tránsito sobre el ancho de la ruta C-611. Además del avenimiento respecto de la denuncia efectuada por la comunidad en el año 2011 en la Fiscalía Regional de Copiapó, por la imputación del delito de usurpación de aguas.

Pero pese a las gestiones realizadas ante la Conadi, llegado el día 26 de julio de 2016, las condiciones no se cumplieron, ya que nunca logró obtenerse las autorizaciones correspondientes; y las partes tampoco acordaron una nueva prórroga.

Para Maricunga, -representada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés-, los dineros deben ser restituidos “íntegramente, reajustados y con intereses”. Más aún, la minera acusó “mala fe” de parte de la comunidad colla al retener los fondos percibidos e insistió en que el tribunal debe aplicar los intereses corrientes a la deuda desde el momento en que venció la condición suspensiva.

Según el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (Sigpa) “los kolla son un pueblo andino prehispánico que ha habitado históricamente un gran zona del terreno andino, ocupado hoy por Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Es un pueblo de pastores trashumantes que recorren los territorios cordillerano en busca de alimento y agua para sus animales”.

Kinross es una compañía minera aurífera internacional con base en Canadá y operaciones mineras en Brasil, Chile, Ghana, Mauritania, Rusia y los Estados Unidos.

“Ellos usaron clandestinamente una propiedad”

Roberto Carlos Salinas, presidente de la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes confirmó la recepción de los dineros, que se llevó a cabo en “bienes inmuebles” por medio de una transacción.

Para el dirigente, la compañía omitió revelar en su demanda la garantía que estableció la Conadi que exigió $500.000.000 a favor de la propia comunidad demandada y que, a ojos suyos, la minera no estuvo dispuesta a entregar. Esto último es refrendado por medio de un oficio enviado por Claudio Araya, encargado de la Oficina Regional de Conadi de Atacama al Director Nacional (s), Rodrigo Bustos, que data del 21 de noviembre de 2014.

“Ellos usaron clandestinamente una propiedad que no era de ellos. Se lucraron de tierra indígena. Ellos usurpan y contaminan tierras indígenas. Son meros arrendatarios y más encima vienen ahora a demandar”, sostuvo Salinas.

Mientras que la minera respondió que “entregó los fondos a la comunidad de buena fe y de acuerdo a nuestro compromiso de construir buenas relaciones con las comunidades”.

“Nuestra convicción como compañía es que nuestra prioridad es y será siempre establecer estrechos lazos con las comunidades, para que en conjunto, trabajemos mirando hacia el futuro y logremos acuerdos y relaciones fructíferas. De la misma manera, como ha sido nuestra tradición, nuestras puertas siempre estarán abiertas para que, sobre la base a la transparencia y claridad en las relaciones, se puedan encontrar las mejores soluciones conjuntas”, remató la minera.

 

Fuente:https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/minera-canadiense-demanda-a-comunidad-indigena-de-atacama-y-exige-millonaria-devolucion/475613/?fbclid=IwAR1whw4NODe0VXDEBq_54tyfJ54EdT992nZlLfA7ALQkVFKyC2yrd1FPlPU

Chile

Más agua para la minería de cobre

El sector minero se dispone a utilizar agua de mar y construye plantas desaladoras en Chile. El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% y el uso de agua de mar se incrementará a una tasa promedio del 12,2% anual.  Con ello, el consumo de agua total por parte del sector será del 56% para 2029.

 

Un estudio desarrollado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), evidenció que la demanda de agua de mar del sector pasará desde 3,28 m3/seg en 2018, a 10,82 m2/seg en 2029, alcanzando con ello el 43% del agua total requerida. El informe también evidenció que el consumo de agua de origen continental (dulce) esperada para 2029 alcanzará los 14,53 m3/s, un 12% más que lo estimado para 2018.

El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% versus el agua de mar con una tasa promedio del 12,2% anual.  Con ello, el consumo de agua total por parte del sector se incrementará en 56% en el período analizado.

El aumento del 230% (7,06 millones de toneladas de cobre fino) en la producción de cobre estimado para 2029 y la escasez de agua continental empujan a las empresas a utilizar agua de mar y para ello construyen plantas desaladoras.

Se resalta el cambio de la matriz de producción, ya que en los próximos años se vuelca a los minerales de sulfuros lo que implica uso más intensivo del agua: “La producción de concentrados pasa de una participación del 71,2% al 88,4% en el periodo 2018-2029. Los minerales sulfurados deben ser procesados a través de flotación, proceso que es mucho más intensivo en el uso de agua”, explicó.

Situación regional

Cochilco también demostró que al analizar el consumo de agua de mar por región se observó una fuerte participación de la región de Antofagasta, seguida en menor medida por las de Atacama y Coquimbo.

En ese sentido, algunos de los proyectos que podrían concretarse en estos diez años son la ampliación de la desalinizadora de Escondida, inaugurada a principios de 2018; la planta desaladora Distrito Norte de Codelco; la ampliación de tuberías para Distrito Centinela de Antofagasta Minerals; el uso de agua de mar para la expansión de Sierra Gorda de KGHM y la puesta en marcha progresiva para el proyecto de hierro Dominga a partir del 2020, entre otras.

Así, se espera que el uso de agua de mar a nivel regional para el 2029 sea de un 32% para la región de Tarapacá, un 64% para la región de Antofagasta, un 32% para Atacama y de un 51% para la región de Coquimbo.

“En los próximos años, Antofagasta será la región que más consuma agua de mar, lo que permite una disminución importante en el uso de agua continental, pues es en esta región donde se concentra la mayor cantidad de actividad minera del cobre.

En el caso de la región de Coquimbo, el 50% de las operaciones mineras del cobre serán abastecidas por agua de origen marino al 2029.

Es importante destacar que empresas mineras que operan en Atacama, región que atraviesa una severa sequía, también están realizando un importante esfuerzo por incrementar el uso de agua de mar, el que llegará a un 33% al año 2029”, concluyó Cantallopts.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/42319-mas-agua-para-la-mineria-de-cobre?fbclid=IwAR1LPxOgZEqyJqGZAj0OqUraEfUtqwj-dz53teYL7oIHjk26KAP06Bln0vw

Chile

La Comisión de Minería del Senado sesionará en San Pedro de Atacama

Congresistas recorrerán el salar y se reunirán con los representantes de las comunidades, para conocer los efectos de la explotación de litio en la cuenca.

Analizar la explotación del litio desde sus distintas dimensiones es lo que plantea la Comisión de Minería del Senado para la sesión del viernes 11 de enero, cuando el organismo parlamentario se reúna en San Pedro de Atacama con el Consejo de Pueblo Atacameños (CPA), que integran 18 comunidades de la cuenca del salar donde SQM y Albemarle tienen sus operaciones.

“Esta reunión tiene como primer objetivo que los senadores conozcan el salar, hay otros salares, pero el de Atacama es el principal. En segundo lugar, conversar con las comunidades para ver cuál es el impacto local de la extracción del litio y cuáles son los derechos que están en juego, como el de agua”, explicó el senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillier.

Debate pendiente

El parlamentario dijo que dentro de las conversaciones y el debate que se tiene que dar con las comunidades y la ciudadanía en general, está el integrar el litio en las cadenas de valor, y para eso no se tiene que nacionalizar el recurso, recalcó, pues pertenece al Estado. Sin embargo las concesiones, dijo, han sido negativas, como en el caso de SQM que además vinculó en la corrupción de la clase política.

En esto contexto, agregó el congresista, “hicimos (en la Comisión) un montón de gestiones, ante todos los organismos: Superintendencias, Contraloría, Fiscalía, Impuestos Internos, pedimos todos los antecedentes para tener un pronunciamiento y ni siquiera la Fiscalía Nacional Económica dijo tener facultades reales y Corfo dijo que no estaba en condiciones de administrar el salar, es decir, estamos en el peor de los mundos”, lamentó Guillier sobre la falta de fiscalización en la industria.

 

Fuente:http://www.revistaei.cl/2018/12/28/la-comision-mineria-del-senado-sesionara-san-pedro-atacama/?fbclid=IwAR34C8WJ9ZChsMeIn5UcyW09nMcB5lEaq5c_ZM01wT5xb6vo8SNIHoRQdYw

Chile

Polémica por reconocimiento parroquial de Andacollo a transnacional minera acusada por contaminación

Para Vecinos por Andacollo no es comprensible que el Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol, haya otorgado un reconocimiento de la Iglesia Católica a la transnacional Minera con la serie de antecedentes públicos que la hacen responsable directo de la contaminación ambiental y daños a la salud, contradiciendo de esta forma la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco.

Sorpresa causó el pasado 26 de diciembre del 2018 entre los presentes en la liturgia de celebración de la fiesta grande de la Virgen de Andacollo, que dentro de los reconocimientos a laicos e instituciones que a lo largo de los años han destacado por su compromiso con la Iglesia de Andacollo -y que fueron otorgados por el Misionero Claretiano, Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol-, se haya destacado a la Transnacional Minera TECK.

El galvano de reconocimiento fue recibido por Paulo Barraza, Gerente de Gestión Comunitaria de Teck Carmen de Andacollo, hecho que fue difundido por el medio impreso y digital “Andacollo Conectado” de propiedad de la minera y dirigido por el propio Barraza. El “reconocimiento” también incluyó a representantes de otras instituciones públicas, sociales y eclesiásticas, como el alcalde de la comuna y al Arzobispo de La Serena, René Rebolledo.

La polémica se suscita ya que en el marco de esta festividad religiosa, la agrupación “Vecinos por Andacollo”, así como religiosos, laicos e integrantes de organizaciones sociales de la comuna, hicieron un llamado público previo al inicio de la festividad por la Virgen del Rosario (del 23 al 27 de diciembre del 2018), invitando a tomar conciencia frente a las condiciones de contaminación causadas por la mega industria minera y que ha venido afectando severamente la calidad de vida de la población

En efecto, referentes de organizaciones sociales de la comunidad andacollina habían manifestado que las autoridades religiosas no pueden guardar silencio ni complicidad frente a la gravedad que se vive en esta comuna a causa de la contaminación provocada por el extractivismo minero y recordaron la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco, sobre el “Cuidado de la Casa Común”, la que se dirige en primer orden a los fieles católicos, cuya propuesta de la Encíclica es la de una «ecología integral», que incorpora claramente las dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas con la situación ambiental.

Responsabilidad de transnacional minera en contaminación de Andacollo

Recordemos que el Estado chileno declaró como “zona saturada” en 2009 a la comuna de Andacollo, a causa de la grave contaminación por polución, que incluye diversos componentes de metales pesados, y cuyos planes de descontaminación (2015) han sido insuficientes para asegurar vivir en un medio ambiente libre de contaminación y proteger la integridad de los habitantes de manera efectiva, según han denunciado Vecinos por Andacollo.

Desde la organización han argumentado que la principal causa de esta situación es la extracción industrial de minerales en las inmediaciones de zonas pobladas, explotadas por dos empresas transnacionales: Teck y Dayton, todo, bajo la responsabilidad estatal que involucra a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).

Cabe señalar que en el período del 2010 al 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicó a Andacollo entre las 20 ciudades con mayores problemas de Latinoamérica en materia de contaminación, y que durante el año 2018 se registraron varios casos de contaminación por polución a causa de las tronaduras con explosivos efectuadas por la empresa canadiense Teck, ocurridas en agosto y marzo del año pasado, generando varios problemas en las zonas pobladas.

Para Vecinos por Andacollo, existen datos epidemiológicos oficiales, pero insuficientes, discontinuos y precarios, que confirman una descoordinación por parte de instituciones públicas competentes, con datos parciales y algunos acomodados a los intereses de la industria minera.

Sin embargo, en varios aspectos dan cuenta de una realidad alarmante con respecto a la calidad de vida y salud de la población y que se arrastran hasta el presente, dando cuenta a modo de ejemplo, que la mortalidad infantil pasó de 6,1% en 2002 a 26% y 24,8% en 2004 y 2006.Asimismo, ya se lideraba las estadísticas de tasa de muertes por enfermedades respiratorias en Chile, considerando que la tasa de mortalidad anual por enfermedades respiratorias en la región de Coquimbo fue de 48.5 por cada 100,000 habitantes entre 1997 y 2005, mientras que en la comuna de Andacollo esa cifra sube a 95.9 por cada 100,000 habitantes, según datos proporcionados por la Secretaria Regional Ministerial de Salud el año 2014.

Para los vecinos, frente a esta realidad, el plan de descontaminación que partió el año 2015, se hace bajo un marco normativo local insuficiente y permisivo, que no atiende el estándar internacional de derechos para medidas de reparación y que no cumple con las exigencias establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), agregándose además que no se ha regulado eficientemente la explotación minera en este territorio, por el contrario, “se sigue expandiendo con mayor peligro a zonas urbanas, bajo criterios irracionales e insaciables de lucro”.

Reiteran llamado a autoridades religiosas

Para Vecinos por Andacollo no es comprensible que el Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol, haya otorgado un reconocimiento de la Iglesia Católica a la transnacional Minera con la serie de antecedentes públicos que la hacen responsable directo de la contaminación ambiental y daños a la salud, contradiciendo de esta forma la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco.

“Existen numerosas pruebas, documentos, fotografías, testimonios de afectados, filmaciones del avasallamiento y de los accidentes que producen las empresas mineras, aquí mismo, en las inmediaciones donde está la Virgen del Rosario de Andacollo y no es posible que un representante de la Iglesia en esta comuna no haya visto esta situación”, señalaron desde la agrupación, adelantando que están dispuestos a compartirle esos antecedentes de manera personal al sacerdote.

“En caso que aún no tenga conocimiento de lo que ocurre en este territorio, incluyendo los numerosos impactos generados por los incidentes relacionados con la sismicidad inducida por la minería -las tronaduras-, percibidas a kilómetros de distancia y que progresivamente siguen generando deterioros de inmuebles, poluciones y constantes fenómenos de eventos de gran magnitud y estallidos de roca”, indicaron.

“La fe es incompatible con este tipo de negocios”, agregaron desde Vecinos por Andacollo, quienes agregaron que, contrariamente a la posición pasiva o de complicidad de autoridades religiosas en la Región de Coquimbo, varios sectores de la Iglesia Católica han denunciado activamente la explotación irracional y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el extractivismo.

La Iglesia Católica Latinoamericana ya denunció la expansión acelerada de las actividades extractivas, de forma irracional, que afectan negativamente al medio ambiente y a las poblaciones, lo que fue expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período de sesiones y las audiencias públicas.

Asimismo, en esa línea, el arzobispo de San Salvador impulsó un proyecto legislativo de prohibición de explotación minera metálica en su país con el objeto de protegerlo contra la grave contaminación del medio ambiente. En países como Ecuador, Costa Rica y Perú, entre otros, representantes de la Iglesia han manifestado su preocupación por los efectos ambientales de la minería.

El Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), también perteneciente a la Iglesia Católica, en un documento oficial, señala: “Las actividades extractivas mayormente son realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder económico de éstas, se observa un debilitamiento de los estados nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno local”.

“Muchas veces los gobiernos nacionales no cumplen satisfactoriamente su función de generar y exigir el cumplimiento de las normas nacionales de protección del ambiente, permitiendo la flexibilización de los marcos regulatorios y usando los vacíos legales a favor de las empresas, en lugar de defender y proteger los derechos de la población, responsabilidad fundamental de todo Estado”, concluye la declaración de Vecinos por Andacollo.

Fuente:https://www.elciudadano.cl/chile/polemica-por-reconocimiento-parroquial-de-andacollo-a-transnacional-minera-acusada-por-contaminacion/01/05/

Chile

Organizaciones sociales emplazan a ministra de medio ambiente por Parque Andino Juncal

El Valle del Juncal se encuentra hoy en peligro, pues un proyecto de introspección minera de la empresa Nutrex SPA que se está realizando colindante al Parque Andino Juncal, en terrenos de la Ganadera Tongoy; el cual hasta ahora ha destruido gran cantidad de flora y modificado e invadido el hábitat de toda la fauna del lugar.

El Parque Andino Juncal, declarado Sitio Ramsar para la conservación en el año 2010, es un área protegida gracias a la intervención del Estado; por lo que cualquier proyecto al interior de este o que genere afectación a las formas de vida que se cobijan al interior del Parque, requiere una evaluación de impacto ambiental (EIA).

Es por esto es que organizaciones sociales agrupadas como “Raíces de Aconcagua” exigen a la ministra de medio ambiente Carolina Schmidt un EIA, ya que ella debe dar las garantías de protección a los glaciares debido a que son patrimonio ambiental protegido por mandato constitucional; además de garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales con la comunidad internacional, referidas a la convención Ramsar, siendo en ella en quien recae dicho mandato en la ley.

La comunidad del valle de Aconcagua y amigos del Valle del Juncal manifiestan su profundo rechazo a todo proyecto que amenace y ponga en peligro el patrimonio natural del sector, que posibilita la primera y última afluente de agua limpia que alimenta al río Aconcagua.

El valle el Juncal da vida a cinco humedales, hábitat indispensables para la diversidad biológica que se deben proteger: Vega La Roca, Vega de la Paz, Vegas de Nacimiento, Vega Mardones y Vega Las Canchitas. Entre estos humedales y al interior del Parque Andino Juncal, de acuerdo a un catastro realizado entre el año 2002 y 2003, se albergan 68 especies vegetales; entre ellas dos tipos de astromelias, añañucas, lirios del campo, chuquiragas y soldaditos de cordillera. Además se desarrolla la vida de 42 tipos de pájaros; como el chorlito cordillerano, el chirihue cordillerano y el pato cortacorriente, junto a la de 10 mamíferos y 5 especies de reptiles. Un total de más de 100 tipos de formas de vida, entre flora y fauna, cuya existencia está en peligro hoy.

 

Fuente:https://misanfelipe.com/2019/01/04/organizaciones-sociales-emplazan-a-ministra-de-medio-ambiente-por-parque-andino-juncal/

Chile

Denuncian graves trastornos socioambientales en Andacollo producto de la actividad minera

La comuna de Andacollo, en la región de Coquimbo, conocida por sus tradicionales festividades religiosas, ha denunciado una vez más el amparo que la institucionalidad estatal y eclesiástica otorga a las empresas mineras que operan en la localidad, ignorando sus nefastas consecuencias.

En una conversación telefónica con Javier Cifuentes González, concejal de la comuna y miembro de la Agrupación para el control del medioambiente y desarrollo comunal de Andacollo, explicó a Resumen que las operaciones de las compañías mineras Teck C.D.A. y Dayton han generado múltiples trastornos en la vida de la población con el uso y contaminación de ingentes cantidades de agua, con la emanación de partículas de cianuro, ácido sulfúrico y otros agentes tóxicos al ambiente. Junto a ello, la comunidad debe soportar tronaduras a menos de 150 metros de los espacios poblados [ver foto principal]. Los antecedentes han sido expuestos en recursos de protección rechazados sucesivamente por la Corte de Apelaciones de La Serena .

Hay un aumento de los índices de mortalidad en la comuna producto de afecciones cardiacas, respiratorias y cancerosas. Sin embargo, denuncia Javier Cifuentes, éstos hechos no han podido ser investigados a cabalidad pues no se ha realizado un estudio epidemiológico para la comuna, el cual ha sido solicitado desde el 2007 por parte de miembros de la comunidad al Ministerio de Salud.

En Andacollo, comenta el edil, funciona una puerta giratoria para quienes en algún momento ocuparon cargos públicos y luego fueron contratados por las firmas mineras que operan en la comuna. Este sería el caso de Liliana Pastén, quien fungió como funcionaria de la extinta Corema de Coquimbo (Comisión Regional del Medio Ambiente) para luego ser contratada como supervisora medioambiental de minera Dayton. Otro ejemplo sería el de Christian Peralta, quien tuvo el cargo de Jefe de Medio Ambiente en la institucionalidad ambiental anterior y luego fue superintendente de medioambiente de minera Teck. Marcelo Cepeda, también fue parte de la extinta Corema de Coquimbo y actualmente sigue contratado por minera Teck. Según Cifuentes, éstos son ejemplos que explican en contubernio entre autoridades de instituciones públicas y el empresariado minero.

La iglesia católica ocupa un lugar preponderante en la población de Andacollo, por ello es que diversas organizaciones sociales han solicitado un pronunciamiento al Párroco y Rector del Santuario Adam Bartyzol, respecto al impacto de la actividad minera en la comuna. No obstante, las señales no han sido auspiciosas, pues en la última celebración a la figura de la Vírgen de Andacollo se le entregó un diploma de honor al Gerente de Comunidades de minera Teck, Pablo Barraza, felicitándolo por razones que la comunidad no comprende, afirma Javier Cifuentes.

El concejal también se refirió al soborno ejercido por las empresas mineras para con miembros de organizaciones sociales, generando división en una población empobrecida que carece de derechos y recursos que les permitan satisfacer necesidades adecuadamente.

 

Fuente:https://resumen.cl/articulos/denuncian-graves-trastornos-socioambientales-en-andacollo-producto-de-la-actividad-minera/?fbclid=IwAR34OXJz6OY-be50NOpEo8OPs1ULPkB3xpSCg6_3NSIAjq0GsSgJVE8et8Q

Chile

Descripción de Fiesta Religiosa en Andacollo: Llaman a tomar conciencia frente a contaminación minera

Vecinos por Andacollo, como religiosos laicos e integrantes de organizaciones en la comuna, han hecho un llamado en el marco del inicio de la festividad por la Virgen del Rosario que se extenderá desde el 23 al 27 de diciembre, cuyo lema para este 2018 es: “Somos su pueblo, su historia y Ella es nuestra Madre”, a tomar en cuenta las condiciones de contaminación a causa de la mega industria minera y que ha venido afectando severamente la calidad de vida de la población.

Desde la Iglesia se ha señalado que se están viviendo tiempos especiales y que la fe y creencia en la Virgen de Andacollo hace vivir la cercanía de su Hijo Jesús, considerando la coincidencia de esta fiesta religiosa con la festividad de Navidad, invitándose a que se profundice ese misterio, la fe, el compromiso y la relación con Dios. Desde ese punto de vista, Vecinos por Andacollo han llamado a la comunidad religiosa que visita anualmente este santuario, uno de los más importantes de Chile, a tomar conciencia y compromiso frente a la realidad que se vive en esta comuna donde habita la Virgen y que está en peligro de acuerdo a causa del descontrol extractivista, cuya mega industrias, a pesar de planes de descontaminación, se vienen arrastrando impactos de larga data.

Cabe consignar que el Estado chileno declaró como “zona saturada” (2009) a la comuna a causa de la grave contaminación por polución que incluye diversos componentes de metales pesados, cuyos planes de descontoaminación (2014/2015) han sido insuficientes para asegurar vivir en un medio ambiente libre de contaminación y proteger la integridad de los habitantes de manera efectiva, esto es el cumplimiento estatal en velar y proteger el derecho de las personas a desarrollarse en un medio adecuado, saludable y propicio para la vida humana, según han denunciado dirigentes.

En un período que va del 2010 al 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicó a Andacollo entre las 20 ciudades con mayores problemas de Latinoamérica en materia de contaminación y este año 2018 se registraron varios casos de contaminación por polución a causa de las tronaduras con explosivos efectuada por la empresa minera canadiense Teck, como ha ocurrido en agosto y marzo de este año, así como existe un amplio registro de los últimos años con sistemáticas transgresiones a la Norma Calidad Primaria para MP10, manteniendo a la comuna de Andacollo con altos índices de pobreza, indigencia, mortalidades, enfermedades de diversos tipos, en su mayoría relacionadas a las condiciones de vida en Andacollo por la explotación y contaminación minera, la que se efectúa de manera colindante a la zona urbana y también con cercanía a pequeños poblados rurales.

Escuchar las intervenciones de Mónica Älvarez, dirigenta socio ambiental y dirigenta de un comedor social para ancianos en la comuna. Asimismo, Javier Cifuentes, actual concejal en la comuna y ex dirigente socio ambiental. Luis Guerrero.

Fuente:https://cl.ivoox.com/es/fiesta-religiosa-andacollo-llaman-a-tomar-conciencia-audios-mp3_rf_30979611_1.html

Chile

Relaves mineros: un pasivo ambiental del que nadie responde

El gobierno ha anunciado recientemente un plan que busca dar eventual solución a 37 sitios de acopio de desechos, sin embargo, organizaciones ambientalistas cuestionan la iniciativa, ya que no da solución definitiva a un problema carente de política pública e iniciativa de las propias compañías extractivistas que se desentienden de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

Fuente:https://radio.uchile.cl/2018/12/26/relaves-mineros-un-pasivo-ambiental-del-que-nadie-responde/